“La discutida reforma que impulsó con un soplo renovador el arcaico sistema de nuestras facultades todavía no ha dado sus frutos, o, mejor dicho, todos los frutos que era dable esperar de ella.”
Liborio Justo, “El ambiente universitario (Recuerdos del año 1920)”, La Gaceta estudiantil, 1932.
En estas semanas ha cobrado notoriedad pública lo que para los universitarios y universitarias es una realidad cotidiana desde hace años, brutalmente profundizada desde la asunción del gobierno de Milei: el vaciamiento presupuestario para las universidades públicas, y la caída vertiginosa del salario de docentes y no docentes, es decir, de los trabajadores universitarios, así como el profundo perjuicio que estos factores suponen para el derecho a la educación superior de cientos de miles de personas.
El presupuesto universitario viene sufriendo ajustes permanentes, sobre la base del desfasaje estructural entre lo asignado en los presupuestos votados por el Congreso en los últimos años, y los incesantes aumentos de precios y costos para el sostenimiento de los gastos de funcionamiento, así como la creciente distancia entre el valor nominal de los salarios y el crecimiento incesante, ahora vertiginoso, del costo de vida.
Así como en el año 2018 el gobierno de Mauricio Macri, emergido de la alianza entre el PRO y la UCR, atacó fuertemente a las universidades públicas en términos presupuestarios y salariales, y tuvo una respuesta contundente y multitudinaria de la comunidad universitaria, con amplio apoyo popular, la realidad presupuestaria y salarial de las Universidades Nacionales (UUNN) no mejoró sustantivamente en los últimos años. En 2023 el presupuesto universitario de gastos de funcionamiento no tuvo aumento alguno, en un año con una inflación que llegó al 150 %, y una situación salarial a la baja.
El año 2024 se inició con el anuncio, por parte del recién asumido gobierno de Milei, de que las UUNN deberían manejarse con el presupuesto del año 2023 reconducido, es decir, congelado, y con reuniones paritarias de los gremios docentes y no docentes que fracasaron estrepitosamente ante la ausencia de propuestas de un gobierno que tiene como objetivo destruir a los organismos públicos y violentar y hambrear a sus trabajadores y trabajadoras.
El sistema universitario argentino es eminentemente público, eso supone para el Estado nacional la obligación constitucional de su sostenimiento económico, así como el respeto de la autonomía universitaria, uno de cuyos múltiples aspectos es la no injerencia de los gobiernos de turno respecto de la administración de los recursos otorgados por el Parlamento en el presupuesto nacional.
Como con tantos otros temas, una de las excusas del gobierno de La Libertad Avanza para asfixiar a las UUNN es estigmatizarlas, planteando una utilización oscura y delictiva de sus recursos, difundiendo, como intentó la gestión de Macri, la amenaza de “auditorías externas” como un mecanismo de control, o para sembrar la sospecha.
Por supuesto que es posible discutir en profundidad los usos y asignaciones que al presente se han dado en algunas UUNN, alejados de los intereses de la comunidad universitaria en muchos casos, y colonizados por sectores empresariales y de los partidos del régimen para sus propios fines, ahora bien, es claro que cualquier discusión debe estar direccionada al reclamo indeclinable de un presupuesto adecuado y suficiente para las universidades, que garantice no solamente su funcionamiento, sino también, en el marco del ingreso irrestricto, el acceso real a la posibilidad de cursar, rendir, y finalizar los estudios superiores. De igual modo, una universidad sin salarios justos para sus trabajadores y trabajadoras tampoco puede ser admitida, sabiendo además que, al presente, aproximadamente el 90% de la masa presupuestaria está dedicada al pago de esos salarios.
En este marco, la autonomía universitaria pone en discusión una dimensión que excede a su comprensión en la perspectiva de la libertad de enseñanza, del autogobierno y el cogobierno, y avanza sobre sus condiciones de posibilidad materiales y políticas. Lo que se pone en tensión en la autonomía no es en absoluto la pretensión de la comunidad universitaria de aislarse de las condiciones de existencia de la sociedad a la que pertenece. Por una parte, tal pretensión sería fácticamente imposible, por otra, la autonomía respecto del Estado, cuando este sostiene políticamente a un régimen de opresión económica y social, introduce la cuestión de la estrecha ligazón entre los intereses del conjunto de los trabajadores y la comunidad universitaria. Este vínculo social y político se fundamenta no sólo en el derecho a la educación superior, o en la lucha por el mejoramiento de los salarios y condiciones de vida de las y los trabajadorxs universitarios, sino que adquiere su más sólido sustento en que el conjunto de los trabajadorxs y de los universitarios son quienes tienen un mayor involucramiento e interés en el avance y consolidación de la ciencia, la técnica, la cultura. Es justamente desde este horizonte que será posible arribar a sujetos y sociedades más humanizadas, capaces incluso de superar la división entre teoría y práxis, núcleo fundamental de la estructura desigual e injusta del orden social que el capitalismo genera y mantiene.
Resulta evidente a esta altura de la historia de las luchas universitarias, que la autonomía pensada desde el financiamiento público de la universidad, no otorgado arbitrariamente por el Poder Ejecutivo, sino deliberado y votado por el Congreso en el Presupuesto Nacional, ha encontrado fuertes límites, en la medida en que la voracidad capitalista golpea cada vez más las cuentas públicas, impulsando un achicamiento del Estado que pone en jaque el financiamiento antes mencionado. Como consecuencia de estas restricciones se han implementado, en diferentes gobiernos de las últimas décadas, sucesivos intentos de privatización directa o indirecta y de desmantelamiento de la educación pública superior mediante la reducción o el franco ahogo presupuestario.
A este respecto es preciso señalar que el presupuesto universitario contempla:
– en primer término, los ítems relacionados con el sostenimiento de la enseñanza de grado y pregrado, y parcialmente el posgrado, que es mayoritariamente pago en el sistema universitario, sin que ello suponga que tales pagos solventan el total de sus gastos y costos. Se agrega aquí a los colegios preuniversitarios, con los que cuentan varias UUNN;
– en segundo lugar, las asignaciones que atienden a la investigación, realizada desde las Secretarías de Ciencia y Técnica de cada una de ellas, y en asociación con las agencias nacionales de investigación, entre las que se destaca la más conocida y fuertemente desfinanciada en la actualidad, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET;
– y en tercer término las asignaciones presupuestarias que deben sostener a la Extensión universitaria, lo que supone una pluralidad de programas y proyectos asociados a trabajos comunitarios, con organizaciones sociales, comunidades indígenas, espacios territoriales de enorme diversidad, entre otros.
– Finalmente, muchas universidades tienen a su cargo instituciones de salud de gran envergadura, de asistencia médica, odontológica, psicológica. Cuentan también con Bibliotecas de incalculable valor bibliográfico, histórico, cultural y patrimonial, con Museos universitarios, Centros culturales, Observatorios astronómicos, Laboratorios e instalaciones tecnológicas de gran magnitud, todo lo cual es preciso solventar y sostener. Las UUNN son responsables de valiosísimos acervos patrimoniales, de carácter arqueológico, biológico, cultural, que ellas salvaguardan, muchas veces ante la imposibilidad de hacerlo por parte de los gobiernos locales.
Lo que se denomina “gastos de funcionamiento” o “gastos corrientes”, están dedicados a sostener estas actividades, -la enseñanza de grado como la primera y más importante-, y a las instituciones, espacios, proyectos y programas de indudable relevancia y valor social. Con un presupuesto congelado son imposibles de abordar, en un marco inflacionario que llega al 300%, entre el porcentaje acumulado por el gobierno del Frente de Todos durante 2023, y el generado en estos meses por la gestión de LLA. Es preciso recordar que el presupuesto 2023 fue formulado, según es habitual conforme a lo dispuesto por la Ley de Presupuesto Nacional, en septiembre de 2022, fue votado en el Congreso en marzo de 2023, y no tuvo ningún incremento durante ese año, aunque el gobierno de A. Fernández se había comprometido a revisar la asignación presupuestaria en el mes de septiembre de 2023, si la inflación del período marzo-septiembre de ese año superaba el 60%, cosa que sucedió, pues sumó un incremento del 80%. Está claro que el castigado presupuesto de las universidades públicas no tuvo prioridad para el ministro candidato Sergio Massa, cuya atención estuvo centrada en mantener conformes al empresariado, a los organismos internacionales de crédito, y a los más variopintos sectores del establishment local e internacional. La devaluación posterior a las PASO, llevada adelante obedientemente frente a los pedidos del FMI, tuvo un impacto letal tanto en los gastos de funcionamiento de las UUNN, como en los salarios de sus trabajadores, y en las condiciones de vida de los estudiantes y sus familias.
Las UUNN tienen vida en función de quienes estudian y trabajan en ella, por ello los múltiples programas que atienden, o deberían atender, el ingreso, la permanencia y el egreso de los y las estudiantes, en particular los diversos sistemas de becas, están bajo amenaza de extinción. A su vez, los salarios han reducido su ya exiguo poder adquisitivo desde diciembre de 2023 en 36 puntos porcentuales, en el marco de un ataque en toda la línea a las condiciones de vida de los trabajadores, con aumentos en el transporte, la nafta, las tarifas, los alimentos, los medicamentos, los alquileres, sólo para mencionar ítems básicos.
Al respecto cabe prestar atención a los datos consignados por la “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia” en cuanto al presupuesto universitario, que realiza un cuidadoso análisis de la evolución presupuestaria pública, al respecto del cual destacamos que estamos en índices inferiores a los de 1997, año de enorme agresividad en esta materia por parte del gobierno de Carlos Menem, y que, al presente, y comparada con la disminución general del gasto público interanual (30%), la ejecución del presupuesto universitario es aún más baja (34,4%). https://acij.org.ar/el-presupuesto-2024-para-las-universidades-es-el-mas-bajo-desde-que-se-tiene-registro/
La política explícita, profunda y acendrada de destrucción de la universidad pública argentina por parte del gobierno de la LLA, tiene una clara afinidad política ideológica con la que llevó adelante el menemismo y el macrismo durante los últimos años. Ahora bien, la Ley de Educación Superior, sancionada en 1995 durante el menemismo, que amoldó aspectos medulares de la universidad pública argentina a las necesidades políticas y económicas del capitalismo argentino, tributario de los mandatos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, no tuvo, durante los tres períodos presidenciales del kirchnerismo, modificaciones sustantivas. Efectivamente, durante esos gobiernos la situación presupuestaria y salarial mejoró respecto de otros períodos, decreciendo en los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero no alteró las múltiples vías de ingreso de las lógicas mercantilistas a la universidad pública, realidad que convive y a veces domina la escena presupuestaria, política e institucional de las UUNN.
En efecto, desde los años noventa se consagró un esquema de sostenimiento de aspectos medulares dentro de las UUNN marcado por la venta de recursos a terceros, producción de recursos propios, diseño de carreras breves, flexibles y tributarias de una lógica dependiente de su funcionalidad para el mercado laboral marcado por la perspectiva empresarial. Las UUNN se debaten entre la identidad construida históricamente por las grandes luchas colectivas, en la que se destaca su carácter público, gratuito, laico, se subraya la defensa de su autonomía respecto de los poderes gubernamentales y empresariales, como antaño de las instituciones religiosas, y una universidad fragmentada, mercantilizada y elitizada. En este último plano, se separa a los estudiantes y docentes de carreras reguladas por una lógica mercantil que las degrada, carreras breves, flexibles, con curriculas debilitadas y certificaciones precarias, de aquellos y aquellas que poseen los medios, a partir de posgrados pagos como de otros accesos académicos onerosos, para ingresar en una carrera académica de elite, que, sin embargo, no escapa a las lógicas de validación mercantil de los saberes.
Al respecto cabe destacar que las últimas resoluciones del Ministerio de Educación a instancias de la Secretaria de Políticas Universitarias del gobierno de Fernández, a escasas 48 horas de la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales del año 2023, resolvió el acortamiento de las carreras de grado a un máximo de cuatro años, y consagró, junto al sistema de créditos académicos, una modalidad de validación de los saberes que traspone al plano formativo universitario la dinámica de intercambio mercantil y de homogeneización intelectual.
Entonces, la mercantilización de la universidad conduce a una reducción de las obligaciones del Estado respecto de su sostenimiento, y privilegia un diseño de enajenación de los saberes en ella producidos por parte de los privados, que los parasita, apropiándose de lo conseguido a través de años de formación académica y científica, y por medio de los recursos de origen público.
Es así como a partir de la lógica mercantil, que vacía progresivamente a las UUNN en términos académicos y de recursos, así como de ciudadanía y politización, pasamos a la desertificación premeditada del actual gobierno nacional, que directamente asfixia a las universidades públicas, y las cuestiona desde el punto de vista de lo que denomina “batalla cultural”, planteándolas como el enemigo a exterminar y supuesto culpable de “adoctrinamiento”, en los términos en los que también se expresó la última dictadura militar respecto de la educación pública. Es relevante señalar un asunto que merecería una consideración propia, a saber, que mientras se ahoga a las UUNN, se vacía a los organismos nacionales de ciencia y técnica, reiterando políticas que pretenden confinar a nuestro país una sociedad y una economía devastada y primarizada. Tal vaciamiento es igualmente acompañado por la difamación pública y la propagación de falsedades, con el objeto de deslegitimar a la labor científica, con especial ensañamiento hacia las realizadas en el campo de las ciencias humanas, sociales y artísticas.
En el actual marco de situación, es preciso efectuar dos consideraciones más, una relativa al rol de los sindicatos docentes y nodocentes. Es claro que en ambos casos nos encontramos con conducciones burocratizadas, en mayor o menor medida, con consecuencias centrales respecto de la domesticación de las luchas por salarios, condiciones de trabajo, defensa de la universidad como actor político, histórico, intelectual, social, y la conciliación con los poderes fácticos y los funcionarios nacionales de turno, en detrimento de los intereses de los trabajadores y de la universidad de conjunto. Al respecto se torna imperioso superar a esas direcciones, interpelar a una militancia sindical de base, a los trabajadores universitarios mismos, en procesos de organización directa, de elevación política y de crecimiento en la politización y definición de una estrategia de clase para sus luchas.
En esta línea, la participación política del estudiantado como movimiento, que aporta un contenido democratizante a la dinámica política de las UUNN resulta crucial, pero no está dada de antemano, ni mucho menos resuelta. Por una parte, las conducciones de Federaciones y Centro de Estudiantes juegan muchas veces un rol inmovilizante, que es preciso rebasar, y también resulta central poner de pie una dinámica de autoorganización que empuje y organice la conflictividad generada por los brutales ataques del actual gobierno. En ese marco es necesario desplegar una pedagogía política que no sólo colectivice y politice los intereses estudiantiles en el concierto social general y universitario, sino que también pueda elevar y concretar un programa propio para la universidad y la educación pública que tematice la conflictividad de clase y propugne la transformación política, económica y social desde la base.
El desarrollo y la articulación de las potencialidades de la lucha de los trabajadores universitarios y del movimiento estudiantil, podrá también jaquear las rígidas configuraciones de la institucionalidad universitaria, sea en lo que concierne a sus autoridades unipersonales, como en las inercias de los cuerpos colegiados de cogobierno, que pueden reproducir lógicas sociales y políticas autoritarias, consagrando desigualdades, imponiendo privilegios surgidos de un espurio tráfico de influencias académico, e instrumentalizando a las instituciones educativas para los mezquinos intereses de los partidos del régimen, destruyendo desde dentro a la universidad pública, debilitándola en sus luchas y privándola de su proyección emancipatoria.
Finalmente, es preciso retornar una y otra vez la importancia de las luchas universitarias en los procesos sociales y políticos de rebelión, de combate a los gobiernos que protegen y representan los intereses del gran capital y de los poderes fácticos. Es necesario decir entonces que la educación pública sólo estará garantizada si se derrota al capitalismo que, como sistema, devora derechos, condiciones de vida, desarrollo educativo, científico, cultural. El capitalismo es la causa de la desertificación educativa, pues convierte a todo lo que toca en tierra arrasada. Los ataques de este gobierno ponen en escena este dilema y nos desafían en el presente a activar y proyectar hacia el futuro una memoria de luchas, de organización política, de revolución social.
Los reformistas universitarios en la Córdoba clerical y conservadora de 1918 clamaban por dejar atrás las vergüenzas del pasado de una universidad rígida y enquistada en el juego de los poderes políticos y sociales, en el Manifiesto Liminar hablaban, ni más ni menos, de conquistar nuevas libertades. Podemos leer ese anhelo desde las palabras finales del Manifiesto Comunista: “Los proletarios, con ella [la revolución comunista], no tienen nada que perder, como no sea sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo entero que ganar”. La lucha universitaria, los proyectos de una educación emancipatoria y emancipada, encontrarán, en esa senda, su potencia, su garantía y su realización colectiva.
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