Por una solución integral al problema de la vivienda para todos los trabajadores, inmigrantes y nativos!

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Soldati
¡No al racismo. Fuera Macri y sus secuaces del gobierno de la Ciudad!
Detención y castigo ejemplar para los asesinos de Villa Soldati

48436_100534_650x420.jpgLo sucedido en Villa Soldati coloca en un primer plano los temas de la inmigración y de la vivienda, problemas sociales que tienen un carácter de clase; porque afectan principalmente a la clase trabajadora. Pero estos acontecimientos también se engarzan con una coyuntura de enorme polarización política entre la derecha y los sectores decisivos de la clase dominante de un lado, y el gobierno kirchnerista del otro.

¡No al racismo. Fuera Macri y sus secuaces del gobierno de la Ciudad!
Detención y castigo ejemplar para los asesinos de Villa Soldati

48436_100534_650x420.jpgLo sucedido en Villa Soldati coloca en un primer plano los temas de la inmigración y de la vivienda, problemas sociales que tienen un carácter de clase; porque afectan principalmente a la clase trabajadora. Pero estos acontecimientos también se engarzan con una coyuntura de enorme polarización política entre la derecha y los sectores decisivos de la clase dominante de un lado, y el gobierno kirchnerista del otro.

La burguesía conspira

Estos sucesos golpean con especial intensidad ya que, en poco más de mes y medio, se cometieron 6 asesinatos en luchas sociales – el del joven militante del PO Mariano Ferreyra en Barracas, los dos campesinos Toba en un corte de ruta en Formosa cuando pedían tierras, y ahora los tres trabajadores inmigrantes asesinados en Villa Soldati. A esto debemos sumar las decenas de casos de gatillo fácil habidos este año, donde destacan el asesinato de 3 pobladores a manos de la policía rionegrina en Alto Bariloche, en junio.

Según todos los indicios, los asesinatos del Parque Indoamericano fueron cometidos por la Policía Metropolitana y grupos de tareas formados por barras bravas y punteros que responden al macrismo. Colocamos, por lo tanto, la responsabilidad principal en Macri y sus secuaces en el gobierno de la Ciudad, y exigimos que, además de los autores materiales, también a ellos les alcance la responsabilidad penal por los asesinatos.

Cristina habló de conspiración por lo sucedido y señaló a Duhalde y Macri. Duhalde, cínicamente, respondió que "el que está acostumbrado a gobernar sabe que en diciembre hay que estar alerta" (Radio Mitre. 14/12/10). Sólo un sujeto que se siente bien seguro respaldado por la clase dominante puede responder con semejante desparpajo y desvergüenza. ¿Puede ser casual, además, que este personaje haya elegido un día emblemático como es el 20 de diciembre – donde conmemoramos el heroico levantamiento popular del Argentinazo y rendimos homenaje a nuestros 34 compañeros caídos – para lanzar públicamente su candidatura presidencial? ¿No suena como un desafío al movimiento obrero y popular?

En los últimos días, otras tomas de terrenos fiscales o abandonados, aunque más pequeñas, tuvieron lugar en Buenos Aires y en la zona sur del GBA. El gobierno aportó datos que señalarían la implicación del duhaldismo en estos hechos.

Macri ya había encendido los ánimos en los primeros días, antes de los asesinatos, con declaraciones racistas diciendo que había demasiados inmigrantes en el país, y acusó a los ocupantes del predio de querer viviendas gratis.

Es claro que desde hace algún tiempo el gran capital y los políticos de derecha, donde Duhalde es un operador principal por sus vínculos privilegiados con el poder económico local y con el gobierno de los EEUU, apostaron a tratar de pudrir la situación a cualquier costo para desgastar al kirchnerismo y sacárselo de encima, aprovechando situaciones coyunturales, o creándolas ex profeso. Lo sucedido en Villa Soldati parece apuntar a esto último. Particularmente, el movimiento obrero y popular debe observar con preocupación, y prepararse para enfrentarlo de manera organizada, el accionar conjunto de la mafia policial y del lumpenaje pistolero de los barras bravas contra las luchas y protestas populares – como fue el caso en Barracas y ahora en Villa Soldati , que responde a esto que señalamos.

El gobierno Nacional también tuvo su cuota de responsabilidad por lo sucedido. Luego del primer choque el jueves de la semana pasada que terminó con dos muertos, el gobierno de Cristina retiró a la Policía Federal del lugar y removió de sus puestos a seis agentes y oficiales implicados en la represión. Acaso trató de pasarle la pelota a Macri con la excusa de que era competencia de la Ciudad. Macri retrucó retirando a la Policía Metropolitana, y recurrió a grupos de tareas para forzar el desalojo. Una nueva muerte, y los sucesivos disturbios que le siguieron, tornaron insostenible la inacción del gobierno nacional que obligó a Macri, luego de un tira y afloja, a llegar a un acuerdo.

El acuerdo fue el realojamiento de cientos de los ocupantes y sus familias, en un número de 13.000, en terrenos de un lugar a determinar, donde se construirán viviendas sociales que pagarán a un precio bajo en condiciones accesibles.

El problema de la vivienda tiene un contenido de clase

No está completamente claro cómo se inició la toma del Parque Indoamericano. Se habla de punteros que alentaron la toma entre residentes de la Villa 20, aledaña al Parque Indoamericano, a cambio de dinero; haciendo correr el rumor de que iban a lotear el predio, o asegurándoles una indemnización del gobierno de la Ciudad si fueran desalojados; otros culpan a Macri por haber prometido la entrega de títulos de propiedad a los habitantes de la villa 20, por lo que los propietarios de las casas, sin título de propiedad legal alguno, desalojaron a algunos de sus arrendatarios por miedo a perderlas a manos de éstos.

Fuera cual fuese el móvil real o principal, el hecho no oculta que la razón fundamental estuvo motivada por el problema asfixiante de la falta de vivienda. En la Villa 20 se están pagando $700 y $800 pesos por cuartuchos miserables; y quienes tienen familias numerosas hasta $1.100, cifras casi inaccesibles para sectores mal pagos o que viven en condiciones de carencia extrema. 

A excepción de los reaccionarios y los filisteos de clase media ¿quién puede extrañarse de que familias de bajos recursos ocupen terrenos para exigir viviendas dignas? El alquiler más barato de un departamento de 2 ambientes que puede encontrarse hoy en Capital es de $1.500, lo que supone el salario de un trabajador en muchas familias. Además, para alquilar hay que aportar el aval de una propiedad en Capital y, a veces, hasta de dos; requisito este último que impide alquilar una vivienda a miles de personas pese a la manifiesta ilegalidad de esta cláusula. Los bancos exigen un ingreso familiar mínimo y "en blanco" de $3.500 para otorgar un crédito hipotecario, que tampoco te sirve de mucho porque, en el mejor de los casos, alcanza sólo para pagar el 50% del precio de una vivienda, dado el precio actual de los inmuebles. Realmente, o sos el hijo de un potentado, o heredás una propiedad, o te quedás en la calle. 

El metro cuadrado en Capital se multiplicó casi por 4, de $US700 a $US2.400 en 8 años, y esto es parte de una especulación a raíz de las superganancias de la soja y otras, que fue destinada a la compra masiva de inmuebles. Hoy en día, en Miami, los departamentos valen la mitad que en Capital (datos de http://www.cronista.com/).

A nadie se le oculta que Macri y sus muchachos tienen intereses en los negocios inmobiliarios de la Capital, concretamente tienen en la mira el corredor del sur desde Retiro hasta el Riachuelo, como prolongación de Puerto Madero. Desprecian la construcción de viviendas sociales a bajo precio, porque eso no les deja ganancias suficientes a las grandes constructoras. 

Los datos hablan por sí solos. La inversión del Gobierno porteño en vivienda pasó del 5% del presupuesto en 2007 al 3% en 2009. Y para el presupuesto del 2010, Macri redujo la partida de construcción de viviendas sociales en $110 millones. Por si faltara algo, en los primeros 9 meses del año sólo se ejecutó el 18,2% del presupuesto en vivienda. De las 70.000 viviendas prometidas en su mandato, según la diputada Cerruti, el gobierno de la Ciudad sólo entregó 700, a falta de un año.

El veneno del racismo

Lo sucedido en Villa Soldati ha avivado episodios de racismo y xenofobia de un sector de vecinos, alentados por la derecha fascistoide de Macri y sus punteros bien pagos en el barrio, pese a que entre los ocupantes del predio había también muchos argentinos.

La "buena sociedad" porteña: el burgués de Barrio Norte, el pequeño burgués acobardado, y el empleado satisfecho se han unido todos, junto a un sector de vecinos desesperados de este barrio obrero de Villa Soldati, manipulados por el enemigo de clase ante la hartura por sus condiciones de vida angustiantes. Ahora muestran una sorpresa repentina por la cantidad de "extranjeros" que hay en Buenos Aires; más exactamente bolivianos, paraguayos y peruanos. En realidad, la cantidad de personas extranjeras en Argentina, apenas supera el 4% de la población total y se ha mantenido estable en los últimos años.

La inmigración siempre es ganancia neta para el país receptor, porque acoge a brazos y cerebros dispuestos a trabajar duramente, y se ahorra el gasto "improductivo" de haberlos criado desde el nacimiento a la adultez, y de proporcionarle los rudimentos educativos. Por las mismas razones, la emigración empobrece al país "emisor".

Esta "buena sociedad", que combina la altanería con la ignorancia, desconoce que la economía argentina, como ocurre en Europa, depende cada vez en mayor medida del trabajo de los obreros inmigrantes. Estos componen una parte muy sustancial de los obreros de la construcción, particularmente trabajadores bolivianos y paraguayos, de la agricultura, y de las mucamas y el servicio de limpieza de las casas particulares de esta "buena sociedad". Por supuesto, son los trabajadores más explotados y los peor pagos.

La "buena sociedad" no se indigna del trabajo esclavo de miles de costureros bolivianos, que trabajan en Flores y otros barrios cercanos, más de 15 horas diarias, de manera clandestina  y en condiciones insalubres, expuestos a accidentes de todo tipo. No sólo empresarios "respetables" lucran con estos obreros, sino también no menos respetables pequeños burgueses comerciantes de ropa y calzado.

Los trabajadores inmigrantes no necesitan ser victimizados para ser reivindicados. Toda nuestra solidaridad está con ellos porque son nuestros hermanos de clase. Exigen una vivienda digna como lo hace cualquier obrero que se deja la piel trabajando. Por alguna razón, la "buena sociedad" considera que deben conformarse con una casucha miserable en una "villa" y no aspirar a una vivienda decente.

Unir a obreros inmigrantes y nativos

El verdadero peligro para los trabajadores inmigrantes es el aislamiento. La lucha de los trabajadores inmigrantes no puede hacerse aislada, es necesario unir a la clase obrera inmigrante con la clase obrera nativa para luchar juntos por sus mismos intereses: un trabajo digno y un salario decente, y condiciones de vida civilizadas para todos; vivienda, salud, educación, barrios habitables, etc. Los sindicatos tienen aquí una responsabilidad central. Hay que estimular a los obreros inmigrantes a que se afilien a los sindicatos o que traten de confluir con agrupaciones obreras del país para escapar al aislamiento y profundizar su hermanamiento con los trabajadores argentinos.

Aunque los despreciables políticos macristas y la clase media filistea traten de "vagos" a los inmigrantes, las propias estadísticas aparecidas en la prensa burguesa lo desmienten categóricamente. Así, en el diario Clarín (14/12/10) apareció un interesante artículo titulado: "La otra cara de la inmigración desde los países limítrofes", donde menciona el trabajo de investigación del experto Ernesto Kritz, y decía lo siguiente: "[Los inmigrantes] Buscan obtener un ingreso y unas condiciones de vida mejores que en el país de origen. Reflejo de esa motivación, los inmigrantes tienen una mayor propensión a participar en el mercado de trabajo. Su tasa de actividad es 2,5 puntos más alta que la media de la población y 4,3 puntos más elevada que la de los migrantes internos del NOA y del NEA" (la negrita es nuestra. EM).

Y añade: "Aún así, los inmigrantes de los países limítrofes y Perú son menos de 8% del total de la población en situación de pobreza. Es decir, no tienen un peso tan importante en la demanda de planes asistenciales" (Íbid).

Toda la sucia campaña de los políticos de derecha, que ha encontrado un eco en sectores de la pequeña burguesía y en capas de obreros políticamente atrasados, sólo tiene como fin generar enfrentamientos en el seno de la clase obrera y de los sectores populares excluidos para esconder la responsabilidad de los ricos y de los patrones en los problemas sociales que nos abruman, como el de la vivienda. De paso, tratan de utilizar a los trabajadores inmigrantes como un chivo expiatorio para sus planes políticos reaccionarios, para tallar un apoyo en un sector de la población proclive a su demagogia racista y, de paso, tratar de debilitar al gobierno de Cristina y así mejorar sus posibilidades electorales del año que viene.

La vivienda; un problema común a los obreros inmigrantes y argentinos

El problema de la vivienda no atañe sólo a familias y trabajadores inmigrantes, condenados a colocarse en la escala más baja y que sufren el problema de manera más lacerante; sino que es un problema social que afecta a millones de familias obreras argentinas. Se estima que el déficit habitacional en Argentina es de alrededor de 2,5 millones de viviendas, con un crecimiento anual de alrededor de 120.000, y afecta a 3,5 millones de familias, entre los que carecen de viviendas y los que habitan infraviviendas, según datos expuestos en el Tercer Seminario Iberoamericano para el Hábitat Popular, celebrado en Córdoba a fines del 2008 (Diario El Día, 28/11/2008).

Sólo en la Ciudad de Buenos Aires se requeriría construir anualmente 85.000 viviendas para resolver el problema (¿Boom inmobiliario en Argentina? http://www.reporteinmobiliario.com/). Claro que no se trata sólo de construir, sino principalmente de adquirir.

La vivienda, como los alimentos, son un derecho esencial del ser humano y no puede ser objeto de lucro; no es aceptable que alimentarse saludablemente y tener un techo para vivir esté supeditado al poder adquisitivo y sea un botín lucrativo para un puñado de grandes empresarios que amasan fortunas con el trabajo de millones de obreros, muchos de los cuales se sacan el pan de la boca para pagar una hipoteca o un alquiler abusivo.

La construcción de viviendas debe ser una tarea social a cargo de las instituciones estatales (Nación, Provincia y municipio), a un precio que se ciña al costo efectivo de la vivienda más un pequeño monto para acumular en un fondo de reserva; esto permitiría reducir el costo de la vivienda a la mitad o menos, eliminando el elemento especulativo y la ganancia capitalista usurera.

¡No a los parches, por una solución integral del problema de la vivienda!

El acuerdo alcanzado en Villa Soldati es una solución temporal y precaria, que quizás podrá resolver este problema puntual; pero también encierra peligros, ya que será utilizado por los reaccionarios para fomentar el racismo en la clase obrera, particularmente entre los sectores más postergados, que harán demagogia diciendo que los inmigrantes y los villeros tienen un trato privilegiado con respecto a otras familias obreras argentinas que seguirán sin poder acceder a una vivienda.

Por esa razón, no estamos de acuerdo, sea en el tema de la vivienda o en cualquier otro problema social, en dar soluciones parciales limitadas sobre la base de la raza, la nacionalidad o la religión. Lejos de conjurar el peligro racista, lo fomenta. De lo que se trata es de dar una salida integral al problema de la vivienda al conjunto de la clase, para encontrar una solución que beneficie a las familias obreras que sufrimos este problema y no dar excusas a la demagogia racista y xenófoba que fomentan la burguesía y sus políticos lacayos.

Es seguro de que muchos de los trabajadores y jóvenes que miran al gobierno de Cristina con expectativas y odian ardientemente a la derecha y la reacción, sufren con angustia el problema de la falta de una vivienda digna. Y es. justamente, en la política habitacional donde más claramente se han visto los límites de la acción de gobierno. Las promesas de créditos hipotecarios y alquileres baratos fracasaron antes de nacer, y no se volvió a hablar del tema. Esta es la contradicción principal de los dirigentes kirchneristas, que pretenden resolver problemas sociales complejos sin atacar la raíz de fondo de los mismos: los intereses y la propiedad de los grandes empresarios, banqueros y terratenientes que tienen a la sociedad firmemente agarradas en su puño de hierro. Por lo tanto, es necesario romperlo con la acción consciente de millones.

No se trata de ofrecer lo que parece realista o de lo que podría hacerse en los marcos actuales de la ley; se trata de hacer lo que se necesita para resolver el problema habitacional. La clase obrera, y nuestras familias, somos el sector más productivo y dinámico de la sociedad, impedir que sus condiciones de vida desciendan hasta la lumpenización y la degradación son nuestra ley máxima. Es por ello que proponemos:

– Relevamiento urgente en Buenos Aires y el conjunto del país de las viviendas e inmuebles que se encuentren deshabitados en un lapso mayor a un año, controlado por las organizaciones obreras y vecinales de cada barrio, y aprobar un decreto de necesidad y urgencia que obligue a sus propietarios a que la ofrezcan en alquiler en un monto no superior al 10% de la canasta familiar; y si se niegan que sean expropiadas sin indemnización, salvo en casos de necesidad comprobada, al precio de su valor catastral. Esta medida no sólo abarataría los nuevos alquileres sino que tendería a abaratar los alquileres actuales.

– Plan de emergencia para la construcción anual de medio millón de viviendas sociales, bajo el control de las organizaciones barriales. Esto, junto a la ampliación compulsiva del alquiler o venta a bajo precio de las viviendas e inmuebles vacíos, permitiría resolver el problema habitacional en un plazo de 4 años.

La condición para construir viviendas sociales se sustenta en oferta suficiente de terrenos para alojarlas y en capacidad productiva para edificarlas. Es por ello que planteamos:

– Municipalización del suelo urbano y expropiación de todos los predios abandonados o dedicados a la especulación, sin indemnización salvo en casos de necesidad comprobada.

– Obligar por ley a las grandes constructoras a que destinen el 50% de la construcción edilicia a la edificación de viviendas sociales, bajo control obrero. Expropiación de las grandes constructoras que incumplan o boicoteen el cupo planteado.

– Crear una empresa nacional de construcción dedicada a la edificación de viviendas sociales de calidad, bajo control obrero y de las organizaciones barriales.

-Que la compra o hipoteca de estas viviendas no supere el 10% de la canasta familiar.

Que este esfuerzo constructor no se haga sobre la base de la sobreexplotación de los obreros de la construcción, por eso planteamos: semana laboral efectiva máxima de 40 horas con salario mínimo equivalente a la canasta familiar ($5.000 pesos) y jubilación a los 60 años con el 82% vital y móvil.

Para conseguir la financiación de este plan de vivienda proponemos:

– No al pago del Club de París y de la deuda externa

– Control obrero de las finanzas públicas de la Nación y de los municipios: Eliminación de todos los gastos suntuarios, sueldos y pensiones de privilegio.

– Reforma impositiva progresiva: ¡que paguen más los que más tienen! Impuesto especial a los fondos de inversión, depósitos a plazo fijo a partir de 50.000 dólares – actualmente exentos de cualquier gravamen – transacciones financieras con el exterior, a los grandes productores y exportadores sojeros, responsables en gran medida de la especulación inmobiliaria.

– Los bancos obtienen sus ganancias de la usura, de hacer negocios con el dinero ajeno. Es por eso que hay que obligar a los bancos a destinar una línea especial de créditos hipotecarios cuyo monto complete el plan integral de financiación para la edificación y compra de viviendas sociales a interés reducido, y cuyas cuotas no superan el 10% de la canasta familiar. Expropiación sin indemnización, salvo a pequeños accionistas sn recursos, de los bancos que incumplan o boicoteen esta disposición.