La nueva Ley Habilitante, que ha sido concedida por la Asamblea Nacional al camarada presidente Hugo Chávez, es una iniciativa que apunta en la dirección correcta. La grave situación que enfrenta el país como consecuencia de las fuertes lluvias e inundaciones ha puesto al desnudo la raíz del problema de la vivienda: el sistema capitalista que ha generado el déficit habitacional y de infraestructura que ha servido para aumentar el impacto del desastre que ha tenido más de 150 mil afectados directos e indirectos.
La nueva ley habilitante, que tiene una duración de doce meses, otorga poderes especiales al presidente Chávez para emitir decretos-leyes en nueve ámbitos: atención a las necesidades humanas generadas por las lluvias, infraestructura, transporte y servicios públicos, vivienda y hábitat, financiero y tributario, ordenación territorial, el desarrollo integral y del uso de la tierra urbana y rural, seguridad ciudadana y jurídica, seguridad y defensa integral, cooperación internacional y sistema socioeconómico. En un contexto con miles de damnificados y miles de hectáreas de tierra y alimentos afectados es aún más necesario defender el derecho a una vida digna para la clase trabajadora, los campesinos y el pueblo en su conjunto. Simón Bolívar explicó que "El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible para el pueblo". A la burguesía apátrida no le interesa en lo más mínimo el derecho a una vivienda, a un trabajo y a una vida digna para la mayoría, sino el derecho a mantener la explotación y enriquecerse a costa de los trabajadores. La nueva ley habilitante elimina cualquier excusa para no tomar medidas socialistas que puedan resolver el fondo del problema: el mantenimiento de la propiedad privada sobre los medios de producción y distribución y la falta de un monopolio estatal sobre el comercio exterior. A esto se suma el retraso de la ley que daría cobertura a los consejos de trabajadores. El camarada dirrigente de la Corriente Marxista Internacional, Alan Woods, explicó en un artículo del 9 de septiembre la necesidad de una ley habilitante: "Para aquellos que están hipnotizados por las consideraciones jurídicas, señalamos que hay un mecanismo constitucional que se puede utilizar para este propósito: una ley habilitante para nacionalizar la tierra, los bancos y las principales industrias. Chávez aún tiene el poder formal, una amplia mayoría en la Asamblea Nacional y el mandato popular para llevar a cabo la expropiación de la oligarquía –la condición previa para un movimiento hacia el socialismo–. Pero el momento de actuar es ahora. Mañana será demasiado tarde. " (http://www.luchadeclases.org.ve/psuv/6787-alan-woods) Los enemigos de la revolución no pierden un momento para denunciar a Chávez como "dictador" y "autoritario" por haber pedido la nueva ley habilitante. En los medios de comunicación de la oposición hay una fuerte campaña para desacreditar al gobierno, alegando que está "irrespetando la nueva Asamblea Nacional" y cosas por el estilo. A nivel internacional los aliados de Estados Unidos y las grandes cadenas de comunicación se están haciendo eco de los mismos reclamos. Philip Crowley, portavoz del departamento de estado de los Estados Unidos dijo que el gobierno norteamericano está preocupado con la nueva ley habilitante pues está "violando la voluntad de los venezolanos". Según la agencia de noticias Reuters "los banqueros y dueños de propiedad están preparándose para una nueva oleada de nacionalizaciones". Aquí realmente vemos el meollo del asunto: La burguesía teme perder su propiedad y sus privilegios. Seguramente habrá gente, incluso algunos que se proclaman de izquierdas, que se opondrán a esta nueva ley con el argumento de "defender la democracia". Pero antes que nada debemos preguntarnos: ¿Qué tipo de democracia es esta, cuando todas las decisiones claves en la economía están siendo tomadas por los grandes monopolios, banqueros y terratenientes? Como explicó correctamente el camarada Chávez, cualquier empresa que no colabore con el apoyo a los damnificados debe ser nacionalizada. En realidad, a la burguesía le conviene este desastre, pues puede vender mercancías y materia prima para la construcción de viviendas nuevas, etc. Como en toda crisis climática, la burguesía está embolsillandose a costa del esfuerzo de reconstrucción. La democracia no es algo abstracto, sino algo concreto, que debe verse desde un punto de vista de clase. La clase trabajadora, los campesinos revolucionarios y los pobres de los barrios no tenemos intereses comunes con la burguesía y jamás lo tendremos. Ahora bien, la nueva ley habilitante abre nuevas posibilidades para aplicar medidas revolucionarias y por este motivo será aplaudida por los trabajadores. Pero una ley habilitante por sí sola, sin un uso adecuado, no garantiza el cambio revolucionario que necesitamos. Es extremadamente necesario organizar a los trabajadores en consejos de fábrica y consejos de trabajadores, a los campesinos en comités rurales y al pueblo en los consejos comunales y las comunas para exigir leyes revolucionarias. Vimos elementos de este tipo de movilización revolucionaria desde abajo con la marcha de la Unión Nacional de Trabajadores por una nueva Ley Orgánica de Trabajo el día 9 de noviembre y también con la marcha del 25 de noviembre de los campesinos revolucionarios a favor de la profundización de la Reforma Agraria. Hacemos un llamamiento a todos los luchadores del PSUV y el movimiento bolivariano a unir nuestras fuerzas para asegurar que esta ley habilitante sirva para derrotar el capitalismo de una vez por todas. |