El capital se devora los territorios: La lógica del desarrollismo, un modelo de concentración y saqueo

La población mundial crece exponencialmente tendiendo al límite de los siete mil millones de personas para las próximas décadas. Este crecimiento demográfico sobretodo en los países capitalistas emergentes o aún en condiciones de neocolonialismo, ha abierto sendos debates en varios ideólogos del capitalismo desarrollado. Por un lado, los ideólogos del auto-denominado “mundo libre” que con una fuerte y tendenciosa maniquea hacen sinónimo democracia con un mundo de plena sociedad de consumo y libre mercado; y por el otro, las facciones más reaccionarias que dejan emerger sus más oscuras caracterizaciones que concluyen en que las poblaciones de diversos países emergentes directamente son un excedente. ¿Acaso debieran ser eliminadas de manera alguna? En ambos casos el capital instala -no exentas de pretendida verdad científica- sus resultantes, entre estas la necesidad urgente de llevar pleno desarrollo a los pueblos y países que consideran en las márgenes del mundo, pero con esto también enmarcar dentro del mercado a las poblaciones y la territorialidad de los mismos.

La presidencia norteamericana de Clinton en la década de los 90, había llevado “desarrollo” al pequeño territorio insular y caribeño de Haití. ¿Quién pudiera negar el derecho al desarrollo y a formar parte del “mundo libre” de Haití? La “democracia” y hegemonía norteamericana menos que nadie ¡por supuesto! Los Planes Marshall del partido demócrata se encargaron rápidamente de infestar a Haití con ayuda humanitaria-que en el mayor de los casos eran excedentes de medicina y alimentos vencidos o con estrerilizantes encubiertos para regular su crecimiento demográfico-y tomaron control de la territorialidad del país abriendo un mercado nuevo e instaurando una sociedad de consumo para los productos norteamericanos, respondiendo con esto además, a las necesidades expansionistas de transnacionales de los agro-negocios como Monsanto. Expansionismo que terminó financiando un Estado haitiano saqueado-bajo presión norteamericana- asegurándoles mayor rentabilidad de ganancias a las empresas norteamericanas. Esto fue una fuerte estocada para la producción agrícola local y para la libre determinación del pueblo haitiano, pero por supuesto ¿podría negarse acaso el derecho al “desarrollo” del pueblo haitiano? Las teorías del desarrollo y del libre flujo del capital conducen –aún mediante las prebendas sociales dadas por las diferentes burguesías locales- a mayor concentración de la riqueza, al control de los activos de los países, avanzando con esto además en la privatización de la territorialidad en detrimento de la libre determinación de comunas y pueblos. La volatilidad económica y la falta de control sobre el flujo del capital que se instaura sobre los diversos países emergentes, con Estados aplicando austeridad sobre el empleo de fondos públicos en políticas sociales y asegurando seguridad jurídica-rentabilidad- sobre el gran capital, han provocado los altos índices de mortalidad por enfermedades o por no tener acceso a la salud, a la alimentación o la vivienda –que se convierten en bienes de consumo- de amplias capas de sus sociedades.

No obstante, aún con esta línea de base establecida como solo un problema del pendular de la economía-una abstracción planteada en estos términos-es el mismo capital quien se erige otra vez, como posibilidad de desarrollo en la territorialidad y las sociedades consideradas en las márgenes del sistema. Dentro de las estructuras capitalistas con un matiz que pareciera novedoso, algunos ideólogos pos-modernos dentro del grupo Governance of Economic Transition, consultores de la Organización de Naciones Unidas (ONU), proponen la solución de “un mundo keynesiano con fronteras planetarias” para salir de la actual crisis capitalista de las primeras décadas del milenio. Esto es, nuevamente la teoría del mundo de plena “democracia”-entiéndase “democracia” como libre sociedad de consumo, desarrollismo y flujo de capital-pero con una supuesta conciencia, significativa en si, donde el Estado asuma un rol parlamentario, consultivo y de moderación de tal flujo velando por la equidad de la sociedad de consumo y por la sostenibilidad de los ecosistemas naturales y de plena conciencia sobre la conservación de la biodiversidad. ¿No había significado acaso ya, la mentada “revolución verde” de la soja, el maíz, la palma aceitera y las plantaciones mono-específicas –consideradas tendenciosamente bosques con una supuesta funcionalidad y biodiversidad equivalentes a la de los ecosistemas nativos, aún por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)-, esta supuesta búsqueda de un planeta sin hambre y verde? Este flujo de capital del “mundo libre” avanzando por toda territorialidad disponible: no ha resuelto el hambre. Todo lo contrario, lo ha incrementado e inclusive ha concentrado mucho más la riqueza generando un nuevo fenómeno: la trans-nacionalidad; y con esto ha provocado desplazados sin tierras, deforestación a tasas no conocidas previamente y mayores niveles de inequidad y desigualdad social. La funcional homologación por parte de los diversos Estados de productos transgénicos y el empleo libre de agro-tóxicos sobre pueblos y áreas naturales han provocado la contaminación del aire y el suelo con las napas de agua aumentando también la prevalencia de células cancerosas y malformaciones en diversas especies incluida la humana.

La biota y la biodiversidad en el péndulo del capital

En China, el primer ministro Li Keqiang celebraba recientemente la llegada del automóvil eléctrico como una forma de “fortalecer el crecimiento económico y proteger el ambiente”. En 2009, grupos como la multinacional francesa fabricante de automóviles Renault o el presidente del grupo norteamericano Tesla, auguraban que en un futuro próximo podría manejarse gratuitamente mediante el empleo de la energía solar, una energía limpia y saludable. Una arista de difícil fiabilidad en la voz de dos grandes grupos capitalistas: la promesa de la socialización de la automovilidad, la gratuidad y la protección ambiental.

Sin embargo, la geopolítica mundial está cambiando, la lenta muerte de la globalización y la hegemonía del mundo unipolar norteamericano-post-caída del muro de Berlín-, está derivando en nuevos vectores de intensidad en el capitalismo global. En septiembre de 2017, China realiza el anuncio de la elaboración de un calendario tendiente a prohibir la comercialización de vehículos diesel, sin duda para 2030-2040, señal que fue replicada por una gran mayoría de los países occidentales. China ha emergido como una naciente y nueva hegemonía capitalista, y con esto ha comenzado a gravitar ocupando un lugar simbólico políticamente en la reducción de los gases de efecto invernadero y en los foros ambientales internacionales. Posición que ha ido abandonando el gobierno norteamericano de la mano de Donald Trump.

La necesidad creciente de tierras raras, litio y cobalto para la producción de baterías, para este nuevo eje de revolución tecnológica que representaría el automóvil eléctrico-dirigido por China- y de pasar de la producción combustibles fósiles a la fabricación de baterías, ha abierto un nuevo panorama y otro dilema. La fabricación creciente de baterías en pos de prescindir de los combustibles fósiles y su impacto en la contaminación del aire, está produciendo desde sus inicios una apertura sin control de nuevas tierras para responder a la necesidad de materias primas de China, Estados Unidos, Canadá y Europa. Lejos de ser el automóvil eléctrico, la revolución tecnológica que representa una suerte de conciencia del capital, es la nueva “revolución verde”-con nuevas oportunidades de negocios y concentración de activos- para una geopolítica mundial que está cambiando.

La fiebre de búsqueda de tierras raras y sobretodo de litio no ha dejado librada a la Argentina, según el Mineral Commodity Summaries, 2018 –una consultora internacional-, el país representa el 13 % de la producción mundial de litio del 2017 (el 33% restante lo representa Chile y el 44%, Australia). La actual apertura plena de la territorialidad argentina a estas nuevas necesidades del gran capital, han puesto al borde de la extinción total ecosistemas de Chaco Serrano en el bosque nativo de Traslasierra en Córdoba, y ha significado una fuerte presión sobre ecosistemas muy vulnerables como la región alto-andina en Salta y Jujuy. El movimiento y extracción de grandes volúmenes de tierra, el empleo de agua y la generación de contaminantes de alto riesgo que directamente quedan en los yacimientos sin tratamiento alguno, tienen un impacto aún no cuantificado sobre el ambiente y las comunidades locales. En las áreas selváticas de Salta, la exploración hidrocarburífera y la futura búsqueda de metales representan un riesgo en el corto plazo para la cesión continuada y la explotación permanente de estos territorios por parte de corporaciones chinas y norteamericanas. El actual saqueo de especies maderables-aún de especies leñosas en vías de extinción como el palo santo, el cedro o el roble salteño- por el gobernador Urtubey y la burguesía local dedicada a diversos negocios extractivos aprovechando una posición privilegiada en el Estado provincial, es un punto de inicio a este nuevo control de la territorialidad. Numerosas especies de vertebrados en peligro de extinción ocurren además, en estos ecosistemas del trópico argentino, desde el yaguareté, el oso andino, hasta poblaciones de nuevas especies de roedores y peces descubiertas para el país o el relictual guacamayo verde. El avance en la privatización de la territorialidad fagocita también culturas, idiomas y cosmovisiones en su relación con la tierra de diversas comunidades indígenas y rurales.

En Córdoba, la minera de capitales australianos Dark Horse ha anunciado desde su web oficial el comienzo de la exploración y la consiguiente extracción de litio del Valle de Traslasierra. El Foro Ambiental de Traslasierra (FAT), un grupo activo de trabajadores y ciudadanos en general, se ha levantado contra esta dinámica de mayor cesión de la territorialidad por parte del gobernador Schiaretti. En Jujuy, comunidades del pueblo Kolla entre estos, los Autoconvocados de Purmamarca han hecho retroceder el concurso de oferentes mediante el cual se concesionaban las Salinas Grandes y la laguna alto-andina Guayatayoc a la corporación minera AIS Resources Limited y otras contratistas en puja por los yacimientos de estos territorios. En el Departamento San Martín (en el norte de Salta), la policía provincial ha reprimido fuertemente durante el mes de febrero, a la comunidad Avá-guaraní y a los criollos para despojarlos de las tierras. La usurpación de las tierras no ha librado de este dinamismo siquiera a los Parques Nacionales y diversas áreas protegidas del país, que el gobierno nacional pretende desafectar para generar diversos negocios inmobiliarios. Entre estos casos, el más emblemático es el del Parque Nacional Iguazú (Misiones), con una gran matriz de selva atlántica severamente amenazada por la deforestación.

El gobierno del empresario Mauricio Macri con sus políticas de mayor cesión de activos al gran capital, pondera la urgencia de una supuesta modernización del Estado infestando de desarrollismo a diversos pueblos y territorios. Los trabajadores y los campesinos más que nunca deben organizarse y unificar la lucha en diversas latitudes tomando el control directo sobre la territorialidad, estableciendo un programa mancomunado de lucha y ocupación de éstos, en defensa de la propiedad pública de la tierra y un ambiente saludable. Pero en el futuro próximo solo la revolución socialista y sus programas, mediante el previo derrocamiento político de la burguesía y la subsiguiente planificación de la economía; pueden asegurar el acceso racional y respetuoso a los servicios que brinda la biota y con esto, el bienestar de la especie humana, terminando con la lógica capitalista que devora territorios mediante desarrollismo, concentración y saqueo.