Para conseguir la plena aplicación de la ley es necesario volver a movilizar
El próximo 7 de diciembre, según lo ha establecido la Corte Suprema, se cumple la extensión del plazo de desinversión para las empresas que posean más medios de lo permitido por la Ley 26.522, llamada de Servicios de Comunicación Audiovisual. De cara a esa fecha el Grupo Clarín intensifica su accionar contra su aplicación.
La ofensiva de Clarín
Esta medida antimonopólica es resistida por los grandes grupos empresariales del área de la comunicación, encabezados por el Grupo Clarín, propietario de más de 300 medios: canales y sistemas de TV de aire y de cable, de radios AMs y FMs, publicaciones, etc. en todo el país.
En la defensa de sus privilegios ha contado con la colaboración de gran parte del empresariado local e internacional, y de la derecha. Sus feroces ataques al gobierno no pueden ocultar que lo que está en juego es la defensa de la gran propiedad privada y de la libertad de mercado, las que no contemplan ningún derecho social, como el de expresión o de acceso a la información, así como tampoco contemplan otros derechos básicos: alimentación, salud, vivienda, educación, etc.
Además de los colosales negocios, existe un gran interés en mantener la inmensa influencia mediática consistente en la instalación de la agenda diaria de discusión social y en el fabuloso poder de disputa ideológica alcanzado en las últimas décadas por los grandes grupos empresariales de la comunicación. Así que el apoyo del resto de los capitalistas también tiene esta doble intención: defender el derecho de propiedad privada por encima de cualquier derecho social y mantener la hegemonía del discurso dominante pro libre mercado y pro explotación.
También ha conseguido el apoyo entusiasta de los políticos opositores, desahuciadas sus aspiraciones por vía democrática. Ven que sólo a través de operaciones mediáticas pueden continuar presentes en la vida política y coinciden además en las concepciones liberales. Han saboteado la vigencia de la ley y demorado tres años su integración a los organismos de control (comisión bicameral, AFSCA y RTA).
Los ataques continuos de Clarín a cualquier medida del gobierno lo han convertido en la principal oposición. Además ha cooptado o comprado a sectores reaccionarios del poder judicial. Y ha llegado hasta a influir en la nominación y remoción de jueces. Consiguió medidas cautelares para demorar la aplicación de la ley, mientras solicita se declare inconstitucional, porque afecta el derecho de propiedad y la ¨libertad de prensa¨.
Resiste a los tres poderes de la república (con la que se llena la boca): desconoce la sanción de la ley por parte del legislativo, no reconoce la autoridad del ejecutivo ni del organismo de aplicación (AFSCA) y resiste la decisión de la Corte. ¿Adónde queda su cacareado ¨respeto a la ley¨?
Logros y dificultades de la Ley de comunicación audiovisual
Si bien desde su sanción hace tres años se ha avanzado en algunos aspectos, hay otros que encuentran grandes dificultades. Se han otorgado licencias de radio y TV a escuelas, cooperativas, municipios, provincias, universidades y comunidades originarias, y se han legalizado centenares de radios FM en más de diez provincias, todo lo cual multiplica las voces en los medios. Se exigen cuotas de contenidos de producción propia, también de contenidos destinados a los niños y sobre temática regional, a los licenciatarios. Además se dispone de controles sociales y políticos en un área donde predominaba la razón comercial, y se solicita información, de acceso público, sobre la titularidad de las licencias y sobre la recepción de publicidad oficial.
Sin embargo, además de no conseguir aún la desinversión del Grupo Clarín, no se logra avanzar en el cumplimiento de la existencia de los tres tercios iguales (para los sectores privado, público y ¨sin fines de lucro¨) en el espectro, por cada región. Es en el espacio de los medios comunitarios, de organizaciones sociales y de pueblos originarios donde se hace imposible la sostenibilidad, en un marco de competencia comercial. Esto sólo se podría conseguir con inversión estatal (que facilite los equipos de radiodifusión para su uso gratuito en razón del tamaño e influencia social de cada medio comunitario, asistencia técnica, capacitación, etc.)
Hasta ahora, incluso, se han beneficiado grandes y medianos actores comerciales ya instalados, como el grupo Vila-Manzano, Hadad, Cadena 3, Garfunkel-Szpolski o Cristóbal López. En esto incide también el decreto de extensión de licencias por diez años, Nro. 527 de 2005. Además se han abierto licitaciones (que han fracasado) para nuevas radios y canales de TV, pero siguiendo la lógica comercial, con pliegos para presentarse que cuestan cientos de miles de pesos, prohibitivos para cualquier organización comunitaria o social.
Una amenaza para las transformaciones en curso
No es sólo una cuestión de democratización de la comunicación lo que nos debe preocupar. La persistencia del gigantesco poder de los oligopolios mediáticos es una amenaza para los procesos transformadores encarados en los últimos años en toda Latinoamérica. Así como Clarín emprende una campaña desestabilizadora tras otra, también los gobiernos de Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela o Evo Morales en Bolivia soportan los embates golpistas de los grandes multimedios. Y en México llegaron a imponer a su candidato, Peña Nieto.
Por todo esto la profundización en la democratización de la comunicación (como también la recuperación de otras áreas: petróleo, tierra, banca) no son una opción ideológica. Son medidas elementales de defensa del proceso transformador iniciado, que de otra manera corre el riesgo de revertir, vía macrismo o duhaldismo por ejemplo, hacia políticas privatizadoras ya muy conocidas.
Es necesario volver a movilizar
Para garantizar la desinversión de los grandes grupos mediáticos y la multiplicación de voces a partir de los medios comunitarios o sociales, y que la comunicación deje de ser una mercancía, es necesario un nuevo esfuerzo de movilización, como el realizado con motivo de la sanción de la ley en los difíciles momentos de 2009, tras el ¨conflicto del campo¨ y las elecciones desfavorables.
Tanto las organizaciones que venimos luchando desde hace décadas por la democratización de la comunicación (como la Coalición por una Radiodifusión Democrática integrada por cientos de organizaciones sociales, educativas, sindicales, etc. que ha sido recibidas en estos días por el nuevo titular de AFSCA, Martín Sabbatella), como otros compañeros, más (o menos) afines al gobierno, que se fueron acercando a partir de la disputa por la sanción y aplicación de la ley, debemos ganar las calles. Organicemos una gran movilización que derrote las maniobras del Grupo Clarín, y asegure la rápida desinversión de este y otros oligopolios de los medios. Y que también apunte a la superación de las dificultades señaladas.
Desde la Corriente Socialista Militante apoyamos en su momento a la Coalición, a sus 21 puntos y a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y continuamos ahora apoyando todo avance en la democratización de la comunicación social. Perseguimos el objetivo de librarla de las garras del capital, por eso consideramos que no debieran existir los grandes medios privados de comunicación. Deberían pasar a manos del estado bajo control de los trabajadores para que estén a disposición de las organizaciones sociales y populares.
Sabemos también que ese objetivo se irá cumpliendo paralelamente a la recuperación de los recursos y palancas fundamentales de la economía (tierra, minería, energía, banca, comercio exterior, etc.), su estatización y puesta bajo control obrero y popular
