En las últimas semanas, los acontecimientos de Jujuy han sido el epicentro de la lucha de clases en la Argentina.
Una vez más, la clase trabajadora, y el conjunto de las masas oprimidas han salido a las calles a mostrar la enorme fuerza potencial que dormita en las y los trabajadores, cuando estos deciden ponerse en movimiento.
No podría haberse esperado una respuesta de distinto talante, entendiendo la naturaleza de la reforma del gobernador Morales. En pocas palabras, la reforma podría compararse con el sueño húmedo de la mayoría de la burguesía argentina hoy: profundizar el ajuste anti obrero y el saqueo de los recursos naturales para aumentar sus ganancias, a la vez que se suprimen los derechos democráticos de protesta de la clase, se legaliza la represión y se concentra el poder en manos del ejecutivo provincial. ¿No es acaso este un escenario idílico para los capitalistas, si pudiese extenderse a todo el país?
En un principio, las movilizaciones en Jujuy iniciaron motivadas y contagiadas por el espíritu de lucha de las y los trabajadores y docentes salteños. Al igual que estos, la clase trabajadora jujeña salió a protestar y luchar por la reconquista del salario y del resto de sus conquistas materiales históricas.
Pero, en el contexto del avance de la anunciada propuesta de reforma infame del gobernador Gerardo Morales, estas movilizaciones dieron un salto cualitativo en Jujuy. En las últimas semanas, se han desarrollado un conjunto de protestas y cortes de ruta a lo largo de toda la provincia, así como movilizaciones masivas en la capital de la provincia y huelgas espontáneas de docentes y trabajadores públicos. En varias ciudades del resto del país, también se han desarrollado movilizaciones importantes de solidaridad con esta lucha.
En líneas generales, la reforma no es más que la legalización de una política de ajuste y de represión aún más severa que la que ya se aplica en el país, y, particularmente, en la región. Ahora bien, el contenido concreto de la misma se expresa en una serie de elementos que es importante analizar y debatir, en el contexto de la lucha actual. Veamos
El Litio
Como bien hemos señalado y explicado en nuestro documento de Perspectivas para la Argentina 2023, la crisis por la que atraviesa Argentina hoy, es parte de la crisis mundial del capitalismo. En ése sentido, la dinámica de la crisis argentina es sólo una expresión nacional, en el contexto de nuestro capitalismo atrasado, de la crisis de orgánica del capital a escala planetaria.
Vale la pena recordar, que la caída del consumo en los EEUU y Europa luego de la crisis del 2009, como consecuencia de las políticas de austeridad, contribuyó a la desaceleración de la economía China, y a su vez, esta desaceleración afectó de manera importante la venta de granos y otras materias primas al capitalismo chino. Luego, todo esto provocó una caída importante de los ingresos fiscales que terminó por mellar la base económica de las políticas sociales del kichnerismo, y abrió camino hacia la crisis que vivimos hoy. A ello se suma, por supuesto, el papel jugado posteriormente por el gobierno Macri/Cambiemos y sus acuerdos con el FMI, actualmente ratificados por el FdT.
Hoy, en el actual contexto de crisis mundial, el viraje de sectores de las burguesías imperialistas de las inversiones en combustibles fósiles a las mal llamadas economías verdes, está teniendo un nuevo impacto en las economías de los países de capitalismo atrasado. Argentina, lógicamente, no es la excepción.
Es cierto que ambos acontecimientos (la crisis del consumo de materias primas por parte de China y la transición a las llamadas economías verdes) son, en términos prácticos, completamente diferentes. No obstante, ambos demuestran claramente el carácter secundario o hasta terciario de la burguesía argentina en el mercado mundial. La burguesía argentina es incapaz de empujar adelante el desarrollo independiente del capitalismo argentino, y por lo tanto, le toca bailar (y le gusta bailar además, debemos decir) al son que toquen las burguesías imperialistas.
La pugna comercial entre grandes monopolios mineros y energéticos por apoderarse de las fuentes de litio tiene ya un tiempo en marcha. Por un lado, capitales imperialistas de EEUU y Australia, y por el otro, capitales chinos, fundamentalmente, se disputan el control y la explotación de las principales reservas globales. En tal contexto, la explotación del Litio argentino ofrece un apetitoso plus: la rápida devaluación de la fuerza trabajo en el contexto de una espiral inflacionaria implacable. El Litio jujeño, al menos en términos del costo del capital variable, es decir, de la fuerza de trabajo, se muestra, al menos potencialmente, más rentable que sus pares de Chile y Bolivia, debido a la espiral inflacionaria y de devaluación que vive el país en la actualidad. (https://es.statista.com/grafico/16576/ajuste-de-los-salarios-minimos-en-latinoamerica/ / https://es.statista.com/estadisticas/1280168/paises-por-tasa-de-inflacion-en-america-latina-y-el-caribe/ / https://es.statista.com/grafico/27808/valor-de-monedas-latinoamericanas-vs-dolar-estadounidense/)
Ahí es donde la reforma juega un papel clave.
La gran mayoría de las zonas ricas en minerales en el Jujuy, y particularmente las ricas en sales de Litio, son zonas del altiplano. Estos territorios están ocupados fundamentalmente por comunidades indígenas desde el período colonial o incluso precolombino, en muchos casos.
Estas comunidades son las habitantes y propietarias originarias de estos territorios, pero, como suele ocurrir en el contexto del derecho burgués argentino (y muy seguramente en el contexto del derecho burgués de todo nuestro continente), dichas tierras no están debidamente inscriptas en los registros de propiedad. Esta ausencia de un debito registro legal -en términos del derecho burgués-, debilita peligrosamente ante los ojos del Estado la titularidad de estas comunidades sobre dichos territorios.
El Convenio 169 de la OIT exige que las comunidades originarias sean notificadas adecuadamente y a la vez se les permita participar en la toma de decisiones sobre la explotación de los territorios que han ocupado históricamente. Antes de que puedan efectuarse actividades de explotación de minerales en dichas tierras, éstas deben otorgar su consentimiento. Este convenio, en teoría, tiene fuerza de ley en la Argentina, pero basta dar un vistazo a la realidad de las comunidades indígenas de todo el continente, para entender que ni en la Argentina ni en prácticamente ningún país de América, se respeta este convenio.
A este respecto, la reforma constitucional implica ir aún más lejos. Este documento proporcionará base legal a la violación sistemática de este convenio, y de los derechos de los pueblos indígenas del Jujuy, al contemplar una serie de mecanismos rápidos y expeditos para proteger la propiedad privada de los titulares de los terrenos en cuestión. Por los titulares, no debemos entender a las comunidades indígenas, sino a las empresas estatales provinciales y privadas que comenzarán a tener el derecho de propiedad sobre los mismos, a fin de iniciar la explotación del Litio.
Estos mecanismos contemplan la posibilidad de desalojar a los habitantes originarios de estas tierras cuando se considere necesario, a fin de proteger el derecho de propiedad (que seguramente sí estará bien asentado en los registros competentes) de las empresas que explotarán el Litio.
Como vemos, se hace evidente que la reforma constitucional profundizará el saqueo del Litio sobre la base del desalojo de las comunidades indígenas que habitan estos territorios.
Los negocios inmobiliarios
Un segundo aspecto económico contenido en la reforma, es la cuestión de las tierras fiscales del Jujuy.
La historia de la organización barrial Tupac Amaru, y su trabajo en la provincia en favor del desarrollo de proyectos habitacionales dirigidos a dignificar las condiciones de vida de las masas trabajadoras jujeñas, es bien conocida y no entraremos ahora en detalle sobre ella. Ya tuvimos la oportunidad de hacerlo en un artículo sobre la detención y el juicio armado contra Milagro Sala.
Sin embargo, es muy importante señalar, que aparte de la profundización del saqueo del Litio y los recursos minerales locales, la reforma también favorecerá el desarrollo de jugosos negocios inmobiliarios sobre la base de terrenos fiscales. En realidad, el papel de la reforma a este respecto es simplemente el de legalizar los negocios corruptos de Morales, su familia y un conjunto de burgueses con inversiones en este sector, que se han venido llevando a cabo desde hace varios años.
Una de las razones centrales de las fuertes contradicciones existentes entre la Tupac y el gobierno provincial de Morales, más allá de los propios errores políticos de la primera (y más allá de sus propias contradicciones internas en tanto organización obrera y popular sin independencia de clase), es que el control de la Tupac sobre una serie de desarrollos habitacionales en la provincia, privó por años a Morales, su camarilla y un conjunto de capitalistas, de aumentar sus ganancias a partir de negocios privados en el sector inmobiliario.
En última instancia, es esa una de las razones reales de la persecución y judicialización de Morales contra Milagro Sala y la Tupac.
El gobernador Morales se ha llenado la boca hablando de cuán moderna y progresista es su reforma, y de cómo ésta permitirá luchar contra la corrupción, etc. Pero, en realidad ocurrirá todo lo contrario.
En 2017, el periodista Horacio Verbitsky publicó un artículo en Página12 que explicaba, mostrando cifras y detalles concretos y precisos, cómo el secretario general de la gobernación, Freddy Morales (hermano de Gerardo Morales), junto a once legisladores (siete radicales, tres justicialistas y un conservador popular), habían comprado 150 hectáreas al Banco de Jujuy por 720 mil pesos, que luego revendieron a la gobernación por 30 millones de pesos. Estos terrenos serían utilizados para el desarrollo de programas provinciales de vivienda. (https://www.pagina12.com.ar/16887-la-caza-del-tesoro 22/02/2017)
Para la elaboración de dicho reportaje, Verbitsky se basó a su vez en investigaciones más antiguas de otro periodista, Franco Mizrahi, publicadas en 2013. Entre 2013 y 2017, ni Morales ni ninguno de los otros once implicados en la trama de tráfico de tierras públicas, inició acción legal alguna contra Mizrahi por calumnia. Tampoco llegaron a señalar ninguno de los datos precisos aportados por Mizrahi sobre las fraudulentas e ilegales operaciones comerciales, como falsos. (https://www.pagina12.com.ar/16887-la-caza-del-tesoro 22/02/2017)
A la fecha de hoy, cuando concluye el mes de junio de 2023, estos actos de corrupción se mantienen impunes, y, más bien, pasarán a tener fundamentación legal, al menos parcialmente, en la reforma que Morales quiere aprobar a sangre, bala y fuego.
Si las conquistas políticas y sociales de la Tupac eran una traba para los negocios de Morales y su camarilla, que a su vez estarían asentadas en avances legales en materia habitacional logrados durante el período Kirchnerista, la reforma constitucional de Morales quiere barrer con todo eso y dar una sólida fundamentación a sus jugosos negocios sustentados en las tierras públicas de la provincia.
En ambos casos, tanto en los que respecta al Litio como a los negocios inmobiliarios, la reforma tiene como fin profundizar el saqueo de los recursos públicos, que pertenecen en teoría al conjunto de la población, lo que además implica incrementar la explotación de la clase trabajadora, en favor de una cúpula podrida de políticos y capitalistas provinciales y nacionales, así como también a favor de algunos capitales imperialistas.
Represión y destrucción de derechos democráticos de las y los trabajadores
La historia universal de la lucha de clases demuestra cuál ha sido siempre el papel del Estado, en tanto fuerza represiva al servicio de la clase dominante, sobre todo en períodos de crisis.
Cuando hay una agudización de la crisis orgánica del capital, y por ende una agudización de la lucha de clases, los capitalistas necesitan echar mano del Estado para, primero, poder contener la movilización y lucha de la clase trabajadora, y, segundo, reprimirla y aplastarla a sangre y fuego en caso de ser necesario.
En la medida en que los capitalistas puedan maniatar, o al menos, mantener a raya a las y los trabajadores en lucha, podrán entonces aplicar políticas de ajuste capitalista e incrementar su explotación, a fin de poder salir delante de la crisis aumentando sus ganancias.
Por lo general este proceso implica a su vez, dentro del propio Estado, es decir, en el contexto de sus instituciones y del propio juego de intereses de los partidos burgueses que lo dirigen, una mayor concentración de poderes en manos del ejecutivo por sobre los demás poderes.
La reforma contemplaba muy bien todos esto aspectos en principio, si bien el propio Morales ha tenido que dar marcha atrás con los artículos 36 y 50, intentando así aplacar un poco la combatividad de las masas jujeñas movilizadas y en lucha.
Parte del articulado dotaba al ejecutivo provincial de suficientes facultades para elegir, directa o indirectamente, a los jueces provinciales, quedando el poder judicial totalmente subordinado a los intereses y voluntad del ejecutivo.
Junto a esta medida, la reforma otorgaba la mayoría simple en la cámara al partido que obtuviese la victoria en el ejecutivo. Es decir, sin importar el porcentaje que el partido ganador de la gobernación obtuviese en las elecciones legislativas, éste pasaría automáticamente a tener también la mayoría de escaños en el legislativo, pudiendo entonces gobernar sin ningún tipo de contrapeso o control legislativo, aún incluso desde el punto de vista democrático burgués. A todas luces, esto representa una escandalosa concentración de poderes en el ejecutivo. En ninguna provincia del país está contemplado esto en su constitución provincial.
Por otra parte, en lo que respecta directamente a la represión, la reforma contempla la prohibición de ciertas formas de protesta social, como los cortes de calle y ruta, o toda aquella acción de protesta que pueda ser considerada por el ejecutivo y su fuerza pública como perturbaciones al derecho a la libre circulación. Quienes se vieran involucrados en acciones de tal naturaleza (tan necesarias para la defensa de los derechos de las y los trabajadores), ya sea por acción u omisión, podrán ser enjuiciadas.
Las dos primeras medidas contempladas en la reforma, fueron retiradas ante la fuerte presión de las masas en la calle, como señalamos más arriba. La última no ha sido retirada. Lógicamente, se trata de un punto de honor para el gobierno provincial, que necesita legalizar su política represiva y así aplastar la lucha del movimiento obrero, popular e indígena en la región.
Perspectivas
Durante la presentación pública de la reforma, una vez aprobada con los votos de radicales y justicialistas, Morales presentó su candidatura a la presidencia.
Aunque su precandidatura finalmente fue a Vice Presidente, debe entenderse como un claro guiño a los sectores de la burguesía y sus partidos, para los que la reforma de Morales no se trata de sólo una modificación de la legislación provincial de Jujuy, sino una posible antesala de lo que consideran una necesaria profundización y aceleración del ajuste anti obrero a nivel nacional.
En efecto, días después, el jefe del gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, dio a conocer que su compañero de fórmula será Gerardo Morales: “Estamos viviendo tiempos duros de angustia, inflación, inseguridad. No podemos esperar un minuto más. Tenemos que ir a fondo para transformar Argentina. Para mí es una gran alegría contarles que Gerardo Morales va a ser quien me acompañe como candidato a la vicepresidencia, para cambiar la vida de todos los argentinos”.
Una profundización del ajuste de tal magnitud, necesita, inexorablemente, de una fuerte política de represión y judicialización como soporte político y legal. Utilizando su candidatura a vicepresidente junto a Horacio Larreta Morales como plataforma, y tomando su reforma como bandera política, Morales quiere mostrar el camino a seguir para toda una gran capa de la clase dominante, ávida de incrementar sus ganancias a costa de más sufrimientos y penurias para las masas trabajadoras.
Al momento de escribir estas líneas, la lucha heroica y valiente de las y los trabajadores, pobladores e indígenas del Jujuy, sigue en pie, con la frente y el puño en alto, a pesar de cualquier retroceso temporal.
En distintos puntos de la región continúan los cortes de ruta, las huelgas, las marchas con antorchas, los piquetes y los choques con la policía, haciendo retroceder a esta, victoriosamente, no en pocas ocasiones.
La lucha debe continuar, pero para vencer, todas y todos los trabajadores movilizados en lucha debemos dar un salto cualitativo en la organización. Es necesario avanzar, vía asambleas democráticas de trabajadoras, trabajadores y de todo el pueblo oprimido y explotado del Jujuy, pero también en todo el país. Estas asambleas deben servir para avanzar en la organización de nuestro propio poder, de nuestro propio gobierno. Este poder es el cuerpo que nos permitirá golpear como un solo puño al Estado provincial. Sólo así podremos echar abajo la reforma, a Morales, y avanzar más allá, contra el propio capitalismo.
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Declaración del Tercer Malón por la Paz: al Gobierno nacional y de la provincia de Jujuy
A los siete días del mes de julio de 2023, en el cruce de Purmamarca, reunidas las comunidades indígenas del Tercer Malón de la Paz en protesta contra la reforma parcial de la Constitución provincial por ser inconstitucional y haber sido realizada y aprobada sin la participación de las comunidades indígenas ni de la población jujeña en general, denunciamos que el mal accionar del Gobierno está provocando grandes perjuicios a toda la provincia. Hasta el día de hoy, el Gobierno no se ha hecho responsable. Es por todo eso que exigimos:
A) Que se declare la nulidad de la nueva constitución provincial. Rechazamos tanto el procedimiento por el cual se realizó la reforma como su contenido, puesto que viola los derechos indígenas. Exigimos que se realice un nuevo proyecto de ley de necesidad de Reforma de la Constitución y que sea desde los marcos normativos vigentes dando cumplimiento a nuestra Constitución Nacional. A la consulta libre, previa e informada según el convenio 169 de la OIT, el Acuerdo de Escazú y demás tratados internacionales ratificados por Argentina.
B) Sobreseimiento de las causas judiciales iniciadas a las personas que participaron en las distintas movilizaciones en pleno ejercicio del derecho a la protesta de forma pacífica. Y exigimos el cese inmediato a la represión, persecución, amedrentamiento de todas las personas que han participado en las diferentes actividades de manifestación en contra de la Reforma.
C) La renuncia del gobernador Gerardo Morales, del ministro de Seguridad de la Provincia, Guillermo Corro, y del jefe de Policía de la Provincia, Horacio Herbas Mejía, quienes ejercieron violencia institucional y abuso de autoridad en los violentos operativos de represión, dejando un importante saldo de heridos de gravedad y lesionados física y psicológicamente en toda la provincia. El Gobierno provincial tiene que responsabilizarse en cubrir la correspondiente atención médica de las víctimas de la represión de forma completa y debida en cada caso, con seguimiento, asistencia directa y resarcimiento a los familiares en medio de las pensiones vitalicias.
D) La renuncia de la ministra de Derechos Humanos y Pueblos indígenas y de la Secretaría de Pueblos Originarios, Sonia Ochoa; por no representar las demandas y necesidades reales de las comunidades indígenas, siendo funcionales a sus propios intereses políticos partidarios. Y exigimos la renuncia de Natalia Silvina Sarapura, actual diputada nacional, y la declaramos persona no grata.
E) Pedimos a jueces, fiscales, integrantes del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy y de la Nación que tomen conciencia de la grave situación que atraviesa el pueblo jujeño y pedimos que cumplan con sus funciones y deberes de forma honrada y totalmente imparcial como lo juraron al momento de aceptar los cargos para los que fueron designados.
Tercer Marón de la Paz, Purmamarca, 7 de julio de 2023.
Carta abierta de las comunidades del Tercer Malón de la Paz: respuesta al Gobierno de Jujuy
- Ante todo comunicar al pueblo de Jujuy que las comunidades indígenas hemos abierto el camino del diálogo y la gestión por las vías correspondientes de nuestros pedidos, desde siempre y hasta ahora, ante todos los Estados y Gobiernos tal como existen hoy. Adecuándonos a sus condiciones, a sus políticas, a sus formas burocráticas. Siempre hemos considerado el respeto sobre todas las cosas, un legado que nos dejaron nuestros ancestros al cual hacemos honor. En ese aspecto y en este proceso se presentaron notas concretas a la legislatura y a la Convención Constituyente, solicitando se respete el proceso de consulta libre previa e informada
El gobierno de Jujuy, más que nadie, debería conocer la historia de las razones por las cuales nosotros, las comunidades indígenas, nos movilizamos. Nadie vino a decirnos que nos quitaban las tierras. No, lo hemos vivido en carne propia con el aval de su gobierno. Tanto para emprendimientos mineros, turísticos, emprendimientos privados disfrazados como emprendimientos del Estado en territorio de las comunidades. Y de eso hay varios casos: Tilquiza, Tuscapacha, Caspalá, Salinas Grandes y otros tantos. Con una Justicia cómplice que avala la propiedad individual y privada en toda la provincia, por encima de los derechos de la propiedad comunitaria conquistado por las comunidades según la Convención 169 de la OIT y el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que nos reconoce como dueños legítimos por habitar estos territorios desde tiempos inmemoriales y por derecho consuetudinario.
Casi ocho años de gestión dan cuenta de que no hubo voluntad de entregar los títulos de propiedad comunitaria, a pesar de tantos pedidos que existen. Casi ocho años de gestión dan cuenta de que la política para las comunidades es el despojo, la represión, el saqueo, la persecución, las amenazas, la discriminación y el armado de causas a los integrantes de las mismas comunidades, solo por defender su territorio y ejercer sus derechos. Y esto no es un delito. Delito es violar los derechos constitucionales, delito es violar los convenios internacionales y las leyes nacionales. Delito es violar la misma Constitución de la Provincia de Jujuy, que en los artículos 100 y 131 prohíben que un gobernador ejerza otro cargo mientras dure su función. Por lo tanto, esta reforma constitucional es nula.
El gobierno dice que el camino no es la violencia. Sin embargo, las piedras, los perdigones, las balas de goma, los gases lacrimógenos apuntados directo a la cabeza y a corta distancia hacia nosotros, que estábamos reivindicando nuestros derechos de manera pacífica como siempre, son hechos de violencia de la Policía bajo las órdenes del gobernador. Y que por cierto, les costó los ojos a varios de nosotros. Aquí preguntamos, ¿cómo piensa el Gobierno devolverle la vista a nuestros hermanos? ¿Acaso el objetivo es enceguecer a todo el pueblo de Jujuy?
El Gobierno debería saber, cómo toda la sociedad de Jujuy lo sabe, que hubo un Tercer Malón, donde las verdaderas comunidades caminaron de sus territorios hasta la Casa de Gobierno. ¿Acaso se dignaron en recibirnos, al menos? Las comunidades que hacemos el Tercer Malón de la Paz, con el acompañamiento de los docentes, empleados públicos, gremios, sindicatos, movimientos, agrupaciones, empleados de la salud, autoconvocados y gran parte del pueblo de Jujuy, que vio que la esperanza que bajó de los cerros tocó las puertas de la Casa de Gobierno y de la Legislatura, recibiendo como única respuesta el ser ignorados, subestimados, odiados, extorsionados, amenazados y, para el colmo, reprimidos hasta dejarnos ciegos. Y ahora acusados penalmente como delincuentes, sediciosos y violentos.
Los pueblos no se alzan contra las instituciones. Los pueblos, simplemente, ejercen sus derechos exigiendo a sus representantes. Cabe destacar que son los del propio partido del Gobierno, quienes no se presentan a cumplir sus funciones. Entonces, ¿de qué diálogo nos hablan?
En nuestros cortes de ruta se garantizó el ejercicio de derechos, con el respeto al libre tránsito, sin demora para los servicios de salud, seguridad, bomberos, personas discapacitadas o con urgencias, sepelios, bancos y, en especial, a las mujeres embarazadas y niños. La responsabilidad y la modalidad con la que se ejerció la protesta, es reconocida como tal a través de la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la Organización de Naciones Unidas, desmintiendo rotundamente lo que los medios oficialistas y el Gobierno pretenden imponer y hacer creer falsedades a la población
Nunca quisimos llegar a esto. Y las comunidades sentimos un gran dolor por toda esta situación. Pero lamentablemente, el hecho de que nos ignoren, avasallen nuestros derechos, no traten de delincuentes y se mientas sobre las razones que nos llevó a tomar esta decisión de manera autónoma, reiteramos que no estamos vinculados con ninguna figura, ni movimiento, ni con un gobierno, ni partido político. Basta de mentiras sobre eso. Reconocemos que quienes se solidarizaron con nosotros fue el propio pueblo de Jujuy, el pueblo argentino y que seguramente lo hicieran porque están convencidos de que tenemos razón, y por eso se sumaron a esta lucha.
Esta reforma parcial de la Constitución viene a avalar legalmente el saqueo intensivo de los recursos y el agua que da vida a cientos de comunidades en la provincia y del Norte argentino. Apenas entró en vigencia, hoy ya existen cataratas de sentencias de desalojo a comunidades; ya se están vendiendo tierras al capitalismo internacional. Entonces, entendemos que detrás de todo esto, son los capitales extractivistas extranjeros, que ahora cuentan con una Constitución hecha para legalizar el saqueo. Una constitución debe defender los intereses del pueblo.
Debería saber también el gobierno, que hoy los lugares que ocupan, los territorios de los cuales se hacen uso y que quieren expropiarnos con esta reforma, han sido libertados a costa de vida y sangre indígena. Nuestros antepasados lucharon junto a Juana Azurduy, junto al capitán indígena Diego Cala; conformaron el regimiento peruano; lucharon junto a Belgrano; junto a Güemes; junto a Arias; junto a San Martín para darle la libertad a estas naciones. Lucharon por una libertad, que en 200 años de la vida del Estado, aún se nos niega.
La paz y el respeto no se logran con una invitación al diálogo, después del hecho consumado. Si se habla del respeto a la Constitución y las leyes, pues el gobierno debería cumplir con ellas. Cumpla con el derecho a la consulta libre previa informada, con el derecho al consentimiento, establecidos en la Constitución Nacional y convenios internacionales, ratificado con las leyes nacionales y vigentes en todo el territorio argentino. La paz se logra con realizar el proceso de consulta determinado por los protocolos reconocidos, como el Kachi Yupi de la Cuenca de Salinas Grandes y Lagunas del Guayatayoc; el protocolo Pacha Jarkaspa del Consejo Departamental de Comunidades de Cochinoa; el Protocolo de Consulta del pueblo Ocloya. Se exige el respeto a los derechos y así todos viviremos en la paz anhelada.
Arriba los derechos A
Anulación de la Reforma.
Jallalla al pueblo plurinacional de Jujuy.
Asamblea del Tercer Malón de La Paz, cruce de Purmamarca
09-07- 2023
