Se calcula que los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile contienen aproximadamente entre el 70% y el 80% de las reservas mundiales probadas más rentables y conforman el conocido “Triángulo del Litio”. El desarrollo de la tecnología en explotación de este recurso ya se proyectaba desde el 2009, y se profundizo en el gobierno de Gerardo Morales. Morales que al asumir planteo que impulsaría “…normas para reducir la violencia y aumentar la tolerancia…” (sic).
La base social de Gerardo Morales son los empresarios industriales: caña de azúcar, tabaco, mangos, cítricos y paltas hasta la producción de combustibles como petróleo y gas. En los últimos años el gobierno entro en una puja con las comunidades originarias para colocar empresas minerías que desarrollen la explotación minera de litio. Las empresas explotadoras de litio, en este caso, han reclamado garantía jurídica para la expropiación y la explotación del litio. El estado tomo la iniciativita de impulsar una reforma constitucional.
En el año 2009 ya se habían realizado la primera presentación de los proyectos de explotación de litio en las salinas grandes en Salta y Jujuy. Los pueblos originarios de Jujuy, más de 400 comunidades reconocidas, resintieron numerosos intentos de las empresas explotadoras de litio por el ingreso a sus territorios. La empresa Salares de Jujuy está realizando explotación y exportación de litio desde el 2014. Por otra parte, otras 33 comunidades, se opusieron al ingreso de la empresa minera South American Salars, en espera a un decreto provincial que habilite el protocolo de consulta. No podemos olvidar que la lucha de las comunidades contempla además la preservación de un bien escaso como es el agua. El agua en estos salares es realmente escasa y se necesitan dos millones de litros para producir una tonelada de litio.
Para marzo del 2016 los pueblos indígenas de Jujuy salieron grandes columnas de las comunidades a manifestarse por la derogación de la Ley de Servidumbres 5915, impulsada por el Gobernador Morales en mayo de 2016. Este proyecto ley establece el Desarrollo de Proyectos de Generación de Energía Eléctrica a partir de Fuentes Renovables sobre Inmuebles de Propiedad Comunitaria, a partir de la cual el Estado Provincial autoriza a terceros a establecerse y trabajar en territorio de las comunidades indígenas. Una ley violatoria de derechos de los pueblos originarios, e inconstitucional.
En el mes de marzo del año 2022, las comunidades hicieron una asamblea y decidieron permanecer acampando en el Paraje Tanques, Arroyo Seco Aguadita, que pertenece a Susques. Lugar donde se encuentra desplegada la maquinaría. Y donde ahora se desarrolla uno de los puntos más fuertes de la rebelión de los trabajadores jujeños. Lugar donde ya venía desarrollando el uso de las fuerzas judiciales y represivas contra las comunidades obreras e indígenas. Una continuidad de esta lucha se dio año a año; y se mantiene firme hasta el día de hoy.
En un contexto explosivo, el gobierno de Morales-Sadir imposibilitado de frenar la lucha de los trabajadores y comunidades el estado provincial, redoblo las apuestas hacia una avanzada represiva e imponerlas mediante una convención constituyente escrita por la burguesía autóctona redactando un texto anti obrero, represivo y contradictorio a la propia organización jurídica/legal del régimen capitalista. Los trabajadores estatales de la provincia de la salud y educación habían comenzado a unificarse bajo la forma de autoconvocados por aumento salarial y contra los decretos anti huelgas punitivitas. Las condiciones de vida de la clase obrera han sido llevadas a un extremo de la miseria, el hambre, a una precariedad laboral esclavizante.
Las necesidades de la clase obrera y campesina de defender sus conquistas históricas han confluido en una acción conjunta contra la reforma constitucional que viene a liquidarlas. No es solo la reforma constitucional es un proceso político que lleva años de lucha populares que se han expresado ante una avanzada del gobierno y los empresarios de querer pretender darle rango constitucional al ajuste, la entrega de los recursos, y la regimentación de la lucha que reclaman tanto el Fondo Monetario Internacional como un guiño para el adelanto de los fondos/préstamo; como así también la seguridad jurídica reclamada por las transnacionales que explotan el litio.
De este proceso de lucha se ha desprendido un avance organizativo en las fuerzas de la clase obrera y campesina desarrollada en las asambleas y auto convocatorias. Estos órganos nacen en oposición ante la complicidad de la burocracia, partidos patronales y el gobierno en connivencia con el empresariado para llevar adelante el saqueo y la explotación del hombre por el hombre sobre los recursos naturales. La reforma constitucional fue votada por Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, salvo la izquierda que se retiró tardíamente de la Convención.
Defender estos órganos deliberativos y de acción permitirá avanzar hacia concejos obreros y campesinos por distritos que permitan desarrollar la coordinación de los 22 cortes de rutas actualmente vigentes. Avanzar hacia una formación de democracia directa de los trabajadores y campesinos en un concejo provincial que comience a planificar la lucha y administración de los recursos naturales. Es decir, que las asambleas puedan constituirse como embriones de doble poder o sea el embrión del futuro poder de la clase trabajadora en oposición al Estado de los capitalistas en las perspectiva de una nueva legalidad.
Mantener el Paro General es un principio de acción colectiva que nos permite desarrollar nuestras fuerzas para poder aplicar estas medidas. En la transición de esta lucha las auto convocatorias deberían expandirse en la región para rodear de solidaridad con los trabajadores jujeños que han entrado en un proceso más desarrollado de la lucha de clases, una acción que se debe replicar en el NOA. Trabajar en este sentido se hace indispensable.
