Diez días después del triunfo electoral el gobierno anunció un cambio en su política de subsidios a las empresas privatizadas de servicios públicos. Mientras que desde 2005 venían creciendo geométricamente, ahora se busca que pasen a ser asumidos por los usuarios más privilegiados.
En una primera etapa el estado reduce en unos $ 4.500 millones los aproximadamente $30 mil millones anuales en subsidios por tarifas a empresas de electricidad, gas, agua y transporte. Y aspira a recortarlos casi totalmente, salvo en el caso del transporte (considerado parte de la ayuda social) y en los casos de usuarios que demuestren necesitarlos y familias trabajadoras con ingresos inferiores a $5200, según lo afirmado por el ministro De Vido. También quedarían subsidiados los servicios brindados a las pymes.
Las medidas
Las primeras disposiciones significan la quita de susidios a los servicios que se brindan a grandes empresas mineras y petroleras, bancos, financieras, bursátiles y aseguradoras, casinos, hipódromos y bingos, telefonía fija y móvil, puertos y aeropuertos internacionales. Días después se amplió a los servicios brindados a 40 grandes empresas de combustibles, exportadoras aceiteras y de agroquímicos, a oficinas y alumbrado público de Capital Federal y también a las viviendas ubicadas en los barrios más acomodados del norte de Capital y Gran Buenos Aires y en los countries de todo el país. Luego se ampliaría a otras viviendas de lujo. A la vez se abrió un registro para la renuncia voluntaria a los subsidios por parte de los usuarios que puedan asumir la tarifa plena.
Este recorte afecta fundamentalmente a Capital y Gran Buenos Aires ya que en el interior del país las tarifas no tienen subsidios y han sido incrementadas años atrás.
Además el estado nacional cede los subterráneos a
Con estas medidas de desaceleración del gasto el gobierno busca revertir el progresivo deterioro del equilibrio fiscal, que comenzó en 2008 con los primeros coletazos de la crisis mundial, la sequía, la gripe A y el conflicto por la resolución 125. El recrudecimiento durante 2011 de la crisis mundial del capitalismo también comienza a sentirse vía volatilidad de precios de commodities, reducción de la producción en fábricas exportadoras y fuga de capitales.
Repercusiones
La eufórica reacción de los distintos sectores empresariales (y de sus voceros políticos y en los medios) se debe a que pretenden que sea el primer paso hacia una mayor desregulación y libertad de mercado, además de librarse de la molesta dependencia de los subsidios del fisco.
Las empresas de servicios trasladarán esta quita de subsidios a esos grandes clientes, empresas que amenazan, a su vez, con recuperar ese mayor gasto, con el traslado a los precios al público. Aunque el gobierno presionará confiando en que esto no ocurra y no afecte a la inflación, lo que al menos es una peligrosa ingenuidad.
Lo que se oculta
Los subsidios a las empresas de servicios públicos privatizadas surgieron de las negociaciones posteriores a la mega devaluación de enero de 2002, a cambio de mantener bajas tarifas.
Desde distintos sectores interesados intentan imponer el discurso empresarial que sostiene que los subsidiados por el estado son los usuarios. Sin embargo se oculta que ese inmenso sacrificio del estado nacional (con dinero que debería destinarse a cubrir necesidades sociales) tiene como contracara que las empresas privadas concesionarias de los servicios públicos continúan obteniendo millonarios beneficios.
Lo que nunca se cuestionó es la continuidad de esa apropiación privada de los recursos públicos. ¿Por qué un empresario debe beneficiarse cuando un jubilado, un trabajador o una familia pobre necesitan agua, calefacción, o encienden la luz?
Nuestra propuesta
Por eso, frente a los anunciados tarifazos y a la continuidad de los subsidios millonarios del estado, consideramos necesaria la recuperación de todas estas empresas de servicios públicos. Proponemos que vuelvan a manos del estado nacional, pero bajo control de los trabajadores y usuarios para evitar se generen burocracias y negociados como los que ocurrieron en las empresas estatales en el pasado.
El ahorro de las millonarias ganancias que hoy obtienen las privatizadas (que sólo reinvierten en bajísimo porcentaje y remiten grandes sumas de utilidades al exterior) significaría una fabulosa cifra de miles y miles de millones de pesos que podrían ayudar en los problemas sociales más acuciantes: agua potable, cloacas, vivienda, gas natural, salud, educación, etc. Además nos libraríamos de los abusos de las empresas de servicios, que encabezan el listado de las más denunciadas ante las oficinas de defensa del consumidor.
El valor de la tarifa debe ser el costo real del servicio, más un adicional para incrementar inversiones, mejorar el servicio y formar un fondo contra imprevistos. La finalidad de los servicios de electricidad, gas, telefonía, transporte, agua, etc. debe ser servir al bienestar y desarrollo de la sociedad, y no engordar los bolsillos de un puñado de parásitos. Si, circunstancialmente, algún servicio necesitara ser subsidiado parcial o completamente podría financiarse con la ganancia sobrante de otros servicios con costos más bajos.
