A días de cumplirse once años del surgimiento de Ni Una Menos, nuestro país vuelve a verse conmocionado por el asesinato de una adolescente. La violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad cotidiana a escala mundial, con América Latina y África entre las regiones con mayores tasas de femicidios. En Argentina, una mujer es asesinada cada 31 horas. La movilización masiva que siguió al femicidio de Chiara Páez en 2015 marcó un punto de inflexión en la visibilización de esta problemática y dio origen al movimiento Ni Una Menos. A pesar de la enorme sensibilidad social que despertó esta lucha, los femicidios continuaron sucediéndose año tras año e incluso alcanzaron uno de sus puntos más altos en 2019. Hoy, el femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años del barrio General Mosconi de Córdoba, vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad del Estado capitalista frente a la violencia contra las mujeres y su incapacidad para prevenir estos crímenes.
¿Por qué el Estado es responsable?
El sistema capitalista se apoya históricamente en múltiples formas de opresión que contribuyen a reproducir las desigualdades existentes en la sociedad. Entre ellas se encuentra la opresión de las mujeres, cuyos cuerpos son convertidos en mercancía por la industria cultural, la publicidad y numerosos negocios que obtienen ganancias a partir de su cosificación. Esta lógica no es una anomalía del sistema, sino una consecuencia de una sociedad donde todo puede transformarse en objeto de lucro.
Desde el marxismo entendemos que la opresión de las mujeres no es un fenómeno natural ni eterno. Engels explicó en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado que la subordinación de las mujeres surgió históricamente junto al desarrollo de la propiedad privada, la familia monogámica y la división de la sociedad en clases. La opresión de las mujeres tiene, por lo tanto, raíces materiales e históricas concretas. En la actualidad, la violencia contra las mujeres encuentra su base material en las relaciones sociales del capitalismo, que perpetúan la desigualdad económica, la dependencia, la doble carga de trabajo y la mercantilización de los cuerpos. Por eso la violencia machista no puede entenderse solamente como el resultado de conductas individuales o problemas culturales, sino como una consecuencia de un sistema basado en la explotación de la clase trabajadora.
La llegada de Javier Milei al gobierno implicó además una ofensiva ideológica contra las políticas de género. Desde el oficialismo se presenta al feminismo y a las reivindicaciones de las mujeres como expresiones de una supuesta “ideología de género” o del llamado “marxismo cultural”, justificando el desmantelamiento de organismos y programas estatales vinculados a esta problemática. Pero sería un error atribuir esta situación exclusivamente al actual gobierno. Las administraciones anteriores tampoco lograron resolver el problema. En muchos casos impulsaron medidas parciales e insuficientes que no modificaron las condiciones materiales que colocan a miles de mujeres en situaciones de vulnerabilidad y violencia.
La responsabilidad estatal también se expresa en el funcionamiento cotidiano de sus instituciones. Una y otra vez se repiten denuncias de familiares que encuentran indiferencia, demoras y malos tratos cuando intentan reportar la desaparición de una mujer. Horas decisivas se pierden entre trámites burocráticos, prejuicios y negligencias. En lugar de actuar de manera inmediata, desplegando operativos de búsqueda, realizando peritajes y ordenando allanamientos urgentes, con frecuencia predominan la pasividad y la revictimización. Se cuestiona cómo estaba vestida la víctima, por qué salió de su casa o con quién se iba a encontrar. Mientras tanto, el tiempo transcurre y las posibilidades de encontrarla con vida disminuyen dramáticamente. Demasiadas veces el aparato estatal parece movilizarse plenamente cuando ya no busca salvar una vida, sino encontrar un cuerpo.
Una violencia que el sistema es incapaz de erradicar
En Santiago del Estero, en la ciudad de La Banda, desapareció en febrero de 2020 la adolescente Priscila Martínez. Cuando sus familiares fueron a denunciar su desaparición, la respuesta que recibieron fue la misma que tantas otras familias escuchan en estos casos. “Seguro está con el macho, ya va a aparecer”. En lugar de iniciar una búsqueda urgente, la policía minimizó la denuncia y dejó pasar un tiempo valioso. Priscila había desaparecido el 27 de febrero. Su cuerpo fue encontrado el 16 de abril enterrado debajo de la cama de Rubén Ávila. Una vez más, los prejuicios, la negligencia y la inacción estatal tuvieron consecuencias irreparables.
En el caso de Agostina Vega también surgieron fuertes cuestionamientos al accionar de la fiscalía y la policía. Familiares, vecinos y distintos sectores denunciaron demoras en medidas que podían resultar fundamentales durante las primeras horas de la búsqueda. Incluso se señaló que el Alerta Sofía fue activado varios días después de la desaparición de la adolescente. La indignación frente a estas omisiones derivó en movilizaciones y reclamos de justicia que terminaron siendo reprimidos por la policía cordobesa.
El caso también volvió a demostrar el papel que juega la organización popular. Familiares, docentes, vecinos y organizaciones políticas salieron todos los días a exigir respuestas, denunciar las omisiones y reclamar justicia. Como se señaló públicamente durante la investigación, muchas de las medidas que terminó tomando la fiscalía fueron resultado de esa presión constante. Una vez más quedó expuesto que cuando el Estado actúa tarde o mira para otro lado, son la movilización y la organización desde abajo las que empujan la búsqueda de la verdad
Una política de la que ya no se habla
Desde la asunción de Javier Milei, el ajuste ha golpeado el bolsillo de toda la clase trabajadora y también alcanzó a las políticas destinadas a prevenir y abordar la violencia de género. Las políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género sufrieron recortes que distintos informes estiman en alrededor del 89% del presupuesto asignado a esas áreas. Entre las primeras medidas del gobierno estuvo la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. También fueron desfinanciados programas como el Programa Acompañar, que brindaba asistencia económica a mujeres en situación de violencia, mientras que la Línea 144 vio reducidos recursos y capacidades de intervención. A esto se sumó el cierre del INADI y la presentación de iniciativas orientadas a eliminar la figura de femicidio del Código Penal bajo el argumento de la igualdad ante la ley.
Las mujeres trabajadoras sufren una doble opresión, como parte de la clase trabajadora y como mujeres. Por eso, hablar de igualdad formal ante la ley sin considerar las desigualdades reales que atraviesan millones de mujeres significa ignorar las condiciones concretas en las que viven y las violencias que enfrentan cotidianamente.
La preceptora de la escuela a la que asistía Agostina Vega expresó en distintas entrevistas su angustia por lo sucedido y también señaló la ausencia de jornadas destinadas a debatir la violencia de género en las escuelas. No es un dato menor. El gobierno nacional eliminó la obligatoriedad de la jornada anual “Educar en Igualdad”, que permitía desarrollar talleres, debates y actividades adaptadas a cada nivel educativo.
Estas instancias podían transformar el aula en un espacio seguro donde niños, niñas y adolescentes expresaran inquietudes, compartieran experiencias y debatieran sobre problemáticas vinculadas a la violencia y las desigualdades de género. Eran espacios de prevención, reflexión y acompañamiento que hoy han sido relegados. Mientras los femicidios continúan ocurriendo, las herramientas para debatir estas problemáticas, prevenir situaciones de violencia y acompañar a quienes las padecen son cada vez más limitadas. Hoy, de eso ya no se habla.
La importancia de la organización de las mujeres en defensa de nuestras vidas
Alejandra Kollontai, dirigente bolchevique y primera mujer en ocupar un cargo ministerial tras la Revolución Rusa de 1917, sostenía que la emancipación de las mujeres no podía reducirse únicamente a la conquista de derechos legales y civiles. Para las mujeres trabajadoras, la lucha por la igualdad debía estar ligada también a la conquista de derechos sociales y económicos. Kollontai advertía que muchas mujeres podían verse atraídas por organizaciones que parecían abordar sus problemas específicos, o por la idea de una “hermandad” que uniera a todas las mujeres por encima de las diferencias de clase. Sin embargo, insistía en que las mujeres trabajadoras debían organizarse junto a su clase para combatir las raíces materiales de su opresión.
Por eso es fundamental abordar los problemas específicos que enfrentamos las mujeres y organizarnos para defender nuestras vidas. Necesitamos asambleas, plenarios, espacios de debate y organización que permitan discutir la violencia, la discriminación y las distintas formas de opresión que sufrimos cotidianamente. También es necesario combatir las ideas que pretenden minimizar estos problemas o negar la necesidad de una organización específica de las mujeres trabajadoras.
Ser comunistas significa luchar no solamente contra las consecuencias más brutales de este sistema, como los femicidios, la violencia o la discriminación, sino también contra las causas profundas que los generan. Las mujeres trabajadoras no tenemos interés en administrar una sociedad basada en la explotación y la desigualdad. Nuestra lucha apunta a construir una sociedad donde desaparezcan las condiciones materiales que sostienen nuestra opresión. Por eso la lucha por la liberación de las mujeres está inseparablemente ligada a la lucha por el comunismo.
La lucha contra los femicidios y la violencia de género no puede separarse de la lucha contra un sistema que reproduce desigualdades, explotación y opresión. Se necesitan campañas sistemáticas, conscientes y organizadas para que las mujeres, junto al conjunto de la clase trabajadora, podamos desarrollar una lucha consecuente por transformar la sociedad y terminar con las condiciones que permiten que estos crímenes sigan ocurriendo.
Para poder ganar la batalla contra la violencia machista y los feminicidios debemos declararle la guerra al sistema capitalista.
¡Justicia por Agostina Vega!
