El pasado 10 de junio, en el contexto de profundo desfinanciamiento de la Educación Pública, el Consejo Interuniversitario (CIN) concretó un acuerdo con el Gobierno Nacional, muy por debajo de la propuesta que establece la “Ley de Financiamiento Universitario” (LFU). Lejos de representar una conquista para la comunidad universitaria, este acuerdo es presentado por las autoridades universitarias y las conducciones sindicales que lo respaldan como un avance. Sin embargo, esta operación busca contener el creciente malestar en las universidades y desactivar una lucha que amenaza con superar los estrechos límites que pretenden imponerle. El acuerdo resulta insuficiente para resolver los problemas de fondo que atraviesa la universidad pública. Su alcance para frenar y resolver la precarización del Sistema Educativo Público Universitario es limitado, reduciéndose a una recomposición económica (salarial, de funcionamiento y acceso a becas) parcial muy inferior a lo establecido por la LFU, como ya hemos estado explicando previamente.
Para entender este retroceso, impulsado directamente por la burocracia universitaria que incluye a las autoridades y dirigentes sindicales, es necesario detallar las siguientes cifras:
● 35,32% menos de aumento para fin de este semestre (junio 2026) y 4,70% menos del aumento estipulado para mitad del segundo semestre (octubre 2026). Es decir, un 64% menos de lo que determina la LFU.
● No es retroactivo. La LFU en cambio contempla una recomposición desde diciembre de 2023. Esta debe hacerse efectiva al mes siguiente de la sanción (noviembre de 2025).
● El aumento es solo para algunos cargos docentes (excluidos jubilados, ayudantes de segunda).
● Paritarias cada tres meses sin garantizar que sobrepase el IPC (Índice de Precios al Consumidor). La LFU detalla reuniones paritarias sin exceder tres meses no inferior al IPC.
● La Garantía Salarial seguirá siendo un aumento no remunerativo ni bonificable. La LFU exige que todos los aumentos ingresen al sueldo básico.
Entre otros aspectos, si la propia LFU ya resultaba insuficiente para resolver los problemas estructurales de la universidad pública, el arreglo que ha firmado el CIN y algunos frentes sindicales (como CONADU y FATUN) representa un empobrecimiento mayor aún, cuando la situación es cada vez peor. Por el contrario, el Frente CONADU Histórica no firmó tal acuerdo y, al día siguiente, resolvió en Congreso Extraordinario rechazar la propuesta del Gobierno Nacional y sostener el paro nacional previsto para la semana del 16 al 20 de junio.
Desde el Gobierno, se espera que se levante la medida cautelar por incumplimiento de la aplicación de la LFU. Hasta el momento, el CIN logró el acuerdo sosteniendo la medida cautelar, difundiendo propaganda de este acontecimiento como una conquista y explícitamente con el slogan “Se está comenzando a cumplir la Ley de Financiamiento”. Lejos de reflejar una mejora sustancial de las condiciones de la comunidad universitaria, esta campaña busca instalar la idea de que el conflicto comienza a resolverse cuando la crisis universitaria continúa agravándose. Como comunistas defensores, debemos denunciar que este artilugio burocrático y sin consenso en la comunidad universitaria es un retroceso y atenta contra los intereses de esta.
Esto demuestra, por un lado, la garantización de la gobernabilidad del Gobierno Nacional de parte de la burocracia del sector educativo para seguir ajustando contra la comunidad universitaria, descomprimiendo un conflicto que tiende a profundizarse, sumado a los paros boicoteados para debilitar el reclamo. Por otro lado, la necesidad del gobierno de liberarse de cualquier litigio judicial demuestra sus límites de acción a pesar de haber conseguido ciertas concesiones.
Frente a esta política de conciliación y contención del conflicto, la comunidad universitaria debe tomar en sus propias manos la defensa de la Educación Pública. De tal manera que la situación amerita continuar con las medidas de lucha con paros más efectivos por tiempo indeterminado y toma de lugares de trabajo por los claustros docentes, no docentes y estudiantes, cortes de caminos aledaños para visibilizar y presionar a las autoridades demostrando que no confiamos en sus decisiones que deslegitimizan la lucha contra el vaciamiento de la Educación Pública.
¡En defensa de la Educación pública!
¡Por la organización política de los claustros universitarios!
¡Ninguna confianza en la burocracia, el poder está en nuestras manos!
¡Por un Gobierno de trabajadores y trabajadoras!
