La empresa SULFACID, única productora de cinc del país, y emplazada en el cordón industrial de Rosario, lleva meses en conflicto. La patronal diseñó e instrumentó un ataque sistemático sobre quienes trabajan en la planta, con el objetivo estratégicode dejar sin efecto el convenio laboral interno que reconoce el carácter “insalubre” de esas tareas que, entre otras cosas, establece el pago de un 34% extra de las dos últimas horas de la jornada de trabajo.
En lucha contra los despidos y por la defensa del convenio laboral
La empresa SULFACID, única productora de cinc del país, y emplazada en el cordón industrial de Rosario, lleva meses en conflicto.
La patronal diseñó e instrumentó un ataque sistemático sobre quienes trabajan en la planta, con el objetivo estratégico de dejar sin efecto el convenio laboral interno que reconoce el carácter "insalubre" de esas tareas que, entre otras cosas, establece el pago de un 34% extra de las dos últimas horas de la jornada de trabajo. No es un dato menor tener presente que hay registrados 55 trabajadores muertos por cáncer desde la apertura de la fabrica; es decir, alrededor de uno por año, lo que se liga a recurrentes afecciones al estómago y a los pulmones, ya que se trabaja con elementos altamente tóxicos como el arsénico, el plomo y el cinc. El porcentaje de contaminación en sangre de quienes trabajan en planta llega en términos promedios al 12%.
En Julio de 2004 después de un conflicto de casi un mes generado por el envío patronal de 56 telegramas de despido y 200 de suspensión se superó la situación logrando el cese de las suspensiones, y el compromiso del respeto del convenio de trabajo.
En el acuerdo firmado ante el Ministerio de Trabajo, había quedado establecido que si la justicia, en el tiempo transcurrido entre fines de julio de 2004 y comienzos de febrero de 2005, no lograba reunir las pruebas para que estos trabajadores pudieran ser despedidos con justa causa, la empresa tenía que retomarlos en sus tareas y suspender los efectos del despido. Sulfacid se negó a reincorporar a los seis trabajadores, algunos de los cuales son delegados.
Por ese motivo se inició un plan de lucha, que incluía la instalación de una carpa en la puerta de la fábrica y corte parcial de la ruta 11 en la parte que da al ingreso de la planta. Sorpresivamente los 9 trabajadores que mantenían la carpa de protesta, fueron desalojados por cien efectivos policiales, violentamente reprimidos y acusados con denuncia penal de la patronal de cometer los delitos de Usurpación y actos turbatorios.
Mientras tanto, por orden judicial, en el interior de la fábrica se continúan las labores con la presencia de efectivos policiales dentro de cada una de las secciones.
Frente al ataque se realizó un plenario intersindical de cuerpos de delegados de los distintos gremios de Rosario intentando coordinar medidas de conjunto, lo que llevó al desarrollo de una asamblea en la puerta de la delegación del Sindicato de Químicos y Petroquímicos, y posterior marcha hacia la fábrica, fuertemente custodiada por un efectivos policiales que impedían el acceso, y en la que participaron algunos grupos de desocupados de Rosario. No obstante, se resolvió un paro de 24 horas los días 17 y 18 de febrero, que tuvo un alto acatamiento, con la consigna de la reincorporación de los compañeros despedidos y la plena vigencia del convenio fabril, lográndose reinstalar la carpa de los despedidos. La huelga se prolongó luego los días 21, 22 y 23 de febrero.
Para los delegados de fábrica, la patronal está utilizando el desconocimiento de lo firmado en el acuerdo del año pasado y forzando los despidos que motivan el conflicto, para sentarse a discutir el convenio laboral en condiciones desfavorables para los trabajadores.
Por todo esto es necesario que todos los trabajadores, delegados sindicales, comisiones internas, sindicatos, organizaciones populares y activistas obreros y juveniles nos sumemos a esta campaña de solidaridad con los trabajadores de SULFACID enviando mails de solidaridad al Cuerpo de Delegados de SULFACID: sutraqyp@fullzero.com.ar.
Más allá de la forma en que este conflicto se defina en el terreno de la lucha de clases, el mismo ha tenido la virtud de poner en evidencia que en estas épocas de crisis, cuando los privilegiados necesitan superexplotar a los oprimidos para mantener sus beneficios, el Estado muestra su verdadero rostro de instrumento para la dominación de una clase sobre otra.
Legisladores, jueces y policía es la receta estatal frente a la irrupción de la clase obrera en la escena social. Extender y unificar las luchas es el camino de los explotados.
