La política de guerra contra la clase trabajadora y la juventud que lleva adelante Milei responde fundamentalmente a los intereses de la minoría de la sociedad: los grandes capitalistas, empresarios, banqueros y terratenientes, y cuenta con el respaldo del Gobierno de Donald Trump. Pero el poder económico de esta minoría no alcanza por sí solo para imponer su programa. Para aumentar sus ganancias, los capitalistas buscan reducir salarios, eliminar derechos laborales y apropiarse de una parte cada vez mayor de la riqueza que producimos los trabajadores. Para hacer esto, necesitan el poder político del Estado y sus instituciones. El Gobierno impulsa las reformas y los decretos, el Congreso los aprueba o negocia sus condiciones, los jueces intervienen sobre su aplicación y las fuerzas represivas actúan cuando los trabajadores salen a enfrentarlos. Aunque estas instituciones puedan entrar en conflicto entre sí, todas forman parte de un Estado que, en última instancia, protege las relaciones capitalistas de propiedad. Por eso, detrás de las disputas entre Milei, la Corte Suprema y el Congreso, no debemos perder de vista los intereses de clase que defienden y el papel que cumplen en el sostenimiento del ajuste y del orden capitalista que está arrasando con nuestras condiciones de vida.
La primera decisión de la Corte Suprema, del 29 de septiembre, es un ejemplo concreto de este funcionamiento. Al anular una sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras, eliminó el freno judicial que impedía avanzar con la compra de grandes extensiones de tierra por capitales extranjeros sin los límites establecidos por esa ley. De esta manera, la Corte intentaba meter por la ventana lo que el Gobierno no había logrado meter por la puerta. Pero, al mismo tiempo, su decisión volvió a poner en tensión la continuidad de todo el DNU 70, ya que el rechazo provocado por el fallo reavivó la presión para que la Cámara de Diputados rechazara el decreto en su totalidad. El Senado ya lo había rechazado en marzo de 2024, pero Diputados lleva más de dos años sin completar su rechazo, permitiendo que continúe vigente.
Pero apenas diez días después, el 9 de octubre, la misma Corte dio una vuelta en el aire y volvió a poner el freno que los mismos cortesanos acababan de quitar, suspendiendo provisionalmente la derogación de la Ley de Tierras, esta vez en otra causa judicial. Es claro que a la “honorable Corte Suprema” le salió el tiro por la culata. Al querer dejarle la cancha libre al Gobierno para facilitar la venta de la tierra y los recursos naturales a los grandes capitalistas extranjeros, terminó poniendo nuevamente en la mira la totalidad del DNU 70. Ante el repudio generalizado y el peligro de que el Congreso terminará rechazando todo el decretazo, la Corte reculó en chancletas.
Después del fallo, Unión por la Patria, el FITU, la Coalición Cívica y diputados de otros bloques, solicitaron una sesión parlamentaria para el 15 de octubre en la Cámara de Diputados. El temario incluye la emergencia en discapacidad, el endeudamiento de las familias trabajadores y los jóvenes y el rechazo de la totalidad del DNU 70. La fecha coincide con la Marcha Federal Universitaria, que ya estaba convocada de antemano para ese mismo día.
Pero tenemos que tener claro que la sesión del 15 de octubre está lejos de garantizar la caída del DNU 70. Detrás de las negociaciones entre bloques, gobernadores y el Gobierno están los intereses de los grandes capitalistas, que se han beneficiado con las medidas del decretazo y no están dispuestos a renunciar fácilmente a ellas. Por eso, la rosca parlamentaria puede terminar en nuevos acuerdos, concesiones y maniobras que permitan mantener en pie el DNU.
Ante la muy clara posibilidad de que la sesión fracase, algunos dirigentes de izquierda plantean que al menos serviría para desenmascarar a los diputados que se nieguen a rechazar el decreto. Pero ¿a quién hay que desenmascarar a esta altura? El desprestigio del Congreso, de los partidos políticos y de las instituciones del Estado es enorme. La desconfianza y el rechazo hacia los políticos que gobiernan y negocian a espaldas de la población no necesitan de un nuevo circo parlamentario para hacerse evidentes. El problema no es demostrar una vez más que estos políticos defienden los intereses patronales, sino qué alternativa ofrecemos frente a ellos. La tarea de la izquierda no puede reducirse a denunciar a los diputados que sostienen al Gobierno, ni mucho menos a alimentar ilusiones en que la presión de las calles sobre el Parlamento será suficiente para derrotar esta ofensiva.
Lo que necesitamos es apoyarnos en la fuerza organizada de la clase trabajadora y sus propios métodos de lucha. La izquierda debe impulsar huelgas, marchas y ocupaciones de fábricas y lugares de estudio, promover asambleas, comités y coordinadoras que permitan unificar las luchas y desarrollar organismos de poder obrero. Se trata de organizar la fuerza de nuestra clase, elevar su conciencia y prepararla para disputar el poder a los capitalistas.
Si los grandes capitalistas necesitan del Gobierno, el Congreso y la Justicia para imponer su programa, la clase trabajadora necesita construir su propia fuerza para enfrentarlos. No se trata de depositar nuestras esperanzas en una u otra institución del Estado, ni de utilizar la movilización como palanca electoral. La izquierda tiene que plantear claramente y sin ambigüedades que para poder vivir, el capitalismo debe morir.
En todo el mundo, generaciones nuevas están llegando a estas mismas conclusiones. Ahora mismo las calles de España y Francia son escenarios de intensas luchas de clases. Las plazas en España son sitios de campamentos y marchas multitudinarias después de la muerte de Maricarmen de 87 años, víctima del sistema capitalista al ser brutalmente desalojada del hogar donde vivió toda su vida. Su desalojo representó para miles de jóvenes y trabajadores la realidad de alquileres impagables y condiciones de vida insostenibles. En Francia, jóvenes que salieron a las calles para protestar contra las consecuencias de décadas de ajustes en el sistema educativo tuvieron que enfrentarse a una brutal represión policial. Pero esta represión no amedrentó a la juventud, al contrario, los enfureció más. Ahora más de la mitad de los secundarios y las universidades francesas se sumaron al movimiento. En ambos países, las consignas del movimiento culpan al sistema capitalista en su conjunto por los problemas a los que se enfrentan, y apuntan a una salida revolucionaria.
Que las luchas de los jóvenes y trabajadores de España y Francia nos sirvan de inspiración. ¡Hagamos lo mismo acá en Argentina! Tenemos que inundar las calles acá en Argentina este 15 de octubre, levantar bien alto el rechazo al conjunto del decretazo y exigir su caída. Lo que no podemos hacer es subordinar la fuerza de las calles a las negociaciones parlamentarias que se resuelven entre bloques, gobernadores y representantes de los intereses patronales. La movilización del 15 debe servir para fortalecer la organización independiente de nuestra clase, unificar los conflictos y construir un verdadero plan de lucha hasta la huelga general, capaz de enfrentar y derrotar al Gobierno y el programa de los capitalistas.
Ninguna confianza en la rosca parlamentaria. Toda la fuerza en la organización y movilización de la clase trabajadora, independiente de los patrones, los partidos patronales y el Estado.
¡Abajo el DNU 70/23 y toda la ofensiva de Milei y los capitalistas!
¡Por asambleas, comités y coordinadoras que unifiquen todas las luchas! ¡Por un plan de lucha hasta la huelga general!
¡Por un programa de Poder Obrero para la izquierda!
¡Fuera el Gobierno de Milei y los capitalistas! ¡Por un gobierno de trabajadores!
