San Luis necesita que los trabajadores tomen las riendas de la provincia

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Desde finales de abril se vienen sucediendo las protestas contra el régimen corrupto y decadente de los Rodríguez Saá que rige San Luis desde hace dos décadas. Los paros y movilizaciones populares, algunas violentamente reprimidas, se repiten semanalmente con la participación de decenas de miles de trabajadores tanto en la capital como en las principales ciudades de la provincia. La crisis tiene como base la concentración del poder económico y político que ha encontrado en el caudillismo de los Roos Rodríguez Saá su mejor amparo. Desde finales de abril se vienen sucediendo las protestas contra el régimen corrupto y decadente de los Rodríguez Saá que rige San Luis desde hace dos décadas. Los paros y movilizaciones populares, algunas violentamente reprimidas, se repiten semanalmente con la participación de decenas de miles de trabajadores tanto en la capital como en las principales ciudades de la provincia.

La crisis tiene como base la concentración del poder económico y político que ha encontrado en el caudillismo de los Rodríguez Saá su mejor amparo. Las consecuencias de las privatizaciones del servicio eléctrico y del banco provincial, o de la llamada “promoción industrial”, plagadas de sobornos y privilegios para la familia del gobernador y sus socios, ha llevado a esta gravísima situación económica e institucional. Se ha perdido todo el perfil productivo de la provincia. Gran parte de los 160 mil trabajadores activos están empleados por el Estado en ocupaciones burocráticas con salarios bajísimos, y un tercio (52 mil) desocupados que reciben planes sociales.
Los maestros fueron quienes sacaron a superficie la crisis y abrieron la puerta a las manifestaciones de los demás trabajadores. Lo hicieron con su combativa defensa del estatuto docente, reformado por la legislatura provincial con la consiguiente pérdida de derechos adquiridos en largos años de lucha. Inmediatamente se fueron sumando familiares, vecinos, trabajadores municipales, provinciales y luego trabajadores del interior provincial como los de las salinas del Bebedero, que defienden las fuentes de trabajo de unas 500 familias.

Amplios sectores de la población también comenzaron a plantear sus reclamos democráticos. Se manifestaron contra la corrupción en los tres poderes provinciales, la impunidad (existen decenas de crímenes sin esclarecer), el autoritarismo, las medidas represivas del régimen (como la vigencia de la ley 5545 de procedimiento criminal, que permite la persecución de todo disidente), por la defensa de los derechos humanos, el empleo y los servicios públicos.

Las maniobras de Kirchner y los Rodriguez Saá

El presidente y los caudillos puntanos han formado un bloque homogéneo durante toda la crisis. Kirchner rechazó la intervención federal de la provincia, envió mediadores para tratar de frenar el conflicto y también dinero para una millonaria campaña publicitaria en defensa de los Rodríguez Saá (que empapeló Buenos Aires y fue difundida en horario central por los canales de TV porteños). A cambio recibió los votos que necesitaba de los diputados adolfistas para aprobar las leyes de mano dura, entre otras.

Pero fundamentalmente el gobierno nacional necesitaba parar dos peligros: el del estallido social y el de la intervención. Ambas situaciones, más el antecedente de Santiago del Estero, contagiarían a muchas provincias (y también al Gran Buenos Aires), que se hallan en condiciones muy similares a San Luis, donde los trabajadores reclamarían deshacerse de la corrupta dirigencia local y por su situación laboral y social.

Para frenar esto consiguieron la adhesión de algunos sectores de la “oposición”: empresarios que, por el momento, quedaban fuera de la trenza y la jerarquía católica, que ve peligrar su gran negocio de la educación privada. Aunque pretenden un gobierno provincial más permeable a sus intereses se conforman con obtener algunos beneficios con las actuales autoridades.

Pero el respiro fundamental se lo han dado los sectores conciliadores de la multisectorial y la dirigencia sindical que levantó el paro y aceptó la reforma del estatuto docente, pese a la negativa de las bases.
Los primeros, algunos de ellos honestos sectores de trabajadores y de clase media, cansados de la injusticia y la corrupción, que reclaman el alejamiento inmediato del gobernador y por derechos democráticos, carecen de propuestas alternativas que no sean concederle la iniciativa a Kirchner, en quien confían. Por eso piden la intervención federal. Sus limitaciones y falta de independencia les impiden ver el pacto entre los gobiernos nacional y provincial.

Pero ¿por qué este gobierno, que no soluciona los problemas nacionales y sigue haciendo pagar a los trabajadores la crisis, antes que romper con el FMI, las transnacionales y los explotadores “nacionales”, solucionaría los problemas de San Luis? Además la política de Kirchner es responsable en gran parte de la crisis provincial. Directamente a través de su impulso a la reforma de los estatutos docentes en todas las provincias (como parte de los recortes del déficit ordenado por el FMI y el Banco Mundial), e indirectamente, con su demagogia vacía, de gestos y discursos, que no roza siquiera los intereses culpables de las crisis regionales.

Por su parte, el gobernador utilizó arteramente a algunos grupos de desocupados, unas tres mil personas (de los más de 50 mil que reciben planes sociales) como fuerza de choque contra los manifestantes aunque no se llegó a enfrentamientos graves. Esto plantea un importante desafío para los sectores en lucha que es el de ganarse a los desocupados. Semanas antes había intentado oponer a padres contra docentes frente al retraso en el comienzo de las clases. También hizo promesas de aumentos de salario y planes sociales, y de una consulta popular sobre su política social.

Esos intereses comunes y la necesidad de que el trabajo sucio lo realicen los caudillos provinciales hacen que Kirchner se guarde la carta de la intervención federal hasta último momento. La utilizará sólo cuando sea absolutamente necesaria para evitar el estallido social. Y así repetiría en este caso, como en la salida electoral del 2002 y en el reclamo por las violaciones de DDHH bajo la dictadura, la misma política que es la esencia de su gobierno: ponerse a la cabeza de los reclamos populares para contener el movimiento, mientras negocia y pacta con el verdadero poder (oligarquía, FMI, privatizadas, bancos, etc.) que son los mismos hambreadores que impulsaron las políticas de la dictadura y el menemismo.

La dirigencia sindical y la izquierda

Los diversos sectores de trabajadores en lucha deben seguir presionando a sus dirigentes para que impulsen medidas de fuerza. Hay que terminar de una vez con el círculo de crisis y ajuste a los trabajadores que salvaguarda los beneficios de los empresarios, bancos, terratenientes, y preserva los privilegios de los funcionarios públicos. Y a los dirigentes sindicales que frenen la lucha o no estén a la altura de las circunstancias se los debe desplazar y recuperar los sindicatos para los trabajadores.

En estas semanas se ha visto claramente la urgente necesidad que tienen los trabajadores de construir una alternativa a la conducción sindical actual. Hay que reemplazar a los dirigentes que no representan los intereses de los trabajadores o que no son proclives a encabezar las luchas y sólo toman medidas tibias que levantan ante la primera negociación o apretada del gobierno o los empresarios. Para eso proponemos la creación de una corriente sindical que agrupe a los trabajadores más luchadores y a los militantes de izquierda, y forme una nueva dirigencia antiburocrática.

A partir de la falta de inserción de la izquierda en los movimientos de masas en San Luis se han reiterado las vacilaciones, errores y bruscos virajes que vienen caracterizando a los distintos grupos. Creemos que se deben a su equivocado trabajo hacia las organizaciones de masas, en especial hacia los sindicatos.

Están los que torpemente reclaman la intervención federal, poniendo en evidencia su falta de línea política y de independencia de clase. Otros repiten la consigna multiuso de Asamblea Constituyente (con distintos aditamentos para diferenciarse entre sí). La utilizan como solución para todos los males y en toda circunstancia. La han planteado en diciembre de 2001, en octubre pasado en Bolivia y ahora también en San Luis. Nos preguntamos: si se convocara a elecciones para una Constituyente ¿irían todos separados en seis o siete listas como en las ultimas elecciones legislativas?, ¿Cómo podrían obtener un porcentaje importante de votos frente a los recursos de los Rodríguez Saá o al candidato transversal de Kirchner al que seguramente apoyarían desde la UCR, el ARI y patas izquierdas varias? En los hechos la consigna de Asamblea Constituyente significaría la expropiación del poder a los organismos de base de los trabajadores y su traspaso a los dirigentes de los partidos burgueses.

Es necesaria una política independiente de clase

Las crisis son inevitables bajo estas economías regionales de saqueo, con un desempleo gigantesco y la mayoría de los trabajadores ocupados, en puestos estatales burocráticos. Hace falta una política de inversión industrial que ni la burguesía “nacional” ni el gobierno tienen interés en impulsar.

Hay que comprender que la solución de fondo a los graves problemas sociales y políticos puntanos necesita de la participación directa de las masas en el manejo de la economía y los asuntos públicos. Es el único camino para limpiar la política de caudillismo y clientelismo político y desarrollar economías regionales viables que superen al parasitismo del empleo público burocrático. En San Luis son muy importantes las riquezas mineras y la posibilidades agroindustriales basadas en su ganadería, frutihorticultura, etc.

Por eso, desde El Militante planteamos la necesidad de una organización independiente de trabajadores, a partir de los que están dirigiendo esta lucha: los docentes y demás trabajadores y los activistas sindicales combativos, que deben agruparse en un partido propio, con una orientación socialista.

Este sería un ejemplo para los trabajadores de las demás provincias y para el conurbano donde existen intendentes con manejos muy similares a los de los Rodríguez Saá.
La lucha en San Luis, que debe extenderse al resto de los trabajadores siguiendo el ejemplo de los docentes, estatales y salineros, debe acompañarse con la conformación de comisiones de huelga en cada lugar de trabajo y escuela que en toda la provincia organicen las tareas inmediatas de emergencia y la autodefensa frente a las fuerzas represivas.
Y se debe confluir en una Asamblea Popular formada por representantes de esas comisiones, que coordine la lucha, desplace a los tres poderes provinciales y se haga cargo de los destinos de los puntanos sentando un ejemplo que pronto sería imitado por los trabajadores de todo el país.