El pacto social es una necesidad estratégica del capitalismo argentino. La clase dominante necesita atar con cadenas a los dirigentes sindicales para favorecer su política de salarios bajos y empleo precario, e impedir las luchas obreras. La suba de precios no se detiene, pese al maquillaje escandaloso de las cifras del INDEC. Mientras que el gobierno insiste en que los precios sólo aumentarán un 9% este año, los índices medidos por empresas privadas, más realistas, prevén una inflación cercana al 20%. Sólo en el mes de agosto, la asociación de consumidores, ADELCO, registró un aumento del 7,36% en una canasta de 28 productos de alimentación e higiene, y el propio INDEC midió una suba de precios en los supermercados del 12,4% hasta el mes de julio (Clarín, 30 agosto 2007).
Los patrones son responsables de esto, y el gobierno que los defiende. La falta de inversiones y el faltante de bienes en el mercado local, agravado por las exportaciones de los productos de consumo básico, empuja los precios al alza.
En cambio, los salarios crecieron sólo un 9,28% en promedio en el primer semestre del año según el INDEC (una cifra muy bien medida, por cierto). Mejoras como la reducción del impuesto a las ganancias a los trabajadores mejor pagos, sólo afectan a una minoría; y el incremento del 40% del salario familiar, apenas son unas monedas para quienes lo perciben.
Está claro como el agua que los trabajadores registramos pérdidas de nuestro poder adquisitivo, o un congelamiento, en el mejor de los casos.
Todo esto genera un estímulo poderoso a la lucha de los trabajadores, por salarios y empleos dignos y contra los patrones ávidos de ganancias millonarias, que necesitan salarios bajos y condiciones de trabajo precarias para competir con sus rivales extranjeros. De ahí que el pacto social sea una necesidad estratégica del capitalismo argentino. Necesitan atar con cadenas a los dirigentes sindicales para favorecer esta política de salarios bajos y empleo precario, e impedir las luchas obreras.
Por eso, tampoco es casualidad que en todos sus discursos electorales Cristina K. esté insistiendo en la necesidad de un gran “pacto nacional” de empresarios y trabajadores. En la prensa burguesa ya se anunciaron reuniones entre la cúpula empresarial y de la CGT para perfilar un nuevo acuerdo el año que viene.
Pero el principal obstáculo para este objetivo son los propios trabajadores. Este año hubo un aumento importante de la indisciplina sindical contra el pacto social, en muchas empresas y sectores. Los dirigentes burocráticos no pueden ocultar su temor a una escalada de luchas que escape a su control. Fueron testigos del accionar clasista en los conflictos docentes, en neumáticos (FATE), en petroleros (Santa Cruz), en Correo Argentino, ferroviarios, Subte, etc. Temen, con bastante razón, que una nueva oleada de indisciplina sindical extienda la influencia del activismo clasista a nuevas empresas, sectores y gremios.
Por eso estamos asistiendo, en las últimas semanas, a un acoso criminal contra el activismo sindical en muchas empresas: Subte, Hospital de Clínicas de Buenos Aires, ATE-Capital, Banco Nación, peajes, etc. Quieren debilitarlo para desarmar cualquier respuesta desde las bases contra este pacto social que incluye millonarias prebendas para los burócratas corruptos. No lo van a conseguir.
El Movimiento Intersindical Clasista (MIC) debería organizar una campaña nacional amplia y audaz para denunciar estos planes antiobreros y desenmascarar el papel de la burocracia de la CGT en todo esto.
Por esto decimos:
-No al pacto social: Salarios equivalentes a la canasta familiar de $2.800, Básicos mínimos de $1.200, no al empleo en negro.
-Contra la represión sindical, por derechos democráticos en nuestros sindicatos.
