El gobierno de Kirchner ha querido hacer una bandera de su política en derechos humanos. Y es innegable que medidas como: la anulación de las "leyes del perdón", la expropiación de antiguos centros clandestinos de tortura y detención para uso social, la depuración de algunos mandos del ejército y la policía, su reivindicación de los detenidos-desaparecidos y de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, o la instauración del 24 de marzo como feriado nacional, fueron vistos como pasos adelante en la luchalucha contra la impunidad. También tuvo mucho impacto público su enfrentamiento con oficiales reaccionarios en el acto celebrado el 24 de mayo en el Colegio Militar cuando les dijo: "No les tengo miedo".
Límites en la política de Kirchner
El gobierno de Kirchner ha querido hacer una bandera de su política en derechos humanos. Y es innegable que medidas como: la anulación de las "leyes del perdón", la expropiación de antiguos centros clandestinos de tortura y detención para uso social, la depuración de algunos mandos del ejército y la policía, su reivindicación de los detenidos-desaparecidos y de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, o la instauración del 24 de marzo como feriado nacional, fueron vistos como pasos adelante en la lucha contra la impunidad. También tuvo mucho impacto público su enfrentamiento con oficiales reaccionarios en el acto celebrado el 24 de mayo en el Colegio Militar cuando les dijo: "No les tengo miedo".
Más allá de las intenciones subjetivas de Kirchner, debemos enfatizar que estas medidas son fruto de la presión popular tras 20 años de incontables movilizaciones. No obstante, advertimos que todo esto, por sí mismo, no garantiza el juicio y castigo de los represores y genocidas de la dictadura militar, ni tampoco va a prevenir futuras conspiraciones golpistas.
Pese a la apertura de nuevas causas contra militares y policías, tras la anulación de las leyes de impunidad, estos procesos vienen dilatándose desde hace tres años, empantanados en la maraña jurídica burguesa. Las mayoría de los represores y asesinos que permanecen detenidos, sólo están encausados por el delito de robo de bebés, hijos de desaparecidos, que en el código penal tienen una condena menor. Además, todos ellos disfrutan de prisión domiciliaria o están detenidos en unidades de las Fuerzas Armadas gozando de privilegios inaceptables.
La composición social del aparato judicial es otro obstáculo que impide un avance real en este tema. La inmensa mayoría de los jueces y fiscales proceden de las clases altas. Por su procedencia social, modo de vida y educación tienen mil y un vínculos con la clase dominante. Siempre encontrarán argucias legales para rebajar la calidad de las acusaciones o la categoría procesal para que las condenas, si se producen, sean relativamente bajas y, en poco tiempo, estos canallas puedan salir a la calle libres de toda culpa.
El gobierno viene con idas y vueltas sobre la nulidad de los indultos de las Juntas Militares. Pero aun en el caso de que se produjera esta nulidad, la edad avanzada de los Videla, Bignone, Massera permitiría reducirles sus condenas al simple arresto domiciliario o a regímenes de prisión abierta, una suerte de libertad provisional.
Pese a las frases tranquilizadoras del gobierno, el aparato del Estado sigue siendo, básicamente, el mismo de la Dictadura y una fuente de conspiraciones a futuro contra la clase obrera, como lo demuestra el reciente descubrimiento de la red de espionaje a dirigentes y organizaciones populares, que implicaba a los más altos mandos de la Armada.
La brutal represión a los petroleros de Las Heras por la policía, la Gendarmería y los jueces demuestra que métodos similares a los utilizados durante el Proceso militar (secuestros, torturas, vejaciones, detenciones arbitrarias, etc.) se utilizan también ahora contra la lucha obrera, respondiendo a las presiones de los capitalistas, y cómo el gobierno tampoco pudo escapar a las mismas pese a que Kirchner intentara luego despegarse de estos hechos.
En la medida que Kirchner no desafía el modelo económico capitalista, nunca podrá llevar hasta las últimas consecuencias una depuración completa de un aparato estatal reaccionario que sirve a los intereses de las clases enemigas de los trabajadores, más allá de la destitución de algunos mandos reaccionarios.
La única manera de prevenir nuevas amenazas de golpes militares y de terrorismo de Estado es vinculando nuestras luchas cotidianas a la lucha por la transformación socialista de la sociedad, que culmine con la disolución del aparato represivo del Estado burgués y su sustitución por un régimen de democracia obrera que responda a los intereses de los trabajadores.
