La escuela pública y la lucha de los docentes contra la exclusión educativa, juegan un papel clave. Tenemos que torcer el rumbo de los que intentan generar la oportunidad para liquidar definitivamente la escuela pública o convertirla en un reservorio de niños y jóvenes condenados a un presente perpetuo de miseria. La lucha sostenida por los trabajadores de la educación en el marco del Frente Gremial Docente bonaerense, fue produciendo el recupero del recorte salarial y la obtención de dos aumentos: uno en diciembre de 2003 y otro en julio de 2004 (que también fue percibido por los docentes jubilados). Esto significó la recuperación de 800 millones de pesos más para la masa salarial global presupuestada.
Según los valores de la canasta básica de junio del 2003, el 75,8 % de los docentes vivía bajo la línea de pobreza y en agosto de 2004 el 40 % de los docentes se encuentra aún en esas condiciones. Esto significa que 4 de cada 10 docentes perciben salarios de bolsillo de entre 380 y 724 pesos.
A partir de la lucha gremial también se consiguió que el gobierno nacional asumiera el pago de la deuda del incentivo docente, el que en la actualidad se percibe en cuotas de 110 pesos por cargo. Asimismo se logró la aprobación de la extensión del Fonid por los 5 años siguientes.
Pero el proceso económico nacional va subsumiendo el salario de los trabajadores. Por eso crece la firmeza de nuestro planteo: ¡ningún docente debajo de la línea de pobreza! Y además seguimos reclamando aumento del presupuesto educativo
El financiamiento integral de la educación por parte del estado provincial debe asegurar la reorganización del sistema educativo provincial y un nuevo proyecto de ley de educación. También remuneraciones justas para todos los docentes (aumento salarial, blanqueo de las sumas en negro, universalización de las asignaciones familiares), condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje (cantidad de alumnos por curso, cobertura de suplencias de hasta 5 días, infraestructura, equipamiento, etc.) y políticas educativas y sociales que garanticen el derecho social a la educación (cupos para comedores, becas, escolarización temprana, políticas de inclusión educativa, etc.), ya que el 80 % de nuestros niños y jóvenes viven en condiciones de pobreza extrema, jornada tras jornada abandonan las aulas y se convocan en nuestras escuelas en búsqueda del único alimento que ingerirán en el día.
La desnutrición infantil crece aceleradamente (el 38 % en el conurbano bonaerense) provocando altos porcentajes de mortalidad o situaciones de vida con dificultades irreversibles, irrecuperables en este contexto.
La escuela pública y la lucha de los docentes contra la exclusión educativa, juegan un papel clave. Tenemos que torcer el rumbo de los que intentan generar la oportunidad para liquidar definitivamente la escuela pública o convertirla en un reservorio de niños y jóvenes condenados a un presente perpetuo de miseria.
