LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

0
116

Durante septiembre, la administración de Néstor Kirchner envió al Congreso el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo que fue impulsado por el ministro de Educación Daniel Filmus y avalado por empresarios del país. En el acto estuvieron presentes los 24 gobernadores argentinos, los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional -CIN-, los gremios docentes y no docentes, los sectores empresariales, como la UIA y la Federación Agraria, organismos de derechos humanos, como el CELS y la y las Abuelas de Plaza de Mayo, y las Academias nacionales de Ciencia y de Educación, entre otros.

Un fraude a los docentes en lucha y al conjunto de los trabajadores

Durante septiembre, la administración de Néstor Kirchner envió al Congreso el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo que fue impulsado por el ministro de Educación Daniel Filmus y avalado por empresarios del país. En el acto estuvieron presentes los 24 gobernadores argentinos, los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional -CIN-, los gremios docentes y no docentes, los sectores empresariales, como la UIA y la Federación Agraria, organismos de derechos humanos, como el CELS y las Abuelas de Plaza de Mayo, y las Academias nacionales de Ciencia y de Educación, entre otros.

El planteo del gobierno, -consentido por el núcleo dirigencial de CTERA- supone una defraudación de los legítimos reclamos de todos los docentes en lucha a lo largo y ancho del país, porque establecería que la inversión educativa alcance el 6% del PBI en cinco años. Así, se llegará al 2010 con la inversión que debería haberse alcanzado doce años antes, en 1998 (si se tiene en cuenta lo establecido por la Ley Federal) con el agravante que el 70% del costo de la educación está en manos de las provincias, las cuales no pueden aumentar sus gastos corrientes con relación al PBI, según lo establece la ley de responsabilidad fiscal de Kirchner y el FMI.

A esto último debe agregarse que el gasto educativo alcanza hoy el 4% del PBI, con lo cual el incremento del 50% que propone Ctera nos remite a idénticos niveles que los que se asumían hace tres años atrás.

Además, el citado proyecto desarrolla y profundiza aspectos de la Ley Federal de Educación y de Educación Superior en el sometimiento de la educación pública, allanando el camino para el ingreso de las empresas privadas nacionales, multinacionales, y a los propios organismos internacionales, y estableciendo pautas de financiación a través de impuestos, multas, recargos, donaciones, legados u otro tipo de contribución, por los que se filtra el control privado de la educación pública, eximiendo al Estado de su responsabilidad, ya que éste sólo destinará, “si fuera necesario, los recursos que determine el Congreso de la Nación en el Presupuesto General de la Nación hasta cubrir la totalidad del financiamiento…” De esta manera, la educación pública pasa a depender de recursos extra presupuestarios.

La figura de “educación pública de gestión privada” encubre la confiscación del dinero público en beneficio del sector capitalista.