“La llamada penuria de la vivienda, que representa hoy un papel tan grande en la prensa, no consiste en que la clase obrera en general viva en malas viviendas, superpobladas e insalubres. Esta penuria de la vivienda no es peculiar del momento presente; ni siquiera es una de las miserias propias del proletariado moderno a diferencia de todas las clases oprimidas del pasado; por el contrario, ha afectado de una manera casi igual a todas las clases oprimidas de todos los tiempos. Para acabar con esta penuria de la vivienda no hay más que un medio: abolir la explotación y la opresión de las clases laboriosas por la clase dominante…” (Contribución al problema de la vivienda Federico Engels)
El martes 4 de agosto, el gobierno de Alberto Fernández anunció el regreso del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear). un programa de créditos hipotecarios subsidiado por el Estado Nacional
Esta es la segunda vuelta del programa crediticio que fue lanzado durante los años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para la construcción y compra de viviendas familiares. El programa en ese momento pretendía proporcionar crédito para la construcción de hasta 400.000 casas entre 2012 y 2018. Finalmente, el plan quedo muy por detrás no solo de su propio objetivo, ya que entre 2012 y 2015 se realizaron solo 172.000 viviendas, sino también de planes de acceso a la vivienda en la región como la “Misión Vivienda” en Venezuela que entre fines de 2011 y 2015 entrego 1.000.000 de viviendas.
Según datos oficiales en la primera etapa del Procrear (2012-2015) se otorgaron casi 197 mil créditos por una cifra de aproximadamente $52 mil millones. Si tomamos el año 2014, que fue el año que más créditos se otorgaron, los montos subsidiados entregados solo representan el 0,38% del PBI.
El nuevo Procrear fue lanzado con algunos cambios, pero el Presidente Alberto Fernández dice que mantendrá su objetivo principal anterior, que está orientado a la construcción de nuevas casas, y no a la compra de casas ya construidas, que es lo que ocurrió entre el 2016 y el 2019, durante la administración del ex Presidente Mauricio Macri que en un comienzo no solo endureció aún más las condiciones de acceso al exigir un 10% de ahorro previo, sino que posteriormente el programa en la practica quedo congelado para lanzar un sistema de créditos actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), donde la cuota aumenta a la par de la inflación, trayendo un aumento significativo en las cuotas, transformando el sueño de la casa propia en una pesadilla.
En esta nueva versión del programa, las personas podrán acceder a microcréditos de $50.000- para pequeñas mejoras, y también habrá otros créditos que van desde $100.000- a $500.000-.
Una de las novedades de la segunda vuelta del Procrear es que se ampliarán los rangos de los salarios mínimos para poder acceder al programa, que van desde medio salario mínimo de cerca de $8.500 hasta 4,5 salarios mínimos, unos $76.000, lo que permitiría al gobierno facilitar la entrada de las familias en las que sólo hay un proveedor y que estadísticamente ganan menos. El programa también prevé la entrega de 11.000 viviendas que aún no han sido completadas y la construcción de otras 34.000 para los próximos años.
Con el valor de la canasta básica, según el INDEC a $41.994- sabemos que quien gana un salario mínimo, o medio salario mínimo, como el programa provee, le es prácticamente imposible comprar una casa o hacer mejoras en la casa donde ya se vive. Quienes viven con estas características económicas tienen mil y una preocupaciones en la cabeza, que van desde pagar el alquiler hasta tener qué comer al día siguiente.
El programa Procrear del gobierno es absolutamente limitado, en el sentido de que no está dirigido a la clase obrera, que en su gran mayoría vive de manera precaria, pagando valores muy altos de alquiler, teniendo su futuro de vivienda incierto debido a las altas tasas de renovación de los contratos de alquiler y de la constante presión del mercado inmobiliario.
Argentina es un país donde, según el Indec, hay un 49,3% de trabajadores informales, más conocidos como trabajadores en negro. Uno de los requisitos para acceder al crédito Procrear es tener un trabajo más o menos constante y recibos de sueldo de ese trabajo, una realidad diferente a la de muchas familias que, por tener un trabajo informal, no pueden acceder a recibos de sueldo ni a un ingreso fijo mensual.
Argentina vive una crisis de habitacional histórica, que, según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), se estima que 3,5 millones de familias, alrededor de un tercio de la población no tiene acceso a una vivienda adecuada, y según datos del Instituto de la Vivienda de la ciudad, en la Ciudad de Buenos Aires, viven alrededor de 3 millones de habitantes, y de estos 3 millones alrededor del 35% viven en alquiler y no tienen residencia propia.
La concentración de la riqueza en manos de unos pocos crea un gigantesco abismo social entre la clase obrera, los trabajadores y la burguesía. La pandemia ha ayudado a abrir aún más este abismo social, haciendo que las personas que no tienen condiciones de vivienda adecuada, ni de higiene, ni de distanciamiento social sean más susceptibles a enfermarse de COVID-19.
Existen alrededor de 4.400 barrios informales en Buenos Aires, y se estima que el 35% de la población del país sufre de carencias en lo que hace, a la conexión de cloacas, acceso a agua corriente y electricidad, y el 27,2% de las viviendas del país no resultan adecuadas por razones de materiales, de espacio y de servicios sanitarios.
Por no hablar de la infinidad de personas que viven en la calle, son familias enteras que no tienen otra alternativa que vivir en las calles de las grandes ciudades. Sólo en Buenos Aires, el año pasado según encuestas de organizaciones sociales, había más de 4.000 personas viviendo en la calle, ahora con la pandemia del virus COVID-19, la falta de empleos y la nueva recesión mundial que afecta directamente a la Argentina, esta cifra en 2020 es aún mayor, ya que según un censo realizado por organizaciones sociales actualmente en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 7.252 personas en situación de calle.
Hay una premisa inequívoca que define bien esta situación: “muchas casas sin gente y mucha gente sin casa”. De hecho, hay muchas propiedades vacías, mientras que hay muchas personas que viven en la calle, o que viven en una casa sin condiciones adecuadas para subsistir, o que pagan valores altísimos de alquiler solo para llenar los bolsillos de los grandes empresarios del sector inmobiliario. Sólo en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay más de 138.238 propiedades comerciales vacías, según el propio gobierno.
Vivimos en una sociedad en la que todo se transforma en mercancía, desde el derecho a la alimentación, el trabajo e incluso el derecho a una vivienda adecuada. Argentina es un país que potencialmente podría producir alimentos para 400 millones de personas y, sin embargo, el 10% más rico de la población representa el 32,2% de los ingresos, mientras que la mayoría de la población explotada representa sólo el 1,3%. Y no sólo en Argentina, es un fenómeno que se da en toda América Latina y el Caribe, donde el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza.
La vivienda, como los alimentos, son un derecho esencial del ser humano y no puede ser objeto de lucro; no es aceptable que alimentarse saludablemente y tener un techo para vivir esté supeditado al poder adquisitivo y sea un botín lucrativo para un puñado de grandes empresarios que amasan fortunas con el trabajo de millones de trabajadoras y trabajadores, muchos de los cuales se sacan el pan de la boca para pagar una hipoteca, un plan de viviendas o un alquiler abusivo.
En una sociedad tan desigual, parece normal para la burguesía y el Estado que haya tantas propiedades vacías y tanta gente sin ningún lugar donde vivir. Pero esta situación no debe ser aceptada como la nueva normalidad.
En un Estado gobernado por los trabajadores y para los trabajadores, ya no sería necesario poner parches que no garantizan el derecho de todas y todos de acceder a una vivienda que satisfaga las necesidades básicas de los seres humanos. El programa Procrear por su contenido de clase no garantiza que todos los trabajadores tengan derecho a la vivienda.
No se trata de ofrecer lo que parece realista o de lo que podría hacerse en los marcos actuales de la ley; se trata de hacer lo que se necesita para resolver el problema habitacional.
Necesitamos un relevamiento de las viviendas e inmuebles que se encuentren deshabitados en un lapso mayor a un año y que este relevamiento se convine con la expropiación de los monopolios inmobiliarios para satisfacer las necesidades de las mayorías.
Un plan de emergencia para la construcción anual de viviendas sociales sin que el esfuerzo constructor se haga sobre la base de la sobreexplotación de los obreros como propone el “Plan Marshal Criollo”. Que la compra o hipoteca de estas viviendas no supere el 10% de la canasta familiar.
La municipalización del suelo urbano y expropiación de todos los predios abandonados o dedicados a la especulación deben ser expropiados y puestos al servicio para la solución del problema habitacional.
Expropiación de los monopolios de la construcción.
Reforma impositiva progresiva y desconocimiento de la deuda externa para financiar la solución al problema de la vivienda.
Los bancos obtienen sus ganancias de la usura, de hacer negocios con el dinero ajeno. Es por eso que hay que avanzar en la nacionalización de los grandes depósitos y destinar líneas especiales de créditos para la vivienda, financiar la edificación y compra de viviendas sociales a interés reducido, y cuyas cuotas no superan el 10% de la canasta familiar. Expropiación sin indemnización de los bancos creando una Banca Única Estatal.
Se trata de dar una salida integral al problema de la vivienda para el conjunto de la clase. Las promesas de créditos hipotecarios y alquileres baratos fracasan siempre de antemano porque pretenden resolver problemas sociales complejos sin atacar la raíz de fondo de los mismos: los intereses y la propiedad de los grandes empresarios, banqueros y terratenientes que tienen a la sociedad firmemente agarradas en su puño de hierro.
Un programa que plantee una salida real a la crisis habitacional capitalista, debe partir de reorientar y planificar toda la economía en favor de los trabajadores.
Llevar adelante estas tareas, implica organizarnos en la perspectiva de poner en pie nuestro propio gobierno. Un gobierno de los Trabajadores que ponga fin a un sistema que no puede resolver nuestras postraciones históricas porque es justamente el causante de las mismas.
