Incendio en un supermercado de Asunción

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El domingo 1º de agosto al mediodía se oyeron algunas explosiones en el supermercado y paseo de compras Ycuá Bolaños que fueron seguidas por un gigantesco incendio. Cuando los más de mil clientes y el centenar de trabajadores del supermercado trataron de huir del fuego y del humo asfixiante, se encontraron con las puertas del establecimiento cerradas herméticamente. Sólo la mitad pudieron escapar. El resultado fue de más de cuatrocientos muertos, incluidos más del 80% de los empleados, muchos totalmetalmente carbonizados e imposibles de identificar, además de unos quinientos heridos.

La lógica asesina de la propiedad privada

El domingo 1º de agosto al mediodía se oyeron algunas explosiones en el supermercado y paseo de compras Ycuá Bolaños que fueron seguidas por un gigantesco incendio. Cuando los más de mil clientes y el centenar de trabajadores del supermercado trataron de huir del fuego y del humo asfixiante, se encontraron con las puertas del establecimiento cerradas herméticamente. Sólo la mitad pudieron escapar. El resultado fue de más de cuatrocientos muertos, incluidos más del 80% de los empleados, muchos totalmente carbonizados e imposibles de identificar, además de unos quinientos heridos.

Al parecer un cortocircuito en la panadería originó la combustión de una mezcla de gases que inició el incendio en el techo del local.

Cuando el pánico se apoderó de todos y comenzaron a correr hacia las salidas varios testigos oyeron la orden de cerrar las puertas, para que nadie se vaya sin pagar y para evitar los saqueos. Frente a las salidas fue donde se produjeron los centenares de muertes por quemaduras, asfixia y aplastamiento.

La lógica capitalista hace que sea más importante defender la mercadería contra la vida de clientes y trabajadores (vistos como posibles delincuentes contra la propiedad privada) que en su desesperación por salvar su vida o la de sus niños puedan irse sin pagar. La lógica capitalista se impuso trágicamente al costo de cientos de vidas.

Además el seguro contratado por la patronal con la transnacional Mapfre era de 4 millones de dólares sobre la mercadería y de sólo 35 mil dólares por siniestros contra terceros, lo que muestra la valoración que tiene la vida humana bajo el capitalismo y el triunfo del fetichismo de la mercancía.

Por otra parte se hizo evidente la falta de salidas de emergencia y otras medidas de seguridad en el local.

Gran cantidad de personas se sumaron a las tareas de rescate y la conmoción fue transformándose en indignación ante las falencias de seguridad y sobre todo al conocerse la orden de cerrar las puertas.

La presión popular obligó al presidente de la república, Nicanor Duarte Frutos, a hacerse presente en el lugar y a la justicia a procesar inmediatamente al propietario del supermercado Juan Pío Paiva, a su hijo Víctor Daniel, al gerente Humberto Casaccia y a cuatro encargados de seguridad del local.

Pero con el pasar de las horas la indignación fue creciendo. Hubo protestas multitudinarias en las ceremonias de entierro de las víctimas. Y también a medida que se conocían más detalles y se difundían las relaciones entre el propietario y la dirigencia política desde la presidencia de Wasmosy, de quien se sospecha que es testaferro.

El domingo 8 se realizó una ceremonia oficial en recordación de las victimas y en homenaje a los socorristas. Estaba pensada como una misa, con banda militar incluida. Pero las cincuenta mil personas que concurrieron al parque Ñu Guazú comenzaron a mostrar su rabia y transformaron su emoción y lágrimas en una manifestación contra los empresarios y contra la corrupción de sus socios, la dirigencia política. El grito más repetido fue el de ¡asesinos!

Pero a medida que se calman los ánimos la patronal se recupera. Ahora se intenta culpar del “accidente” a un gerente fallecido entre las llamas, y las autoridades municipales se desdijeron y afirman que el lugar no contaba con su habilitación. Además el embargo de las cuentas de Paiva afecta a los empleados de otras sucursales y empresas del grupo, que no recibirían sus salarios. Se intenta que los trabajadores paguen con sus ingresos por los crímenes de su patrón.