El estallido del octubre chileno y el fin de la transición

El 18 de octubre, Chile despertó. 

El 18 de octubre quedará marcado como el día en que terminaron de derrumbarse las ilusiones democráticas en el régimen de la “transición”, que en el fondo sostuvo la herencia de la dictadura por 30 años. La rebelión que se vive en Chile es la más grande en su historia. Las generaciones de la lucha contra la dictadura, y la generación sin miedo de la “transición democrática”, han despertado a una oportunidad única para transformarlo todo.

El “estallido” supone que en la sociedad ocurría una acumulación gradual de factores, combustibles o explosivos, que bajo ciertas condiciones dan lugar a un cambio cualitativo de la subjetividad de las masas. Al punto que esta potencia que es la abrumadora mayoría de la sociedad en las calles y participando en el debate nacional, se presenta ahora como un factor objetivo de la situación dada. Ya no se puede volver al estado anterior.

Por un lado, encontramos las contradicciones de un modelo implementado en dictadura y resguardado por la constitución de 1980, que mercantiliza profundamente todos los aspectos de la vida en Chile. Junto con esto, está el trauma intergeneracional que significó la dictadura y la impunidad de la “justicia en la medida de la posible”, frase del primer presidente de la transición, el democratacristiano Patricio Aylwin, que durante el gobierno de la Unidad Popular fue figura clave del golpismo en el Congreso. Por otro lado, en el último período, ha existido una incertidumbre económica a nivel nacional e internacional, huelgas y movimientos sociales. 

La derecha interpretó su victoria electoral en 2017, como un voto de rechazo a las reformas de Bachelet. Sentía que tenía carta blanca para su programa patronal, demostrado en la verborrea que semanalmente el empresariado y el gobierno regalaba con frases “desafortunadas” pero muy transparentes del desprecio que sienten hacia la clase trabajadora. Sin embargo, a pocas semanas del inicio de mandato en marzo de 2018, estalla el Mayo Feminista, un movimiento de tomas de universidades y colegios, que denuncia el abuso sexual, la educación sexista y el machismo. Si bien muchas activistas hacen parte de organizaciones afines al Frente Amplio, las federaciones dirigidas por estas fueron en general sobrepasadas por los métodos radicales de la juventud. Es catalogada como la más grande rebelión de mujeres de la historia de Chile. El 8 de marzo de 2019 que conmemora el día internacional de la mujer trabajadora, tuvo otra convocatoria histórica a nivel nacional organizada por la Coordinadora 8M,. El proceso molecular de organización de los explotados y oprimidos, da lugar cada vez más a estos momentos “históricos”. La rebelión portuaria a fines de 2018 desplegó métodos de combate en un formidable paro nacional en solidaridad de la Unión Portuaria de Chile, sindicato que se ha posicionado luchando a contracorriente de los sindicatos amarillos. En Julio de 2019, el paro de profesores marca otro momento “histórico” de la movilización docente, una nueva generación que desde la Rebelión de las Bases en 2014 muestra la disposición a luchar en defensa de la educación pública. En noviembre de 2018 el asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca por parte del Comando Jungla, convoca marchas en varias ciudades, mostrando una solidaridad creciente con el pueblo-nación Mapuche.

Se supone que la derecha fue electa en parte por su superioridad técnica para administrar la economía nacional, y de esta manera traer mayor bienestar. Esta idea se desvaneció en los primeros meses de gobierno, con cierres de varias firmas nacionales. El desempleo llegó hasta el 7%. La deuda de los hogares chilenos se encuentra en un máximo histórico de 75% del ingreso. Sólo en 2019 ha habido un aumento del costo de la electricidad en un 19,7%. El momento cuando la gota rebalsa el vaso es el alza del transporte público, a $830 por pasaje en hora punta (más de un dólar, el más caro de América Latina), aproximadamente $50,000 mensuales. Un gasto importante si consideramos que la mitad de los trabajadores gana menos de 350,000 pesos líquidos. En todo caso, según las encuestas mensuales Pulso Ciudadano, el ítem Transporte que aparentemente incendia la pradera, marca como una de las menores preocupaciones durante el último año. Las principales preocupaciones son las Pensiones, Salud, y Desigualdad. 

En Chile el 1% de la población concentra el 26,5% de la riqueza. Mientras el 50%, la mitad de la población, se reparte sólo el 2,1%. El secretario nacional del Colegio Médico de Chile ha explicado la desigualdad en el sistema de Salud. El gasto público se divide 50/50 entre el sector público y privado. Pero el 80% de la población está en FONASA, el organismo público, y el 17% en ISAPRE, las entidades privadas. Añadir a esto las determinantes sociales en la salud, donde a mayor pobreza existe mayor tendencia a enfermarse y gastar en salud. A junio de 2019 más de 1,5 millones de personas se encontraban en lista de espera en el sistema público. Más de 200 000 de estas solicitudes de atención llevan sobre 2 años en espera. 

Todo esto expone en la superficie el abismo existente entre los privilegios de la clase dominante y los abusos que sufre el pueblo trabajador. La revolución en Chile, está en completa sintonía con el escenario mundial de radicalización política.

Los estudiantes secundarios encendieron la chispa de las evasiones masivas en estaciones de metro del centro de Santiago contra el aumento del pasaje. A su vez esto desencadenó una serie de provocaciones por parte de las autoridades. La represión de Fuerzas Especiales golpeando a jóvenes que defienden los intereses de la mayoría y la actitud prepotente de políticos famosamente corruptos, encendió los ánimos e incitó la solidaridad masiva de la población. Ahora las protestas alcanzan a sectores periféricos que usualmente no se ven afectados por las manifestaciones políticas que periódicamente colman la Alameda, principal avenida de la capital. Por la noche los cacerolazos y aglomeraciones en todos los barrios terminaron de signar una jornada de movilización histórica del pueblo, que abre paso a la rebelión más profunda de la historia de Chile.

El balance indica que sólo durante la noche del viernes 18 de octubre fueron destruidas al menos 41 de 136 estaciones de metro. A ello se sumaron saqueos e incendios a lugares simbólicos en tanto representan los abusos contra el pueblo: peajes de autopistas privadas, cadenas farmacéuticas, supermercados y bancos, que por años se han coludido contra la clase trabajadora. En horas de la noche el gobierno decreta el estado de emergencia. 

Chile vivió 17 años de dictadura con gravísimas violaciones a los DDHH, en su mayoría impunes. El paisaje de tanquetas y soldados en las calles evoca una carga emotiva muy fuerte. La derecha tiene las manos manchadas con sangre y seguirá siendo recordada por su prontuario antidemocrático y criminal. El gobierno de los empresarios en Chile literalmente declaró la guerra a los trabajadores y los pobres. Se decretó el estado de emergencia y toque de queda en las principales ciudades, una medida que no se veía desde 1987 en dictadura. Frente a la magnitud de las protestas el sábado en la noche se anunció la anulación del alza del pasaje. Demasiado tarde, pues el levantamiento toma escala nacional, mientras el toque de queda es mayormente desobedecido. El 25 de octubre la marcha más grande de Chile, convoca más de 1 millón de personas sólo en Santiago, exigiendo la renuncia de Piñera. Será la combatividad de las masas la que derrota de hecho en las calles el estado de emergencia y el toque de queda, que debe ser levantado después de una semana. Se anuncia además un cambio de gabinete. 

El gobierno responde a este “despertar” chileno, mutilando los ojos de cientos de personas. El informe del Alto Comisionado de DDHH de la ONU (dirigido por la ex-presidenta Michelle Bachelet) ha sido contundente. Se señala la vulneración sistemática de los derechos humanos por parte del Estado de Chile – violaciones graves, masivas y sostenidas en el tiempo. Hechos que incluyen torturas y violencia sexual.  Estas vulneraciones afectan sobretodo a jóvenes y adolescentes.

Junto al 18 de octubre, otro hito es la huelga general del 12 de noviembre, convocada por el Bloque Sindical de la Mesa de Unidad Social. En Unidad Social participan varias decenas de sindicatos y organizaciones sociales, como la CUT, la Coordinadora No Más AFP, CONFECH, SINTEC, MODATIMA, etc.

A pesar de que Chile tiene aprox. un 20% de sindicalización, este paro logró movilizar a trabajadores no sindicalizados mediante una diversidad de acciones en 35 ciudades. Se trata de la paralización más efectiva al menos desde 1990. Los convocantes estiman que 2 millones de personas participaron activamente en las movilizaciones. Muy destacada ha sido la Unión Portuaria y la paralización de 90% de los puertos. La ANEF estima en 90% la adhesión en el sector público. La Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines estima su adhesión nacional en un 40%. En los establecimientos educativos hubo un 80% de participación, según el Colegio de Profesores. A esto agregar la movilización de los estudiantes. Es importante la movilización de los trabajadores del sector salud, con un 95% de adhesión exceptuando los turnos éticos. La situación del sector minero ha sido más preocupante, sobretodo considerando la posición estratégica del cobre en la economía. Han paralizado notablemente los sindicatos de subcontratados, mientras los trabajadores de planta de las grandes minas si bien apoyan las demandas han tenido un rol más pasivo. Otros sectores que también tuvieron una participación importante, son más difíciles de cuantificar, como es el comercio y construcción. (Balance CIPSTRA)

El protagonismo de la clase obrera en el proceso, encendió las alarmas de la clase dominante, precipitando en sólo tres días un acuerdo entre los partidos del régimen en crisis. El 15 de noviembre todos los partidos de gobierno y oposición firmaron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, con la excepción del Partido Comunista, y disidencias dentro del Frente Amplio. Se propone un plebiscito de entrada para Abril 2020, elección de una Convención Constituyente en Octubre, y ratificación de la nueva constitución dentro de un año por plebiscito (o sea, el 2021). El Congreso deberá también ratificar el documento. El quórum requerido será de ⅔, es decir, igual que con la constitución actual donde una minoría de ⅓ es capaz de preservar los intereses de la clase dominante en el parlamento. Esto es una verdadera “cocina constituyente” cuyo objetivo en todo caso queda clarísimo en la primera parte: “Los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y EL ORDEN PÚBLICO en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática VIGENTE”. Quieren adormecer al país y sacar el movimiento de las calles. 

El mal llamado “Acuerdo por la Paz” tenía el objetivo de salvar al gobierno de Piñera, que el movimiento de masas había puesto contra las cuerdas. Para sobrevivir necesitaba el concurso de toda la oposición, incluyendo el PS y el FA, que se prestaron vergonzosamente para ese papel. 

A poco más de dos meses, la derecha en bloque ha desestimado este acuerdo por nueva constitución, aduciendo que el contexto nacional no otorga garantías democráticas para el proceso. Un argumento ridículo de quienes validan la constitución antidemocrática de 1980, hecha en un contexto sin libertad de expresión, ni de prensa, ni de asociación, ni partidos políticos. 

El acuerdo sirvió al gobierno y la oposición “responsable”, para colmar los medios de titulares sobre la “violencia” y criminalizar la protesta, sin tocar ni un centímetro los privilegios de los dueños de Chile. La solución que plantean variadas organizaciones sociales y políticas, es una Asamblea Constituyente “verdadera”. Se agregan apellidos como “Popular”, “Libre y Soberana”, “Paritaria y Plurinacional”, seguidas a veces de frases explicativas. Pero ninguna de estas consignas prepara a la clase trabajadora para enfrentar las grandes tareas que se avecinan para llevar a cabo los cambios que el pueblo pide. 

El presidente Piñera no tiene ningún problema cognitivo para entender lo que exige la abrumadora mayoría del país, simplemente defiende los intereses del empresariado y la oligarquía chilena, utilizando tanto los medios del aparato represivo estatal, como la manipulación comunicacional. Las transformaciones radicales que Chile necesita no se decidirán inmediatamente por una nueva constitución, ni por alguna fórmula que establezca cuotas para mujeres y pueblos originarios. Estas formalidades el régimen es capaz de concederlas y coquetea continuamente con ellas. 

Lo clave del momento histórico que vive el país, es la capacidad de movilización y organización de los millones de personas que sostienen esta lucha. Las demandas comienzan a converger en un sólo programa. No Más AFP, Salud y Educación Pública, Gratuita y de Calidad, Jornada de 40 horas y un Salario Mínimo de 500 mil pesos, Nacionalización del Cobre, el Agua, el Litio y el Mar, Fin a la Militarización del Wallmapu y Autodeterminación del Pueblo Mapuche. Todo esto tomando forma concreta en Cabildos y Asambleas Territoriales. Es la entrada en la escena de la historia de quienes normalmente dejan las grandes decisiones en manos de los gobernantes, la élite corrupta de empresarios y políticos profesionales. Hoy el pueblo trabajador busca decidir sobre sus propios destinos. Por eso el régimen en crisis entró en pánico con la huelga general y apresuraron el acuerdo del 15N. 

Apostaban que el verano traería una tregua y podrían encauzar tranquilamente la cocina constituyente tutelada por el Congreso. Pero la fiesta de Año Nuevo fue una tremenda celebración popular contra el gobierno, y la presencia policial es rechazada hasta en los balnearios por los veraneantes. Algunas organizaciones han abandonado la Unidad Social. En noviembre la ACES, y la Coordinadora 8M en enero, denunciando la disposición de ésta para llegar a acuerdos con el régimen  y validar su institucionalidad. En el último período estas dos organizaciones son fuertes referentes de la lucha contra el gobierno, la primera boicoteando la PSU y enfrentando la criminalización; la segunda levantando un plan de Huelga General para el 8 de Marzo. 

Con todas las limitaciones de la dirigencia de la Mesa de Unidad Social, el estallido social propicia la articulación de decenas de organizaciones que logra romper las trabas de la legislación laboral y movilizar a cientos de miles de personas en un plan de acción. Esta unidad es una conquista preciosa de todo el movimiento, y no deben confundirse los renuncios de dirigentes conciliadores con el ímpetu de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de base. 

Sin embargo, las limitaciones de la Unidad Social son dos principalmente, una organizativa y una política. La primera es el hecho de que la Mesa es simplemente una coordinadora de representantes de organizaciones, en lugar de un organismo democrático de representación. Para que respondiera realmente al movimiento debería estar compuesta por representantes electos en asambleas territoriales, cabildos autoconvocados, representantes de sindicatos electos en asambleas de trabajadores, y que los mismos fueran revocables en cualquier momento por aquellos que los eligieron. 

La segunda es el hecho de que los dirigentes sindicales y de movimientos en la Mesa de Unidad Social aunque se opusieron correctamente a la firma del Acuerdo de Paz, nunca hicieron suya la consigna central de lucha del movimiento: “Abajo Piñera”. El movimiento planteó la cuestión del poder, quien gobierna en Chile, sin embargo la Unidad Social se quedó dentro del margen de las instituciones burguesas existentes (enormemente desprestigiadas) y por lo tanto planteaba exigencias al gobierno, en lugar de luchar por derrocar el gobierno y plantear que sean los trabajadores los que gobiernen. 

En la presente avanzada represiva del gobierno, que viven en particular los secundarios, y la huelga que se prepara en marzo, la unidad y la solidaridad en la acción es clave. La ACES se ha negado a ceder ante el clima de normalidad que se quiere imponer luego de la cocina constituyente. Han hecho llamados a movilizarse y boicotear la PSU (Prueba de Selección Universitaria), que reproduce la desigualdad social y la educación de mercado. Debido a esto, el gobierno de Piñera, vuelve a tocarle la oreja a los secundarios, invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado contra 34 dirigentes. El nuevo equipo del ministerio del Interior, buscan coronarse una victoria, provocando al actor social más prestigioso de esta revolución. 

La situación política que reclama por décadas de injusticias, se expresa en millones de historias personales que hacen consciente aquello que algunos quieren negar. El vocero de la ACES Víctor Chanfreau es nieto de un dirigente estudiantil, detenido y desaparecido en 1974. Ciertamente las leyes de Pinochet están manchadas con sangre y esta generación tiene muchas deudas que saldar con esta constitución y sus defensores. 

La Asamblea Constituyente representaba para las masas esta idea de ruptura con este régimen, y como queremos explicar más abajo, llegar a esta conclusión ha sido un largo período lleno de aprendizajes. Pero visto que el proceso plebiscitario del fin de la dictadura en el fondo preservó el legado dictatorial, de forma análoga otro gesto en las urnas de este régimen no es garantía de una transformación radical del sistema capitalista. 

La lucha de los estudiantes por la Educación Gratuita

La “Concertación”, coalición formada principalmente por el fundador Partido Por la Democracia (PPD), Partido Socialista (PS) y la Democracia Cristiana (DC) – a la que en 2013 se sumó también el Partido Comunista (PC) – , administró las aspiraciones democráticas del pueblo chileno después de 17 años de dictadura. Pero no hicieron más que gobernar con el mismo legado dictatorial. El enorme movimiento de rechazo a la dictadura, en la que el movimiento obrero jugó un papel decisivo, fue canalizado dentro de los límites seguros de la democracia burguesa. Cambiar todo para que nada cambie. Muchas reformas cosméticas mientras se mantiene y profundiza la desregulación y el saqueo. La educación, la salud, la vivienda, las pensiones y los recursos naturales, fueron arrebatados por el negocio privado. Un período sostenido en que los ataques a la clase trabajadora aplicados bajo la bota de la dictadura se mantenían. La propiedad privada de los medios de producción quedaba asegurada. La impunidad de los crímenes de la dictadura quedaba establecida y las fuerzas armadas y carabineros que llevaron a cabo las violaciones de derechos humanos bajo Pinochet se mantenían intactas y sin depurar.

El precio de los aranceles de universidades públicas en Chile figuran como los más caros entre los países de la OCDE, al ajustar el indicador a igual poder adquisitivo. “Liderando” este ranking, Chile es seguido por Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y el Reino Unido. En medio de la desregulación de los aranceles, el endeudamiento masivo es la solución que ofrece el sistema capitalista para que los jóvenes accedan a la educación superior. Según Fundación Sol, entre 2010 y 2015 el número de estudiantes endeudados casi se triplicó, alcanzando 686 mil 797. El monto total adeudado alcanza más de 2,5 billones de pesos. 

La constitución de 1980 y las reformas que afectaron la educación pública, vinieron a desmantelar décadas de desarrollo de una institucionalidad centralizada, basada en el rol del Estado como agente responsable de financiar y promover la educación, el Estado Docente. El cambio más radical se puede encontrar en la reforma de 1981, cuando la Ley General de Universidades, abrió el camino a la privatización de la educación universitaria. Entre otras medidas, se dividió la red nacional de universidades públicas, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, entre 16 establecimientos diferentes.

Entonces se implantaba un Estado Subsidiario que promueve la iniciativa privada para abrir universidades, institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT). Reduciendo el aporte fiscal directo y condicionando otro aporte indirecto según el mérito individual de los estudiantes registrados, los establecimientos educacionales dependían más en el aporte privado o familiar. La educación pública fue puesta en crisis, con una reducción severa en su capacidad de admisión. Esto preparó las condiciones para hacer de la educación un bien de consumo, en vez de un derecho social y un bien público.

La nueva constitución de 1980 consagró la “Libertad de Enseñanza”, dejando ninguna restricción más que aquellas “impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”, y cualquier individuo podía abrir una escuela como un “emprendedor” privado.

El Estado no asegurará más un acceso igualitario a la educación y pasó la administración de las escuelas públicas a manos de las municipalidades, corporaciones patronales y sostenedores privados de establecimientos subvencionados. Los subsidios se otorgaban de acuerdo al promedio de asistencia de los estudiantes, generando un mercado sobre las matrículas en lugar de proveer educación de calidad como un derecho. Con la “Municipalización” de la educación, las mismísimas condiciones de trabajo de los profesores fueron enajenadas del servicio público, siendo empleados precariamente bajo la ley laboral que regía el sector privado. Es importante notar que para entonces las municipalidades estaban controladas por el Ministerio del Interior, que designaba arbitrariamente a los alcaldes. Justo antes de abandonar el mando en 1990, la dictadura cívico-militar amarró cuidadosamente el negocio educativo a la Constitución, a través de la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE), que requería un alto quórum en el Congreso Nacional para ser modificada. Esta ley no proscribía explícitamente el lucro en los IP y CFT. 

Las reformas comentadas crearon un crecimiento explosivo del sector privado en la educación universitaria y post secundaria. Antes del golpe de estado de 1973, habían 8 universidades; en 1990 eran 60 universidades, de un total de 302 establecimientos. Para el 2011, el total disminuyó a 176, debido a una reducción acentuada de CFT’s. Hubo un importante aumento en la cobertura, pero por las condiciones desreguladas en que se dió el proceso, se incubaban graves contradicciones.

Durante los mandatos consecutivos de la Concertación se hicieron algunas reformas para aumentar las becas y subsidios a las universidades. Pero el núcleo del sistema desregulado y mercantilizado quedó intacto, dañando evidentemente la calidad de la educación siendo impartida. Las condiciones precarias de las escuelas públicas eran una bomba de tiempo. 

Las históricas movilizaciones estudiantiles del 2011 fueron precedidas el 2006 por la llamada “Revolución Pingüina”. En 2006 los estudiantes secundarios se lanzaron a las calles pidiendo la derogación de la LOCE, poniendo al gobierno contra las cuerdas. Los jóvenes estudiantes eran la vanguardia de una nueva generación que vino a desafiar uno de los pilares del sistema capitalista en Chile. Esto fue una evolución política muy importante en su discurso, que se desarrollará a lo largo de los años para ser de público conocimiento. Al mismo tiempo, denunciando las raíces dictatoriales y antidemocráticas del sistema de educación privatizada, ellos estaban desnudando el rol jugado por los partidos que administraron la “Transición a la Democracia” después de 1990. 

El salto en escena de una generación joven, enérgica y creativa, con métodos combativos y participación masiva, pusieron en cuestión los actores tradicionales de los partidos de izquierda. Sacudieron el piso en las organizaciones de los trabajadores, abriendo un período de crecientes huelgas legales y extralegales, revueltas regionales, movimientos de mujeres, y luchas sectoriales.

2006. La “Revolución Pingüina”

Los estudiantes chilenos han estado luchando durante años contra este sistema de educación basado en un mercado educativo de inmensas deudas, subsidios estatales y asociaciones inmobiliarias corruptas. Desde el 2006 encontramos una continuidad de luchas y descontento social sobre la cuestión del financiamiento de la educación, con la principal e histórica demanda de los estudiantes: Educación pública, gratuita y de calidad.

Al menos desde el “Mochilazo” el 2001, los estudiantes secundarios se movilizaron en torno a demandas aisladas como el precio del transporte, el acceso a la universidad, la jornada escolar completa, infraestructura, becas de alimentación, etc. En estos años, desde diferentes organizaciones y colectivos de estudiantes con experiencias de activismo local y principios de democracia directa, se fue formando una tendencia agrupada en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). 

En nuestros días la ACES se ha mantenido como una de las voces más críticas al rol conciliador jugado por algunas organizaciones dirigentes durante el octubre chileno, como por ejemplo la Mesa de Unidad Social. Como hemos afirmado más arriba, no fue tan sólo el alza sino sobretodo, la represión a los secundarios que luchaban por la dignidad de todo el pueblo, junto con la aplicación de ley de seguridad interior del Estado, los que provocaron la ira popular. 

En 2005 el gobierno de Ricardo Lagos legisla para la creación del Crédito con Aval del Estado (CAE). Este ayudaría a estudiantes a obtener un crédito bancario para pagar los millonarios aranceles universitarios. Se argumentaba que los estudiantes más pobres necesitaban esta oportunidad para poder entrar a la educación universitaria, y que estos en su mayoría están en establecimientos privados. Pero a su vez el sistema de crédito promovía el endeudamiento masivo sin cuestionar en absoluto, más bien profundizando, los vicios estructurales del mercado educativo. Esta ha sido la marca distintiva de las reformas de la “Concertación”. Presentar reformas cosméticas con mayor apoyo estatal a estudiantes individuales para pagar sus aranceles y de esta manera seguir enriqueciendo a los empresarios de la educación, legitimando el modelo de libre mercado elaborado en dictadura. Así, los estudiantes son considerados meros clientes y no sujetos de un derecho que debiera ser asegurado por el Estado. 

Los estudiantes se manifestaron contra el CAE, que también aplicaría para endeudarse con establecimientos privados. Secundarios y Universitarios se movilizaron a nivel nacional, con demandas más articuladas contra la educación mercantilizada. Un grupo de secundarios elaboró un documento publicado en noviembre del 2005, que contenía demandas y propuestas que lanzan dardos contra la raíz constitucional y dictatorial del sistema de educación, la LOCE y la Municipalización. En 2006, el recién asumido gobierno de Michelle Bachelet (PS) no prestó mucha atención a lo que parecían ser las usuales revueltas estudiantiles, con movilizaciones a principios de cada año por aranceles, becas, pasajes, etc. ignorando el avance político en el contenido de las demandas.

Si bien las movilizaciones empezaron en Abril por demandas locales, el conflicto escaló a principios de Mayo y tomó mayor centralidad en los liceos “emblemáticos” de la capital. Se estima que más de la mitad de los colegios de todo Chile se plegaron a las movilizaciones, incluyendo establecimientos particulares y subvencionados. Se suscitó un importante apoyo de la sociedad hacia los “pingüinos”. Cuántas veces escuchamos que los jóvenes no se interesan en política, que no quieren votar en las elecciones. Pues aquí vemos que la juventud sí quería participar del debate nacional, sólo que no bajo la misma estrategia conformista que imponen los partidos tradicionales.

El gobierno criminalizó y reprimió con violencia a jóvenes, menores de edad que se enfrentaban en las calles al aparato represivo del Estado. En la tradicional cuenta pública del 21 de Mayo en Valparaíso la presidenta no se refirió a las demandas de los estudiantes. Esto causó indignación y los secundarios respondieron radicalizando sus métodos. Ocuparon sus escuelas, recibiendo un apoyo generalizado de profesores y apoderados. Para el 30 de Mayo se declaraba un Paro Nacional Indefinido con participación de medio millón de secundarios y universitarios. Grandes jornadas de lucha callejera y represión se sucedieron. Pero el movimiento se desgastaba y el gobierno propuso una mesa de diálogo para cambiar la LOCE. Los parlamentarios desplegaron sus habilidades para desviar la lucha que dieron los secundarios. Para el año 2009 se promulgó la nueva Ley General de Educación (LGE) que no respondía a las demandas de fondo de la “Revolución Pingüina”.

El movimiento estudiantil de 2011

El año 2011 comenzó con movilizaciones en la Universidad Central, que denunciaban el lucro del establecimiento privado y el traspaso de los edificios a sociedades inmobiliarias. En esta turbia asociación entre la universidad y una empresa inmobiliaria estaban involucrados políticos de la Democracia Cristiana (DC). Estos contubernios entre el negocio inmobiliario y establecimientos educativos son frecuentes.

Para el 28 de Abril del 2011, la Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile (CONFECH) convocaba a la primera marcha del año, a la que asistieron 8.000 universitarios. En un principio, la consigna que las federaciones mayoritariamente dirigidas por las Juventudes Comunistas (JJCC) pretendían levantar, fue el arancel diferenciado, llamando a la moderación. Es una característica de estas movilizaciones estar protagonizadas por las demandas de los universitarios. Para la segunda marcha del 12 de mayo, bajo la consigna de “Recuperar la Educación Pública”, la convocatoria se doblaba a 15.000 estudiantes, con participación de los secundarios de la ACES. Estos últimos, además de denunciar la represión policial, criticaban a la CONFECH por “estar dispuestos a negociar”, y por sentirse excluidos del debate.

El período de “Transición a la Democracia” ahora presentaba un giro, ya que después de 20 años de gobiernos de la Concertación, la derecha gana las elecciones presidenciales en 2010. Será el primer mandato de Sebastián Piñera. El empresario-presidente Sebastián Piñera es dueño de un capital de 2,8 millones de dólares, según Forbes. Es actualmente el quinto millonario más rico del país, uno de los dueños de Chile. El vocero de gobierno, fue su primo Andrés Chadwick, cuadro de la UDI, partido que agrupó el brazo civil de la dictadura. Hoy está inhabilitado de ocupar cargos públicos por 5 años debido a su responsabilidad como ministro del Interior en las violaciones a DDHH desde el 18 octubre del 2019. Como ministro de Educación fue nombrado Joaquín Lavín, figura de la derecha pinochetista y del Opus Dei,  además de fundador de la Universidad del Desarrollo, situación que le presentó un conflicto de intereses al estar personalmente involucrado en el negocio educativo. No terminará el año como ministro. 

El discurso de cuenta pública del 21 de Mayo en Valparaíso, casi siempre marca un hito importante en el debate nacional. El presidente Piñera no sólo no se refirió a las demandas de “educación pública y de calidad” de los estudiantes, sino que con una actitud desafiante criminaliza las manifestaciones y propone una reforma en la misma línea mercantil del sistema.

Para el primero de Junio, se convocaba una marcha que contó con el apoyo de la ANEF (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales) y el Colegio de Profesores. Los secundarios radicalizaron sus movilizaciones, tomándose liceos emblemáticos de Santiago. Varias universidades eran también tomadas por sus estudiantes. Luego de un carnaval los estudiantes proceden a tomarse la Casa Central de la Universidad de Chile, que se ubica en la principal avenida de la capital. Desde Casa Central se agrupan diferentes actores sociales que pueden adquirir mayor visibilidad. En el frontis se desplegó la consigna histórica del movimiento estudiantil: Educación Pública, Gratuita y de Calidad. 

Para el 16 de Junio se convocó a un Paro Nacional por la Educación, que tuvo una convocatoria masiva, de unas 100.000 personas en Santiago y el doble de esta cifra a lo largo del país. Para entonces el movimiento estudiantil se posiciona como el fenómeno de masas más importante desde la protesta contra la dictadura. Se desatan las tomas en universidades privadas como medio de movilización y organización, donde se encuentran la gran mayoría de los estudiantes y los más precarizados. El gobierno respondió proponiendo más recursos para las universidades estatales, a la vez que desplegaba la represión policial para desalojar los establecimientos.

Además de las tomas que se masificaron a lo largo del país, los estudiantes se movilizaban de maneras creativas y lúdicas, que cautivaron la atención de los medios y la sociedad en general. Carnaval, batucadas, flashmobs, la “Besatón”, el baile del “Thriller por la Educación”, la “Genki Dama”, etc. Las encuestas indicaban un apoyo de más de 80% a las demandas estudiantiles. A principios de Julio el presidente Sebastián Piñera comunicó en cadena nacional el Acuerdo “GANE” (Gran Acuerdo Nacional por la Educación), que anunciaba US$4000 millones en educación. Esta fue rechazada rotundamente. Para el 18 de julio el gobierno depuso al ministro Lavín para nombrar a Felipe Bulnes en el MINEDUC, quién parecía ceder hablando de una reforma por la “calidad” de la educación. El 1ro de agosto Bulnes propone sus “21 Puntos sobre Educación”, donde no hay solución a las demandas. El gobierno contaba niveles históricos de desaprobación, y sólo un 26% de apoyo. Por su parte el ministro Bulnes tampoco llegará a fin de año en la cartera de educación.

La jornada del 4 de agosto fue el punto más alto en el desarrollo de las movilizaciones del 2011 y su confrontación con el gobierno. Los secundarios habían convocado para las 10 de la mañana, mientras la CONFECH y el Colegio de Profesores tenía su convocatoria a las 18.30 horas, mostrando la distancia que mediaba entre los dirigentes de las principales organizaciones. La indignación se generalizó al conocerse los cientos de menores de edad heridos y detenidos durante la mañana, además de las calles plagadas de carabineros que impedían el derecho al libre tránsito. Se implantó de hecho un estado de sitio. En medio de verdaderas batallas campales, los estudiantes se reagrupaban en los establecimientos en toma.

Los dirigentes de la CONFECH se reunieron de forma extraordinaria. Podían sentir la fuerte presión de los delegados más combativos de regiones, de las bases y de los medios. Algunos dirigentes trataban de ponerse a la altura de la lucha histórica que se libraba en las calles del país, llamando a “avanzar con todas las fuerzas que sean necesarias”, pero el principal organismo dirigente de los estudiantes universitarios nunca señaló concretamente un plan de largo aliento, una estrategia para vencer frente a un gobierno que se tambaleaba. 

La dirigente estudiantil comunista Camila Vallejo denunció la negación del derecho a manifestarse y al libre tránsito, que recordaba a los oscuros años de la dictadura. A través de su cuenta Twitter llamó a un “cacerolazo contra la represión” para las 21:00 horas. Mientras aún no estaba claro cómo iba terminar la noche, el abrumador apoyo popular al movimiento estudiantil se hizo sentir. Familias completas se hicieron parte de los cacerolazos en las calles del centro, manifestando su repudio al gobierno además de validar en cierta modo los métodos más radicales con los cuales se defendían los estudiantes en las barricadas. Por algunos momentos la policía pareció desaparecer. Los enfrentamientos se sucederían aún por algunas horas. El saldo de detenidos durante la jornada ascendía a 874 sólo en Santiago. La prensa internacional denunció la represión y la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) se pronunció respecto a la detención y uso desproporcionado de la fuerza hacia los jóvenes.

Con la táctica del gobierno de buscar dialogar con los actores por separado, la ACES se distancia del diálogo con las autoridades, mientras la CONES y la CONFECH sí se presentan en el Senado para exponer sobre su plan para terminar con el lucro en la educación. 

Más movilizaciones se suceden, que constituyen hitos aislados, muy mediáticos, pero ninguna batalla decisiva. El 18 de agosto se convocan bajo la lluvia unas 100.000 personas sólo en Santiago, en la que se será conocida como la “Marcha de los Paraguas”. Se realiza el “Domingo Familiar por la Educación”, organizado junto con profesores y apoderados, reuniendo en el parque O’Higgins hasta 1.000.000 de personas según los organizadores, en una jornada pacífica de música y recreación.

La Central Unitaria de Trabajadores convocó un Paro Nacional el 24 y 25 de agosto. Durante la noche del 25, el estudiante de 16 años Manuel Gutiérrez que observaba las manifestaciones en compañía de su hermano en la comuna de Macul, muere por una bala de ametralladora Uzi disparada por carabineros.

Los últimos meses del año las movilizaciones decaen en medio de mesas de diálogo, discusiones sobre el presupuesto 2012 y preparativos para las elecciones de las federaciones universitarias.

Bancada Estudiantil. Frente Amplio.

La cuestión no fue resuelta completamente ni con una victoria decisiva por parte del movimiento, ni con el gobierno y los empresarios derrotando fatalmente a los estudiantes. Notoriamente, la generación de dirigentes universitarios mostraba un carácter burocrático y diletante, confundiendo a sus bases en mesas de diálogo que daban respiro al gobierno mientras los estudiantes se desgastaban en marchas por hitos y tomas. Hubo acercamientos con la clase trabajadora, por ejemplo, sonaba fuerte la consigna de renacionalización del cobre para financiar la educación. Pero no pudo establecerse un programa que extendiera las movilizaciones al conjunto de la sociedad.

El duopolio se mantuvo, como se dijo, en parte debido a la incapacidad del movimiento y sus dirigentes de dar forma a un programa contra las raíces dictatoriales de la educación de mercado reproducida por la transición democrática. Se necesitaba una corriente política armada con un programa socialista de transformación radical de la sociedad, que además incorpore lo mejor de las experiencias organizativas de la lucha estudiantil, las asambleas de delegados en base a la democracia directa, la unidad obrero-estudiantil, los métodos combativos de lucha callejera de masas, barricadas y tomas. 

Las condiciones eran adecuadas para una orientación política audaz hacia la clase trabajadora, como demuestra el aumento de la conflictividad laboral desde 2013, por salarios y condiciones de trabajo, y notablemente desde 2016 por pensiones. (Datos observatorio huelgas laborales).

La oposición concertacionista va por la reelección de Michelle Bachelet a la presidencia (su segundo período en 2014). Esta vez la ex-Concertación más el Partido Comunista, formaban la coalición de gobierno Nueva Mayoría. Además de otras reformas moderadas pero muy sentidas, como el aborto en tres causales, parte importante de la demanda de gratuidad fue asimilada por el gobierno y parlamentarios. La gratuidad alcanzó al 25% de la matrícula de pregrado en 2017. En todo caso, la estructura mercantil de la educación se mantiene al subsidiar al estudiante individual y sostener entonces el negocio privado. La gratuidad inyecta más dineros en instituciones privadas, preparando nuevas contradicciones sin dar solución real a la crisis de la educación pública en Chile. Hoy está a la vista de todos hasta qué punto esta reforma fue capaz de desmovilizar a una nueva generación que anhela acabar con la herencia pinochetista.

Por su parte, varios ex-dirigentes estudiantiles entrarán en 2013 en la carrera parlamentaria, Camila Vallejo y Karol Cariola por el Partido Comunista, Giorgio Jackson como fundador de Revolución Democrática, y Gabriel Boric de Izquierda Autónoma. Aparece así la llamada “Bancada estudiantil”.

Luego del 2011, el Partido Comunista perderá la dirección de varias federaciones universitarias, dando paso a nuevos grupos de izquierda en diversas coaliciones. Muchos de estos grupos universitarios, aunque no exclusivamente éstos, conformarán el Frente Amplio oficialmente en 2017. Esta nueva izquierda -a través de un período álgido de movilización estudiantil, radicalización de conflictos laborales y revueltas regionales- en general repitió el entrenamiento de dirigencias burocráticas, bajo la premisa de la “acumulación de fuerzas” y “ganadas concretas”, que iniciarán carreras políticas o como funcionarios del estado. La emergencia electoral del Frente Amplio en 2017, obteniendo un 20% en las presidenciales, y ganando 20 diputados y 1 senador, parecía indicar el fin de su etiqueta como grupo “estudiantil”. Parte importante del electorado expresaba entonces su anhelo de terminar con la política concertacionista, la lógica de los acuerdos y las cocinas parlamentarias.

En el despertar chileno, uno de los momentos más álgidos de la lucha de clases que se haya visto en Chile, lamentablemente las “posiciones” de la dirección del Frente Amplio han sido en realidad un punto de apoyo para salvar al régimen, y no una posición de los explotados para irradiar su energía a escala nacional y aumentar la confianza en sus propias fuerzas. El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución fue una vil maniobra de la clase dominante, que el Frente Amplio pensaba utilizar en su beneficio. Dado el carácter espontáneo e inorgánico del movimiento, el Frente Amplio caracterizaba que debía apresurarse una salida institucional y mostrarse como actores “responsables”, que los proyectase como alternativa de gobierno en uno o dos períodos más. 

Los pilares del sistema.

A pesar de los límites dados por la dirección de las organizaciones estudiantiles, de los desvíos reformistas en el parlamento, y la violenta represión, el movimiento estudiantil logró poner sus demandas al centro del escenario político nacional durante varios años. Los estudiantes acumularon una rica experiencia  ante los ojos de todo el país y se abre un ciclo de cuestionamiento a los pilares del modelo de libre mercado implantado durante la dictadura de Pinochet y su constitución antidemocrática.

Las pensiones miserables que otorga el sistema privatizado de pensiones, son mencionadas como el problema principal de Chile en el presente. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), es un mecanismo de ahorro obligatorio del 10% del salario a través de empresas privadas. Fue un sistema ideado en 1980 por el ministro del Trabajo José Piñera, hermano del actual presidente Sebastián Piñera. Numerosos ministros de la dictadura, y también políticos de la Concertación, han formado parte de los directorios de las AFP. José Piñera también diseñó la legislación laboral, que acaba con la negociación por rama  e impone una normativa antisindical. Además, como Ministro de Minería, permite la concesión plena a privados, que da lugar a la “desnacionalización” del cobre, legislación que posteriormente se extiende a otras empresas estatales. Esto es parte de un esquema de “modernización” profunda del sistema económico, llevado a cabo en dictadura y profundizado durante la transición. Son los pilares ideológicos y económicos del sistema.

Las AFP han tenido una alta rentabilidad de 8% promedio anual, y el valor del fondo de ahorro asciende hasta los US$200.000 millones. Las AFP privatizan las ganancias y socializan las pérdidas, entregando pensiones de hambre. A diciembre de 2018, la mitad de las pensiones por vejez son menores a 151 mil pesos. Para hacernos una mejor idea, un 75% de las pensiones son por debajo del salario mínimo (301 mil pesos). Y un 44% por debajo de la línea de la pobreza. Tal como en el mercado laboral, este sistema discrimina a las mujeres. Sin embargo, las fuerzas armadas se mantuvieron en el antiguo sistema de seguridad social, en la forma de Cajas Previsionales (CAPREDENA y DIPRECA), es decir un sistema de reparto. Reciben en promedio aproximadamente 1 millón de pesos en pensiones, y Oficiales reciben en promedio 2 millones de pesos.  La Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más AFP, viene hace años realizando convocatorias multitudinarias, notablemente en 2017 unas 2 millones de personas se manifestaron pacíficamente en todo Chile. Se propone acabar con las AFP, y dar lugar a un sistema de reparto solidario y de administración pública. Según la encuesta Pulso Ciudadano, en octubre, noviembre y diciembre de 2019, los meses más álgidos desde el estallido, las Pensiones lideran la tabla como la mayor preocupación. Le siguen Salud y Desigualdad. 

Otras partes escandalosas de las legislaciones emanadas en dictadura se encuentra en el Código de Aguas del año 1981. Resulta hoy en día una normativa muy discutida, donde la cesión de derechos gratuitos, transferibles y a perpetuidad, sin necesidad de justificación de usos y separado legalmente de la tierra, ha hecho del agua una mercancía transable. El artículo 19 N° 24 de la Constitución de 1980 indica que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Convirtiendo efectivamente el agua en propiedad privada en vez de un bien público. El 8 de enero de 2020 se rechazó en el Senado la reforma constitucional que buscaba garantizar el acceso al agua como un bien público, regulando que las concesiones sean temporales y con fines específicos. La reforma tuvo 12 votos de la derecha en contra, frente a 24 a favor (se necesitaban 29 votos para aprobación). El polémico quórum de ⅔ permite a la derecha salvaguardar los intereses de los ricos aún votando en minoría. 

El sector agrícola es el mayor consumidor de los aprovechamientos de aguas consuntivos en Chile (entendido como el aprovechamiento total del agua, sin necesidad de devolverla al medio desde donde ha sido capturada), cerca del 75% del uso total. Como muchas otras regiones del globo, Chile vive una crisis hídrica. Por ejemplo, de especial preocupación, es la comunidad de Petorca en la región de Valparaíso. Aproximadamente 20.000 toneladas de paltas son exportadas anualmente desde ésta región al Reino Unido. Se estima que para producir un kilo de palta son necesarios al menos 1.000 litros de agua. El descubrimiento de 65 tuberías ilegales por la Dirección General de Aguas (DGA, 2011) encendió las alarmas de toda una población que acusa la usurpación de aguas subterráneas. La provincia de Petorca debe convivir no sólo con la sequía por causas climáticas, como la falta de precipitaciones que afecta la región hace años, sino además una situación de escasez hídrica debida a la apropiación ilegal de agua por parte de la gran agroindustria.

Otra legislación de la dictadura que beneficia la concentración del poder de los ricos, tiene relación con la industria forestal. En 1974 el D.L. Nº701, Ley de Fomento Forestal, entrega subsidios a empresas forestales para cubrir entre 75% y 90% de los costos de administración, manejo y plantación forestal. Los grupos Matte y Angelini, han sido los principales beneficiarios. Al mismo tiempo, en las empresas de estos grupos se capitalizan inversiones de las AFP. Han desbaratado las empresas estatales, y se les han dado subsidios. Como si fuera poco, la empresa CMPC del grupo Matte, se coludió por más de 10 años para controlar los precios del papel higiénico y otros derivados. Los grandes grupos económicos de Chile hacen un verdadero “saqueo” de la naturaleza y del trabajo humano.

Hoy latifundistas se alían con empresas forestales, hidroeléctricas y mineras, para aterrorizar al pueblo-nación mapuche. Junto a un tramado de jueces racistas, carabineros y la derecha más rancia, han establecido un bastión reaccionario en la Araucanía. Al mismo tiempo la región tiene los más altos índices de pobreza a nivel nacional. El D.L. Nº701 además permitió una “contrarreforma” agraria que restituye a la oligarquía las tierras recuperadas por chilenos y comunidades mapuche. Actualmente los grupos Matte y Angelini concentran alrededor de 1 700 000 hectáreas, mientras la totalidad de las comunidades mapuche ocupan 400 000 ha. En el último censo abreviado del 2017, 1 745 147 personas se identificaron como Mapuche, correspondiente al 10% de la población. 

 El pueblo-nación mapuche reivindica su territorio ancestral, el Wallmapu, que comprende al menos 10 millones de hectáreas. Estas tierras se les reconocieron en tratados con los españoles, producto de la resistencia militar mapuche. Posteriormente han sido sucesivamente usurpadas por los estados chileno y argentino al servicio de las oligarquías terratenientes criollas. El pueblo mapuche ha existido por más de mil años con una continuidad de prácticas, organización, formas de pensamiento y lengua propia (el mapuzungun). La diversidad de sus expresiones en un variado territorio, reafirman su característica principal, una sociedad en relación dinámica y estrecha con el medio natural. Así, la presencia milenaria del Wallmapu se encuentra presente en la conciencia colectiva mapuche, que reclaman entonces su derecho a la autodeterminación. (Escucha Winka).

La coyuntura de los “500” años en 1992, dio lugar a un debate importante en las organizaciones mapuche. Se crea el Consejo de Todas las Tierras, que se distancia del camino institucional de la mayor parte de las organizaciones que siguen la política de la Concertación en lo que será la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). La pobreza de las comunidades que contrasta con el negocio de las forestales, el impulso de jóvenes dirigentes, y la influencia de otros movimientos indígenas como el levantamiento zapatista, abren un ciclo de movilizaciones en 1997. Sobretodo ante la incapacidad de la ley indígena y la Conadi de asegurar el acceso a recursos básicos, como el agua y la tierra, fundamentales para la continuidad de la cultura mapuche. Nace lo que se conoce como “conflicto mapuche”, donde comunidades reclaman contra proyectos hidroeléctricos, contra las forestales y por la restitución de sus tierras ancestrales. En este proceso va tomando forma un proyecto de autonomía y reconstrucción nacional mapuche. En 2002 en el gobierno de Ricardo Lagos, se aplica por primera vez en “democracia” la Ley Antiterrorista , contra dirigentes mapuche, ley creada en 1984 durante la dictadura. Desde entonces se ha aplicado reiteradamente por acciones en demanda por la tierra y derechos indígenas, que observadores internacionales han explicado no constituyen delitos terroristas. Decenas de mapuche, muchos muy jóvenes, han sido asesinados por carabineros y colonos. En todos los casos con obstaculización de las investigaciones, que resultan en impunidad. 

La militarización que Chile ha vivido durante el estado de emergencia, y la represión violenta de carabineros, es una realidad que las comunidades mapuche han enfrentado por años. Su resistencia ha sido ejemplar para el pueblo chileno que hoy levanta la bandera mapuche, porque en esta idea se ofrece un mundo diferente a los valores superficiales del sistema capitalista. Desde el estallido de la revolución, millones de personas se identifican con los históricamente oprimidos y su espíritu guerrero, no con el cuento de una clase media “emprendedora”. Debe llevarse hasta el final la lucha del pueblo-nación mapuche, expulsando a las forestales y todas las empresas que han abusado por décadas

La necesidad de las Asambleas para pasar a la ofensiva

La constitución del 80, es una expresión del poder que concentra la élite corrupta de empresarios. Las bases ideológicas, legales, y económicas del poder del sistema financiero y los grupos económicos en Chile, fueron establecidas como consecuencia de la derrota histórica de la clase obrera el 11 de septiembre de 1973. Es en la lucha de clases donde se encuentra la verdadera relación de fuerzas, para saber quien gobierna. Para resolver la contradicción fundamental que enfrenta a los dueños de Chile y la mayoría trabajadora, lamentablemente no existen atajos. Quizás puede ignorarse este hecho un tiempo, y dejar que políticos profesionales se arreglen por décadas dentro de este sistema. Pero en algún momento se tienen que abrir los ojos.

La revolución en Chile será un largo proceso, pero lo cierto es que el proceso ya ha empezado. La mitad de la población no se identifica con ninguna coalición política. El presidente tiene menos de 10% de aprobación, cercano ya al error estadístico, y el más nivel más bajo de la historia de Chile. En medio de la crisis de representatividad desde el 18 de octubre han brotado las Asambleas Territoriales y los Cabildos auto-convocados. Su grado de organización y preparación es variado, pero en el momento álgido de la movilización representaban, de manera embrionaria, o tenían el potencial para convertirse en organismos de poder obrero. Además de esto se empezaron a organizar también organismos de autodefensa de masas. La juventud valiente de la Primera Línea, las Comisiones de Seguridad y Resguardo. Lo que faltó en ese momento fue una dirección revolucionaria a la altura de la situación. La disputa era por el poder: ¿quien gobierna, Piñera y las instituciones burguesas oficiales, o el pueblo movilizado en las calles?. Esa era la cuestión que estaba planteada. Para resolverla a favor de la clase trabajadora era necesario avanzar en la coordinación de Asambleas y Cabildos ya existentes para que se convirtieran en un poder alternativo que se planteara barrer con el régimen burgués. 

Sin embargo, incluso partidos de “izquierda” como el PS o la mayoría del Frente Amplio, apostaron por un Acuerdo pactado por arriba el 15 de noviembre, para desmovilizar esta energía creadora en las calles y asambleas. La consigna de la Asamblea Constituyente jugó en este contexto un papel negativo. El régimen se la apropió como una manera de tratar de encauzar el levantamiento revolucionario hacia los canales seguros del constitucionalismo burgués, y aún este, de forma muy limitada. En realidad de lo que se trataba no era tanto, o no solamente, cambiar la constitución, sino barrer todo el régimen. Lo que se requería no era una Asamblea Constituyente, sino una Asamblea Popular Revolucionaria y un Gobierno de los Trabajadores. 

Pero no sólo esto, sino que también la dirigencia de Unidad Social y el Partido Comunista, que correctamente rechazó el Acuerdo por la Paz, han siempre dirigido sus demandas al gobierno. En vez de exigir la renuncia de Piñera, como piden millones en las calles, siempre miraron en dirección a una salida institucional. No tienen ninguna confianza en la capacidad ni la inteligencia de la clase trabajadora. Y en esto han dado un respiro vital al régimen de conjunto. Han encajonado el debate nacional en argumentos mezquinos, propios de los  partidos desacreditados, las maquinarias electorales y la aritmética parlamentaria. Los políticos “responsables” corren a denunciar la violencia de las manifestaciones, mientras hay miles de prisioneros, muertos y heridos producto de la represión.

Qué diferente sería si en vez de dialogar con el régimen en crisis, se hubiera convocado una gran Asamblea Nacional del Pueblo Trabajador, preparada minuciosamente en todas las asambleas territoriales, organismos auto-convocados y sindicatos. Con delegados electos por las bases y revocables en todo momento. Que se discuta a la más grande escala, sobre todos los temas de este despertar chileno. Sobre el salario y las pensiones que no alcanzan, sobre la educación gratuita. Inundar el debate nacional de ideas sobre proyectos educativos y deportes, sobre un seguro nacional de salud, y el bienestar de la niñez y los adultos mayores. Debatir ideas para combatir la cultura machista y abordar un plan para frenar los femicidios. Debates de arte, cultura y ciencia, que estén a la altura de las inquietudes de esta juventud. Compartir las experiencias de autoorganización, de autodefensa y seguridad. Y un largo etcétera. Esto con la mayor libertad de debate de todas las tendencias políticas que simpatizan con la revolución. 

Pero en vez de esto, los partidos del régimen nos quieren hablando de paz, de la carrera presidencial, de paridad, todo para encauzar el movimiento dentro del sistema, sus instituciones y la normalidad podrida que nos tenían acostumbrados.

A veces da la impresión que algunos plantean las Asambleas Territoriales como organismos defensivos, una especie de conversatorios donde ventilarse y preparar un repliegue. En realidad, es clave que estos organismos puedan concebirse como un punto de apoyo, como una estructura de lucha, para lanzar una gran ofensiva y derrotar los límites impuestos por la “cocina constituyente”. Marzo será un mes de actividad febril en todos los frentes. Todas las fuerzas deben apuntar hacia una gran huelga general el 8 de Marzo que coloque a la clase trabajadora al frente.

Pero incluso en medio de la vorágine febril de la actividad y la lucha, de combatir la represión y avanzar en las reivindicaciones, es necesario, crucial, encontrar el tiempo necesario para discutir y reflexionar, para armarnos políticamente. Tenemos que entender el carácter profundo del estallido del 18 de octubre, que cuestiona en realidad los cimientos mismos del régimen burgués construido en Chile desde la transición. El movimiento podía haber ido mucho más allá, pero faltó una dirección revolucionaria. Una corriente que apuntara a la necesidad de extender, fortalecer y coordinar todas las experiencias de organización de la clase obrera y la juventud. Que planteara que la única manera de resolver las demandas más sentidas del movimiento (pensiones, salario, salud, educación) era mediante el derrocamiento del régimen, la expropiación de los capitalistas y las multinacionales y que gobernaran los trabajadores. Construir esa corriente marxista es tarea urgente para garantizar la victoria final de nuestra clase.