El estado de excepción enfurece a los trabajadores peruanos

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El martes pasado Alejandro Toledo, presidente de Perú, declaró el estado de excepción durante 30 días y dejó la seguridad interna en manos del ejército en doce provincias del país. Es la segunda vez en menos de un año que recurre a esta medida.El gobierno peruano no tiene otra respuesta a la creciente tensión social que existe en el país. Durante las últimas dos semanas se ha extendido por todo el Perú una oleada de huelgas en las que cada vez participaban más y más trabajadores. Durante la campaña electoral del 2001, Toledo prometió demagógicamente que si llegaba al poder duplicaría los salarios de los trabajadores. También prometió que nunca vendería las empresas públicas, prometió empleos, prosperidad y el regreso a la “verdadera democracia» El martes pasado Alejandro Toledo, presidente de Perú, declaró el estado de excepción durante treinta días y dejó la seguridad interna en manos del ejército en doce provincias del país. Es la segunda vez en menos de un año que recurre a esta medida. El gobierno peruano no tiene otra respuesta a la creciente tensión social que existe en el país. Durante las últimas dos semanas se ha extendido por todo el Perú una oleada de huelgas en las que cada vez participaban más y más trabajadores. Durante la campaña electoral del 2001, Toledo prometió demagógicamente que si llegaba al poder duplicaría los salarios de los trabajadores. También prometió que nunca vendería las empresas públicas, prometió empleos, prosperidad y el regreso a la “verdadera democracia”.

Basándose en esta demagogia populista pudo llegar al poder, después de que un movimiento de masas hubiera derrocado al gobierno bonapartista antiobrero de Fujimori. Los trabajadores de Perú hace dos años rechazaron la herencia de Fujimori y votaron a favor de lo que veían como una fuerza que se oponía a las privatizaciones y defendía los niveles de vida de los trabajadores. En su lugar, han hecho exactamente lo contrario. Realmente no es una sorpresa para todo aquel que conozca los antecedentes de Toledo. ¡Es un antiguo asesor del Banco Mundial formado en EEUU! Es como si se pusiera al lobo al cuidado de las ovejas.

En julio del año pasado en el sur —Arequipa— estallaron violentas protestas callejeras. Iban dirigidas contra los planes de privatización de las dos empresas eléctricas estatales de esa región. Toledo respondió imponiendo treinta días de estado de excepción. En esa ocasión se trataba de una lucha localizada, después se fue extendiendo a otros sectores de los trabajadores. En concreto, los docentes han estado protagonizando luchas diarias por todo el país. Su protesta se extendió a otros sindicatos.

La huelga de docentes

Los docentes, organizados en el sindicato SUTEP, llevaban en huelgas dos semanas antes de la declaración del estado de excepción, exigían un aumento salarial de 60 dólares hasta alcanzar un salario mensual medio de 200 dólares, el lunes 26 de mayo los campesinos de diferentes zonas del país también se unieron a la huelga. Como parte de estas protestas, los trabajadores agrícolas organizaron 35 cortes de carreteras en la Autopista Panamericana. El martes 27 de mayo la huelga se extendió a ocho hospitales y a miles de centros de salud, implicando a 35.000 médicos y enfermeras que piden aumentos salariales. Los trabajadores judiciales también llevan diez días en huelga. El objetivo del estado de excepción es eliminar los bloqueos de carreteras, detener las huelgas en el sector agrícola y reabrir las escuelas. El Secretario de Educación, Gerardo Ayzanoa, inmediatamente declaró ilegal la huelga de profesores.

Lo más interesante es que entre las prioridades de Toledo estaba la protección de “la inversión privada y pública en el país”. Declaró que se debían proteger los derechos de la población, incluido el “derecho a trabajar”, ignorando por supuesto que con la implantación del estado de excepción ignora uno de los derechos democráticos fundamentales, ¡el derecho a huelga!
El estado de excepción significa que el presidente tiene poderes para suspender o limitar la libertad individual. El ejército tendrá el poder para entrar en la casa de cualquier persona y también puede suspender o limitar el derecho de reunión. Estos, de facto, son poderes dictatoriales. También resulta interesante que el presidente convocara a los empresarios y propietarios de los medios de comunicación (periódicos y canales de televisión) para discutir la situación y qué medidas tomar.

Los empresarios apoyan plenamente las medidas. Por supuesto. Lo que está en juego son sus intereses. Según el canciller, Allan Wagner Tizon, “los inversores y la comunidad internacional” (un eufemismo para nombrar al FMI, el Banco Mundial y las principales potencias imperialistas, sobre todo EEUU) valoran a los países donde el gobierno tiene autoridad y es capaz de mantener el orden.

La asociación de exportadores, ADEX, ha intentado distinguir entre los trabajadores de la bases que están protestando y los “líderes reales”. Han apelado a estos últimos para que “entren en razón” y comiencen a dialogar con el gobierno. Obviamente, intentan dividir el movimiento presionando a los dirigentes para que levanten la huelga. Pero la situación tiene una lógica propia.

Un movimiento como este no se puede detener con estas medidas. Por eso ahora el estado enseña los dientes. Los trabajadores en estas condiciones aprenden rápidamente. Las ilusiones en los medios de comunicación, el sistema educativo o en la iglesia, desaparecen rápida y repentinamente. Como decía un profesor en Lima: “Esto no es una democracia. Envían a los soldados cuando no pueden controlar la situación”.

Aquí tenemos el desenmascaramiento del estado de una forma clásica. En épocas normales el sistema legal, el ejército, la policía, los medios de comunicación, todos pretenden ser imparciales y se sitúan por encima de los conflictos de clase. La realidad es que trabajan constantemente para mantener el gobierno de los ricos. Cuando se enfrentan a un movimiento de masas ascendente la mascara desaparece. Es una cuestión seria. El movimiento se está convirtiendo en algo tan poderoso que toda la clase dominante peruana y los imperialistas están asustados. Todo está patas arriba. La policía y el ejército tienen la orden de defender los derechos de la “mayoría”. ¡Qué concepto tan extraño tienen del significado de la palabra “mayoría”! La mayoría real de los peruanos —trabajadores, campesinos, pobres, estudiantes— se oponen totalmente a la política del gobierno.

El colapso de la popularidad de Toledo

Las masas están aprendiendo lecciones importantes a través de la dura escuela de la experiencia. Primero llegó el desastre de Fujimori. Después ha llegado el desastre de Toledo. Paradójicamente, la economía de Perú el año pasado creció un 5,2%, la tasa más alta de América Latina. Pero el crecimiento no ha beneficiado a la clase obrera peruana. Los pobres son más pobres. Incluso el propio Toledo, mientras derrama lágrimas de cocodrilo, admitió que su gobierno no ha sido capaz de reducir la pobreza y que el número de pobres ha crecido “a pesar” de su política económica.

Ahora, veintidós meses después de su llegada al poder, Toledo ha perdido mucho apoyo. Una encuesta reciente demostraba que sólo el 14% de la población lo apoya, por lo tanto es una audacia decir que habla en nombre de la “mayoría”. La verdadera mayoría está en huelga, bloqueando carreteras y apoyando las protestas. Al mismo tiempo que ordena a los trabajadores en huelga que regresen al trabajo, de repente el gobierno ha decidido aumentar los salarios de la policía y ha añadido esto a sus propuestas presupuestarias que debe aprobar el parlamento peruano. Eso demuestra su preocupación. Necesitan tener el apoyo de la policía. Un movimiento como el que se está desarrollando en Perú puede ser contagioso y puede tener un impacto en las filas de la policía. Después de todo, la mayoría de los agentes pertenece a la misma clase que ahora está protestando por los bajos salarios.

Toledo pensaba que con sólo declarar el estado de excepción podría conseguir que todo regresase a la “normalidad”. Incluso añadió que si estas medidas consiguen “convencer” a la población y que ésta detenga su protesta, entonces podría ser magnánimo y aplicar las medidas de emergencia sólo durante 15 o 20 días. Eso significa que si los trabajadores, voluntariamente, aceptan vivir en la pobreza sin protestar, entonces no serán necesarias las medidas de emergencia. Es como decir: “si te suicidás no tendremos que matarte”.

Pero los trabajadores peruanos no tienen intención de suicidarse. En lugar de conseguir el “estabilidad” y el “orden” deseado, el estado de excepción sólo conseguirá provocar más malestar. El dirigente del SUTEP, Nilver López, ha anunciado que la huelga estatal de docentes continuará y acusó al gobierno de declarar la “guerra” a los 280.000 profesores que están en huelga. El gobierno además estacionó un destacamento del ejército ante la sede de la CGT (Confederación General de Trabajadores de Perú), la principal federación sindical del país.

Por todo el país los trabajadores se han negado a obedecer. Están dispuestos a desafiar al gobierno. Los enfrentamientos con la policía y el ejército se están. En Pativlica los trabajadores agrícolas en huelga y los pequeños campesinos se han enfrentado con la policía y algunos han resultado heridos. En Huanuco los docentes se han enfrentado a la policía que respondió con gas lacrimógeno. Arrestaron a algunos profesores. El ejército ha tomado todos los puentes que conducen a Lima y Tingo María. En la ciudad de Trujillo, una vez más, miles de docentes se enfrentaron con la policía.

En Chiclayo, 8.000 profesores, militantes del SUTEP, se enfrentaron con la policía y ésta respondió con gas lacrimógeno para dispersar la manifestación. Pero en lugar de huir, los docentes se volvieron contra la policía arrojando piedras y el centro de la ciudad parecía un campo de batalla. Arrestaron a cinco profesores y dirigentes sindicales. Miles de docentes se enfrentaron con la policía en Huaraz, Chimbote, Pucallpa y Cajamarca. Al menos hubo ocho heridos y treinta arrestados.

En Pucallpa, 7.000 docentes se manifestaron para apoyar la huelga organizada por el Frente de Lucha de los Intereses de Ucayali. Los manifestantes exigían la reducción del precio del combustible y el gas, y un cambio de la Ley Forestal. Fueron arrestadas más de cuarenta personas. Los trabajadores agrícolas también se negaron a respetar el estado de excepción y están organizando una marcha de tractores para ocupar los principales centros de la ciudad. Los trabajadores de los juzgados han reaccionado de una manera similar. Cientos de trabajadores se han concentrado frente al Palacio de Justicia. La policía les ordenó dispersarse pero respondieron levantando barricadas dentro del edificio hasta que la policía aceptó retirar sus fuerzas.
Desafortunadamente, el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de Lima declaró que continuarían con una huelga indefinida sin organizar marchas de protesta por el país. Esto es un intento de presentarse ante las autoridades como “moderados”, pero eso no va a detener a la policía y el ejército. Es necesaria una actitud militante y extender el movimiento para incluir a todos los sectores y transformarlo en una huelga general.

Divisiones por arriba

Frente a esta reacción de los trabajadores en huelga, el líder de la oposición, el APRA, y ex – presidente, Alan García, ha intentado distanciarse de las medidas del gobierno. Ha pedido al gobierno que comience a “dialogar” con los dirigentes del sindicato docente, con los trabajadores agrícolas y los demás huelguistas. El secretario general del APRA, Jorge Castillo, dijo que estas medidas sólo conseguirían el efecto contrario, es decir, una respuesta más militante de los trabajadores. El APRA está intentado jugar el papel de apaciguador. Sus dirigentes han declarado que es un error bloquear carreteras y ocupar edificios públicos o privados. No apoyan el movimiento de los trabajadores, sólo están preocupados por los métodos del gobierno que pueden provocar una situación más peligrosa para la clase dominante peruana.

Esto demuestra que hay escisiones por arriba. La clase dominante está dividida en relación a la forma de actuar. Toledo ha optado por la mano dura. Esperaba que con estas medidas podría controlar a los trabajadores, pero como ocurre muchas veces en la historia, el intento de endurecer la postura frente a un movimiento en ascenso puede tener el efecto contrario. Puede galvanizar el movimiento e impulsarlo hacia adelante. Marx señaló hace mucho tiempo que la revolución a veces necesita el azote de la contrarrevolución. Eso es lo que ahora está ocurriendo en Perú.

La situación que ahora se está desarrollando en Perú es una confirmación del potencial revolucionario que existe en todo el subcontinente latinoamericano. Hemos tenido el movimiento argentino en diciembre del 2001. Antes tuvimos la situación en Ecuador en el año 2000, cuando los trabajadores y los campesinos podrían haber tomado fácilmente el poder. Después los acontecimientos en Venezuela, donde un movimiento de masas derrotó un golpe de estado que podía haber tomado el poder con el apoyo de la administración estadounidense. La reacción ha sido derrotada en Venezuela. Tuvimos los acontecimientos de Bolivia. Y se está desarrollando una lucha guerrillera en Colombia, acompañada por importantes movimientos huelguísticos.

La revolución latinoamericana

En todos los países de América Latina la revolución está en el orden del día. Perú es una confirmación de esta situación. El viejo topo revolucionario está recorriendo cada uno de los países de América Latina.

Lo que falta no es el fervor revolucionario de las masas. Está suficientemente claro que las masas están buscando una salida revolucionaria a la crisis terrible que están padeciendo. Hace falta una verdadera dirección revolucionaria. En Perú algunos dirigentes sindicales dicen que esta oleada de luchas no tiene la intención de derrocar al gobierno. El sindicato de profesores está encabezando una lucha muy militante, pero su dirección es incapaz de comprender sus tareas. Nilver López, su dirigente, ha declarado que nunca ha tenido la intención de desestabilizar al gobierno. Cree que la lucha se puede mantener dentro de los límites tradicionales de la simple lucha “sindical”. El problema es que los capitalistas no lo ven así. Están dispuestos a utilizar al ejército y la policía para obligar a los trabajadores a regresar al trabajo. No es una lucha sindical normal. En Perú está sobre la mesa la cuestión del poder.

Hay que generalizar el movimiento para convertirlo en una huelga general y a partir de ahí emprender la tarea de luchar por un verdadero gobierno de los trabajadores. Hay que formar comités de acción en cada fábrica, oficina, escuela y barriada. Hay que organizar asambleas de trabajadores para discutir un plan de acción. Los campesinos deben luchar junto con los trabajadores de las ciudades. Si los trabajadores, los campesinos y los trabajadores agrícolas se unieran, representarían a la aplastante mayoría del país. Sería una fuerza invencible. Sólo falta una dirección.

Todos los trabajadores y jóvenes deben preguntarse: ¿dónde estamos? ¿Qué debemos hacer? La respuesta es unir en un partido de la clase obrera a la capa más avanzada de los activistas sindicales y de los activistas juveniles, y basarse en el programa revolucionario del marxismo.

Los problemas de los trabajadores peruanos no se pueden resolver intentando llegar a un acuerdo con Toledo o cualquier otro que lo sustituya. La respuesta está en la expropiación de los capitalistas. Nacionalizar sus empresas. Ponerlas bajo el control de los trabajadores y elaborar un plan de producción de acuerdo con las necesidades de los trabajadores. Esa es la única salida. Por supuesto, se debe de hacer en coordinación con los trabajadores de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, etc., En todos estos países las condiciones para la revolución han madurado o están madurando. Una revolución triunfante en un país, como Perú, provocaría llamas en todo el continente y ninguna fuerza sobre la tierra podría detenerla.