El conflicto entre Venezuela y Colombia por el secuestro de Rodrigo Granda

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La disputa entre Venezuela y Colombia debida al secuestro de un líder de las FARC en Caracas continúa y amenaza con involucrar a otros países de América Latina. Cada vez se hace más claro que este incidente es parte de una renovada ofensiva de Washington contra la Revolución Bolivariana en Venezuela.

Una nueva ofensiva de los EEUU contra la Revolución Bolivariana

La disputa entre Venezuela y Colombia debida al secuestro de un líder de las FARC en Caracas continúa y amenaza con involucrar a otros países de América Latina. Cada vez se hace más claro que este incidente es parte de una renovada ofensiva de Washington contra la Revolución Bolivariana en Venezuela.

Los eventos se remontan al 13 de Diciembre pasado cuando Rodrigo Granda, conocido como el “Canciller de las FARC”, fue secuestrado en el centro de Caracas, mientras era entrevistado por el periodista colombiano Omar González. El secuestro se llevó a cabo a plena luz del día, a eso de las 4:00 pm, cerca de la estación de subte de Bellas Artes y no muy lejos del Hotel Milton. Granda fue colocado en baúl de un vehículo rústico 4×4 y conducido así en un viaje de 14 horas a Cúcuta, Colombia. De acuerdo al mismo Granda, algunos de los hombres que lo apresaron se identificaron como agentes de la DISIP, mientras que otros tenían un acento paisa colombiano. Los secuestradores, viajando en cuatro vehículos con vidrios ahumados, cruzaron 7 estados venezolanos y debieron haber pasado por unos 14 puestos policiales y militares.

El 14 de Diciembre, las autoridades colombianas anunciaron la captura de Granda. Desde entonces hubo versiones contradictorias sobre el suceso. Algunos oficiales de la policía dijeron que había sido capturado el 13 cuando intentaba registrarse en un hotel en Cúcuta, mientras otros decían que había sido capturado en la calle, pero todos coincidían que había sido detenido el día 13 de Diciembre.

Inmediatamente después del anuncio, esta versión oficial fue cuestionada. Un artículo publicado el 15 de Diciembre en el periódico colombiano El Tiempo ya especulaba que Granda había sido capturado en Caracas y no en Cúcuta. El día 22, el editor del periódico de izquierda colombiano Voz, Carlos Lozano, escribió un artículo en el que daba detalles muy precisos de las circunstancias del secuestro de Granda en Caracas y El Tiempo citaba a fuentes anónimas de “inteligencia” confirmando los eventos.

A pesar de la creciente evidencia, no hubo una respuesta oficial de parte del gobierno venezolano sino hasta el 28 de Diciembre, cuando el Ministro del Interior Jesse Chacón anunció que se había abierto una investigación sobre este caso. Dos semanas es bastante tiempo para que el gobierno venezolano permaneciera callado respecto a un caso tan grave como éste, y eso llevó a intelectuales y otros simpatizantes de la revolución venezolana a pedir públicamente al Gobierno Bolivariano que se abriera una investigación.

Luego, en enero, se precipitaron los eventos. El día 5 el Ministro del Interior Jesse Chacón admitió que alguien había sido secuestrado en Caracas el 13 de Diciembre y que los cuerpos policiales estaban investigando la participación de policías venezolanos y colombianos en el caso y si la persona secuestrada era Granda. El día 9 el presidente Chávez declaró que “la policía colombiana le miente al presidente Uribe” y que Granda había sido secuestrado en Caracas. Parlamentarios de oposición en Colombia dijeron que el gobierno colombiano habría pagado hasta dos millones de dólares por la captura de Granda. Finalmente, el día 12, el Ministro de Defensa colombiano, Jorge Uribe, admitió que le habían pagado a unos caza recompensas “por información que había permitido” la captura de Granda.

Al día siguiente, varios agentes de la Guardia Nacional de Venezuela fueron arrestados en relación a este caso. Entre estos se encontraban un Teniente Coronel y un Capitán, todos ellos del GAE de la GN en el fronterizo estado de Táchira. Tres miembros de las fuerzas armadas venezolanas, un oficial de alto rango y dos de rango menor, también fueron arrestados. Jesse Chacón declaró que estos agentes habían llevado a cabo la operación junto a la policía colombiana, específicamente bajo las órdenes del Capitán Francisco Antonio Rojas Bejarano, del GAULA de la policía colombiana en Cúcuta, que irónicamente se especializa en operaciones antisecuestro. Chacón agregó que los 4 agentes de la Dirección de Policía Judicial colombiana (DIGIN), que habían sido capturados el 9 de diciembre en el estado Aragua, estaban originalmente involucrados en la operación.

Estos agentes de la DIGIN habían sido posteriormente liberados el 22 de diciembre y enviados nuevamente a Colombia. En esos momentos, el diario colombiano El Tiempo citaba “fuentes de inteligencia” diciendo que éstos agentes habían participado en el arresto de Granda. Sin embargo, las autoridades venezolanas aceptaron la versión de las autoridades colombianas de que éstos estaban participando en operaciones antiextorsión y antinarcóticos y los liberaron.

A pesar del hecho que el gobierno colombiano aún niega que alguno de sus oficiales de policía haya violado la soberanía venezolana, Jesse Chacón explicó en detalle que habían identificado un operativo policial colombiano que estaba en Caracas en esos días y que había efectuado una gran cantidad de llamadas a Colombia los días 13 y 14 de diciembre. Esto implica que las autoridades colombianas no sólo le pagaron a alguien por “información” como aducen, sino que participaron directamente en la coordinación de toda la operación.

El pasado 14 de Enero, el presidente Chávez anunció que la soberanía nacional venezolana había sido violada y demandó una disculpa de parte del presidente colombiano Uribe. Más aún, suspendió todos los acuerdos comerciales y económicos con Colombia, incluyendo la propuesta de un oleoducto y anunció el retiro del embajador venezolano en Bogotá. A pesar de ello, Chávez le dejó una puerta abierta a Uribe al decir que estaba convencido de que él no estaba al tanto de los eventos.

La respuesta colombiana, emanada el mismo día, insistía en que la Policía Colombiana no había violado la soberanía venezolana y le echó la culpa a Venezuela diciendo que la ONU estaba en contra de los países que “dan cobijo a terroristas”, y que Granda había participado abiertamente en el Congreso Bolivariano de los Pueblos en Caracas la semana anterior a su arresto.

Esta era una clara provocación, diseñada, una vez más, para usar el alegato de que Venezuela apoya la guerrilla de las FARC para así aislarla diplomáticamente y preparar nuevas provocaciones contra la Revolución Bolivariana. De hecho, las autoridades colombianas fueron tan torpes que la solicitud a INTERPOL sobre Granda no fue hecha sino hasta el 9 de Enero, casi un mes después de su arresto.

Los EEUU, a través de su embajador en Colombia, obviamente fueron veloces en correr para brindarle apoyo al gobierno colombiano.

Diplomacia y políticas revolucionarias

¿Qué significan estos eventos? Primero que nada debemos dejar claro que rechazamos rotundamente el secuestro de activistas revolucionarios. A pesar de nuestro desacuerdo con los métodos y estrategia de las FARC, el secuestro de Granda en Caracas es un retroceso a los tiempos de la Operación Cóndor, en los ‘70s, cuando los regímenes dictatoriales en América Latina colaboraban en el secuestro de activistas de oposición en otros países.

También debemos criticar la lentitud con la que el gobierno venezolano ha respondido a estos acontecimientos. Les tomó dos semanas dar una declaración oficial, mientras los medios colombianos ya citaban fuentes de inteligencia que confirmaban que Granda había sido secuestrado en Caracas. Tomaron como cierta la palabra de las autoridades colombianas en relación con los oficiales de policía arrestados en Aragua el 9 de Diciembre, cuando al mismo tiempo los medios colombianos citaban a las mismas fuentes diciendo que éstos habían participado en la operación de secuestro de Granda.

Esto trae a colación la cuestión del papel de la diplomacia internacional en la política revolucionaria. Es claro que cualquier gobierno progresista o revolucionario debe proceder con cautela, analizar en detalle el balance de las fuerzas y escoger sus batallas con sumo cuidado. Pero el punto principal es que la diplomacia debe estar siempre acompañada de una política internacional revolucionaria y la primera no debe determinar la segunda. Los compromisos pueden ser necesarios en determinado momento, particularmente cuando la relación de fuerzas no es favorable. Los bolcheviques en el poder en Rusia fueron forzados a tales compromisos. Pero éstos deben ser entendidos claramente como compromisos y explicados como tales al movimiento revolucionario. De lo contrario el riesgo es que se desoriente al movimiento revolucionario. Por un tiempo, ha habido en Venezuela cierto mal sabor dentro del movimiento bolivariano debido a las tácticas seguidas por Chávez en relación con el gobierno de Uribe.

Es importante no caer en provocaciones, pero en este caso lo que probablemente ha sucedido es que el sector moderado, reformista, de la dirigencia bolivariana levantó la mano y sugirió “prudencia” hasta que todo el asunto explotó. El problema es que al seguir semejante táctica, de permanecer callado por dos semanas, lo único que ha logrado es crear confusión, no entre los imperialistas y sus agentes en Bogota, sino entre aquellos que apoyamos la Revolución Bolivariana.

No se puede alegar ignorancia o ingenuidad, dado que no es la primera vez que sucede un incidente de este tipo. En febrero de 2001, agentes del DAS colombiano, capturaron al guerrillero del ELN, Ballestas. Igualmente, oficiales de seguridad venezolanos también habían participado en el arresto, pero poco después que las autoridades venezolanas protestaron la presencia de oficiales colombianos en Caracas, diciendo que se trataba de una violación de la soberanía nacional, soltaron a Ballestas, sólo para arrestarlo poco después bajo cargos diferentes. Luego de mucho debate, cuando las autoridades colombianas formalmente solicitaron la extradición de Ballestas, éste fue entregado.

Más recientemente, el 3 de Diciembre, las oficinas regionales del PCV en el Zulia fueron allanadas por oficiales del DAS colombiano en colaboración con oficiales de la policía zuliana y de la GN. El PCV también denunció operaciones de vigilancia contra participantes del Congreso Bolivariano de los Pueblos en Maracaibo.

En los estados fronterizos Táchira y Zulia, la actividad de los paramilitares colombianos en connivencia con elementos dentro de los cuerpos de seguridad venezolanos son conocidos desde hace tiempo.

Ahora ha habido una reacción, y fuertes protestas diplomáticas se han combinado con la masiva movilización del 23 de Enero en defensa de la soberanía nacional venezolana, además de una campaña de encuentros y discusiones. Al igual que en el caso de la infiltración de más de 1000 paracos en Venezuela hace casi un año, la provocación del gobierno colombiano debe ser respondida con movilizaciones masivas y una campaña de educación política de las masas en el movimiento revolucionario. Puede servir para radicalizar más al movimiento.

Una provocación del gobierno colombiano…

Pero debemos ser claros. Esta no es una operación improvisada por el gobierno colombiano. Primero que nada, es una clara y deliberada provocación. Y segundo, no ha sido llevada a cabo sin la participación de un modo u otro del gobierno estadounidense.

Si la intención del gobierno colombiano hubiese sido simplemente la de arrestar a Granda, hubiesen podido seguir las vías legales. Le hubiesen podido dar al gobierno venezolano toda la información que tenían sobre el y sus andadas, hubiesen podido llevar el caso a INTERPOL y tratar de ejercer presión pública sobre el gobierno de Chávez para que lo arrestase.

El hecho de que recurriesen a secuestrarlo (como hicieron con el arresto del dirigente de las FARC Simón Trinidad en Ecuador) muestra que ellos sienten que pueden usar cualquier método, legal o no, y no sólo eso, quieren probárselo al mundo. También significa que se sienten confiados en que tienen apoyo dentro de las fuerzas armadas y los servicios de seguridad venezolanos.

Esto tiene implicaciones muy serias para el movimiento revolucionario en Venezuela. Hemos explicado anteriormente que uno de los principales retos del movimiento bolivariano es la cuestión del aparato del Estado. Si bien es cierto que ha ocurrido una purga de los elementos reaccionarios más prominentes dentro del ejército y los cuerpos de seguridad, particularmente después del golpe de Abril de 2002 y del cierre patronal de Diciembre 2002, eventos como éste muestran que aún permanecen dentro de él muchísimos elementos en los que no podemos confiar. La vieja verdad de que una revolución no puede simplemente tomar el antiguo aparato del Estado y usarlo para sus propios fines, ha sido confirmada una vez más. Los oficiales de la GN y de otros cuerpos de seguridad han sido entrenados por años para defender los intereses de los capitalistas y eso ha moldeado toda su ideología. Y colocar a un puñado de personas de confianza en la dirección no puede resolver este problema. Debe haber una seria purga en todas las secciones del aparato del Estado, no sólo en los servicios de seguridad, sino también en el sistema judicial, los ministerios, etc. Un nuevo y revolucionario aparato del Estado debe ser creado, que le rinda cuenta a, y esté bajo el control del movimiento revolucionario a través de sus estructuras democráticas.

…como parte de una ofensiva norteamericana

Por otro lado, este incidente también marca un nuevo giro en la política estadounidense hacia Venezuela. Esto fue expuesto explícitamente en un artículo en el Washington Post titulado “US to speak out on Chavez policies” (EEUU debe pronunciarse sobre las políticas de Chávez). Citando a “funcionarios del gobierno de Bush” no identificados, el artículo dice que Washington adoptará “una política más severa hacia este país”. Esta estará basada en “medidas políticas y diplomáticas, en lugar de sanciones económicas que puedan afectar la economía estadounidense”. Los EEUU quieren presionar a otros países de América Latina para lanzar una ofensiva diplomática contra Venezuela. “Los Estados Unidos han estado solos en algunas de sus declaraciones defendiendo los principios de derechos humanos y democracia, y esa no es la forma en que debería ser”, dijo al Washington Post un “funcionario de alto rango de la administración Bush” no identificado. El artículo continúa: “Aunque algunos países puedan ser intimidados por la riqueza petrolera que maneja el Sr. Chávez, ‘es importante que los líderes del hemisferio evalúen [sus acciones] y le digan como comunidad, que es inaceptable’, dijo el funcionario.”

Las mismas fuentes acusaron a Chávez de “apoyar grupos radicales” de otros países en la región, tales como las FARC, y “minar los gobiernos democráticamente elegidos en estos países”.

Obviamente el Washington Post no recibe informaciones de fuentes no identificadas de la Casa Blanca así por casualidad. Esta es la administración Bush hablando y enviando una clara advertencia. ¿Y cuando fue publicado este artículo? El 14 de Enero, justamente el día en que Chávez anunciaba la suspensión de acuerdos comerciales con Colombia. En esos mismos días aparecían furiosos artículos contra Chávez en el London Financial Times y The Economist, atacándolo por sus últimas acciones en materia de reforma agraria.

En una reacción pavloviana varios gobiernos latinoamericanos, al escuchar la voz de su jefe del Norte, inmediatamente lanzaron declaraciones “ofreciendo mediar en la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela”, en lugar de declarar lo obvio: que ha ocurrido una inaceptable violación de la soberanía nacional. Ese fue el caso de Perú, México y Brasil. ¿Y qué fue lo que propuso Uribe como un camino para solucionar esta crisis diplomática? Una cumbre regional de presidentes. Todo esto sigue hasta en los más mínimos detalles la estrategia delineada por un “funcionario de alto rango de la administración Bush” como lo llama la nota del Washington Post.

Luego que los perritos han ladrado, le tocó el turno al jefe para hacer escuchar su voz. En este caso se trataba de la voz de Condoleezza Rice. En su primera audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, describió a Chávez como una “fuerza negativa” en América Latina. “Estamos preocupados por aquellos líderes elegidos democráticamente que gobiernan por medios no liberales”, dijo Rice, acusando a Chávez de interferir en los asuntos de otros países, de tomar acciones contra miembros de la oposición y sofocar a los medios independientes. “Nosotros vamos a tener que, como hemisferio que firmó la Carta Democrática, avocarnos a asegurarnos que aquellos que la firmaron, la respeten.”

Claramente hay una nueva ofensiva para aislar a Venezuela. Washington está preocupada por los efectos que está teniendo la revolución venezolana por toda América Latina. Por ejemplo, el ALCA, el proyecto económico impuesto por los EEUU para el continente, que supuestamente se iba a implementar a partir de Enero de 2005 está ahora en espera. En su lugar, los países de América Latina firmaron por su cuenta en Diciembre un acuerdo de colaboración económica. La clase dominante de América Latina es débil y dependiente de los EEUU, pero sin embargo la idea de Chávez de una alianza económica de América Latina entra directamente en conflicto con los intereses de Washington.

Otra jugada que ha preocupado enormemente a los EEUU son los tratados entre Venezuela y China en materia de exportación petrolera (véase “US unease at losing supply of Venezuelan oil” [A EEUU le preocupa perder el suministro de petróleo venezolano]). Ellos temen, con toda razón, que éste sea un intento de Venezuela por diversificar sus exportaciones petroleras (actualmente un 80% va a los EEUU).

Esto prueba que la idea, promovida por los moderados dentro de la dirigencia bolivariana, de que la victoria del referéndum del 15 de Agosto iba a desarmar al imperialismo y prevenir nuevos ataques de parte de los EEUU es completamente falsa. Nosotros habíamos advertido en su momento que las credenciales democráticas no iban a reconciliar el imperialismo estadounidense con la revolución en Venezuela. El 16 de Agosto, el día después de la victoria en el referéndum, Alan Woods indicaba en su artículo “Referéndum Revocatorio en Venezuela: Un contundente golpe a la Contrarrevolución” lo siguiente:

“Esos dirigentes del movimiento bolivariano que dicen que con la celebración del referéndum se silenciaría a los enemigos de la revolución, han demostrado ahora estar equivocados. Los enemigos internos y externos de la revolución venezolana no pueden aceptar las elecciones, los referéndums y las negociaciones. Sólo estarán satisfechos cuando la revolución sea derrotada. No reconocer esto es una gran irresponsabilidad.”

La única forma de asegurar la victoria de la Revolución Bolivariana es resolviendo los dos principales retos a los que se enfrenta actualmente: la cuestión del Estado y la cuestión de la economía (que en su gran mayoría permanece en manos de capitalistas privados, banqueros y terratenientes).

El gobierno de Chávez ha firmado recientemente un decreto para la nacionalización de Venepal y su cogestión Estado – Trabajadores. Este es un paso en la dirección correcta. Si esto se implementase en toda la economía, tendríamos una Venezuela libre de la explotación capitalista, con democracia obrera y socialismo. Se convertiría en un masivo polo de atracción para los trabajadores y campesinos de toda América Latina y más allá. Esto, y no cantidades de “inteligentes” maniobras diplomáticas, son la garantía de la supervivencia de la revolución venezolana en la arena internacional.

20 de Enero de 2005