Editorial El Militante nº 38
Con el telón de fondo del conflicto del campo, el gobierno está tratando de retomar la iniciativa política con su propuesta del “Acuerdo del Bicentenario”. Este “Acuerdo” pretendería modernizar el país, sus infraestructuras y empresas, y elevar el nivel de vida de las masas trabajadoras. “Sólo” se necesitaría, nos dicen, poner de acuerdo a empresarios y trabajadores, y ya estaría hecho. Y todos seríamos felices en el mejor de los mundos posibles.
Con el telón de fondo del conflicto del campo, el gobierno está tratando de retomar la iniciativa política con su propuesta del “Acuerdo del Bicentenario”. Este “Acuerdo” pretendería modernizar el país, sus infraestructuras y empresas, y elevar el nivel de vida de las masas trabajadoras. “Sólo” se necesitaría, nos dicen, poner de acuerdo a empresarios y trabajadores, y ya estaría hecho. Y todos seríamos felices en el mejor de los mundos posibles.
“Unidad nacional” o irreconciliabilidad entre las clases
Lamentablemente, la realidad es más compleja. Pese a los deseos de la Presidenta Cristina, los obreros y empresarios no tenemos intereses comunes, aunque hayamos nacido en el mismo país. Los empresarios viven del obrero, y tratan de que éste trabaje la mayor cantidad posible de horas con la menor cantidad posible de sueldo. El justo y necesario odio de clase que desarrolla el obrero contra su patrón, se complementa con el sentimiento de solidaridad que se forja entre los compañeros de trabajo, indispensable para enfrentar a la patronal.
Los desequilibrios básicos de la economía capitalista nunca se resolvieron en paz y armonía entre las clases, sino con la lucha entre ellas.
En el fondo, la apelación a la “unidad nacional”, a “la celeste y blanca”, es una pantalla que utilizan los empresarios y el propio gobierno para intentar esconder los antagonismos de clase y la opresión capitalista. Los empresarios nacionales querrán utilizar este Acuerdo para mantener e incrementar sus ganancias y frenar los reclamos obreros por mejores condiciones de vida y de trabajo.
Así, una de las patas del Acuerdo del Bicentenario será el techo salarial. Con la aprobación de la burocracia sindical de la CGT, pretenden imponer, a partir del año que viene, acuerdos salariales ¡que duren 3 años! Los salarios aumentarían según la inflación prevista por el gobierno (que fija arbitrariamente) y al final del año los salarios tendrían un incremento automático si la inflación “real” (es decir, la inflación trucha del INDEC dibujada por el propio gobierno) supera a la prevista. El año pasado, el INDEC dibujó una inflación “real” del 8,7%, cuando los propios trabajadores del INDEC denunciaron un aumento real de los precios del 25%. Esto es una muestra de la gran confiscación al salario que se prepara, con el concurso de empresarios, gobierno y burócratas sindicales.
Parasitismo empresarial
Por supuesto, este Acuerdo del Bicentenario vendrá adornado con todo tipo de promesas grandilocuentes sobre Educación, vivienda, desempleo, etc., pero mientras las obligaciones para los trabajadores quedarán muy claritas escritas en el papel, los compromisos asumidos por el gobierno y los empresarios sólo consistirán en declaraciones de buenas intenciones.
La economía argentina es poco competitiva porque la burguesía es muy débil y parásita. Succiona como una sanguijuela miles de millones de pesos en subsidios del Estado e invierte muy poco en modernizar la tecnología de sus empresas. Por eso, el superávit comercial se achica mes a mes. En el primer trimestre del año las importaciones aumentaron un 40% con respecto al mismo período del 2007.
El ritmo de aumento anual de las inversiones lleva 3 años cayendo: desde el 23% en el 2006 hasta el 12% que se espera este año.
Esta sequía de inversiones viene liderada por las empresas extranjeras instaladas en el país, y particularmente por las empresas de servicios públicos privatizadas. En el 2007 las empresas extranjeras declararon las ganancias más altas de la historia en el país, 6.112 millones de dólares, y sólo reinvirtieron 1.530 millones, el 25%. Los casi 4.582 millones de dólares restantes los remitieron a sus casas matrices.
Aumento de la pobreza y la desigualdad
Los economistas burgueses insisten en la necesidad de reducir el gasto público para combatir la inflación, reduciendo la demanda. Para esta gente, recortar el gasto público siempre significa recortar el gasto social. Y no obstante, hay que decir que los gastos sociales vienen cayendo cada año.
Las prestaciones de la Seguridad Social (jubilaciones, pensiones, planes sociales, subsidio de desempleo, etc.) disminuyeron su participación en el gasto del Estado, desde el 37% en el 2003 al 33,9% actual. Lo mismo sucedió con los salarios de los empleados públicos de la Nación, que pasaron del 16,6% al 12,6%.
En cambio, estos mismos economistas nada dicen de reducir los pagos de la deuda externa ni los subsidios a las empresas. Los intereses de la deuda implicarán un desembolso este año de $20.000 millones, la cifra más alta pagada nunca. Los subsidios a las empresas (energía, transporte, alimentos, empresas públicas) alcanzaron los $17.000 millones en 2007, y se espera un monto mayor este año.
La realidad es que en el mejor de los mundos posibles que nos ofrece el capitalismo argentino, el índice real de pobreza remontó hasta el 30% (11 millones de personas), por las subas de los precios de los alimentos. Y, según la consultora “Estudio Bein”, empeoró la distribución del ingreso para los asalariados. La parte de los asalariados en el ingreso nacional pasó del 41,3% en 2006 al 40,7% en 2007, mientras que la parte empresaria aumentó del 45,1% al 47%.
En esta situación, comienzan a repuntar levemente los reclamos salariales, que es lo que realmente preocupa al gobierno, los empresarios y la burocracia sindical. Según la CTA, en el primer trimestre del año los conflictos sindicales aumentaron un 7%, respecto de año anterior. Es interesante señalar que mientras en el sector público cayeron un 9,4% en el sector privado aumentaron un 14,7%.
Un “Pacto de La Moncloa” a la argentina
Gobierno, empresarios y dirigentes de la CGT dicen inspirarse en el famoso “Pacto de La Moncloa” español, acordado tras el fin de la dictadura franquista. En un contexto de aguda crisis económica e inflación desbocada, el Pacto de La Moncloa tenía como objetivo sofocar el espíritu revolucionario de la clase obrera española recién caída la dictadura, reducir el poder adquisitivo de los trabajadores y recomponer las ganancias empresariales. El Pacto de La Moncloa concluyó con más pobreza y desempleo que cuando fue firmado, y provocó un período prolongado de reflujo y desánimo en las luchas de los trabajadores.
Pero hay diferencias importantes entre la Argentina de hoy y la España de 1977. En España, recién caída la dictadura, los dirigentes obreros reformistas que impulsaron el Pacto tenían una enorme autoridad política y moral sobre los trabajadores, y todavía no habían sido probados por sus bases; y el gobierno burgués español tenía una cierta base de apoyo en la pequeña burguesía. En cambio, en la Argentina de hoy, los dirigentes de la CGT son ampliamente repudiados por los trabajadores, y el gobierno de Cristina no despierta un apoyo entusiasta. El kirchnerismo se sustenta en un frente político conformado por arribistas profesionales que ya mostró fisuras importantes a raíz del conflicto del campo.
Aunque la oposición a la derecha de Kirchner utilizó el conflicto del campo para tratar de reagruparse, no termina de enraizar en las masas trabajadoras, porque su preocupación pasa invariablemente por atender solamente los reclamos, muchas veces contradictorios, de la pequeña, la mediana y la gran burguesía de la ciudad y del campo.
Nuestras tareas
Faltos de dirigentes sindicales y políticos con autoridad de masas, los trabajadores argentinos no tardarán en mostrar ruidosamente su oposición a las consecuencias antiobreras de este “Acuerdo del Bicentenario”. Será una formidable escuela que acelerará su experiencia sindical y política, y creará las mejores condiciones para barrer a la podrida burocracia sindical de la dirección del movimiento obrero así como para impulsar una genuina herramienta política de la clase trabajadora, socialista y de masas.
Pero hay que darle forma concreta a este proceso de reorganización de la clase obrera. Los dirigentes de la CTA, que critican duramente la política del gobierno y el accionar de la CGT, tienen una responsabilidad en desarrollar estas tareas. Deberían superar sus vacilaciones y encauzar el malestar de los trabajadores, oponiéndose al contenido reaccionario del “Acuerdo del Bicentenario”, que sólo es un Pacto Social con otro nombre, e impulsar junto a Proyecto Sur y la izquierda esa herramienta política que necesitamos.
Los sectores más conscientes de la vanguardia obrera y juvenil deben ser los más activos propagandistas de estas tareas para que la próxima oleada nos agarre bien preparados y organizados.
