Córdoba va, entre fuegos, violencia estatal y lucha popular.

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Mientras termino estas líneas el fuego avanza impiadoso por las sierras cordobesas, desde el norte, en localidades como Capilla del Monte, Ongamira, Ischilín, Cruz del Eje, hasta el valle de Punilla y la sierra Chica, envuelta en llamas y cubierta de humo.

El gobernador Schiaretti, a quien ya no le queda un gramo de vergüenza, ha señalado a su culpable, la estación seca y los vientos. Mientras divulga falsedades con gesto afligido, lxs bomberos y lxs vecinos de estas localidades, con una carencia ostensible de recursos, se juegan la vida tratando de apagar los incendios, que se llevan o lastiman gravemente a humanos, animales, vegetación, desertifican campos, consumiendo, año tras año, a comunidades y territorios.

El ejecutivo provincial, actualmente en manos de Hacemos por Córdoba, el enésimo refrito del peronismo cordobés, cuyos líderes más notables han sido José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, apaña y protege a los personeros de los agronegocios y de los “desarrolladores” inmobiliarios.

En los incendios de los últimos dos meses se han quemado aproximadamente 42.000 has., en muchos casos en la denominada Zona Roja en cuanto al desmonte de Bosque Nativo. Cien años atrás el bosque nativo ocupaba el 70% del territorio cordobés, hoy queda menos de un 3% con todo tipo de consecuencias negativas en términos ambientales, hídricos, humanos, socioproductivos, alimentarios, culturales.

No quedan dudas en que el llamado “partido cordobés”, una vieja articulación del peronismo y el radicalismo provincial, en la gestión de Córdoba Capital, de las principales ciudades y comunas y aún de la provincia misma, tienen intereses comunes, que ante todo suponen ejercer la representación política de los poderes fácticos de la economía concentrada en el Estado.

El Poder judicial no se queda atrás en esta lógica, la “sagrada familia cordobesa” cuyo espacio de dominio se ejerce a través de los tribunales mantiene la impunidad de grandes terratenientes, como los Becerra, conocida familia de estancieros de la zona de la Pampa de Achala, y los emporios de la agroindustria, un caso especialmente notorio fue el intento de instalar una planta de tratamiento de semillas de la empresa Monsanto en Malvinas Argentinas, localidad cercana a Córdoba Capital, fuertemente resistida por lxs vecinxs autoorganizados, dado el enorme perjuicio ambiental y sanitario que ella provocaba.

Nos referimos al mismo Poder Judicial que, instrumentando y avalando en muchas ocasiones la violencia policial, se dedica a criminalizar y a perseguir a lxs pobres y a lxs jóvenes, y es especialmente relicto, por su alianza histórica con la derecha eclesiástica, al reconocimiento de lxs derechos de las mujeres y del colectivo LGTTB. Hablamos, claro está, de los más altos Magistrados, pues sabemos de muchxs efectores de justicia que sufren esta dinámica en sus condiciones de trabajo y desempeño profesional.

Es preciso recordar a este respecto el reciente asesinato de Valentino Blas Correas a manos de la policía provincial, un joven de clase media al que acribillaron a comienzos del mes de agosto. Ahora bien, este hecho viene precedido de decenas de asesinatos, los casos de “gatillo fácil”, cuyos blancos fundamentales son lxs jóvenes de las barriadas populares cordobesas. En este sentido es importante señalar que el reclamo por estos hechos de violencia estatal se siente en las calles desde hace años, a partir de organizaciones como “Jóvenes por nuestros derechos”, o la “Coordinadora de familiares de víctimas del gatillo fácil”, que vienen denunciando el accionar de las fuerzas de seguridad así como la complicidad de los poderes del Estado.

La Córdoba de las Campanas se manifiesta en un conservadurismo cerval, que ha establecido formas muy visibles de segregación de la población de las barriadas de los márgenes de la ciudad, amparadas y sostenidas desde el Estado. De igual modo, la Córdoba de la Reforma Universitaria se encuentra hoy en cuestión, en la medida que la conducción radical de la Universidad Nacional de Córdoba viene desarrollando desde 2016 una política de mercantilización y precarización de la educación pública superior, flexibilizando y vaciando trayectos curriculares y contenidos, en función de los intereses del mercado laboral y las demandas empresariales que se manifiestan en el mismo. Hablamos entonces de un nuevo oscurantismo en los claustros de la Casa de Trejo, el que propicia el mercado, parasitando las estructuras estatales.

En este clima de cosas, y en el comienzo de la pandemia, el gobierno de Schiaretti presentó a la Legislatura provincial una reforma jubilatoria perjudicial para actuales y futurxs jubiladxs en una provincia cuyas desidia frente a lo público resulta patente en las enormes carencias en ámbitos estratégicos, cual es el caso de la salud pública, cuyxs trabajadorxs realizaron manifestaciones numerosas en las calles cordobesas en protesta por sus condiciones laborales y salariales.

El actual intendente de Córdoba capital, Martín Llaryora, también de Hacemos por Córdoba, aportó lo suyo, en una gestión municipal que sucede a los desastres perpetrados en la administración de esa ciudad durante el gobierno de Ramón Mestre hijo, de la UCR y Juntos por el Cambio, despidiendo a más de 100 trabajadorxs municipales en plena pandemia, cuyas movilizaciones fueron reprimidas por la fuerza policial.

Esta misma intendencia es la que ha sostenido un conflicto con lxs choferes del transporte público durante meses condimentada con la habitual represión de la protesta callejera, mientras sus pares en la administración provincial de Hacemos por Córdoba paralizaba la movilidad en el Gran Córdoba por su ausencia de respuestas a los reclamos de lxs trabajadorxs del transporte interurbano, perjudicando a la población trabajadora que carece de movilidad propia.

Desde hace décadas Córdoba es territorio de negocios para diferentes sectores de la economía concentrada, y el partido cordobés que articula a peronismo y radicalismo ha sostenido y sostiene un proceso creciente de pauperización y segregación en la población de las barriadas populares, de ataques continuos a jubiladxs y trabajadorxs de diferentes áreas del Estado municipal y provincial, mientras garantiza fuerzas represivas en las calles para mantener el control de la conflictividad económica y social.

Este mismo partido cordobés que propicia el agronegocio y la especulación inmobiliaria, cuya agresión al medio ambiente provoca y agrava tanto los incendios como las inundaciones recurrentes en todo el territorio provincial, somete a las comunidades campesinas y aborígenes a un hostigamiento permanente, desconociendo sus derechos territoriales.

Como coronamiento de esta somera descripción, es preciso decir que además Córdoba, en el marco de las políticas de endeudamiento del gobierno de Cambiemos a nivel nacional, posee en la actualidad una deuda millonaria, especialmente acrecentada en los últimos años, cuyo 95% es en dólares, en su mayoría adquirida con organismos internacionales de crédito. Recomendamos consultar al respecto el siguiente informe que ofrece un detalle de lo dicho: http://www.cippes.org/noticia/21/crdoba-con-deuda-rcord-y-atada-a-la-suerte-del-dlar-

 Este endeudamiento desbocado compromete gravemente las políticas sociales y económicas presentes y futuras, y se hace sobre la base de seguir sosteniendo los privilegios de unos pocos a costa de los padecimientos de las mayorías trabajadoras y explotadas.

Es claro que todos estos embates contra lxs trabajadorxs, las poblaciones de las barriadas populares, las comunidades campesinas, los pueblos originarios, el empleo, la educación y la salud pública, el ambiente, la fauna y el bosque nativo cordobés no son aceptados pasivamente, y que, a lo largo de estos últimos años, y aún en estos meses de pandemia se ha expresado la resistencia y la vocación de lucha de lxs explotados y despojadxs por el gran capital y sus defensores. Es preciso que esas luchas encuentren su programa revolucionario y su cauce organizativo, que logren despegarse de las conducciones gremiales que negocian y claudican, que puedan articular a quienes estén dispuestos a construir una salida que ponga en cuestión desde la base la miseria y la barbarie capitalista, atreviéndose a pensar en una sociedad nueva, construida desde abajo, igualitaria, y libre. La memoria de la Córdoba combativa y rebelde no se ha borrado.

¡Arriba lxs que luchan!