Bolivia se encamina hacia una tercera insurrección

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El ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana reunido en Cochabamba el 22 de enero, decidió la convocatoria de una huelga general indefinida con cortes de ruta para dentro de veinte días en caso de que el gobierno de Mesa no conceda las reivindicaciones de la insurrección de octubre y siga adelante con las anunciadas medidas de ajuste. El ampliado nacional de la COB “concluyó con la decisión de tomar el poder, mediante el cierre del Parlamento” y su sustitución por una Asamblea Popular

“Quienes defienden este parlamento burgués están con el imperialismo norteamericano”

El ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana reunido en Cochabamba el 22 de enero, decidió la convocatoria de una huelga general indefinida con cortes de ruta para dentro de veinte días en caso de que el gobierno de Mesa no conceda las reivindicaciones de la insurrección de octubre y siga adelante con las anunciadas medidas de ajuste. El ampliado nacional de la COB “concluyó con la decisión de tomar el poder, mediante el cierre del Parlamento” y su sustitución por una Asamblea Popular (El Diario, 23 de enero 2004).

Con esta decisión se cierra la tregua concedida por las dirigencias de obreros y campesinos al gobierno de Carlos Mesa que llegó al poder tras el derrocamiento de Sánchez de Lozada por una huelga general insurreccional el pasado mes de octubre. Como ya señalamos en aquel entonces, el objetivo del gobierno de Mesa era tratar de ganar cierta base social mediante todo tipo de promesas al movimiento. Pero al mismo tiempo advertíamos que esas promesas se desvanecerían en contacto con la situación de bancarrota total del capitalismo boliviano, que no se puede permitir hacer las más mínimas concesiones.

Contra los que decían que la insurrección de octubre se había saldado con una derrota, argumentamos que aunque se había desperdiciado la oportunidad de la toma del poder por parte de trabajadores y campesinos por la ausencia de una genuina dirección marxista, las masas no habían sufrido ninguna derrota decisiva y su propia experiencia les empujaría a un nuevo choque decisivo con la burguesía, representada en el nuevo gobierno de Carlos Mesa. Esa experiencia ha sido la que han recorrido los oprimidos de Bolivia en apenas tres meses. En palabras del secretario ejecutivo de la COB Jaime Solares “El gobierno de Mesa no es más que el continuismo del Presidente que salió en octubre pasado, manteniendo la vía del Banco Mundial y del FMI.” (El Diario, 23/1/04). A esto hay que añadir que este proceso hubiera sido más rápido de no haber sido por las vacilaciones de los dirigentes del movimiento obrero y campesino, que estuvieron dispuestos a dar un margen de confianza al gobierno burgués de Mesa, generando así ciertas ilusiones y desaprovechando en el momento clave de la insurrección de octubre la posibilidad de tomar el poder.

Pasados los primeros días en que prometió todo a todos, pronto Mesa reveló su auténtico carácter. ¿Qué ha sido de sus promesas? En relación al cultivo de la hoja de coca, ha dejado en claro que su política va a ser la continuación de la del gobierno del gringo Goni, es decir la política del imperialismo yanqui: erradicación y destrucción de la fuente de sustento de decenas de miles de familias campesinas sin ofrecerles ninguna alternativa. En cuanto al referéndum sobre la venta del gas (la chispa que desencadenó el levantamiento insurreccional de Octubre), después de anunciar una fecha para su celebración, ahora el gobierno escudándose en todo tipo de formalismos, ha decidido posponer la fecha, por lo menos en 90 días. Tampoco está clara cuál va a ser la pregunta del referéndum, con lo que se deja la puerta abierta para todo tipo de trampas (por ejemplo preguntar si se está de acuerdo con la salida del gas hacia Estados Unidos, en lugar de preguntar si se quiere que el gas sea renacionalizado que es el fondo de la cuestión). En cuanto a la asamblea constituyente, la fecha de su convocatoria cada vez parece más lejana. Después de prometer su convocatoria inmediata, luego esta se pospuso hasta el 2005, aunque el presidente también anunció, en clara contradicción con esa fecha que iba a completar su mandato que expira en agosto del 2007. Esta claro que la carta de Asamblea Constituyente para desviar la atención de las masas sólo la agita la clase dominante cuando realmente se siente en peligro, cuando la presión disminuye todas las promesas se diluyen en el horizonte.

Bancarrota del estado, ajuste para las masas

En cuanto a las demás exigencias del movimiento obrero y campesino, no solamente ninguna de ellas se ha cumplido, sino que Mesa, en su discurso de año nuevo, anunció un nuevo paquete de medidas de ajuste contra los trabajadores. Entre éstas está el aumento de los impuestos sobre los salarios (exactamente la misma medida que ya fue derrotada por la primera insurrección en febrero del año pasado), eliminar el subsidio al precio del gas de uso doméstico y elevar el precio de los carburantes. Al anunciar estas medidas, el propio ministro de Desarrollo Económico, Xavier Nogales, fue contundente señalando que se iba a pedir al pueblo “sangre, sudor y lágrimas”. Al ministro se le olvidó precisar que de que lo que se trataba era de extraer sangre, sudor y lágrimas al pueblo trabajador para entregárselas a los capitalistas, terratenientes y a las multinacionales.

Esta es una receta acabada para una nueva explosión social, pero al mismo tiempo la política de Mesa es la única posible desde un punto de vista capitalista. La clase dominante boliviana sólo puede sanear las finanzas de un estado en bancarrota (con déficit presupuestario del 8,5% del PIB, 700 millones de dólares) y recuperar sus beneficios mediante más ataques a las condiciones de vida de la mayoría de los bolivianos. Por eso no es ninguna sorpresa que el propio Banco Mundial (promotor de estas políticas) en un informe recién publicado advierte que “luego de hacer un análisis económico, político y social de la situación actual … aún existe un riesgo que el conflicto social pudiera hacer erupción de nuevo alrededor de febrero-marzo de 2004” (citado en Econoticiasbolivia.com, enero 7, 2004). ¡Claro, en realidad son las políticas del Banco Mundial las que no dejan a la mayoría de los bolivianos otra alternativa que luchar, por este motivo esta institución puede prever con certeza erupciones de este tipo!

A todo esto hay que añadir el fracaso de la misión del gobierno Mesa a Washington que tenía como objetivo tratar de conseguir algunas migajas por parte de los países imperialistas. La reunión del llamado Grupo de Apoyo, convocada por los EEUU ante el temor a una nueva explosión social en el país, acabó con buenas palabras pero sin conseguir ni uno sólo de los 105 millones de dólares que el gobierno boliviano había ido a mendigar. Parece que las instituciones financieras internacionales no confían en que Mesa sea capaz de llevar adelante el programa de ajuste que exigen sin provocar una explosión social. Esto lo deja en una posición todavía más difícil, ya que las duras medidas de ajuste anunciadas no serán suficientes para evitar la bancarrota de las finanzas públicas, que en palabras del propio presidente “requerirán en los próximos meses por lo menos 100 ó 120 millones de dólares” (Erbol). La contradicción principal es que esas medidas, insuficientes desde el punto de la vista de la oligarquía, son intolerables para las masas.

En estas condiciones no es sorprendente que, cada vez de forma más clara y contundente, las organizaciones obreras y campesinas y sus dirigentes se hayan pronunciado por el fin de la tregua con Mesa y por una nueva ofensiva de lucha. Ya el 30 de diciembre, el directivo de la COR de El Alto, Roberto de La Cruz “cuestionó el incumplimiento del actual gobierno a las demandas del pueblo realizadas en octubre pasado y exigió el cierre del parlamento”. (Bolpress, 30/12/03).

También el máximo dirigente de la COB, Jaime Solares, dirigiéndose al Congreso Ordinario de la Central Obrera Departamental de Potosí, anunció una declaración de guerra al gobierno de Mesa. Ante los delegados allí reunidos el 14 de enero, Solares hizo un llamamiento a “huelgas, bloqueos y otras medidas que paralicen el aparato productivo del país para pelear contra el gobierno que sólo acata las recetas económicas de Estados Unidos” y añadió que “la teoría de la revolución se pondrá en la práctica con el camino a la insurrección”. Según la misma cita recogida en Econoticiasbolivia.com el 15 de enero, Solares señaló “que la oligarquía debe caer para que el pueblo tome el poder”.

Todas estas tomas de decisión, que sin duda reflejan la presión y la creciente impaciencia de obreros y campesinos, fueron preparando las decisiones del ampliado nacional de la COB del jueves 22 de enero. En una reunión que se realizó en los locales de la Federación de Maestros Urbanos de la Paz y se prolongó por más de diez horas, la COB declaró la “guerra al gobierno”. La organización obrera acordó “declarar estado de emergencia nacional en todo el país, establecer y preparar el paro indefinido con movilizaciones (estrategia a realizarse dentro de 20 días), planificar las bases para definir la estrategia de las medidas de presión contra el gobierno y constituir un frente político de lucha contra el gobierno” (Econoticíasbolivia, 23/1/04). A las exigencias del pliego petitorio que la central presentó al gobierno en octubre se suma la de “la refundación de la Comibol y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos [las antiguas empresas públicas de la minería y el petróleo], bajo control obrero” (La Razón, 24/1/04).

La cuestión del poder

Uno de los aspectos más importantes de las deliberaciones del ampliado de la COB es el que se refiere a la cuestión del poder. Ya en varias ocasiones (especialmente después de la insurrección de febrero, en el congreso nacional de la COB, y durante e inmediatamente después de la insurrección de octubre) los trabajadores y campesinos bolivianos se han visto obligados a plantearse la discusión sobre la toma del poder. Eso también surge de su propia experiencia en la lucha, ya que en los momentos clave en febrero y a un nivel superior en octubre, las masas oprimidas sintieron que el poder estaba en sus manos, pero sus dirigentes no tenían una estrategia clara para consolidarlo y sustituir la democracia de la oligarquía por una democracia de obreros y campesinos.

En palabras de Jaime Solares: “Los nuevos movimientos sociales apuntarán al cierre del parlamento nacional por falta de un trabajo más efectivo a favor de los bolivianos (…) La población boliviana pide el cierre del parlamento, y a la COB no le queda otra respuesta que hacer cumplir con esta determinación” (Econotíciasbolivia, 23/1/04). Estas palabras reflejan claramente el enorme descrédito de la democracia burguesa en Bolivia. Sectores cada vez más mayoritarios de las masas han entendido que esta es una democracia que sólo beneficia a los capitalistas y las multinacionales y que hay que reemplazarla por otra forma de gobierno. Es en este contexto en que la burguesía se aferra a la consigna de la Asamblea Constituyente (originalmente planteada por Evo Morales y los dirigentes del Movimiento al Socialismo – MAS), que les ofrece una vía para lavarle la cara a la democracia capitalista para darle un nuevo aliento de vida a su régimen. Sin embargo, ya en el ampliado nacional de la COB durante la insurrección de octubre se oyeron voces muy fuertes advirtiendo contra esta trampa. También en aquel entonces Solares apuntó a la convocatoria de una Asamblea Popular como alternativa. Ahora esa propuesta se ha concretado. La COB plantea el cierre del Parlamento y su sustitución por una Asamblea Popular.

La Asamblea Popular de 1971

La tradición de la Asamblea Popular viene del año 1971 cuando, en medio de una situación de avance revolucionario de la lucha de obreros y campesinos la COB llamó a la formación de este organismo. La Asamblea Popular se componía de representantes de organizaciones obreras, campesinas, de estudiantes, de las capas medias y de los partidos políticos de izquierda (quedando expresamente excluido el MNR después de la experiencia de la revolución de 1952). En octubre de 1970 se había producido un intento de golpe de estado contra el general Ovando, un militar con lenguaje nacionalista que tomó una sola medida contra el imperialismo: la nacionalización de la Gulf Oil en 1969. Reflejando todas las limitaciones inherentes en el nacionalismo militar, Ovando fue demasiado lejos para los intereses de la burguesía y el imperialismo y tampoco pudo satisfacer las aspiraciones de obreros y campesinos. Sin embargo el intento del sector más reaccionario del alto mando militar por quitarlo de en medio en octubre de 1970, se encontró con más resistencia de la prevista y desencadenó una huelga general por parte de la COB. La central obrera, en su congreso de 1970 había decidido mantener una política de independencia de clase respecto a Ovando, pero, con un certero instinto de clase, se opuso al golpe militar, de la misma manera que los bolcheviques rusos en 1917, sin dar un ápice de apoyo a Kerensky, jugaron un papel decisivo en la lucha contra el golpe militar de Kornilov.

El desenlace imprevisto del intento de golpe llevó al poder al general Torres. Una vez más se vieron todas las limitaciones del nacionalismo militar. Mientras el general Torres se oponía tímidamente a la dominación de la oligarquía y el imperialismo, al limitar su programa al marco del sistema capitalista combatía con las manos atadas a la espalda. Así no podía satisfacer ni los intereses de la clase dominante, ni tampoco realizar plenamente las reivindicaciones de las masas. Era un gobierno débil que nacía con el aliento de las masas en la nuca. Torres ofreció a la COB participar en el gobierno, hasta incluso con la mitad de sus ministros, después de muchas discusiones en las que la dirección de la COB, apartándose de la Tesis Política aprobada en su congreso del año anterior, aceptó la oferta, finalmente ésta no se llegó a poner en práctica. Al final la COB ofreció su “apoyo combativo” a Torres, y reconoció “nuestra lucha común contra el fascismo allí dónde se encuentre”, pero advirtió al mismo tiempo que “a la primera señal de desviación o retroceso los obreros seremos los primeros en denunciarlo ante el pueblo y ocupar nuestras barricadas”. Independientemente de las acciones del gobierno, la clase obrera empezó a tomar la iniciativa con ocupaciones de fábricas, periódicos y edificios vinculados al imperialismo estadounidense, exigiendo el reparto de armas a los trabajadores y la “cogestión obrera mayoritaria” en la empresa minera Comibol.

El ejemplo más gráfico de estas contradicciones se vio en las jornadas de enero de 1971. El 10 de enero el coronel Banzer dirigió un intento de golpe de estado contra Torres. Una vez más fueron las masas obreras las que derrotaron el golpe en una movilización que superó la que había derrotado el golpe contra Ovando en noviembre del año anterior. Una vez más los mineros, armados sólo con unos viejos fusiles Máuser y dinamita ocuparon la capital. El general Torres se dirigió a las masas concentradas en la Plaza Murillo en un intercambio peculiar. Mientras el general hablaba de “profundizar la revolución nacional” y “repartir armas cuando hubiera dinero para comprarlas”, las masas le interrumpían con gritos de “armas para el pueblo”, “Mina Matilde al estado”, “fusilamiento de los gorilas”, “desarmar al ejército” y “revolución socialista”. Para ganarse el apoyo de las masas allí reunidas Torres ofreció de nuevo “participación popular” en el gobierno, a lo que los obreros respondieron que querían un “gobierno de los trabajadores”. Finalmente ante la insistencia de las masas a favor de la “revolución socialista”, Torres se vio obligado a declarar que “la revolución nacionalista irá hacia dónde el pueblo la quiera llevar”.

Fue en este contexto en que el Comando Político de la COB anunció en una multitudinaria manifestación de 50.000 obreros el 1º de Mayo, la convocatoria de la Asamblea Popular como un “organismo de poder obrero y popular” para el 22 de junio. Básicamente, la clase obrera organizada anunciaba públicamente y con dos meses de antelación la creación de un poder alternativo al poder de la burguesía, y el gobierno de Torres era impotente para impedirlo. El conflicto entre las clases se acercaba a un punto de no retorno. Las “bases constitucionales” de la Asamblea, propuestas por el Comando Político y aprobadas en su sesión inaugural dejaban claro que ésta “no podía ser una forma de parlamento burgués” sino “un organismo de poder popular” que “ejecutara sus decisiones con los métodos de lucha propios de la clase obrera”. La composición de la Asamblea era de 132 delegados de las organizaciones sindicales (que representaban el 60%), 53 delegados de las organizaciones de la “clase media” (principalmente estudiantes y representantes de trabajadores de cuello blanco), 23 delegados campesinos y 13 de los partidos de la izquierda.

Las deliberaciones de la asamblea, que se prolongaron diez días, se centraron en dos puntos principales. La primera resolución aprobada declaraba que la reacción estaba preparando un golpe al que los obreros deberían responder mediante el recurso de la violencia revolucionaria, llamando a una huelga general con ocupaciones de fábricas y anunciaba que en tales circunstancias la Asamblea ejercería la dirección militar y política de las fuerzas populares, mediante la creación de milicias obreras. El segundo debate fue sobre la cuestión de la gestión obrera de Comibol, obviamente parte crucial de la toma del poder en un país como Bolivia.

Con la convocatoria de una nueva sesión para septiembre y el llamado a la creación de Asambleas departamentales en las mismas líneas, la Asamblea se disolvió. Las dos mayores debilidades de la Asamblea Popular fueron en relación al armamento de los trabajadores y a su propio funcionamiento. Aunque se aprobaron resoluciones relacionadas con la creación de milicias obreras, en realidad los dirigentes de las organizaciones obreras no dieron ningún paso práctico en ese sentido, y muchos todavía confiaban en que Torres, enfrentado a un golpe militar, repartiría armas a los trabajadores. Tampoco se hizo un trabajo sistemático entre las filas del ejército para crear comités de soldados afines a la revolución, a pesar de que las condiciones eran favorables, como lo demuestra la publicación en Julio del manifiesto de una organización clandestina dentro del ejército que se denominaba Vanguardia Militar del Pueblo.

Por otra parte, aunque la Asamblea tenía algunas características soviéticas (es decir de auténtico órgano de poder de obreros y campesinos), estas quedaron subdesarrolladas. Por ejemplo no se planteó claramente un mecanismo para la elección y revocación de los delegados, de tal manera que la voluntad de las masas, que en un proceso revolucionario cambia muy rápidamente, no se veía directamente reflejada en la Asamblea. Hasta cierto punto la Asamblea estaba suspendida en el aire y no se apoyaba en una red de asambleas departamentales, locales, por barrio y por fábrica que le dieran un poder ejecutivo real y al mismo tiempo sirvieran como base para una representación directa y democrática. Las Asambleas departamentales, que hasta cierto punto se basaban en la institución del cabildo abierto, no se empezaron a crear hasta el mes de julio, y aunque rápidamente adoptaron un carácter más radical que la Asamblea Popular misma, su desarrollo quedó interrumpido.

Estaba claro para la burguesía que la situación se hacía cada vez más peligrosa. Si dejaban que se desarrollaran los acontecimientos se arriesgaban a perder el poder completamente. El general Bethlehem advirtió que “con el apoyo de un gobierno ilegítimo se ha instalado en Bolivia el primer soviet del continente”. Una situación de doble poder, y ciertamente en Bolivia en 1971 había claros elementos de doble poder, no puede durar de forma indefinida, o se resuelve a favor de los trabajadores o a favor de la burguesía.

Los preparativos para un golpe militar se aceleraron y este finalmente tuvo lugar el 18 de julio de 1971, bajo la dirección de Banzer. Dentro del ejército hubo muy poca resistencia y en dos días la mayoría de unidades se plegaron al golpe. Torres, como es característico de este tipo de dirigentes bonapartistas se negó a repartir armas ni aún cuando ya contaba sólo con el apoyo de una unidad del ejército. Aunque el Comando Político había declarado una huelga general y la movilización popular, lo cierto es que no se habían hecho preparativos serios para armar a los trabajadores y hacer un trabajo político entre los soldados. Así en la noche del 20, reflejando las ilusiones que tenían los dirigentes del Comando, entre ellos varios dirigentes del POR incluyendo el propio Lora, fueron a pedir armas a Torres, que se negó a entregarlas. La confianza en que Torres repartiría armas al pueblo, a pesar de todas las declaraciones de la COB y la Asamblea sobre la independencia de la clase obrera, las convertía en un instrumento de presión sobre Torres por la izquierda. Esta idea fue adoptada incluso por el propio POR, que al reclamarse trotskista debería haber adoptado una postura leninista hacia el Kerensky boliviano. El propio Lora reconoce que “era idea generalizada – compartida hasta por nosotros los marxistas – que las armas serían cedidas por el equipo militar gobernante, por considerar que sólo apoyándose en las masas y dotándolas de una adecuada capacidad de fuego podría, por lo menos, neutralizar a la derecha gorila. La conclusión resultó completamente equivocada, no se tuvo en cuenta que Torres prefería pactar con sus compañeros generales, capitular ante ellos, antes de armar a las masas que dieron pruebas evidentes de que se encaminaban al socialismo y cuya movilización ponía en riesgo serio al ejército como institución” (G. Lora, Bolivia: de la Asamblea Popular al Golpe Fascista”, p. 97).

Aquí vemos las limitaciones de los dirigentes centristas, es decir que se quedan a medio camino entre el marxismo revolucionario y el reformismo. En situaciones de auge revolucionario de las masas, este tipo de dirigentes obreros pueden adoptar un lenguaje muy radical y hasta incluso formalmente marxista, pero en general son incapaces de acompañar ese lenguaje con las medidas prácticas de preparación de la toma del poder que son totalmente necesarias para asegurar la victoria. Plantearse la toma del poder sin haberla preparado minuciosamente, ganado a la mayoría de la clase obrera para esa perspectiva y haciendo las necesarias preparaciones militares (creación de milicias obreras y trabajo político entre la tropa), es extremadamente peligroso y conduce a la derrota. Un ejemplo clásico de este tipo de dirigentes es Largo Caballero, el dirigente de la izquierda socialista durante la revolución española de 1931-37. Caballero en aquel entonces adoptó una verborrea marxista, hablando de la dictadura del proletariado y la instauración del socialismo. En 1934 anunció que si la CEDA (el partido que representaba al sector más reaccionario de la burguesía española) entraba en el gobierno, la Unión General de Trabajadores que él dirigía, convocaría una huelga general insurreccional. Caballero era probablemente un dirigente honesto que creía sus propias palabras, pero precisamente ese es el tipo más peligroso de centrista. Cuando la CEDA entró en el gobierno en octubre de 1934 la insurrección no se había preparado y en la mayoría de los centros industriales fue rápidamente aplastada. Sólo en la heroica Comuna de Asturias los obreros resistieron, pero al quedar aislados finalmente fueron aplastados también.

También en Bolivia en julio de 1971 hubo muchos ejemplos de resistencia heroica por parte de obreros y estudiantes, pero lo cierto es que el armamento de las masas no se puede improvisar y finalmente el golpe de Banzer triunfó sobre la base de una represión masiva. La derrota de la revolución de 1970/71 fue un golpe durísimo para la clase obrera boliviana que pagó con más de diez años de dictadura militar feroz.

Una vez más, al igual que en 1952, los trabajadores habían demostrado un instinto de clase muy avanzado y una conciencia política revolucionaria. Sin embargo una vez más lo que faltó fue una auténtica dirección revolucionaria que no sólo planteara la cuestión del poder sino que planteara las medidas necesarias para resolverla (milicias obreras, creación de comités de soldados y profundizar el carácter soviético de la Asamblea Popular). Es obvio que esas lecciones se aplican aunque en circunstancias diferentes, a la situación actual.

Un programa socialista

Está claro que aunque todavía existe cierta confusión en cuanto a la reivindicación de la Asamblea Constituyente, las organizaciones obreras claramente se oponen a esta maniobra de la burguesía, cuando plantean la Asamblea Popular como alternativa. Al mismo tiempo el llamado a cerrar el parlamento tiene un carácter de clase y anticapitalista claro. Así Solares declaró que “la asamblea constituyente no va a resolver la crisis económica y social, en tanto se mantenga la actual estructura capitalista” y añadió que “el capitalismo en el mundo no puede mantenerse sin guerras, sin corrupción y sin mentiras, mientras que en Bolivia, este modelo ha destrozado la economía nacional”. Roberto de la Cruz por su parte dijo que: “el pueblo quiere un poder legislativo que exprese la verdadera democracia participativa y cerrar el actual parlamento burgués que no quiere hacer cambios estructurales y que defiende una democracia ficticia” (Bolpress, 26/1/04). “Queremos una Asamblea Popular porque es el mecanismo para revertir la pobreza, porque cambiaremos la estructura de este modelo económico por otro que sea más humanitario, más social y no como ahora que el sistema es asesino” declaró por su parte el secretario de Asistencia Social de la COB, Crecencio Machaca. (La Razón, 24/1/04)

Reforzando la unidad del movimiento obrero y el movimiento campesino que se forjó en la insurrección de octubre, el dirigente sindical campesino de la CSUTCB, el “Mallku” Felipe Quispe se sumó a la propuesta de lucha de la COB: “"Si la COB determina cerrar el Parlamento, entonces nosotros vamos a comprar candados grandes o si no a chicotazo limpio lo cerramos, eso no es ningún problema, pero que esto sea una medida de hombres con pantalones y no sea de maricones que sólo lanzan amenazas o discursos y luego en la práctica no hay nada y por eso se pierde el apoyo". (La Razón, 24/1/04).

Como era de esperar todos los partidos parlamentarios pusieron el grito en el cielo denunciando el ultra izquierdismo de Solares y calificando las propuestas de la COB de sediciosas. A esto, Solares correctamente respondió que “los trabajadores defienden una democracia real (…) los trabajadores hemos reconquistado la democracia, pero no para morirnos de hambre”. (Econoticiasbolivia, 23/1/04).

Sin embargo el caso más significativo es el de Evo Morales y el resto de los dirigentes del MAS que se apresuraron a denunciar el plan de lucha de la COB. “Quienes están pensando en el cierre del Parlamento no están con la democracia y están haciendo coro con la Embajada de Estados Unidos junto a los partidos derrotados en octubre”, dijo Morales. Roberto de la Cruz le contestó que “quienes defienden este parlamento burgués están con el imperialismo norteamericano”.

Los dirigentes del MAS se han convertido en los más firmes defensores del gobierno de Mesa. Su estrategia es la ganar las elecciones municipales a celebrarse este año y quizás las elecciones legislativas siguientes. La enfermedad que padecen es la del cretinismo parlamentario contra la que los obreros bolivianos por suerte están ya inoculados. Cuando el senador del MAS Filemón Escobar defendió en el ampliado de la COB el respeto al parlamento burgués, las elecciones y el gobierno de Mesa, su postura fue ampliamente derrotada y su intervención recibida con abucheos e insultos. El propio Solares emplazó a Evo Morales a que defina claramente “si está con el pueblo o si está con el gobierno de Mesa”. (Econoticiasbolivia, 23/1/04). Es importante combinar el emplazamiento público a Morales con un llamamiento abierto y una orientación consciente hacia la base de su movimiento, dónde seguro que entre los cocaleros existe un fermento contra la política de sus dirigentes, que defienden un gobierno que ha prometido seguir la misma política de erradicación que su antecesor.

Las advertencias de Morales de que la huelga propuesta por la COB le hace el juego al imperialismo y aquellos sectores militares que promueven un golpe de estado no se sostiene por ningún lado. El motivo por el que el imperialismo y los capitalistas bolivianos podrían apostar por un golpe es precisamente porque no pueden contener ya más la lucha de las masas por sus justas reivindicaciones mediante métodos “democráticos” normales. Así pues, la única manera segura de evitar un golpe de estado, según esta lógica, sería desmovilizar a las masas y olvidarse de sus reivindicaciones. Claro, si los obreros y campesinos bolivianos aceptaran pasivamente hambre, miseria, desempleo y la expoliación de los recursos naturales del país, entonces no “provocarían” a la reacción ni al imperialismo. Esto parece ser lo que propone Morales. Sin embargo, él añade una “alternativa” a la lucha de masas: la lucha electoral. El problema es que aún en el caso de que Morales ganara las elecciones, si intentara aplicar una política opuesta a los intereses del imperialismo y a favor de la clase trabajadora entonces …. ¡estaría provocando a los sectores reaccionarios a que dieran un golpe! Precisamente esto es lo que demuestra la experiencia del gobierno de Allende en Chile: la clase dominante nunca va a aceptar que le arrebaten sus privilegios por la vía electoral.

Un intento de golpe de estado reaccionario ahora mismo podría tener efectos desastrosos para la clase dominante. En una situación de movilización revolucionaria de las masas como la que existe en Bolivia eso podría provocar una profundización de la lucha, al igual que el primer intento de golpe de Bánzer en enero de 1971 o más recientemente el golpe de estado reaccionario de Carmona en Venezuela en abril del 2002. Sin embargo eso no quiere decir que el Pentágono y el ejército boliviano no estén preocupados por la situación y estén haciendo también sus preparativos.

Temerosos que la situación de convulsión social que vive Bolivia pueda extenderse más allá de sus fronteras, a principios de enero se reunieron en Buenos Aires los jefes militares de los ejércitos de Argentina, Brasil y Chile. Según un informe del periódico argentino La Nación, “entre las contingencias que son motivo de análisis serios se apunta a que, llegado el caso, podría ser necesaria la intervención de una fuerza de estabilización regional” (La Nación, 9/1/04). Traducido al lenguaje civil esto quiere decir, que si los obreros y campesinos bolivianos toman el poder, las cúpulas militares de Argentina, Brasil y Chile estarían dispuestas a, bajo cualquier excusa, intervenir militarmente en el país.

Por las enormes repercusiones que una acción de este tipo podría tener (incluyendo en sus propios países), no es probable que esta sea una alternativa a corto plazo. Sin embargo es significativo en sí mismo que se discuta como reflejo del grado de preocupación ante el avance de la revolución en Bolivia.

La salida al mar para Bolivia

A corto plazo lo que está claro es que la burguesía boliviana prefiere jugar a otra carta, la de promover el sentimiento nacionalista en relación a la salida al mar para Bolivia, como método para desviar la atención de las masas bolivianas de su enemigo inmediato (la oligarquía boliviana vendida a las multinacionales) hacia el enemigo exterior (Chile). Ya ha habido una auténtica sinfonía de declaraciones en ese sentido y éste fue también uno de los temas estrella en la cumbre de Monterrey. La “oferta” que se está barajando por parte de Argentina consiste en la creación de un corredor de un kilómetro de ancho desde Bolivia hasta el mar, sobre el cuál se construiría un ferrocarril y una carretera hasta un puerto boliviano. La propuesta, risible de por sí, contiene un truco, el corredor estaría administrado por … ¡el Mercosur! Más bien parece que es Argentina la que está buscando una salida al Pacífico con una propuesta de este tipo. En cualquier caso es altamente improbable que Chile y Perú se pusieran de acuerdo para ceder territorio para el corredor propuesto, ya que Perú se mantiene firme en que ellos ya perdieron bastante territorio en la guerra con Chile.

Los obreros y campesinos de todos los países implicados en este conflicto que la burguesía trata de potenciar deben de adoptar una postura consecuentemente internacionalista y de clase, para evitar el peligro de una guerra regional, que sería totalmente reaccionaria. El principal enemigo de los obreros y campesinos de Bolivia, Perú y Chile son los capitalistas de sus propios países, agentes locales del imperialismo americano. Una vez que los trabajadores tomen el poder en estos países, entonces podrán resolver de manera amistosa los diferentes problemas fronterizos, en el marco de una federación de repúblicas socialistas. Son los intereses de las diferentes burguesías nacionales y del imperialismo los que siempre han mantenido a los pueblos divididos y los han llevado a guerras en las que los pobres son sacrificados en la lucha por el control de los recursos naturales (como por ejemplo en la guerra del Chaco.)

No hay que olvidar que el atraso económico en que se encuentra Bolivia no se puede atribuir a la mediterraneidad del país, sino al carácter parasitario, reaccionario y vendepatria de la alianza entre los magnates mineros y los propietarios latifundistas que ha controlado la república prácticamente desde su fundación. El vecino Perú tiene kilómetros y kilómetros de costa y sin embargo las condiciones de vida de sus trabajadores y campesinos son muy parecidas a las de los bolivianos.

Todas las condiciones están dadas en Bolivia para que los trabajadores y campesinos derroquen de una vez por todas este régimen capitalista que sólo ha traído miseria, hambre y desempleo y lo sustituyan por una genuina democracia de obreros y campesinos que tome bajo su control los recursos naturales y la economía del país y la gestione de forma planificada y democrática en beneficio de la mayoría oprimida.

Construir una dirección marxista

Pero es necesario aprender las lecciones de la rica historia de lucha revolucionaria del proletariado y los indígenas del altiplano. Para derrocar definitivamente al régimen capitalista de explotación, no basta con plantear la cuestión del poder (como ya se hizo en octubre), sino que hay que preparar minuciosamente su resolución a favor de obreros y campesinos. Para esto es necesario dotarse de estructuras democráticas de poder obrero y popular que respondan a la voluntad de las masas movilizadas. Los delegados a la Asamblea Popular deben ser elegidos en cabildos abiertos en todos los pueblos y ciudades, en las fábricas y las minas, en las aldeas campesinas. Deben llevar un claro mandato de los que los eligieron y ser revocables en todo momento por estos. La Asamblea Popular nacional hay que llenarla de contenido mediante la creación de asambleas en las mismas líneas a nivel departamental, regional, local y de barrio vinculadas entre sí y que se conviertan en una estructura de poder alternativo al poder de la oligarquía.

Pero para que este poder pueda triunfar es necesario por un lado la creación de milicias obreras y campesinas que estén bajo el control de la Asamblea y sus organizaciones y al mismo tiempo incorporar a la tropa, a los agentes de policía revolucionarios e incluso a los sectores revolucionarios de la baja oficialidad a la asamblea mediante la formación de comités y asambleas dentro del ejército que elijan sus propios delegados. De esta manera se podría neutralizar en parte al ejército como fuerza de represión del estado capitalista y al mismo tiempo evitar que las masas se enfrenten con las manos vacías al ejército como sucedió durante la masacre del Alto en octubre. Las masas oprimidas del altiplano han demostrado en muchas ocasiones que esto es posible. En abril de 1952, en enero de 1971, una y otra vez los obreros se han enfrentado a golpes militares e incluso en 1952, desarmado al ejército y creado milicias obreras. Ese es el camino, esas son las tradiciones de lucha que hay que recuperar.

Al mismo tiempo, la experiencia de las diferentes situaciones revolucionarias en Bolivia, en 1952, en 1970/71, y en el ascenso de 1982/85, demuestra la necesidad de una dirección revolucionaria con un programa claro, que no vacile en los momentos decisivos, que mantenga la independencia de clase y que asegure la victoria de obreros y campesinos. Estos han demostrado desde la guerra del agua en Cochabamba y particularmente en el último año, tener un instinto de clase muy certero y han ido más allá de sus dirigencias en más de una ocasión. Con una dirección marxista consecuente serían invencibles. Los elementos para la creación de una dirigencia de este tipo ya existen en Bolivia. Cientos de dirigentes obreros, campesinos y populares de base se orientan instintivamente hacia la idea de una revolución socialista y entienden gran parte de las tareas necesarias para llevarlas a cabo. Pero es necesario unirlos en una organización marxista que plantee en cada momento las consignas adecuadas que conecten el nivel de conciencia de las masas con las necesidades del proceso revolucionario. Una organización marxista de este tipo, que se podría convertir muy rápidamente en un partido de masas, es totalmente necesaria para garantizar la victoria, unificando el movimiento y dirigiendo su fuerza en cada momento hacia el objetivo de la toma del poder. Es necesario además que este partido tenga una orientación internacionalista para evitar el peligro de una guerra reaccionaria en la región y hacer un llamamiento internacionalista a los obreros y campesinos de Perú, Chile, Ecuador y el conjunto de América Latina a levantarse también. Esa sería la única manera de impedir eficazmente la intervención extranjera y el bloqueo internacional contra una revolución victoriosa.

Es difícil decir cual va a ser el desenlace de la huelga general convocada por la COB. Existe ciertamente el peligro de plantear la cuestión del poder sin haber preparado las medidas necesarias para resolverla a favor de la clase obrera. Todo indica que los trabajadores y campesinos están respondiendo favorablemente a la convocatoria. Según un reporte de Econoticiasbolivia, el dirigente de la Central Obrera Departamental de Cochabamba “exigió a la dirección nacional adelantar la huelga general y el bloque de caminos para detener el gasolinazo de Mesa”. La misma fuente informa de las declaraciones de Miguel Zubieta, el máximo dirigente sindical de los mineros, respecto a las decisiones del ampliado de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia: "Hemos aprobado avanzar en la unidad de los trabajadores en torno a los documentos programáticos y revolucionarios de los mineros, reemplazar el Parlamento burgués con la Asamblea popular de obreros, campesinos y clases medias, y movilizarnos en contra de las medidas económicas”. El descontento de la población por las medidas anunciadas por el gobierno crece como una marea incontenible.

También es posible que el gobierno, asustado ante la perspectiva de una revolución triunfante, haga algunas concesiones, hasta incluso concesiones importantes, para desactivar el movimiento. Sin embargo eso no resolvería nada. Por un lado fortalecería la confianza de las masas en sus propias fuerzas, ya que lo verían como una victoria. Por otro lado, la situación económica obligaría al gobierno, más pronto que tarde, a volver a lanzar los mismos ataques. El conflicto decisivo simplemente se habría pospuesto. Otra posibilidad es que la burguesía trate de utilizar la vía electoral para desmovilizar a las masas, en la forma de elecciones anticipadas o el adelanto de la Asamblea Constituyente. Elecciones de este tipo las podría incluso ganar el MAS de Evo Morales, pero un gobierno del MAS se enfrentaría muy rápidamente a la disyuntiva de enfrentarse decisivamente a la burguesía y al imperialismo bajo la presión de las masas, o aplicar una política de ajuste con lo cual se enfrentaría a un nuevo movimiento de masas.

La disyuntiva que se plantea en Bolivia, en los próximos meses o años, es clara: o los trabajadores y campesinos toman el poder, lo que marcaría el inicio de la revolución socialista en América Latina o la burguesía tarde o temprano va a aplastar al movimiento revolucionario con una feroz y sangrienta dictadura reaccionaria.

Viva la revolución boliviana
Por un gobierno de obreros y campesinos
Todo el poder a la Asamblea Popular
Delegados elegidos y revocables
Creación de Milicias Obreras
Renacionalización de las empresas privatizadas bajo control obrero
Nacionalización de la Banca y las instituciones de crédito
Expropiación de la tierra y reparto de ésta a los campesinos
No al pago de la deuda externa
Expropiación bajo control obrero de las empresas multinacionales
Por una Bolivia Socialista en el marco de una Federación Socialista de América Latina