BOLIVIA: Entre la revolución y la contrarrevolución

0
204

En Bolivia la temperatura social y política se encamina hacia su punto de ebullición. La situación es altamente explosiva. El lunes 29 se inicia la huelga por tiempo indeterminado decretada por la Central Obrera Boliviana (COB) y se anuncia el bloqueo total de los caminos y rutas por la COB y las diferentes organizaciones campesinas. Es el deber de los revolucionarios orientar su atención hacia lo que ocurre en este país andino. Los luchadores obreros y populares de Latinoamérica y de todo el mundo dirigen sus miradas y corazones hacia sus hermanos, los trabajadores y campesinos bolivianos, en espera de un triunfo decisivo sobre la podrida burguesía boliviana y el imperialismo En Bolivia la temperatura social y política se encamina hacia su punto de ebullición. La situación es altamente explosiva. El lunes 29 se inicia la huelga por tiempo indeterminado decretada por la Central Obrera Boliviana (COB) y se anuncia el bloqueo total de los caminos y rutas por la COB y las diferentes organizaciones campesinas. Es el deber de los revolucionarios orientar su atención hacia lo que ocurre en este país andino. Los luchadores obreros y populares de Latinoamérica y de todo el mundo dirigen sus miradas y corazones hacia sus hermanos, los trabajadores y campesinos bolivianos, en espera de un triunfo decisivo sobre la podrida burguesía boliviana y el imperialismo.

La protesta arrancó hace dos semanas con diversas movilizaciones populares que tenían como objetivo presionar al gobierno proimperialista de Sánchez de Lozada para que cancelara los acuerdos suscritos con las multinacionales petroleras para la exportación y venta del gas boliviano a los Estados Unidos, cuyo traslado se efectuaría a través de puertos chilenos. Pero el conflicto dio un salto cualitativo el sábado 20 de septiembre con la masacre perpetrada por el ejército contra los campesinos, estudiantes y maestros que bloqueaban un camino en la localidad de Warisata, en el altiplano boliviano, donde 5 campesinos (entre ellos una niña de 8 años) fueron asesinados y más de 30 resultaron heridos.

La demanda de la nacionalización del gas se ha transformado en una bandera de guerra para los trabajadores y campesinos bolivianos que vieron en las últimas dos décadas cómo la burguesía boliviana entregaba los principales recursos de la nación a las multinacionales extranjeras, mientras que el país se hundía cada vez más en la pobreza y la miseria.

La situación social y económica de Bolivia

Bolivia es uno de los países más empobrecidos de Latinoamérica, con un Producto Bruto Interno (PBI) de apenas 7.800 millones $US en el 2002. La pobreza golpea al 64% de la población, alcanzando al 82% en las zonas rurales. Un tercio de los obreros perdieron su empleo en los últimos 5 años, mientras que se incrementó en igual proporción el trabajo eventual, la explotación laboral y la reducción de los salarios, en un país donde el despido libre sin derecho a reclamo es legal, y se utiliza para empeorar las condiciones de trabajo y disciplinar a los trabajadores.

El principal recurso del país durante siglos fue la minería, que fue diezmada en los últimos 20 años por las políticas entreguistas y privatizadoras de los gobiernos de turno. Al agotamiento natural de las vetas del mineral, se unió la caída paulatina de los precios internacionales del estaño, el zinc y otros minerales. La falta de inversión tecnológica por el Estado, en primer lugar, y la posterior privatización de casi todo el sector minero desde 1985 (cuya nacionalización fue una de las principales conquistas de la revolución del 52), han tenido los efectos más desastrosos sobre el sector. Mientras que las minas rentables se las reparten 10 empresas privadas que emplean a unos 3.000 trabajadores, produciendo dos tercios de la producción minera del país; cerca de 50.000 mineros tuvieron que reconvertirse en cooperativistas malviviendo de pequeñas explotaciones mineras que aportan el tercio restante a la producción minera nacional (fuente: Econoticiasbolivia.com).

La situación de los campesinos también es sangrante. La reforma agraria del 52, que se centró fundamentalmente en el occidente del país, demostró sus límites bajo el capitalismo. Una extrema fragmentación de la propiedad (minifundismo) hace inviable la aplicación de los adelantos técnicos para mejorar la productividad de los terrenos, cuya pérdida de fertilidad ha hecho aumentar la escasez de tierra cultivable, aumentando la cantidad de campesinos sin tierra. Los intentos del gobierno de Sánchez de Lozada por erradicar los cultivos de coca no hacen sino empeorar las condiciones de los campesinos a quienes no se les ofrece la posibilidad de sembrar otros cultivos alternativos rentables. En el oriente de Bolivia, en cambio, predomina el latifundismo. Allí se encuentran las tierras más fértiles del país, pero están casi sin excepción en manos de los terratenientes. En Bolivia, el 87% de la tierra (28 millones de hectáreas) están en manos del 7% de los propietarios, mientras que la masa de millones de campesinos pobres apenas posee 4 millones de hectáreas, el 13% restante (fuente: Econoticiasbolivia.com-ArgenPress.info 1/8/2003).

El capitalismo boliviano está sumergido en una crisis muy profunda. El déficit público es del 8%. Las recetas del FMI insisten en recortar el gasto público y en subir los impuestos a las masas trabajadoras. Una muestra de la extrema debilidad del capitalismo boliviano y su dependencia del imperialismo es que las inversiones extranjeras (1.000 millones $US) casi doblan las inversiones públicas (585 millones $US).

El nuevo Código Tributario aprobado por el gobierno de Sánchez de Lozada consiste en perdonar el 60% de las deudas tributarias a los empresarios, lo que supone un monto de 300 millones $US, equivalente al 40% del déficit público del Estado, mientras que se mantiene la presión impositiva sobre los asalariados y el resto de las capas oprimidas de la sociedad. De esta manera, todo el peso de la crisis y de la descomposición del capitalismo boliviano se deposita sobre los hombros de los trabajadores y los campesinos pobres, mientras que la burguesía nacional y los funcionarios del gobierno saquean la riqueza del país o la entregan a las multinacionales extranjeras.

El conflicto del gas

Una de las consecuencias de la política entreguista de la burguesía boliviana desde 1985 fue la privatización de las principales empresas estatales y de los recursos naturales del país, política que alcanzó su cénit en la segunda mitad de los años 90. Entre los recursos privatizados se encuentran el petróleo y el gas natural.

Así, según la agencia de noticias citada “… fue el propio Sánchez de Lozada, a quien le gusta que lo llamen con el sobrenombre de Goni, el que transfirió la propiedad de los hidrocarburos a las transnacionales, el 4 de agosto de 1997, dos días antes de que culminara su primer mandato presidencial, mediante un decreto secreto e ilegal, que ha sido demandado de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional” (Econoticiasbolivia.com 25/9/03).

Utilizando su derecho de propiedad “legal”, las transnacionales se apoderaron de las reservas de gas natural boliviano recién descubiertas que, con un volumen de 52 trillones de pies cúbicos, son las segundas más importantes de Sudamérica y están valoradas actualmente en por lo menos 80.000 millones $US (íbid.).

Para la explotación del gas se formó un consorcio de empresas denominado Pacific LNG, que está formado por las multinacionales Repsol-YPF, British Gas y Pan American Energy (British Petroleum). El objetivo es exportar el gas a los Estados Unidos a través de un gasoducto para llevar el gas hasta el puerto chileno de Iquique, donde se lo licuaría para luego ser cargado en buques hasta México, donde se regasificaría para ser transportado hasta California (Andrés Soliz. ArgenPress.Info 21/8/2003).

Según los propios directivos del consorcio, este negocio les reportaría unos 1.300 millones $ US anuales, mientras que el Estado boliviano sólo recibiría de 40 a 70 millones $ US. Este negocio fue impulsado por el Gobierno de Lozada con la probación por el Congreso boliviano mediante la Ley de Hidrocarburos.

Las organizaciones obreras, campesinas y populares de Bolivia demandan la derogación de la Ley de Hidrocarburos y la nacionalización del petróleo y el gas, además de la organización de un plan de industrialización para la explotación del gas que favorecería la reindustrialización del país, el suministro de energía barata a la población y al aparato productivo, y vender al exterior un producto transformado (y no una materia prima barata) que permitiría ingresar importantes divisas. Pero la degenerada burguesía boliviana prefiere actuar como lo que siempre fue: un lacayo servil de los intereses imperialistas aun a costa del empobrecimiento del país y de perpetuar el atraso económico y social.

El balance de las luchas de enero y febrero

Los trabajadores y campesinos bolivianos tienen una larga y gloriosa tradición revolucionaria tras de sí. En los últimos años enfrentaron valientemente las políticas imperialistas y antipopulares de los diferentes gobiernos burgueses. Desde 1985 hubo 190 muertos en conflictos sociales, 6.000 heridos y más de 10.000 detenidos (Econoticiasbolivia.com-ArgenPress.info 22/9/03), la mayoría durante los dos gobiernos de Sánchez de Lozada.

Los últimos acontecimientos en Bolivia no caen como un rayo en medio de un cielo azul y despejado. En enero y febrero de este año, las movilizaciones de masas de los trabajadores, campesinos y sectores empobrecidos de las clases medias hicieron ya tambalear el gobierno de Sánchez de Lozada, preparando el terreno para este nuevo auge revolucionario de las masas.

En el mes de enero, los campesinos de la región del trópico de Cochabamba se movilizaron masivamente contra la erradicación del cultivo de la hoja de coca. Esta movilización también fue acompañada por miles de jubilados en reclamo de jubilaciones dignas, por los maestros y los estudiantes. Esta movilización se cobró 14 muertos a manos de la policía y el ejército.

A mediados del mes de febrero, el “impuestazo” decretado por el gobierno de Lozada, que consistía en una confiscación pura y simple de los salarios de los trabajadores para hacer frente al déficit de los gastos estatales, provocó el estallido social más importante hasta la fecha. La extraordinaria movilización de los trabajadores de las ciudades no sólo consiguió arrastrar a los campesinos y otras capas oprimidas de la sociedad, sino también a una parte de las capas bajas de la policía y de los soldados, que combatieron conjuntamente con los trabajadores en las barricadas. El balance de la represión gubernamental dejó 33 muertos y más de 200 heridos.

El gobierno de Lozada y el propio capitalismo pudieron haber sido derrocados entonces con un mínimo costo, pero las vacilaciones de los dirigentes de la COB y del MAS (Movimiento al Socialismo, principal grupo de oposición en el Congreso) lo impidieron. Carecían de un programa socialista alternativo y de una estrategia para la toma del poder por la clase obrera y los campesinos pobres bolivianos. Entonces, se debió convocar una huelga general revolucionaria con la creación de Comités Obreros y Campesinos en las ciudades y los pueblos alrededor de los cuales agrupar e incorporar a las masas al movimiento para, en el curso de la lucha, transformarlos en los organismos de poder obrero y popular con los que desafiar y sustituir el poder “oficial” de la burguesía, que estaba suspendido en el aire sin ningún tipo de apoyo social significativo.

Podían haber dividido el ejército y la policía atrayéndose a los soldados que comenzaban a simpatizar con el pueblo en las barricadas, haciendo un llamamiento para organizar Comités de soldados, vinculándolos a los comités de obreros y de campesinos. La mayoría de los soldados bolivianos son conscriptos, son hijos de trabajadores y campesinos obligados a prestar un servicio militar temporal en el ejército donde están sometidos a continuos abusos y maltratos, y jamás hubieran disparado contra sus padres y hermanos si hubieran visto una determinación por parte de las masas y los dirigentes de luchar hasta el final. El grueso de los soldados se hubiera pasado al lado de los obreros y campesinos, dejando a los oficiales y mandos del ejército y la policía aislados, sin capacidad para reprimir.

La toma del poder por la clase obrera con el apoyo y la participación del campesinado pobre podría haber sido una realidad, con un costo mínimo y de una manera relativamente pacífica.

Lamentablemente, los dirigentes de la COB , del MAS y de las organizaciones indígenas y campesinas disfrazaron la ausencia de una política revolucionaria con vagas demandas en torno a la convocatoria de una Asamblea Constituyente Popular y Soberana. Históricamente la convocatoria de una Asamblea Constituyente se justificaba para conseguir derechos democráticos básicos para la población: libertad de expresión, derecho de manifestación, de organización, etc. Todos estos derechos existen ya en Bolivia. ¿Qué papel puede jugar la agitación de la consigna de una Asamblea Constituyente en esta situación? Solamente el de confundir y desorientar a las masas de sus verdaderos objetivos revolucionarios. Con esta consigna lo que se hace es derivar a una solución parlamentaria lo que sólo se puede resolver de una forma revolucionaria con las masas en la calle, y como si una nueva Constitución (que es para lo único que tiene sentido demandar un organismo de este tipo) pudiera resolver los problemas sociales sin la expropiación previa de la tierra, los monopolios y los bancos en poder de la oligarquía, la burguesía nacional y las multinacionales extranjeras, lo que igualmente nos lleva a la necesidad de la toma del poder por la clase obrera y los campesinos pobres.

Independientemente de la honestidad o la valentía personal, Evo Morales y los otros dirigentes naturales del movimiento (por no hablar de los dirigentes de la COB) sentían que el terreno se abría debajo de sus pies al no saber dar una salida revolucionaria a la situación que demandaban las masas, y terminaron por aceptar una “tregua” con el gobierno de Lozada lo que le permitió a éste retomar el control de la situación, y sentirse con la confianza necesaria para reanudar sus ataques contra las masas y la entrega de la riqueza nacional a las multinacionales, como recién vemos ahora.

La “guerra del gas”

El viernes 19 de septiembre, Bolivia quedaba semiparalizada en una jornada nacional de protesta contra los planes del gobierno de Sánchez de Lozada. Más de 150.000 personas participaron en las diferentes marchas y concentraciones organizadas en diferentes ciudades del país. La más numerosa fue en Cochabamba, donde se concentraron más de 40.000 personas, la más importante de los últimos tiempos. En esta jornada se exigió la derogación de la Ley de Hidrocarburos, la revisión de las concesiones gasíferas privadas y la nacionalización e industrialización del gas. (Econoticiasbolivia.com-ArgenPress.Info 20/9/03). También se dio un plazo de un mes al gobierno de Lozada para que atendiera estos reclamos o enfrentar una huelga general indefinida y el bloqueo total de los caminos, pasado ese tiempo.

Seis días antes, los campesinos del altiplano boliviano, dirigidos por el dirigente indígena Felipe Quispe, habían iniciado el bloqueo de los caminos para protestar contra la exportación y venta del gas y también para exigir la libertad de algunos dirigentes campesinos de su movimiento que habían sido detenidos.

En la mañana del día 20, se producía la masacre de Warisata, y la situación se transformaba completamente. El gobierno de Lozada que intentó dar un golpe sangriento para descarrilar el proceso revolucionario que se estaba incubando en el seno de las masas, provocó con esta acción todo lo contrario. Los campesinos de la zona salieron por cientos a los caminos enarbolando viejos fusiles mauser de la época de la revolución del 52 al grito de “guerra civil, guerra civil”.

Aunque no hubo más choques sangrientos, numerosos campesinos fueron detenidos, torturados y vejados, lo que aumentó la indignación y la rabia en las comunidades campesinas.

Entre el sábado 20 y el miércoles 24 la presión de las bases llevó a los dirigentes del MAS, la COB y de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), del “Mallku” Felipe Quispe, a dar pasos efectivos para acelerar los planes de lucha. El martes 23 se constituyó en Cochabamba la Dirección Única de Movilizaciones, conformada por la COB, la CSUTCB, la Coordinadora en Defensa del gas, el Estado Mayor del Pueblo (en el que participa el MAS) y otras organizaciones populares.

Las consignas de las organizaciones obreras y populares se extendió al reclamo de la dimisión del Ministro de Defensa, Sánchez Berzaín, quien ordenó la masacre, y del Presidente Lozada.

Al día siguiente a la tarde, debido a las presiones incontenibles desde abajo, los dirigentes de la COB se vieron obligados a convocar un Ampliado Nacional de Emergencia de la COB con dirigentes, representantes y delegados de los mineros, campesinos, maestros, trabajadores fabriles y otras organizaciones sociales. En esta reunión del miércoles 24 se acordó la convocatoria de una Huelga General indefinida a partir del lunes 29 de septiembre, y el bloqueo nacional de caminos y rutas hasta lograr la renuncia del presidente Sánchez de Lozada (Bolpress.com 24/9/03).

A pesar de la presencia del ejército y la policía para desbloquear los cortes de caminos y rutas, es tal el pánico del gobierno de Lozada a un nuevo choque sangriento por miedo a la reacción popular que estos bloqueos continúan e incluso afectan a los alrededores de las principales ciudades, como La Paz, Cochabamba, El Alto y otras.

La movilización se extiende

Tras la convocatoria de la COB, otros sectores se están pronunciando por unirse al movimiento: cocaleros, cooperativistas mineros, los campesinos organizados en el Movimiento Sin Tierra (MST), choferes de transportes, etc. Todos ellos se están sumando a la lucha exigiendo además al gobierno la satisfacción de sus propias demandas particulares.

Un hecho muy importante es la implicación en la lucha de los padres de los soldados conscriptos, la mayoría de los cuales están siendo utilizados para reprimir a los campesinos y para desbloquear los caminos. Así la Asociación Nacional de Padres Conscriptos “otorgó un plazo de 24 horas para que el gobierno repliegue las tropas militares de las carreteras del altiplano de La Paz, caso contrario realizarán medidas de presión” (Bolpress.com 24/9/03). La misma agencia de noticias continúa diciendo: “Una de las madres, sin contener su indignación, manifestó que los soldados se encuentran en situación infrahumana en el altiplano donde no tienen qué comer, ni beber, y menos aún abrigo para combatir el intenso frío de las noches. Según los representantes de la Asociación, mientras los oficiales no sufren de hambre, sus hijos no tienen un centavo para comprar comida que llevan algunas mujeres al lugar de los bloqueos” (íbid.).

La lucha entra en una fase decisiva

Con el inicio de la huelga indefinida a partir del lunes 29, la lucha contra el sucio negocio del gas, y por el resto de demandas populares, entra en una fase decisiva. La dirección del movimiento, y muy particularmente de la COB, tiene una responsabilidad central en la misma. Los trabajadores, los campesinos, las mujeres y los jóvenes de las capas pobres y oprimidas de Bolivia tienen que sacar todas las lecciones de las batallas parciales libradas contra los capitalistas y su gobierno durante todo este año.

Una huelga general indefinida no es un juego de chicos. Indefectiblemente plantea la cuestión del poder, plantea quién gobierna realmente la sociedad y la economía. Se equivocarían gravemente los dirigentes de la COB, del MAS y de la CSUTCB si piensan que bastarán dos o tres días de huelga para hacer caer al gobierno corrupto y cipayo de Lozada o para que éste dé marcha atrás en sus planes sobre el gas. La cuestión del gas es un asunto de importancia fundamental para el imperialismo estadounidense, por motivos económicos y estratégicos. Una derrota del imperialismo norteamericano sobre esta cuestión en Bolivia, animaría a las masas del resto del continente a oponer la misma resistencia que sus hermanos bolivianos. La burguesía boliviana y el imperialismo norteamericano se juegan mucho en todo esto. No cederán fácilmente. Ellos intuyen que se acerca un choque decisivo y se preparan a conciencia para intentar dar un golpe sangriento contra el movimiento. La burguesía boliviana y el imperialismo no pueden tolerar permanecer indefinidamente bajo la amenaza constante a sus privilegios o a la obstrucción de sus intereses más vitales en el país por los levantamientos a intervalos regulares de las masas (como en enero, como en febrero y como, ahora, en septiembre) que amenazan con llevarse a su sistema y sus privilegios por delante. Necesitan, y buscarán, dar un escarmiento que sirva de lección a los trabajadores y campesinos para hacerles pagar por el miedo y el pánico que están pasando.

¿Quiere esto decir que la reacción es fuerte y las masas bolivianas son débiles, que la lucha está perdida antes de empezar? Todo lo contrario. La experiencia del último año demostró que la burguesía boliviana es muy débil. En el pasado, cada uno de los acontecimientos ocurridos en enero, en febrero o en septiembre de este año ya hubieran desatado un golpe militar reaccionario triunfante. Ahora la burguesía y el imperialismo tienen que actuar con más prudencia porque sus bases sociales de apoyo, dada la extrema pauperización de las clases medias y de otros sectores políticamente atrasados, son mucho más débiles que en el pasado. Ni siquiera tienen confianza en controlar a la masa de soldados, como hemos visto expresado en el ambiente de sus familias. Por otro lado, la combatividad y el ambiente de revancha entre amplias capas de los trabajadores, campesinos y jóvenes contra el gobierno de Lozada y el imperialismo es muy grande tras las batallas parciales de enero y febrero y los últimos acontecimientos. De hecho, fue la presión de las bases la que obligó a los dirigentes a ponerse a la cabeza de la lucha.

El peligro reside en que, en el momento decisivo, la dirección del movimiento (como ocurrió en febrero) vacile, transmita inseguridad, falta de decisión y carezca de un objetivo revolucionario definido. Lo que puede llevar a la derrota del movimiento.

Desconfiar de las maniobras de la clase dominante

Por supuesto que, ante la perspectiva de perderlo todo, la burguesía boliviana y el imperialismo, dada su debilidad, intentarán todo tipo de trucos y trampas para engañar a las masas, simulando dar pequeñas concesiones para luego golpear cuando el movimiento se encuentre desarmado y desprevenido. En este sentido, discrepamos con los compañeros de la COB y el resto de organizaciones obreras y populares cuando limitan sus reivindicaciones a la renuncia del gobierno de Lozada. La pregunta surge por sí misma: ¿Quién lo sustituirá? ¿Otro gobierno burgués? ¿Qué cambiaría en realidad? La burguesía tiene una gran experiencia en todo tipo de maniobras parlamentarias para distraer la atención de las masas.

Es probable que la clase dominante pueda sacrificar a Lozada y algunos de sus ministros si la huelga toma un cariz abiertamente revolucionario. El sistema capitalista no descansa en personalidades individuales, sino en las relaciones de propiedad que garantizan a unos cuantos millonarios y ricachones seguir disfrutando de sus privilegios a costa de la mayoría del pueblo trabajador. En lugar de Lozada pondrán a cualquier otro político burgués, quizás a alguien desconocido por las masas o a algún otro que en el pasado pudo tener alguna imagen “progresista”. Incluso, podrían anunciar la apertura de un nuevo período de negociaciones para revisar la cuestión del gas con el fin de engañar a las masas y dar una falsa apariencia de marcha atrás. Este es el mayor peligro. Mientras tanto, tras las cortinas, los capitalistas, los terratenientes, los monopolios, los altos oficiales del ejército y la policía, junto con la embajada de Estados Unidos en La Paz, planificarán su venganza para pasar a la contraofensiva mediante un golpe. Esto será tanto más probable cuanto más ilusiones depositen los dirigentes obreros y campesinos en los acuerdos alcanzados con los representantes políticos de la burguesía y de las multinacionales, y más baja permanezca la guardia de las masas, confiadas como resultado de estas maniobras de la clase dominante.

Ahora la consigna debe ser: ¡Ninguna confianza en las maniobras de la burguesía! ¡Los trabajadores sólo deben confiar en su propia fuerza, organización y conciencia de clase!

Es necesario llevar adelante una política revolucionaria

Los dirigentes de la COB, el MAS y la CSUTCB deben sacar todas las lecciones. La experiencia del movimiento obrero internacional, incluyendo el boliviano, nos traza el camino para llevar a cabo el triunfo exitoso de la revolución.

En primer lugar hay que dotarse de un programa de demandas y reclamos que englobe a todos los sectores oprimidos y explotados de Bolivia con el fin de que se encolumnen todos ellos detrás de la huelga. Desde las demandas más inmediatas por empleo y salarios dignos, educación y sanidad, pasando por las de los cocaleros y otros sectores, hasta la Reforma Agraria con la expropiación de los latifundios, de las empresas del transporte público, los bancos, los monopolios y los hidrocarburos, todo ello sin indemnización y bajo el control de los trabajadores. Es decir, se trata de vincular las demandas más elementales de las masas con la idea de la toma del poder y el socialismo.

En segundo lugar, para garantizar el éxito de la huelga, habría que organizar Comités de Lucha en cada empresa, oficina, fábrica, escuela, hospital, barrio, ciudad y pueblo formados por delegados elegibles y revocables en cada uno de estos ámbitos. Estos comités deben estar coordinados entre sí a nivel local, provincial, regional y, finalmente, a nivel nacional. Estos comités deberían ser los encargados de coordinar la lucha en cada zona y de asegurar la coordinación y la unidad del movimiento a nivel general. En estos comités deberían distribuirse las tareas para asegurar los suministros y que no haya desabastecimiento en los barrios obreros o en las comunidades campesinas, así como para patrullar las calles y caminos para evitar desórdenes y bandidaje, desembarazarse de los provocadores, etc.

En tercer lugar, hay que hacer todos los esfuerzos por estrechar lazos de unión con los soldados, invitándolos a que asistan a las asambleas de los trabajadores y campesinos y a que formen sus propios comités de soldados donde denuncien las provocaciones de los oficiales, y para que se nieguen a ser utilizados para reprimir al pueblo trabajador. Estos comités de soldados deben estar vinculados a los comités de trabajadores y campesinos de cada zona. La generalización de estos comités de soldados garantizarían que el grueso del ejército se pasara al lado del pueblo en el momento decisivo.

Una verdadera huelga general revolucionaria, que es lo que está implícito en toda la situación si tenemos que llamar a las cosas por su verdadero nombre, plantearía la cuestión del poder. Durante el curso de la lucha estos Comités de Lucha pasarían a desempeñar el papel del poder obrero y campesino en Bolivia, llamando a las masas a que se organicen a través de los mismos. Una vez garantizado el apoyo aplastante de la mayoría de la población (los obreros, los campesinos pobres, los empleados, desocupados, mujeres y jóvenes) a este nuevo poder, junto a la masa de los soldados, que son mayoritariamente hijos de obreros y campesinos, la cuestión de la toma del poder quedaría resuelta. Bastaría con organizar manifestaciones de masas en las principales ciudades y ocupar los edificios públicos. El poder obrero y popular se “institucionaría” con la convocatoria de un Congreso nacional de Comités que asumiría la conducción del país para llevar a la práctica el programa revolucionario y coronar de esta manera el triunfo de la revolución socialista. La transformación socialista de la sociedad se podría llevar con un mínimo costo y de manera relativamente pacífica, dada la abrumadora superioridad de las fuerzas revolucionarias.

Por el internacionalismo proletario: por la Federación Socialista de América Latina

Hay que decir las cosas como son. Empezando por las capas activas del movimiento, debemos explicar paciente pero firmemente la necesidad de derrocar y expropiar a los capitalistas y los monopolios extranjeros como la única salida para los trabajadores y campesinos bolivianos. La victoria de la clase obrera y los campesinos pobres bolivianos provocaría un terremoto en toda América Latina y también en los Estados Unidos. Incluso entonces, no se podrían solucionar los problemas dentro de los confines de Bolivia. Deberíamos inscribir en nuestra bandera la consigna de los Estados Unidos Socialistas de América Latina, como la única perspectiva para los trabajadores y los campesinos bolivianos. El triunfo de la revolución socialista en Bolivia se extendería como un fuego salvaje por toda Latinoamérica e inauguraría una nueva etapa en la lucha de clases por todo el mundo.

La perspectiva será la dictadura burguesa o la conquista del poder por la clase obrera, con el apoyo de los campesinos pobres y el resto de capas oprimidas de la sociedad, no existe otra posibilidad. Por nuestra parte, confiamos firmemente en la capacidad revolucionaria de los trabajadores y campesinos bolivianos en su lucha contra la explotación capitalista e imperialista y que la experiencia los llevará más pronto que tarde al triunfo de la revolución socialista.

APÉNDICE

La cuestión del “indigenismo”

El papel revolucionario de las masas campesinas de Bolivia ha hecho pasar a un primer plano la cuestión de las reivindicaciones de los llamados “pueblos originarios”. La inmensa mayoría de los campesinos bolivianos, particularmente los del Altiplano, son indígenas. Durante 500 años las masas indígenas sufrieron la opresión y la explotación más descarnada, primero a manos de los conquistadores españoles y luego, tras la independencia del imperio español, a manos de los “criollos” blancos y las nuevas elites dominantes formada por la oligarquía y los capitalistas nacionales.

Siglos de opresión, marginación y acoso han hecho surgir en los últimos tiempos una cierta conciencia nacional “indígena” en una gran parte de este sector de las masas. Por supuesto, los marxistas, los socialistas revolucionarios, debemos luchar contra la más mínima muestra de opresión contra estos pueblos y contra cualquier privilegio de una parte de la población a costa de la otra. Defendemos todas las reivindicaciones que los hagan avanzar y sacudirse el yugo contra siglos de opresión y violencia.

Pero también decimos a estos compañeros que la lucha contra la opresión debe ser una lucha unida de todas las capas oprimidas de la sociedad, seamos indígenas, blancos o mestizos. Todos, siendo obreros y campesinos pobres, tenemos el mismo enemigo: los terratenientes, los capitalistas y el imperialismo.

Es un error y un peligro grave dividir la lucha revolucionaria de las masas oprimidas según el color de la piel de cada uno porque así el enemigo nos derrotará más fácilmente que si luchamos todos juntos. La lucha por la nacionalización del gas no la pueden ganar solos los obreros de las ciudades, pero tampoco los campesinos indígenas del Altiplano. Los obreros y campesinos pobres, seamos indígenas, mestizos y blancos tenemos los mismos intereses y los mismos enemigos. Juntos podemos vencer, pero divididos la derrota será segura.

Bajo el socialismo, donde desaparece la explotación del hombre por el hombre y donde sólo prevalecen el interés de la solidaridad, la fraternidad y la cooperación, nadie tendrá interés en oprimir a nadie y por lo tanto se darán las mejores condiciones no sólo para la convivencia común entre los diferente pueblos sino también para que cada comunidad decida libremente qué grado de relación quiere tener con el resto. La lucha unida por el socialismo también es la lucha por la dignidad y la plena emancipación de los pueblos originarios del continente americano.

La cuestión de Chile

La lucha contra la apropiación imperialista del gas ha situado en un primer plano ante las masas bolivianas el papel de Chile en todo este proyecto. Como se explicó anteriormente, el acuerdo del gobierno de Lozada con las multinacionales proyecta la salida al mar del gas por medio de un gasoducto que desemboca en los puertos del norte de Chile, dado que Bolivia carece de salida directa al mar, al perder su territorio costero marítimo en la guerra con Chile en el siglo XIX.

No cabe duda de que con este proyecto la burguesía chilena, igual que la oligarquía boliviana, espera obtener pingües beneficios con la explotación imperialista del gas boliviano.

No es ningún detalle que en muchas de las marchas y protestas que hubo en las últimas semanas en Bolivia, se escucharan consignas antichilenas y en algunas se reclamaba la devolución de los territorios perdidos hace ya más de 125 años.

Durante décadas, la clase dominante boliviana estimuló en las escuelas y los cuarteles del ejército el odio nacional contra los chilenos. Es una ley que las clases dominantes de todos los países siempre utilizan los odios nacionales para ocultar su dominación y sus privilegios sociales, dirigiendo la frustación y la desesperación de las masas explotadas, a manos de esta misma clase dominante, hacia el pueblo de la nación rival sin distinguir entre las masas oprimidas y las opresoras.

Los marxistas debemos rechazar los intentos de enfrentar a los trabajadores y campesinos bolivianos con sus hermanos, los trabajadores y campesinos chilenos, y viceversa. Las masas oprimidas de Bolivia y Chile no tienen ninguna responsabilidad por las guerras de conquista y de rapiña que en el pasado impulsaron las oligarquías que dominaban ambos países y que sólo buscaban aumentar sus privilegios y sus intereses de clase, sin importarles los destinos de ambos pueblos.

La explicación de la situación de miseria, pobreza y explotación de las masas bolivianas o chilenas no residen en la posesión de más o menos territorios sino en la existencia del capitalismo y en el dominio de la sociedad por una clase dominante voraz y parásita que, en ambos casos, sometió a los trabajadores y campesinos a brutales y sangrientas dictaduras cuando veían amenazados sus privilegios. Las dictaduras de Hugo Bánzer en Bolivia y Pinochet en Chile demostraron que las clases dominantes de ambos países no tenían ningún problema en colaborar mutuamente para reprimir por igual a las masas en sus respectivos países.

En realidad, los diferentes países latinoamericanos que surgieron tras la independencia del imperio español son una creación artificial de las oligarquías locales en colaboración con los imperialismos inglés y norteamericano para así mantener desunidos nuestros pueblos y garantizar un control más estrecho de sus recursos y riquezas.

Un campesino y un obrero boliviano tienen más en común con un campesino y obrero chileno que con oligarcas corruptos y vendidos al imperialismo como Sánchez de Lozada. Y viceversa, cualquier trabajador chileno se siente más cercano a un trabajador boliviano que a un dictador genocida y sanguinario como Pinochet.

Frente al nacionalismo burgués, los trabajadores y campesinos pobres, bolivianos y chilenos, tenemos que enarbolar la bandera del internacionalismo proletario. Una Federación Socialista de América Latina permitiría la integración social y económica de los recursos de Chile y Bolivia y del resto Latinoamérica, en interés mutuo de todos los pueblos. Una América Latina sin fronteras artificiales que nos desgarraran y dividieran, y desaparecidos los odios y rivalidades nacionales fomentados por nuestras clases dominantes, permitiría a los trabajadores y campesinos bolivianos volver a tener acceso directo al mar y a ambos pueblos, boliviano y chileno, beneficiarse mutuamente de la unión y la planificación de sus recursos productivos.