Anulación de los indultos y leyes de impunidad

0
88

Los límites de la política de Derechos Humanos del gobierno

El poder judicial analiza la inconstitucionalidad de los indultos decretados por Menem en 1990 para los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Distintos jueces, tribunales y cámaras venían declarándolos nulos desde hace varios meses y, con su consideración por parte de la corte en las últimas semanas, esta tendencia se convierte en definitiva.

Los límites de la política de Derechos Humanos del gobierno

El poder judicial analiza la inconstitucionalidad de los indultos decretados por Menem en 1990 para los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Distintos jueces, tribunales y cámaras venían declarándolos nulos desde hace varios meses y, con su consideración por parte de la corte en las últimas semanas, esta tendencia se convierte en definitiva. La justicia responde así a una histórica demanda popular y también a las presiones del gobierno de Kirchner que, para construirse un perfil progresista, se apoya en la condena a las violaciones de los Derechos Humanos por parte del estado hace tres décadas.
A partir de estas resoluciones los comandantes de la dictadura de 1976 a 1983 deberán cumplir con las sentencias condenatorias aunque pueden acogerse a distintos beneficios por edad o enfermedad, por lo que, en la práctica, no cambia su situación de reclusión domiciliaria que ya cumplen por los delitos de apropiación de menores hijos de desaparecidos. Además, los juicios a la segunda línea de responsables se desarrollan a un ritmo descaradamente lento que haría durar varios siglos la aplicación de justicia a todos los culpables del genocidio.
Es importante que se condene a los militares y se transforme a los centros de detención y tortura en museos de la memoria, sobre todo para que las nuevas generaciones conozcan cómo las fuerzas represivas estatales estatal funcionan cuando los trabajadores, jóvenes y los sectores populares se plantean cambios sociales profundos como en la década del 70. Sin embargo el énfasis del gobierno en que sea el poder judicial el que se encargue de esta tarea sirve para ocultar la culpabilidad del aparato estatal en su conjunto. Y a la vez actúa de lavado de cara de las instituciones judiciales, que en esos años fueron herramientas fundamentales en la represión.
Pero los gestos progresistas del gobierno constrastan con la inacción ante la permanencia intacta del aparato represivo, con cientos de elementos fascistas en la fuerzas de seguridad. Y tampoco se hace nada para castigar a los responsables de la represión del 19 y 20 de diciembre, de la masacre de Puente Pueyrredón, de la desaparición de Julio López y del asesinato de Carlos Fuentealba, entre otros casos menos conocidos como la criminalización de la pobreza que hace diariamente en los barrios con la persecución y el asesinato cotidiano de los jóvenes marginados.
Y, sobre todo, se sostiene el sistema de dominación de la oligarquía y las grandes empresas y bancos, con sus gigantescas ganancias, lo que perpetúa el esquema de poder que hace necesario un aparato represivo dispuesto a cometer las violaciones más aberrantes de los derechos humanos para mantener esos privilegios. Sólo los trabajadores y los sectores populares, avanzando en su organización, pueden conseguir justicia en todos estos casos mencionados, en el camino hacia un sistema social igualitario que no necesite de represión ni de fuerzas armadas que defiendan los privilegios de las minorías.