A un año de la desaparición de Julio López: Sólo la lucha obrera puede dar con su paradero y el de sus secuestradores

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La desaparición de Julio López demostró la impotencia del gobierno de Kirchner para enfrentar a las mafias fascistas que perviven en el Estado. El gobierno no puede purgar a fondo este aparato del Estado porque sabe que encontraría una resistencia feroz en su seno y en la misma clase dominante. No puede apelar a la movilización popular para conseguirlo porque teme que se le escape de las manos y ponga en cuestión al mismo sistema capitalista, del cual es garante. Se cumple un año de la desaparición del compañero Julio López.

Su testimonio significó la condena de Etchetcolatz, comisario torturador de la dictadura. El primer genocida condenado a cadena perpetua en nuestro país.

López, un símbolo de lucha y resistencia

Julio, torturado por Etchetcolatz durante la dictadura, secuestrado y desaparecido doblemente, es un símbolo de lucha, de resistencia, que apunta a toda la militancia que está vinculada con los derechos humanos y con la lucha contra el terrorismo de Estado. Su compromiso con la verdad deja una estela a cada militante.

Muchos compañeros nos sentimos identificados con él, luchando contra la impunidad de un sistema perverso.

Desde la restauración de la democracia, se ha peleado porque la justicia sea igual para todos. Lamentablemente, desde Alfonsín para acá, las cárceles se llenan de compañeros honestos que reclaman por salarios dignos y trabajo para todos, o que enfrentan la represión a su protesta, como es habitual en la provincia de Santa Cruz.

Fueron años de dolor, de sordera total, de reclamos constantes, enfrentándose a los gobiernos de turno que negociaron sin escrúpulos con el aparato represor.

Que el gobierno nacional tome como bandera la lucha de las Madres, de las organizaciones derechos humanos; en fin, de la militancia como propia, es un despropósito.

Los límites de la política de derechos humanos del gobierno

Es cierto que a partir de la política de derechos humanos del gobierno nacional se reabrieron los juicios, se rehabilitó públicamente a los luchadores revolucionarios masacrados por la dictadura, se cerró la ESMA, se anularon las leyes de la impunidad; pero fueron todos ellos logros conseguidos tras una lucha incansable, por esos miles de militantes sociales.

Sí, consideramos un paso adelante todas estas medidas, pero nos parecen insuficientes y no garantizan lo fundamental: el juicio y castigo a todos los responsables del genocidio militar y de la instauración de la dictadura, y de sus cómplices. No garantizan la depuración del aparato del Estado de reaccionarios y fascistas, ni de los 1.200 policías y militares implicados en casos de represión y genocidio; no resuelven el problema del retraso de los juicios por la complicidad del aparato judicial con los genocidas para que no pase nada; y, lo que es más importante, no previenen nuevas conspiraciones del aparato del Estado contra los luchadores populares y el movimiento obrero.

La conspiración reaccionaria continúa, lo vimos en casos puntuales como la red de espionaje descubierta en la Armada hace un año y medio.

Pero, sin duda, el golpe más fuerte ha sido la desaparición de Julio López.

Este secuestro nos apunta a todos, a los que luchamos contra la injusticia, la desigualdad, y por el cambio social. Nos dice: acá estamos el aparato represivo en la sombra, y nos pide silencio, callarnos, no denunciar, no atestiguar; nos dicen: no a los juicios, no te metas.

El caso López demostró la impotencia del gobierno de Kirchner para enfrentar a estas mafias que perviven en el Estado. El gobierno no puede purgar a fondo el aparato del Estado porque sabe que encontraría una resistencia feroz en su seno y en la misma clase dominante. No puede apelar a la movilización popular para conseguirlo porque teme que se le escape de las manos y ponga en cuestión al mismo sistema capitalista, del cual es garante.

Desde el principio, el gobierno, los medios de comunicación y la burocracia sindical hicieron todo lo posible para enfriar los ánimos de la población, sosteniendo durante semanas la hipótesis de que López estaba escondido o se habría “perdido”, convirtiendo la desaparición de López en un caso de rutina policial.

Luego, la reacción volvió atacar con el secuestro de Gerez, otro militante que declaró contra el torturador Luis Patti en el Congreso que lo inhabilitó para asumir su banca de diputado. Es verdad que en esta ocasión, el gobierno se sintió con el compromiso de actuar con todos los medios, para no quedar desacreditado ante la población. Por eso reclamó por TV la aparición de Gerez.

Los sectores más inteligentes de la clase dominante decidieron que tampoco podían permanecer al margen. Temían que, si no detenía esta seguidilla de secuestros, esto condujera en el tiempo a una inestabilidad política y social de alcances incalculables. Su miedo no provenía de la derecha ni de los militares, obviamente; sino de la reacción que pudieran desatar, tarde o temprano, la clase obrera y los demás sectores populares. Por esa razón, los sectores decisivos de la burguesía argentina intervinieron directamente, a través de sus agentes más confiables en el seno del aparato del Estado, para forzar la liberación de Luis Gerez.

El Estado burgués no puede, la clase obrera sí

La resolución del caso Gerez nos dio la razón a los socialistas revolucionarios cuando a los pocos días de conocerse el secuestro de Julio López advertimos que para dar con su paradero y el de sus secuestradores se necesitaban los métodos de la lucha obrera y no del Estado burgués. Si la CGT y la CTA hubieran convocado una huelga general en los días siguientes a la desaparición de Julio López, paralizando todo el país, y amenazando con ir a más, para meterle el miedo en el cuerpo a la burguesía y a sus secuaces en el aparato represor, la probabilidad de haber recuperado con vida al compañero habría sido muy grande.

Aunque la reacción fascista, incorporada en el Estado, carece de la fuerza y la confianza que mostró a fines de los 80, cuando forzó la aplicación de las leyes de la impunidad bajo el rótulo de “caras pintadas”, continúa operando.

Ahora su accionar está montado contra la reapertura de los juicios, y en especial contra los testigos.

Los trabajadores, y nosotros los marxistas, sabemos del peligro que representan estas acciones, la vivimos en los 60, 70, y 80. Ahora aparecen de nuevo, por lo cual la solución es el desmantelamiento y la depuración del aparato del Estado, pero eso sólo puede venir acompañado de la lucha contra este sistema capitalista que lo sostiene y de la lucha por el socialismo.

Es que todo sistema capitalista, necesita de represión y mano dura frente a los reclamos más básicos de los trabajadores.

El gobierno, como la burguesía, le temen a la clase trabajadora y a sus reclamos, por eso en este aniversario de la desaparición de Julio López, además de exigir juicio y castigo a los culpables, debemos mantener alerta a la clase trabajadora para luchar contra estas bandas fascistas y exigir a los sindicatos y demás organizaciones populares para que se movilicen por el esclarecimiento de la desaparición de Julio López y la depuración del aparato del Estado, y que se abran los archivos de la SIDE y de la inteligencia militar a las organizaciones populares para avanzar todo lo que se pueda, hasta dar con el paradero de López y de sus secuestradores. Hoy, como ayer, nuestro grito es: No pasarán.