Para conseguir su plena aplicación es necesario volver a movilizar
Cumplidos tres años de la sanción de la Ley de servicios de comunicación audiovisual el grupo Clarín intensifica su accionar contra su aplicación. El próximo 7 de diciembre, según lo ha establecido la Corte suprema, se cumple la extensión del plazo de desinversión para las empresas que posean más medios de lo permitido por la ley.
La ofensiva de Clarín
Esta medida antimonopólica es resistida por los grandes grupos empresariales del área de la comunicación, encabezados por el Grupo Clarín, propietario de más de 300 medios: canales y sistemas de TV de aire y de cable, de radios AM y FM, publicaciones, etc. en todo el país.
En la defensa de sus privilegios ha contado con la colaboración de gran parte del empresariado local e internacional y de la derecha. Sus feroces ataques al gobierno no pueden ocultar que lo que está en juego es la defensa de la gran propiedad privada y de la libertad de mercado, las que no contemplan ningún derecho social como el de expresión o de acceso a la información, así como tampoco lo hacen con otros derechos básicos como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, etc.
Queda claro que, además de los colosales negocios, existe un gran interés en mantener la inmensa influencia mediática consistente en la instalación de la agenda diaria de discusión social y en el fabuloso poder de disputa ideológica alcanzado en las últimas décadas por los grandes grupos empresarios de la comunicación. Así que el apoyo del resto de los capitalistas también tiene esta doble intención: defender el derecho de propiedad por encima de cualquier derecho social y mantener la hegemonía del discurso dominante pro libre mercado y pro explotación.
También ha conseguido el apoyo entusiasta de los políticos opositores, desahuciadas sus aspiraciones por vía democrática. Ven que sólo a través de operaciones mediáticas pueden continuar presentes en la vida política y coinciden además en las concepciones políticas liberales. Han saboteado la vigencia de la ley y demorado su integración a los organismos de control.
Los ataques continuos del grupo Clarín a cualquier medida del gobierno lo han convertido en la principal oposición. Además han cooptado o comprado a sectores reaccionarios del poder judicial. Y llegan hasta influir en la nominación y remoción de jueces vinculados a las causas que los involucran. Consiguieron medidas cautelares para alargar los plazos establecidos para la vigencia de la ley, mientras solicitan se declare inconstitucional porque afecta el derecho de propiedad.
A partir de todo esto resisten a los tres poderes de la república (con la que se llenan la boca): desconocen la sanción de la ley por parte del legislativo, no reconocen la autoridad del ejecutivo ni del organismo de aplicación (AFSCA) y resisten la decisión de la corte. ¿Adónde quedan sus propios y reiterados llamados a ¨respetar la ley¨?
Logros y dificultades de la Ley de comunicación audiovisual
Si bien desde su sanción hace tres años se ha avanzado en algunos aspectos, hay otros que encuentran grandes dificultades. Se han otorgado licencias a municipios, provincias y universidades, y a centenares de radios FM en distintos municipios de más de diez provincias. Se ha autorizado la emisión de radio y TV a cooperativas, y de radios a escuelas y a comunidades de pueblos originarios, lo que multiplica las voces en los medios. Se exigen cuotas de contenidos de producción propia y regional a los licenciatarios. Además se dispone de controles sociales y políticos en un área donde predominaba la razón comercial, y se solicita información, de acceso público, sobre la titularidad de las licencias y sobre la recepción de publicidad oficial.
Sin embargo, además de no conseguir aún la desinversión del Grupo Clarín, no se logra avanzar en el cumplimiento de la existencia de los tres tercios iguales (privado, público y comunitario) en el espectro, por cada región. Es en el espacio de los medios comunitarios, organizaciones sociales, sindicales, educativas y de pueblos originarios donde se hace imposible la sostenibilidad, en un marco de competencia comercial. Esto sólo se podría conseguir con inversión estatal (que facilite los equipos de radiodifusión para el uso gratuito de los mismos por esas organizaciones sociales en razón de su tamaño e influencia social).
Hasta ahora, incluso, se han beneficiado grandes y medianos actores comerciales ya instalados, como el grupo Vila-Manzano, Hadad, Cadena 3, Garfunkel-Szpolski o Cristóbal López. En esto incide también el decreto de extensión de licencias por diez años (Nro. 527 de 2005). Además se han abierto licitaciones (que han fracasado) para nuevas radios y canales de TV, pero siguiendo la lógica comercial, con pliegos para presentarse que cuestan cientos de miles de pesos, prohibitivos para cualquier organización comunitaria o social.
Volver a movilizar
Para garantizar la desinversión de los grandes grupos mediáticos y la multiplicación de voces a partir de los medios comunitarios o sociales, y que la comunicación deje de ser una mercancía, es necesario un nuevo esfuerzo de movilización como el realizado con motivo de la sanción de la ley en los difíciles momentos de 2009. Tanto las organizaciones que venimos luchando por la democratización de la comunicación (como la Coalición por una radiodifusión democrática integrada por cientos de organizaciones sociales, educativas, sindicales, etc. que ha sido recibida en estos días por el nuevo titular de AFSCA, Martín Sabbatella), como otros compañeros, más o menos afines al gobierno, que se fueron acercando a partir de la disputa por la sanción y aplicación de la ley, debemos ganar las calles, organizando una gran movilización que derrote las maniobras del Grupo Clarín, y asegure la rápida desinversión de este y otros oligopolios de los medios. Y también apunte a la superación de las dificultades señaladas.
Desde la Corriente Socialista Militante apoyamos en su momento a la Coalición, a sus 21 puntos y a la Ley de Comunicación Audiovisual. Y continuamos ahora apoyando todo avance en la democratización de la comunicación social. Perseguimos el objetivo de librarla de las garras del capital, por eso consideramos que no debieran existir los grandes medios privados de comunicación. Deberían pasar a manos del estado bajo control de los trabajadores y las organizaciones sociales y populares de la región.
Sabemos también que ese objetivo se irá cumpliendo paralelamente a la recuperación de los recursos y palancas fundamentales de la economía, su estatización y puesta bajo control obrero y popular.
