Publicamos un informe sobre la lucha contra la impunidad del terrorismo de Estado en la provincia de santa Fe durante la última dictadura militar. El informe consta de tres partes: el fallo histórico que condena a cadena perpetua y cárcel común a los primeros represores juzgados en la provincia, otro que denuncia la connivencia de jueces que excarcelaron a represores, y por último el caso del asesinato de la ex detenida-desaparecida Silvia Suppo.

Un fallo que hace historia: cadena perpetua y cárcel común

El 15 de abril de 2010, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario condenó a prisión perpetua en cárcel común a los cinco primeros represores juzgados en esta región por delitos de lesa humanidad (por lo tanto no se puede dictar amnistía):

El ex teniente Oscar Pascual Guerrieri fue hallado culpable de 24 secuestros seguidos de torturas y 16 homicidios; el ex mayor Jorge Fariña como autor de 26 casos de secuestros seguidos de tormentos y 16 asesinatos, mientras el ex teniente Juan Daniel Amelong deberá purgar su condena por 29 privaciones ilegales de la libertad seguidas de torturas y 16 homicidios. En tanto los ex agente de inteligencia civil del Ejército, Walter Pagano y Eduardo "Tucu" Costanzo deberán responder por 24 secuestros y 16 homicidios.

Pero esta sentencia no llega sin accidentes durante el juicio, cuando, entre un centenar de incidentes, se exceptuó a la Secretaría de Derechos Humanos de la nación como querellante.

Esta condena es producto de la lucha inclaudicable de militantes y organismo de DDHH que a pesar de todos los obstáculos que se han presentado desde el poder político y judicial (robo a Tribunales, Obediencia Debida, Punto Final, Indulto, amedrentamiento de los querellantes y testigos, persecuciones, desaparición de Julio López y asesinato en estos últimos días de Silvia Suppo; logró esta condena contra los represores.

Cerca de 10.000 personas celebrábamos en las puertas del Juzgado Federal, las sentencias, al mismo tiempo que abucheábamos al ex presidente Eduardo Duhalde en su pedido de amnistía. Una consigna nos unificaba: "Los juzga un tribunal, los condenamos todos".

Megacausa Santa Fe

Mientras en Rosario festejábamos, los compañeros en la ciudad de Santa Fe sufrían un nuevo fallo vergonzoso de la Cámara de Casación Penal: excarcelación para el general Carlos Alberto Settel y el suboficial Mario Carmelo Ferger-  imputados en la megacusa que investiga un centenar de crímenes de lesa humanidad en esa ciudad. Ambos procesados por la desaparición y el homicidio de dos soldados conscriptos: Edgardo Ferreyra y Roberto Daniel Suárez, en 1977. Pero ya, el 23 de marzo la misma Cámara había excarcelado al teniente coronel Domingo Morales, el único militar imputado en la causa que estaba preso en la cárcel de Las Flores, acusado por 16 homicidios, asociación ilícita y supresión de identidad en 1977. El próximo que recurrirá a la alzada para lograr su excarcelación es el teniente coronel Jorge Roberto Diab, procesado por 46 homicidios, asociación ilícita, privación ilegal de la libertad y tormentos agravados.

Los recursos de excarcelación de Settel y Ferger cumplieron el mismo derrotero que el de Morales: fueron rechazados por el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez y la Cámara Federal de Rosario, pero aceptados por la Cámara de Casación Penal. Con este criterio todos los genocidas van a quedar procesados por delitos gravísimos de lesa humanidad, pero sueltos y en la calle, y de esta manera van a llegar al juicio oral en libertad. De los catorce involucrados en la megacausa, 3 ya fallecieron, 3 lograron la excarcelación en la Cámara de Casación, 2 ni siquiera están procesados, 4 gozan de la prisión domiciliaria, 1fue excarcelado el año pasado por la Cámara Federal de Rosario por razones de salud y 1 obtuvo una falta de mérito.

El asesinato de Silvia Suppo

El 29 de marzo Silvia Suppo fue brutalmente asesinada. Testigo clave en la causa Brusa, Suppo impulsó un nuevo juicio que implica a policías que hasta hoy caminan libres como responsables de la desaparición en 1977 de Reynaldo Hattemer. Silvia había señalado sentirse hostigada e intimidada en diversas ocasiones, particularmente desde que comenzó el proceso de la causa Brusa. La explicación de que se habría tratado de un "robo común" no satisface a los organismos de derechos humanos ni a los familiares de Silvia, que exigen el esclarecimiento absoluto de los hechos. Días antes del asesinato, el gobierno provincial había sido advertido por la Casa de los Derechos Humanos de Santa Fe de la posibilidad de una escalada en la serie de amenazas y hechos de intimidación contra testigos y querellantes.

Silvia fue una militante que asumió el compromiso de aportar a la justicia testimoniando en la llamada "Causa Brusa" el año pasado, a partir de la cual se condenó por primera vez a seis de los represores de Santa Fe, entre ellos, la primera vez en la historia del país que se condena a un miembro del Poder Judicial que era el ex juez Brusa. Silvia, además, estaba como querellante en una causa que está en instrucción y que se está por elevar a juicio que ya es una megacausa porque tiene alrededor de entre cuarenta y cincuenta desapariciones y, en el contexto de este juicio, Silvia denunciaba la desaparición de su compañero e imputaba a varias personas que ella pudo reconocer. Y es de destacar que entre los imputados hay personal de la policía y hay dos personas que viven en Rafaela, que están libres.

Mientras que desde el gobierno provincial y los medios de comunicación de la zona se insiste con la figura del robo -exceptuando a la Vice Gobernadora que dijo podría tratarse de "sicarios"- , en  la última ronda de declaraciones en el juicio por delitos de lesa humanidad "Guerrieri-Amelong", el imputado Eduardo Constanzo, quien aportó a la causa denunciando a los otros represores, aseguró que teme ser asesinado "como (el ex represor Héctor) Febres, Julio López y este último caso de Rafaela, Silvia Suppo".

La lucha por juicio y castigo que militantes y organismos de DDHH venimos desarrollando por más de tres décadas, lentamente va dando algunos frutos. La sentencia de Rosario, es un triunfo de esa lucha, pero al mismo tiempo las trabas que la misma Justicia va creando, al paso del tiempo, sumado a la inseguridad en la que se encuentran los testigos y querellantes ponen al desnudo la necesidad de ir a fondo con estos juicios. No sólo condenando a los responsables y subalternos de las FFAA, sino también a los cómplices civiles y de la justicia. El inmediato desmantelamiento del aparato represivo, que sigue funcionando aceitadamente -como reconocieron los represores en el juicio de Rosario-, el esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo y de Julio López.

Para que los derechos de justicia más elementales se cumplan, es necesario, hoy más que nunca, la participación y militancia de los sectores populares.