Tras 42 días de toma de terreno en la ribera del Mapocho (Santiago), 300 miembros de la Asociación Nacional de Derechos Habitacionales (ANDHA Chile A Luchar) que demandaban al Ejecutivo la condonación de su deuda habitacional, fueron desalojados del lugar por un contingente de carabineros en lo que el gobierno de Michelle Bachelet denominó una "medida de seguridad" ante la supuesta crecida del río.
¿Un desalojo "humanitario"?
Tras 42 días de toma de terreno en la ribera del Mapocho (Santiago), 300 miembros de la Asociación Nacional de Derechos Habitacionales (ANDHA Chile A Luchar) que demandaban al Ejecutivo la condonación de su deuda habitacional, fueron desalojados del lugar por un contingente de carabineros en lo que el gobierno de Michelle Bachelet denominó una "medida de seguridad" ante la supuesta crecida del río. Con cerca de 90 detenidos, lacrimógenas y golpizas por parte de Fuerzas Especiales a los ocupantes, la Concertación escribe un nuevo capítulo en su historia de represión a los movimientos sociales en Chile, aplastando una vez más la lucha del pueblo por la reivindicación de sus derechos.
Colusión entre la Banca y el Gobierno
Hoy en día, aproximadamente 80 mil familias chilenas acreedoras de una vivienda social mantienen una deuda habitacional con alguna entidad bancaria. Y es que acceder al derecho de vivienda en este país, cuesta caro: como promedio, el préstamo requerido es de 10 mil US a 20 años, con un interés que oscila entre el 7% y 14%. Esto conduce a que los deudores deban pagar un monto mensual que asciende los $100 US, en condiciones que el ingreso familiar promedio no supera los $340 US.
Más allá de la cuantiosa suma que demanda el cumplimiento del "derecho a una vivienda digna", lo que resulta incomprensible para estas personas es el hecho de que en el largo plazo su deuda sea equivalente a 3 ó 4 veces el valor original de la casa que compraron. Como promedio, de cada 100 pesos que se pagan como dividendo, sólo 30 corresponden al pago de la vivienda, mientras que los otros 70 están destinados a alimentar las arcas de la banca privada, producto del interés que se cobra por el préstamo.
La realidad dicta que la vivienda social ha pasado a ser un negocio para los bancos, financieras e inmobiliarias, y que la Concertación mantiene su posición de observadora (y facilitadora) ante la intromisión del sector privado en estos asuntos.
La lucha que no cesa
Hace tan sólo un par de semanas, la ministra vocera de Gobierno, Carolina Tohá, justificó el desalojo de los deudores habitacionales refiriendo que no es posible sentar un precedente de resolver deudas con privados por el simple hecho de realizar manifestaciones de alto impacto. Lo cierto es que desde la creación de la agrupación ANDHA Chile en el año 2004, los pobladores han emprendido una lucha a través de diversas movilizaciones que han dejado ver resultados, entre ellos la condonación de la deuda de miles de familias.
Sin responder a otro interés más que al de la propia clase, ANDHA Chile A Luchar ha dado cuenta de la capacidad de organización y lucha alcanzada por el movimiento popular, y su inagotable resistencia ante las negativas reiteradas del Gobierno por acceder a sus demandas. La existencia de un movimiento de base de este tipo, evidencia cómo las políticas neoliberales impuestas desde los comienzos de los gobiernos concertacionistas, encuentran su piedra de tope cada vez que se enfrentan a sectores conscientes y organizados de la clase trabajadora.
Actualmente, diez pobladores se encuentran en huelga de hambre hace más de 25 días, exigiendo la condonación total de la deuda para familias pertenecientes al Programa Especial de Trabajadores (PET). Para obtener mayor información, se puede acceder a la página www.aluchar.es.tl
