Milei y Caputo, junto con todos los partidos del régimen político que los sostienen, están llevando a la clase trabajadora a un abismo cada vez más profundo. Ante el fracaso del plan económico, recientemente el gobierno anunció que levantará el cepo al dólar para personas físicas y aplicará un esquema de bandas cambiarias entre un rango de $1.000 y $1.400. Es decir, una devaluación prácticamente de un 40% y más ajuste.
En su primer día el nuevo régimen cambiario provocó una devaluación del 12,1% en el dólar oficial minorista. En una sola jornada, la cotización subió $122,50, pasando de $1.097,50 el viernes a $1.230 este lunes 14 de abril.
Luego de insistir una y otra vez, durante semanas y semanas, que no iba a haber cambios en el precio del dólar, el gobierno tiró la toalla ante un modelo económico acabado, para recibir un salvataje del FMI.
La corrida cambiaria de los últimos días obligó al Banco Central a volver a vender dólares, y las reservas —que se mantienen en terreno negativo— cayeron más de US $3.000 millones en tres semanas. Por esto, el gobierno de la timba financiero acaba de pactar una mayor entrega al FMI, buscando evitar que la falta de dólares provoque pérdidas a los acreedores de la deuda —que se dedican a amasar fortunas con la bicicleta financiera— y evitar una devaluación descontrolada que se traslade a los precios internos, y que además impactaría de forma directa sobre la deuda pública emitida en pesos pero ajustada en dólares, lo que multiplicaría el gasto público y haría prácticamente imposible seguir dibujando el “equilibrio fiscal” que el gobierno intenta sostener.
La devaluación, que día tras día se volvía inevitable, refleja el fiasco rotundo de un modelo económico que se sustenta en la especulación y el recorte presupuestario. El gobierno se aferró a un esquema obsoleto, pretendiendo sostener un dólar artificialmente bajo para frenar la inflación a costa de empobrecer aún más a la clase trabajadora y los sectores más vulnerables. Con su “ancla fiscal” (recortes en subsidios y gastos sociales) y su “ancla cambiaria” (recorte de emisión y endeudamiento en bonos e instrumentos financieros para sacar pesos de la economía), el modelo de Milei buscó estabilizar el país, pero la realidad lo desbordó: la devaluación muestra la ineficacia de un plan que acaba de estallar.
Sin reservas en el Banco Central, sostener el tipo de cambio oficial se volvió inviable, y con la economía en recesión, el ajuste fiscal dejó de ser social y políticamente sostenible, es en este contexto, que el gobierno anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 20 mil millones de dólares, confirmando el agotamiento de su estrategia y su dependencia creciente del endeudamiento externo.
El FMI, sin embargo, insiste en que el regalo de 20.000 millones de dólares al Banco Central sea utilizado para pagar vencimientos de deuda externa, no para rescatar a fondos clavados con pesos a un valor artificial, barato, del tipo de cambio. ¡Justamente lo que hizo Caputo cuando fue presidente del Banco Central en 2018, y rifó para sus amigos los dólares del FMI, durante el gobierno de Macri! Es el mismo libreto de siempre: garantizar las ganancias del capital financiero y hundir aún más al pueblo trabajador.
El mismísimo Domingo Cavallo, creador del “corralito”, salió a advertir sobre las consecuencias del “…uso de reservas que pertenecen a los depositantes de dólares en el sistema bancario para intervenir tanto en el mercado cambiario”. Así Cavallo advertía, desde su blog, que la corrida cambiaria podría transformarse en una corrida bancaria.
Tormenta global, crisis local
Todo esto ocurre no solo en un año electoral, sino en un contexto nacional e internacional de altísima volatilidad, lo que se suma al proceso de luchas y movilizaciones que se vienen gestando, a pesar de la pasividad de las burocracias políticas y sindicales, cada vez con mayor fuerza desde el comienzo del año. El gobierno de Milei está asediado en todos los frentes, económico, político y social. Una nueva tormenta perfecta se está gestando.
La intensificación del conflicto internacional, producto de los aranceles de Trump, marca una nueva era turbulenta que profundizará a un nivel más elevado la crisis capitalista mundial que golpea la economía desde 2008. Los síntomas de la crisis de los capitalistas están a la vista: La llamada “globalización” ha saltado por los aires, dejando en evidencia que, tarde o temprano, absolutamente nadie —ni siquiera las potencias imperialistas más poderosas— puede superar los límites concretos que implican la propiedad privada de los medios de producción y la camisa de fuerza del Estado nacional.
La idea de los economistas burgueses, repetida hasta el cansancio, de que la expansión del comercio mundial y la división internacional del trabajo habían superado las contradicciones del capitalismo, se ha mostrado, como los marxistas decíamos, una farsa. En los últimos meses, se ha visto claramente que este proceso ha llegado a su fin y está retrocediendo, mientras los países imperialistas adoptan el proteccionismo. El fantasma de una nueva recesión e incluso la perspectiva de una depresión mundial amenaza con romper el delicado equilibrio inestable, intensificando la lucha de clases a un nivel superior. El hilo puede romperse por cualquier parte.
Esta inestabilidad económica, financiera, social, política, diplomática y militar está teniendo importantes repercusiones en Argentina, un país de capitalismo atrasado donde la oligarquía terrateniente y los sectores burgueses, dueños de las tierras, bancos, fábricas, de la vida misma, a pesar de sus discusiones internas e intereses contrapuestos, utilizan a bandidos de la calaña de Milei, Caputo y Sturzenegger para descargar la crisis, que los mismos capitalistas provocaron, sobre nuestras espaldas.
Si bien los mercados se hundieron en todo el planeta, los activos argentinos se ubicaron entre los que más sufrieron, con bajas de hasta el 12% en Wall Street. El riesgo país pasó de los 572 puntos básicos, que había a mediados de enero, a más de 1.000 cerrando la posibilidad de obtener dólares en el mercado privado de deuda. Esto sepultó la ilusión del gobierno de articular los dólares del blanqueo de capitales de octubre pasado con los fondos del FMI, para luego tomar nueva deuda privada y sostener así su llamado “plan económico”: un eufemismo que encubre la guerra de la burguesía contra la mesa de los trabajadores.
Los dólares paralelos se dispararon $50 en dos días, alcanzando su valor más alto de los últimos ocho meses. La inflación, el gran caballo de batalla de Milei y sobre el cual construyó gran parte de su capital político, comenzó nuevamente a acelerarse. En marzo se registró un aumento del 3.7% superior al registrado en febrero de 2.4%, que ya venía de superar al 2.2% de enero. Esto se explica por las subas del 5.9% en el rubro alimentos y bebidas, junto con las subas en agua, gas y electricidad, que afectan de lleno a las familias trabajadoras.
Además, los aranceles del 10% impuestos por Estados Unidos a los productos argentinos impactarán de lleno en sectores clave como el acero, el aluminio y las autopartes, con pérdidas estimadas en exportaciones por al menos 1.000 millones de dólares. Trump intenta cerrar Estados Unidos, el mayor mercado consumidor del mundo, a los bienes del resto del mundo en un contexto de profunda crisis de sobreproducción y capacidad industrial subutilizada que empuja a China y a todas las demás naciones industriales a buscar desesperadamente mercados alternativos para sus productos, lo que reducirá aún más la competitividad de la golpeada industria argentina. A esto se suma la caída en los precios internacionales de la soja y el petróleo. Menos exportaciones implican menos dólares y una caída de la actividad que, para los capitalistas, se traduce en más desempleo, mayor explotación y más austeridad. La “salida” que ellos proponen es clara: fin del cepo y una nueva devaluación. Es exactamente lo que Macri venía exigiendo sin descanso en su ofensiva mediática de las últimas semanas.
Como advertimos, el experimento libertario de Milei, el FMI y los capitalistas tenía una sostenibilidad precaria, atada a un contexto internacional que ya señalamos como extremadamente volátil. La guerra de aranceles, que expresa un síntoma de la crisis capitalista, confirmó esta perspectiva y enterró las perspectivas económicas del gobierno, dejándolo desguarnecido ante la tormenta.
Divisiones arriba, lucha de clases abajo
En el ámbito de la política institucional, al gobierno tampoco le ha ido mejor. El intento de conformar una Corte Suprema a medida para blindar los recortes desde el Poder Judicial se frustró en el Senado, que rechazó el decreto 137 mediante el cual Milei intentaba imponer a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos miembros del máximo tribunal. Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora e interpelará a Francos, Caputo y Cúneo Libarona por la estafa de Libra. El macrismo, en plena lucha por su supervivencia, y el radicalismo se alinean para golpear a Milei, en el marco de la disputa interna de la clase dominante sobre cómo continuar ante el descalabro del plan Milei-Caputo.
Las peleas entre camarillas, que expresan los distintos intereses y perspectivas de la propia clase dominante, atraviesan tanto al oficialismo como a la oposición. El peronismo discute cómo encarar las próximas elecciones en Buenos Aires, un territorio absolutamente clave y estratégico, en medio de una puja de poder entre Kicillof y Cristina, quienes intentan administrar y representar los intereses de la burguesía nacional que demanda políticas de proteccionismo económico para sostener sus ganancias. En este marco, y como parte de esta disputa, el Gobernador desdobló las elecciones provinciales de las nacionales con la idea de lograr un triunfo a nivel local que le permita construir poder propio, pensando en una eventual candidatura presidencial en 2027, y así desplazar a Cristina Kirchner de la toma de decisiones y limitar su influencia en el armado de listas electorales. Ambos dirigentes, a pesar de sus ambiciones personales, buscan gestionar los intereses de sectores del capital nacional que se oponen a la reprimarización de la economía en beneficio del imperialismo, pero coinciden en la necesidad de una devaluación, de mantener salarios bajos y de avanzar en una contrarreforma laboral.
Esta orientación los pone en tensión con la necesidad, por un lado, de preservar la gobernabilidad y, por el otro, de mantener su base social, en un marco de desprestigio creciente de los partidos que gestionaron el ajuste en los últimos 8 años. No es casual que el grito del Argentinazo de 2001, el famoso “¡Que se vayan todos!”, vuelva a resonar en las movilizaciones de masas. En las que se destaca la presencia de trabajadores y jóvenes que se autoconvocan por fuera de los aparatos. La percepción de que los políticos, enfrascados en sus rencillas de poder, están cada vez más alejados de las necesidades reales de los de abajo, se siente en los nervios y los músculos de la clase trabajadora.
Durante el mes de marzo cobró fuerza una tendencia que comenzó a moldearse desde principios de febrero, y continuó en este comienzo de abril: La lucha estuvo en las calles.
Ni los datos truchos del INDEC, que hablan de una baja en la pobreza y de una supuesta recuperación económica sin pérdida del poder adquisitivo, pudieron sostener el relato gastado del gobierno. Las movilizaciones masivas, sobre todo en las grandes ciudades, lo desmintieron en las calles, enfrentando y quebrando en los hechos el protocolo represivo de Bullrich.
La movilización “antifascista”, el día de la mujer trabajadora, la lucha por memoria, verdad y justicia, las marchas de los jubilados, han movilizado a millones de trabajadores y jóvenes. Sin duda el impacto de la crisis y la radicalización de una capa de trabajadores, jubilados y estudiantes, han obligado a la dirigencia de la CGT a hacer una convocatoria a sumarse a la marcha de los jubilados este 9 de abril y a convocar un paro general burocrático para el 10 de abril. Estas jornadas dejaron ver la enorme capacidad y voluntad de lucha de las masas que se movilizan masivamente cada vez que encuentran un canal de lucha.
El Paro general dejó en claro, una vez más, la fuerza inmensa que tiene la clase trabajadora. Pero también evidenció que la burocracia de la CGT no está dispuesta a enfrentar seriamente a Milei, al FMI ni a los grandes empresarios. Solo buscan preservar sus propios privilegios, mientras millones sufrimos retrocesos en nuestras condiciones de vida. Es claro que sin el papel que juega la dirigencia de la CGT, el empresariado no podría haber avanzado hasta acá en su ofensiva contra la clase obrera.
Por eso no se realizaron asambleas ni plenarios en los lugares de trabajo para discutir y organizar un verdadero paro general, con una perspectiva política clara para frenar el ajuste antiobrero. No alcanza con una medida aislada y sin continuidad. Hace falta un verdadero plan de lucha para derrotar este brutal ataque contra los trabajadores. Pero ese plan no va a venir de la mano de la burocracia sindical ni política, sino de las auto convocatorias en los lugares de trabajo, fábricas, barrios, sindicatos, escuelas y universidades, junto a las experiencias clasistas y combativas que puedan surgir en las organizaciones de primer y segundo grado, como las juntas internas y los cuerpos de delegados, al calor de la crisis y la lucha por las condiciones de vida y trabajo.
Es necesario ligar las demandas concretas de los trabajadores y trabajadoras, los jubilados y la juventud con la necesidad más amplia de construir un partido revolucionario, que, armado con la teoría marxista, pueda representar una alternativa para derrocar al capitalismo y sus instituciones podridas y corruptas hasta la médula. Esta es la tarea fundamental de la izquierda.
A pesar del brutal ajuste que soportan los trabajadores, este no trajo ningún tipo de estabilidad, por el contrario, empobreció a millones de trabajadores y jubilados, y esto comienza a ser palpable por capas cada vez más grandes de la población. El descalabro de Milei y Caputo trae más endeudamiento y recortes, en un ambiente de rabia y bronca creciente.
El fracaso del plan cambiario se traduce en un salto del dólar, una aceleración inflacionaria y una nueva caída del poder adquisitivo de los trabajadores. El préstamo del FMI, lejos de ser una garantía de estabilidad, se destina en gran parte al pago de la deuda con el propio Fondo, sin asegurar capacidad de respuesta ante una corrida prolongada. El riesgo para el gobierno es claro: quedarse sin reservas y sin poder de fuego en medio del incendio, en un marco de inestabilidad política y social.
En el mejor de los casos el gobierno podría obtener un “fracaso controlado”, asistido por el imperialismo norteamericano, retrasando momentáneamente los choques que se preparan entre las clases sociales en pugna.
Las necesidades del capital financiero y la burguesía chocan de frente con las necesidades de la clase trabajadora, en un momento en que la crisis capitalista mundial ha acelerado todos los procesos, incluso aquella tendencia a una explosión social.
La tendencia a una irrupción de masas está presente en la situación política desde el gobierno de Macri en 2018, cuando la clase dominante pasó a la ofensiva con una serie de contrarreformas que desataron una oleada de protestas. Esa respuesta masiva logró frenar, o al menos limitar, varios de esos ataques en el plano laboral y previsional. En ese momento, lo que estaba en juego era una posible explosión social y el derrocamiento del gobierno por una intervención directa de las masas en las calles. Ese desenlace sólo se evitó gracias a la autoridad política que aún conservaban los dirigentes del kirchnerismo, quienes lograron canalizar la bronca popular hacia el terreno electoral, operando como válvula de escape para frenar un estallido abierto como venía sucediendo en varios países de la región como Ecuador o Chile. Ese desvío culminó en la victoria del gobierno de Alberto y Cristina Fernández en 2019.
Por supuesto, en la situación también existen contratendencias, fundamentalmente entre la clase dominante y los partidos del régimen, que pugnan por sostener la gobernabilidad y evitar que las masas irrumpan con fuerza en la escena política. Estas fuerzas pueden retrasar temporalmente los choques fundamentales. Esto lo vimos en el Salteñazo y el Jujeñazo, puebladas que enfrentaron los gobiernos de Sáenz y de Morales-Sadir en junio de 2023, o en el Misionerazo del año pasado, donde los aparatos políticos y sindicales lograron obturar la tendencia a la lucha. Pero el descontento es profundo y se va intensificando con el tiempo.
Hoy, las condiciones han cambiado de manera radical. Como hemos venido señalando, los partidos mayoritarios están profundamente desprestigiados debido a su participación en las políticas de ajuste de los últimos diez años. Al mismo tiempo, crece con fuerza un sentimiento anti-establishment que, hace poco más de un año, llevó a Milei a la presidencia, pero que hoy empieza a volverse en su contra, como consecuencia de su programa de guerra contra los trabajadores.
Tarde o temprano, la necesidad se expresará a través del accidente. No estamos en presencia de un gobierno fascista, ni vamos hacia un régimen bonapartista que gobierne con la espada por encima de las clases. Estamos en la fase preparatoria a una irrupción de masas, a procesos de lucha generalizados, cambios bruscos, que se expresarán como una agudización de la lucha de clases.
La cuestión por lo tanto es cómo los comunistas nos preparamos para esta etapa. La tarea del momento es construir una dirección revolucionaria que pueda intervenir en los estallidos, que inevitablemente se van a producir, para cambiar el curso de los acontecimientos y hacer avanzar a la clase trabajadora hacia la toma del poder.
¡Que se vayan todos!
¡Por un Gobierno de Trabajadores!
