Luego de publicada la primera parte donde nos referíamos a la Situación Internacional, a continuación se analizan la Situación Económica Nacional y sus Perspectivas: recuperación, crecimiento, inflación, superexplotación, inversiones, deuda, presupuesto, etc.
Perspectivas para Argentina 2006 * Parte II
1. INTRODUCCIÓN
La crisis general del capitalismo a nivel mundial, y en América Latina en particular, encontró su expresión local en los acontecimientos ocurridos hace más de 4 años, bautizados popularmente con el nombre de: el Argentinazo. Pese al tiempo transcurrido, sus ondas largas todavía dejan sentir su palpitación en la situación política de nuestro país.
El Argentinazo fue un punto de quiebre histórico que inauguró una etapa diferente y una correlación de fuerzas nueva en la lucha de clases en Argentina, más favorable para que las ideas del socialismo y la revolución penetren en capas más amplias de la clase obrera y de la juventud.
El Argentinazo provocó el derrumbe estrepitoso de toda la estructura ideológica sobre la que se sustentó la dominación de clase en los años 90. Mientras que las ideas sobre economía y política, dominantes hasta entonces, pasaron a ser consideradas anatema, muchas de las posiciones políticas circunscritas hasta entonces a los pequeños cenáculos de la izquierda adquirieron el vigor de una certeza inapelable para millones.
La aureola de santidad con que, en el pasado, la burguesía argentina rodeó términos tales como: privatizaciones, pago de la deuda externa, ajuste del gasto, unión carnal con los EEUU, mano dura, respetabilidad de políticos, jueces y policías, etc, fue enviada directamente al infierno en la conciencia de las masas trabajadoras. En cambio, la distribución de la riqueza y la justicia social, el rechazo a la deuda externa, la estatización de las empresas privatizadas y de los recursos naturales, el rechazo vehemente al gatillo fácil policial y a la impunidad de los crímenes de la dictadura militar, la rehabilitación de la generación revolucionaria de los 70, la dignificación de la lucha social y de la movilización popular, encontraron un eco entusiasta.
La crisis política que el Argentinazo provocó en la burguesía fue de una profundidad enorme. El Partido Radical (la UCR), una de las patas sobre la que se apoyó la dominación política de la burguesía en los últimos 100 años, prácticamente desapareció del escenario político y quedó convertido en un grupo sin importancia, desgarrado por escisiones a derecha e izquierda, manteniéndose a duras penas en las provincias más atrasadas políticamente. El Partido Justicialista (peronista) fue sacudido igualmente por crisis y divisiones internas y su influencia en la clase obrera se debilitó de manera acusada. No existe un solo político peronista fuera de Kirchner que pueda exhibir un grado mínimo de autoridad sobre las masas.
Precisamente, el carácter del gobierno de Kirchner hunde sus raíces en el ambiente social legado por el Argentinazo y en las divisiones y enfrentamientos que, como resultado, se dio entre los diferentes sectores de la burguesía nacional y el imperialismo. Faltos de otra alternativa, dado el descrédito enorme de los políticos burgueses oficiales, tanto en el radicalismo como en el peronismo, el sector más inteligente de la burguesía debió improvisar un político como Kirchner que comprendió perfectamente lo riesgoso del volcán social sobre el que estaba asentado el sistema capitalista argentino. Kirchner ha demostrado ser un político burgués inteligente y audaz, demasiado audaz para la podrida y asustada burguesía argentina, que nunca le demostró gran entusiasmo y sí veía con bastante desconfianza sus arrebatos izquierdistas. Pero carecían de alternativa.
Aquellos que, desde la izquierda, minimizan la importancia del Argentinazo y sus efectos sociales y políticos, deberían explicar qué obligó a la burguesía argentina echar mano de un político como Kirchner. Si la crisis social y política no era tan grave, cómo explicar el carácter de sus discursos demagógicos y sus arremetidas contra los sectores más parásitos de la burguesía, contra el FMI, contra el menemismo, contra la entrega de la riqueza nacional, su reivindicación de las víctimas de la dictadura militar y la derogación de las leyes de impunidad, las purgas parciales habidas en el aparato del Estado y en los cuerpos represivos, su calculada ambigüedad en sus relaciones con Venezuela y Cuba, referentes incuestionables para las masas latinoamericanas; posiciones, todas ellas, que no tienen paralelo en 20 años de gobiernos burgueses, tras la caída de la dictadura.
Por supuesto, dicen, y estamos de acuerdo, que son medidas demagógicas para construir una base social de apoyo y desviar a las masas de la lucha por la transformación social, mientras que defiende los intereses de conjunto del sistema capitalista argentino. Pero este es precisamente el fondo del asunto. Si Kirchner se vio obligado a imprimir este carácter a su política se debió, por un lado, a la necesidad de disciplinar a los sectores más parásitos de la burguesía y del aparato del Estado ante la profundidad de la crisis económica y de las finanzas públicas, pero sobre todo para reconstruir la autoridad de las instituciones burguesas (Parlamento, aparato judicial, gobierno nacional, etc.) dado el descrédito en que habían caído las mismas ante la masa de la población.
Uno de los aspectos más destacados en la actual etapa de la situación política, es la irrupción de la clase obrera en la escena de los acontecimientos, que está desplegando un vigor extraordinario en sus luchas económicas, las de mayor envergadura de los últimos 15 ó 20 años. Una nueva camada de luchadores obreros está haciendo su experiencia, sin la rémora de las derrotas del pasado ni la fidelidad a las viejas direcciones, soportando lo fundamental de la explotación capitalista más descarnada. A este sector de la clase, el más joven y explotado, debemos prestar una atención especial porque, de ahora en más, en el marco de los acontecimientos tormentosos que sacuden toda América Latina, serán los más abiertos a las ideas revolucionarias y a la lucha por el socialismo.
La contradicción que se mantiene, y que debe ser resuelta, es que mientras la disposición a la lucha es enorme, mientras que la audiencia potencial para las ideas del socialismo revolucionario son las mejores en décadas, la debilidad política de la clase obrera argentina es muy grande, por la falta de un referente político de clase, por la ausencia del factor subjetivo, de un partido socialista revolucionario con influencia de masas que acelere su experiencia y le ofrezca una salida ante el actual caos capitalista.
Por esta razón, el proceso de la revolución argentina será prolongado, con alzas y bajas, con momentos de luchas tormentosas seguidos de períodos de calma e incluso de reacción temporal, para dar lugar a nuevas alzas revolucionarias. Pero tarde o temprano la contradicción deberá ser resuelta: o la clase obrera argentina es capaz de forjar un partido revolucionario de masas que la conduzca hacia la transformación revolucionaria de la sociedad, o la barbarie capitalista se tomará su revancha, con su legado de crímenes, opresión, miseria y sufrimiento, descargando su talón de hierro sobre millones de trabajadores y sectores populares postergados.
El objeto de este documento es intentar esclarecer las condiciones y las perspectivas sociales, políticas y económicas que se abren en la lucha de clases de nuestro país. Esto es absolutamente necesario para orientar a los marxistas en su intervención, participando hombro con hombro junto a la clase obrera, comenzando por sus capas más conscientes y avanzadas, agitando audazmente por un programa de transición al socialismo, que facilite las condiciones para la construcción de un partido socialista revolucionario de masas que esté en condiciones de dirigir la lucha por la emancipación social de nuestra clase.
2. LA SITUACIÓN ECONÓMICA
En los últimos 3 años, la actividad económica medida en valor de la producción (el Producto Bruto Interno, ó PBI) aumentó un 27%; alcanzando el mismo nivel que tenía antes de la última crisis económica, que se inició a fines de 1998. Esto significa que la economía Argentina ha estado creciendo a tasas anuales del 9%, una cifra muy elevada.
Las causas de dicho crecimiento hay que buscarlas tanto en factores internos como externos. Era de esperar, que tras la profundidad de la crisis económica del período 1998-2003 (una caída del PBI de aproximadamente el 25%), en un determinado momento se produjera un efecto rebote. Ninguna economía puede caer indefinidamente. Así, sin necesidad de hacer grandes inversiones, simplemente poniendo a producir la capacidad ociosa que dejó la crisis en las empresas, se pudo recomponer el nivel de producción de 8 años atrás. Por otro lado, el aumento de los precios de las materias primas y agropecuarias como consecuencia del aumento de la demanda exterior (fundamentalmente de China y EEUU) también estimuló el aumento de la producción y el valor de las exportaciones (40.013 millones de dólares en el año 2005, un registro histórico). El aumento de los recursos destinados a la obra pública, gracias al aumento extraordinario de los ingresos del Estado y de la reducción del gasto público social en términos reales, igualmente jugó un papel dinamizador en la producción por su efecto de arrastre en otros sectores de la economía vinculados a la construcción. Pero la razón fundamental fue la sobreexplotación de la clase obrera, llevando hasta el límite la presión sobre los músculos y los nervios de los trabajadores, haciéndolos producir más, en jornadas más largas y con salarios reales menores (en valor dólar, el salario de los trabajadores quedó reducido a un tercio de su valor antes de la devaluación). Además, el aumento de los precios de las mercaderías (inflación), con los salarios estancados o reducidos, provocó un trasvase salvaje de los ingresos de los asalariados y del pueblo pobre hacia las ganancias de los empresarios, dueños de estas mercaderías. Este aumento de las ganancias empresariales ayudó a reactivar la inversión productiva e iniciar un nuevo ciclo expansivo de la economía argentina.
Lo que tenemos que analizar es si las bases de este crecimiento económico son lo suficientemente sólidas como para que se pueda sostener en el tiempo. Para eso debemos tener en cuenta tanto factores internos como externos.
La inversión
En cualquier economía sana, las inversiones son el motor del crecimiento económico. Sin embargo, pese a la espectacularidad de las cifras de crecimiento económico en Argentina, el nivel de las inversiones sigue estando por debajo del que existía en 1998. En ese año la inversión equivalía al 23% del PBI, mientras que ahora apenas alcanza el 20%.
En el 2005, la Inversión Interna Bruta Fija (la inversión que desarrolla las fuerzas productivas y la creación de riqueza) aumentó un 23% en relación al 2004, una cifra aparentemente importante. Pero hay que explicar que el sector productivo que más creció en el 2005 fue la Construcción, con un 14,6% más, mientras que la industria lo hizo un 7,7%. Es decir, la mayor parte de las inversiones estuvieron relacionadas con la obra pública y la construcción. Por ejemplo, la principal siderúrgica del país, Siderar del grupo Techint, destinó el 50% de sus ventas internas de acero al sector de la construcción.
La inversión extranjera en Argentina es escasa (4.200 $US millones, el 5,8% del total latinoamericano), que prefiere orientarse a los países asiáticos (China e India) y, en América Latina, a Brasil y México. En un informe aparecido en el diario Clarín, hace unos meses (Quién, dónde y cómo se invierte en la Argentina. Clarín, 26 marzo 2006), se ofrecían algunos datos interesantes sobre el carácter de las inversiones en Argentina. Así, según este informe, la inversión total aumentó un 30% con respecto al 2004, 14.105 millones de dólares. Casi el 70% (9.403 millones de dólares) fue destinado a la formación de capital y el resto a fusiones y adquisiciones. De esos 9.403 millones de dólares, el 78% fue destinado a la ampliación y mejoramiento de la capacidad instalada, y sólo el 22% a la creación de nuevas unidades productivas. Sin embargo, el grueso de esta inversión, el 60%, está relacionado con el mercado mundial, principalmente con la producción y exportación de petróleo y gas. Pese a que el año pasado se produjeron 121 fusiones y adquisiciones de empresas, sólo 64 fueron realizadas por capitales nacionales lo que, en cantidad de dinero, sólo representó el 17% del total. Por lo tanto, el desarrollo de una nueva burguesía nacional propuesta por el gobierno nacional, que desarrollase las fuerzas productivas del país a partir de una inversión productiva que ensanchase el mercado interno, es una quimera. Los sectores fundamentales de la clase dominante están ligados indisolublemente al mercado mundial y a inversiones conjuntas con empresas multinacionales, embolsándose dólares y pagando en pesos. De hecho, la burguesía nacional tiene en cuentas del exterior alrededor de 107.000 millones de dólares. Hoy como ayer, la clase dominante mira parir las vacas.
El nivel de inversión a medio y largo plazo tiene un reflejo directo en la cartera de créditos de los bancos, que son quienes suministran los grandes capitales para la inversión. Mientras que en el año 2000, los préstamos bancarios por todo concepto (para inversión productiva, hipotecarios, y para el consumo) equivalían al 22% del PBI, en el 2005 apenas equivalían al 9%. Lo cual demuestra, que los capitalistas no están arriesgando mucho. Esta falta de inversión es motivo constante de reproches por parte del gobierno hacia los empresarios nacionales, ahora que tienen plata.
No obstante, los bancos continúan haciendo buenos negocios. Están obteniendo beneficios exorbitantes interviniendo como intermediarios en la compra-venta de la deuda pública, de la que poseen una buena cantidad de títulos. En el 2005, obtuvieron cerca de $2.000 millones en ganancias, y eso sin contar otros $1.500 millones que destinaron a previsión por amparos (posibles reclamos judiciales de ahorristas por la devolución de sus ahorros en pesos y no en dólares en 2002-2003) y por lo que denominan valuación de bonos (destinado a sostener artificialmente la cotización de sus acciones bursátiles mediante la autocompra de las mismas).
La situación de la industria
Pese al aumento de la producción industrial en estos años, la utilización de la capacidad productiva industrial instalada está en el 71,2%; mientras que en una etapa de auge económico normal la utilización promedio de la capacidad productiva es de poco más del 80%. Hay sectores funcionando casi al 100%, como es el caso de la producción de hierro y acero (96,5%) o el de refino de petróleo (91,5%); pero la industria del caucho-plástico está funcionando al 65,4% de su capacidad, y las automotrices al 53,5%.
La compra de maquinaria y equipos para la producción es todavía un 6% inferior a 1998; y pese a que se volvió al nivel de producción de aquel año, hay un 14% menos de trabajadores en la industria. Además, hay que añadir que el costo laboral real en la industria se redujo un 30% respecto a 1998, pese a haber aumentado la productividad de los trabajadores un 20% más (Informe del Banco Central de la República Argentina. Clarín, 25/07/05). Todo lo cual nos dice que el aumento de la producción industrial no se debe tanto a nuevas inversiones ni a la construcción de nuevas plantas industriales, sino a la sobreexplotación de la mano de obra, produciéndose lo mismo con menos trabajadores y con salarios reales inferiores.
Este es uno de los problemas de la industria argentina, su menor productividad en relación a países de nuestro entorno. Así, el déficit comercial con Brasil aumenta año tras año. En el 2004 fue de 1.950 $US millones y en el 2005 de 3.676 $US millones. Esto ha llevado a la burguesía argentina a imponer a Brasil, su competidor más directo, topes a las importaciones de sus productos, aranceles extraordinarios y cláusulas de salvaguardia, pese a la prohibición expresa de tales medidas en los acuerdos del MERCOSUR.
Frente al potente desarrollo industrial de Brasil, la burguesía argentina se dedicó en los 80 y 90 a cerrar fábricas y trasladar sus capitales a cuentas en el extranjero para vivir de las rentas y la especulación. Ahora, en pleno boom económico, la industria argentina es incapaz de satisfacer por sí misma la demanda de productos industriales del mercado, dado su tamaño reducido tras los cierres masivos de fábricas en el pasado, demanda que es acaparada en mayor parte por la industria brasileña. Y ahora, se suma la competencia de productos baratos procedentes de China, sobre todo productos de consumo.
La debilidad estructural de la industria argentina se manifiesta en su enorme dependencia de la importación del exterior de Bienes de Capital y Bienes Intermedios (maquinaria, tecnología, equipos industriales, piezas y accesorios, etc). Esto supone el 78% de las importaciones argentinas. En cambio, aunque en el último año aumentaron algo las exportaciones industriales (un 30% del total, frente al 25% en 2004), el 70% de las exportaciones son productos primarios y agropecuarios, y productos energéticos, principalmente gas y petróleo. Es decir, se exportan productos de poco valor agregado (productos que necesitan poca elaboración, al proceder casi directamente de la propia naturaleza), en general baratos; y se importan productos industriales (que sí necesitan mucha elaboración), y por lo tanto son más caros.
Paradójicamente, el saldo comercial de Argentina sigue siendo favorable, 11.321 $US millones en el 2005. Pero el hecho de que la economía argentina sea exportadora de bienes primarios y tenga un saldo comercial favorable, lo único que demuestra es que la industria nacional no se fortalece en la misma proporción, ya que no se emplea ese superávit en la compra y renovación de los equipos industriales.
Por otro lado, la mayor parte de la producción industrial nacional se destina al mercado interno, y no al extranjero; lo que refleja dos cosas: poco volumen de producción y productos poco competitivos en los mercados internacionales, debido a la escasa inversión.
El parasitismo de la burguesía argentina se manifiesta de muchas maneras. Se podría pensar que los sectores más parásitos corresponden a la pequeña y mediana empresa que, por su mayor debilidad, se ven favorecidas recurrentemente por las ayudas y subsidios estatales. Y esto es así. Para el 2006, el presupuesto nacional destina $25.000 millones en subsidios y exenciones de impuestos a las empresas, una cantidad similar a la que se destina anualmente al pago de la deuda pública. Pero también las grandes empresas se sirven de la muleta del Estado. Por ejemplo, Aluar, principal productora de aluminio del país, anunció una inversión de $2.000 millones para ampliar su producción de aluminio, de la que un 35% será subsidiada por el Estado ($700 millones). El grupo Techint, el principal grupo industrial del país, no sólo recibe subsidios millonarios del Estado, sino que gran parte de su negocio lo constituyen obras de infraestructuras financiadas con dinero público: construcción de oleoductos y gaseoductos, tendido de cables eléctricos de alta tensión, construcción civil, etc.
Las viejas familias emblemáticas del desarrollo industrial del país se han transformado en rentistas y especuladores. Así, los Pérez Cómpanc, la Fortabat, los Azevedo vendieron sus empresas y participaciones industriales en los últimos años (en petróleo, molinos, eléctricas, cemento, siderurgia, etc.) a multinacionales extranjeras por varios miles de millones de dólares. Y qué decir del carácter del nuevo empresariado nacional: los Taselli, los Roggio, los Macri, los Eurnekian, etc., especialistas en comprar a precios de saldo empresas estatales recibiendo subsidios millonarios, participando en los negociados de la obra pública; o, en algunos casos, adquiriendo empresas quebradas para vaciarlas y especular con la venta de la maquinaria y los terrenos. Lo cierto es que de las primeras 500 empresas que operan en el país las empresas de capital internacional controlan el 69% de la producción y el 84% de las ganancias, además del 70% de las ventas al exterior (Fuente: INDEC).
El sector agropecuario
El sector agropecuario es la estrella de la economía argentina. En la temporada 2004-2005 la cosecha de granos fue la mayor de la historia: 84 millones de Toneladas (Tn). La evolución de la renta agraria nos da una medida del enriquecimiento fabuloso de la oligarquía terrateniente de nuestro país en los últimos años:
Cosecha (temporada)…..Renta obtenida ($US millones)…..Renta por hectárea (US$)
1999-2000……………………………..250 $US millones………………………………….10 $US
2003-2004……………………………3.250 $US millones………………………………..130 $US
2004-2005……………………………2.100 $US millones………………………………….80 $US
Pese a la reducción de ganancias en la cosecha 2004-2005, debido a la disminución en los precios internacionales de la soja y el maíz, no obstante, la renta agraria aumentó más de un 800% en los últimos 5 años. A su vez, las exportaciones de carne alcanzaron el año 2005, 1.400 $US millones, un 32% más que en el 2004. El año pasado se exportaron productos agropecuarios por valor de 19.480 $US millones, 8.000 $US millones más que en el 2002 ¡Y estos parásitos se quejan de lo elevadas que son las retenciones a las exportaciones agropecuarias! Para consolarlos, en el 2005 el gobierno de Kirchner redujo el IVA aplicado a los fertilizantes del 21% al 10,5%. Ya se ve que para los ricachones y parásitos hay comprensión desde el gobierno, pero no para reducir el IVA en la misma proporción a los precios de los alimentos que constituyen la base del gasto de las familias trabajadoras.
Las ganancias fabulosas del sector agropecuario apenas están beneficiando a los trabajadores y a las capas pobres de la población. Con excepción de la carne, la mayor parte de la producción se exporta pese a la desnutrición crónica que existe en las bolsas de pobreza del país, sometiendo a la población al chantaje de un aumento de los precios de los alimentos, con la excusa de que en el extranjero les pagan precios elevados.
Es una paradoja que, mientras mejor le vaya al sector agropecuario argentino (ahora se abren posibilidades ilimitadas con las exportaciones a China y otras zonas) peores efectos tendrá sobre el nivel de vida de los trabajadores, ya que una menor oferta para atender el mercado interno imprimirá un incremento irresistible a los precios de los productos, como vemos en estos momentos.
Si alguien quiere entender el carácter reaccionario de la propiedad privada de los medios de producción, el sector agropecuario argentino ofrece el ejemplo más sangrante.
Los impuestos a las exportaciones agropecuarias juegan un papel principal en los ingresos del Estado. En 2005, las retenciones (impuestos que se aplican al valor de las exportaciones y que varían entre el 5% y el 20% del valor exportado, según el producto) aumentaron un 23,3% respecto al 2004, y supusieron el 11% de los impuestos ingresados por el Estado. El gobierno de Kirchner no puede por el momento aflojar la política impositiva hacia este sector de la burguesía, dada la necesidad de ingresos estatales para atender los intereses generales del capitalismo argentino (subsidios a los sectores industriales, obra pública, etc.), de ahí que se mantendrán las pugnas entre ellos, salvo que un cambio catastrófico para el agro argentino lo obligue a un cambio de política, que no es lo más probable a corto plazo.
El problema de la inflación
La inflación (la suba de precios) es una de las principales debilidades de la economía argentina porque es un factor permanente de inestabilidad social cuestionando un consenso estable para cualquier político burgués y que pone al desnudo más de una vez el carácter parasitario del capitalismo argentino. El año pasado, la inflación fue del 12,3%. Para este año se espera incluso un aumento mayor, de entre el 13% y el 15%. Por supuesto, sabemos que las cifras oficiales subestiman la verdadera situación. La inflación real que sufren las familias trabajadoras es el doble o el triple de esa cifra. Desde la devaluación de enero del 2002, la inflación oficial ha sido del 76,4%, aunque en los precios de alimentos e indumentaria llegó al 120% ó 130%. En cambio, el aumento promedio de los salarios estuvo en el 50%. La pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores ha sido notable.
Las causas de la inflación en Argentina son varias, y aunque puede haber factores externos -unos con mayor incidencia que otros-, un factor como el alza internacional del precio del petróleo tiene acá un efecto menor. Debido a los acuerdos del Estado con las petroleras, los precios de los combustibles son menores que en el exterior. La fuerte subida del precio del gas y la electricidad a las empresas y comercios por las empresas energéticas suministradoras (petroleras y eléctricas), indudablemente fueron trasladadas a los precios, pero al ser insumos relativamente baratos no inciden tanto. Pero la mayor parte obedece a causas internas que tienen que ver con el parasitismo empresarial:
a) devaluación monetaria
b) factores especulativos
c) monopolio de determinados rubros de la producción y el comercio
d) deuda pública
La devaluación del peso respecto al dólar, estimulada por el gobierno para que las exportaciones en valor-dólar sean más baratas tiene como contrapartida que las importaciones en valor-dólar de las mercancías se encarezcan. Si un insumo exterior cuesta 100 dólares, con el dólar a 3 pesos actualmente cuesta importarlo 300 pesos; pero con un dólar a 2,50 pesos, costaría 250 pesos, sería más barato. Teniendo en cuenta la debilidad estructural de la industria argentina, profundizada en la década del 90 por un sin número de cierres de fábricas y la falta de inversiones en la industria, todo esto es lo que está creando cuellos de botella en la producción y una escasa oferta de mercaderías que tira al alza el precio de los productos. Así, el parasitismo empresarial se revela como una causa mayor en la creación de la inflación.
Los factores especulativos obedecen al afán descarado de los empresarios por enriquecerse. Por ejemplo, el aumento los precios de las materias primas y de los productos agropecuarios por la mayor demanda internacional es otro factor importante, e incide particularmente en los precios de los alimentos, ya que la mayor parte de la producción agropecuaria se exporta. El chantaje de los empresarios a la población es claro: Si quieren comer y vestirse decentemente, páguennos como en el extranjero. Otro factor es la especulación inmobiliaria, que hizo aumentar un 200% los precios de la tierra, de las viviendas y de los alquileres en los últimos años. Otra razón es el régimen de monopolio de determinados rubros de la producción y el comercio que permite a estos grupos económicos concentrados aumentar sus precios sin temor a la competencia. Por último, está el parasitismo empresarial de vengarse de los aumentos salariales, incrementando los precios de sus mercaderías para mantener sus ganancias.
En suma, lo que se persigue con el aumento de los precios es sostener, mantener o acrecentar las ganancias de los empresarios que son quienes fijan los precios de las mercaderías. Por eso, en general, la subida de precios o inflación es un fenómeno característico de la economía capitalista y está vinculado a la existencia de la propiedad privada.
Un sector de los economistas burgueses culpa al excesivo gasto público del aumento de la inflación, porque según ellos desata un consumo artificial en un mercado formado por una cantidad limitada de mercaderías. Claro está que estos economistas burgueses se quejan del gasto público cuando es dinero destinado a la obra pública y al gasto social (salud, educación, salarios, etc.), pero no se quejan cuando este dinero va a pagar la deuda pública o a dar subsidios multimillonarios a las empresas.
No es verdad que el actual gasto público sea responsable de la inflación porque no hay déficit público (más gastos que ingresos) que necesite financiarse a través de una emisión artificial de dinero. Al contrario, hay un superávit público anual (más ingresos que gastos) por valor de $20.000 millones. Es decir, se ahorra más que se gasta; claro está, que se ahorra a costa de mantener el gasto social (salud, educación, pensiones, etc.) más bajo de las últimas décadas en términos reales (descontando la inflación).
Lo que sí tiende a crear inflación es la deuda pública, ya que el Estado destina unos 10.000 $US millones cada año (este año serán 12.000 $US millones) que no puede cubrir con el superávit fiscal y se ve obligado a tomar nuevos créditos y crear nueva deuda pública que sí introducen en el sistema monetario un dinero artificial que no se corresponde con la riqueza creada en el país. Al haber más circulante (dinero) que supera en valor al precio de las mercaderías existentes en el mercado, eso tiende a producir inflación.
De la misma manera, los capitalistas culpan a las subidas salariales de los aumentos de los precios. Lo cual es una mentira descarada. Toda la historia económica demuestra que los incrementos salariales siempre tienen lugar después de las subidas de precios. Lo único que intentan los salarios es elevarse al mismo nivel que el incremento de los precios, para no quedarse atrás.
El aumento del salario no implica incremento de los costos empresarios, sino una disminución de las ganancias empresariales, manteniéndose igual las condiciones de trabajo. Las ganancias empresariales son el trabajo no pagado al obrero. Cuando suben los salarios, los obreros se limitan a recuperar una parte de lo que les roban. Son los empresarios quienes suben los precios para mantener sus ganancias o acrecentarlas, sacando a los trabajadores con la mano izquierda los aumentos salariales otorgados con la mano derecha.
Además, las propias estadísticas desmienten esa afirmación. En el 2005 año se superó la producción de 1998 antes de la última crisis; es decir: hay más mercaderías que hace 8 años. Según un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), el consumo per cápita todavía es un 6% inferior al de 1998 (Clarín, 19/11/05), y todavía el salario real de los trabajadores (descontando inflación) sigue estando un 28,5% por debajo del que existía en 1998 (INDEC. Clarín, 27 noviembre 2005). Con lo cual se demuestra que hay más mercaderías y menos consumo familiar que en 1998. Luego, si hay inflación no es por un excesivo consumo por parte de los trabajadores, sino por los factores especulativos empresariales que señalamos anteriormente.
En los últimos meses el gobierno anunció decenas de acuerdos con los empresarios para congelar los precios, que fracasaron miserablemente. También amenazó con represalias al sector agropecuario y subió los impuestos a las exportaciones de carne, leche y otras mercaderías. Pero como estos productos básicos son propiedad privada de un puñado de parásitos y grandes capitalistas, éstos respondieron subiendo nuevamente los precios, de manera que cualquier política que intente un control de precios, por éste u otro gobierno, se estrellará ante la presión combinada de los empresarios.
Pero es verdad que, tanto el gobierno como los empresarios, están muy preocupados ante la posibilidad de que la suba de precios refuerce la lucha salarial y que se vuelva incontrolable por la burocracia sindical. De ahí que buscaran algún gesto que pudiera servirles para convencer a los trabajadores de que sus demandas salariales debían ser moderadas y razonables.
Esto explica las negociaciones febriles del gobierno con todos los sectores empresarios vinculados a la canasta básica familiar: alimentos, útiles escolares, perfumería, etc. El acuerdo-trampa más resonante fue el firmado con los Hipermercados y comercios a fines de noviembre del pasado año que consistía en una reducción de un 15% en los precios de unos 200 productos de segundas marcas o marginales, hasta fines de enero de este año. Lo que hicieron los fabricantes y comercios fue congelar o reducir los precios de un núcleo reducido de productos y marcas, a cambio de subir el resto, compensando con creces el congelamiento o la reducción de precios en los productos y marcas anunciadas, lo que les permitió mantener sus márgenes de ganancia anteriores (Clarín, 11/02/06). Luego anunciaron un acuerdo similar para 351 productos para mantenerlos congelados durante un año si no hay suba de costos; es decir, de los salarios. En el sector de la carne, después de ásperas polémicas, lo más lejos que se llegó fue al compromiso de los ganaderos y frigoríficos de congelar algunos cortes, pero no de reducir sus precios que subieron en promedio un 30% el año pasado y otro 20% a lo largo del 2006.
No se puede controlar lo que no se posee. De ahí que la condición para una política efectiva de control y fijación de precios sería a través de la expropiación de los latifundios, los monopolios alimenticios y las grandes cadenas de comercialización como Coto, Disco, Carrefour, Jumbo, etc. sin indemnización y bajo el control de los trabajadores. Pero el gobierno de Kirchner no lo hará. No reestatizó las empresas privatizadas durante la era menemista, menos aún desafiará la propiedad de estos pulpos y multinacionales. Sólo un gobierno de los trabajadores estaría en condiciones de emprender estas medidas. Mientras tanto, debemos exigir a los sindicatos que profundicen y coordinen la lucha salarial por un salario equivalente a la canasta familiar ($1.950), por la inclusión en los convenios de trabajo de la escala móvil precios-salarios, y apoyar cualquier iniciativa que surja desde abajo en los barrios, ya sea asambleas o comités vecinales, que denuncien y se organicen contra las subas abusivas de precios. Como en los otros aspectos de nuestro programa, debemos ser insistentes en vincular el problema del aumento de precios a la expropiación de los capitalistas.
Sobre el parasitismo de la burguesía argentina
Tal vez sea necesario hacer algunas indicaciones para que no se entienda como característica subjetiva especial o nacional, la consideración de la burguesía argentina como particularmente parásita, ni que deje abierta la interpretación de que depende de su voluntad o generosidad y bondad como clase social, volverse más emprendedora o progre.
La burguesía argentina tuvo una constitución tardía respecto a sus hermanas mayores en Europa y EEUU; de ahí su inserción subordinada a ellas en un mercado mundial ya maduro y sin espacio para otros peces grandes. Las condiciones particulares del naciente capitalismo argentino la orientaron tradicionalmente a las actividades primarias (oligarquía agroganadera), que invierte poco en la industria y en obras de infraestructura y servicios, prefiriendo las rentas y la especulación financiera. Y cuando se dedica a la industria se muestra prebendaria del Estado (por ejemplo: capitanes de la industria, contratos de obras, concesiones, subsidios, estatización de la deuda, etc.). Todo esto se agudiza por el proceso de concentración y extranjerización económica de las recientes décadas. Cuando se señalan en este documento el parasitismo, la podredumbre y la incapacidad de la burguesía, en realidad no estamos diciendo que, si quisiera, la burguesía podría comportarse de otra manera. La leyes de funcionamiento normal del mercado y sus limitaciones siguen rigiendo más allá de la voluntad de los que intervienen en él. Por ejemplo, los precios de la carne responden a la oferta y la demanda entre ciertos límites. Cuando la tasa de ganancia cae por debajo de cierto limite se produce un ajuste “por las malas”, como abandonar la actividad (dejar de criar animales y pasarse a la soja); y cuando esa caída es generalizada y abarca varias actividades, el capitalismo necesita destruir fuerzas productivas para readaptar las distintas actividades en posiciones ventajosas: con salarios bajísimos, alto desempleo, y una nueva vinculación con el mercado internacional, como vimos en 2002. Esto inaugura una nueva etapa de gran acumulación capitalista en algunos sectores de la burguesía. Otros, se ven afectados y son perjudicados por la crisis.
Mas allá de alguna que otra variante que sí podría adoptar la burguesía para no aparecer tan explotadora, está en su propia constitución que sea así, por la determinación histórica y el funcionamiento normal del capitalismo y sus leyes de mercado. Por eso decimos que bajo el capitalismo no puede haber un gran salto en la productividad que lleve a la solución de los problemas sociales. Ni siquiera bajo la presión bonapartista del Estado se pudo lograr eso. Como ocurre ahora, es conocido el fracaso del control de precios y del comercio exterior bajo gobiernos otros peronistas que contaban con poderosas herramientas pero que no avanzaban en la expropiación de la burguesía.
La deuda pública
Con respecto a la deuda externa, el pasado año tuvieron lugar los dos hechos más importantes desde la cesación de pagos (default) de diciembre del 2001. En abril del 2005 se alcanzó un acuerdo para salir del default y renovar el pago de la deuda externa a los acreedores privados (los organismos imperialistas internacionales -FMI, Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- nunca fueron afectados por el default), y en Diciembre se decidió cancelar toda la deuda con el FMI. En el primer caso, se alcanzó un acuerdo para reducir la deuda de los acreedores privados en default (unos 80.000 millones de dólares) a prácticamente la mitad; y al FMI se le pagaron 12.000 millones de dólares (2.000 millones a lo largo del año pasado y cerca de 10.000 millones en los primeros días de enero de este año).
Aunque el gobierno se pavoneó triunfalmente diciendo que la deuda se redujo con estas medidas, de 180.000 millones de dólares a 124.000 millones, tenemos que denunciar la falacia de estas cifras.
La aceptación de la quita del 50% en el monto de la deuda en default fue un reconocimiento de los acreedores de que el total de la deuda era imposible de cobrar ya que Argentina tiene una capacidad máxima de superávit fiscal que no puede exceder de los 7 u 8.000 millones de dólares anuales en las actuales circunstancias, pese al elevado crecimiento económico y el ajuste correspondiente en el gasto público social cuyas consecuencias pagamos los trabajadores y resto de capas populares empobrecidas. Pero mañana, cuando cambie el ciclo económico y el Estado se muestre incapaz de sostener el actual superávit estatal, tendrá que volver a tomar deuda nueva (como ya lo hizo el año pasado: 3.000 millones de dólares, la misma cantidad que se anunció para este año) pero a una escala superior, o renegociar los créditos a tasas de interés más altas, con lo que muy probablemente dentro de algunos años la deuda externa volverá a los niveles anteriores. No olvidemos que 124.000 millones de dólares era lo mismo que se debía en el año 2000, y eso no impidió que pocos años más tarde la deuda subiera hasta los 180.000 millones.
Aún así, una parte de los acreedores no aceptó la quita y exige el pago íntegro de la deuda original. Este grupo, que posee 20.000 millones de dólares, denunció al Estado argentino ante los tribunales internacionales. El FMI presiona para que el gobierno haga concesiones. Y no está descartado que termine aceptando un arreglo que supondrá, como mínimo, volver a ofrecerles una quita del 50% lo que implicaría, al menos, aumentar la deuda total en otros 10.000 millones de dólares. Esto ya lo anticipó el diario Clarín: La Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía ya piensa en cómo avanzar con una idea que considera razonable: realizar una nueva oferta de canje de deuda a los bonistas que no aceptaron la propuesta original (Clarín, 3/01/06).
Hay que decir que el gobierno pudo cerrar dicho acuerdo con la mayoría de los acreedores porque ofreció contrapartidas jugosas. Por un lado, una ganancia extra cuando el crecimiento del PBI anual supere el 5%, lo que implicará desembolsos extras este año y el que viene. Por otro lado, más grave aún, es que la mitad de los bonos de la deuda actual se paga en pesos, no en dólares, y lleva asociada una cláusula de ajuste automático por inflación. Se calcula que cada 1% de inflación implica 500 millones de dólares extras de bonificación a los acreedores. Esto quiere decir que con la inflación del año pasado, más de un 12%, la deuda pública y externa aumentó en unos 6.000 millones de dólares, equivalente a 6 veces los Planes Jefes de Hogar. Como la inflación de este año también se espera que supere el 12% esto implicará un nuevo aumento de la deuda de más de 6.000 millones de dólares. Esta es otra de las razones que hacen que el gobierno esté preocupado por las subidas de precios.
El hecho más destacado fue la cancelación de la deuda argentina con el FMI con un pago único, a comienzos de enero, de cerca de 10.000 millones de dólares. Esto no significa que se deban 10.000 millones menos, sino que en lugar de debérselos al FMI se le deben al Banco Central, que fue quien puso la plata por orden del gobierno. El Estado debe ahora devolverle ese dinero en cuotas, con un crédito a bajo interés o en bonos durante los próximos años.
El gobierno dice que, de esta manera, el FMI perderá capacidad de presión para influir en la política económica del país. Es verdad que las empresas de servicios privatizados pierden un aliado directo en su disputa con el gobierno por los aumentos de tarifas, pero la capacidad de presión del FMI no desaparecerá, ya que el FMI está obligado a monitorear todas las economías de sus países miembros (y Argentina lo sigue siendo) dando recomendaciones a los inversores extranjeros de invertir o no en determinados países, o de aconsejar el tomar o no deuda pública de los mismos. Además, no hay que olvidar que se mantiene la deuda con los demás organismos financieros internacionales (el BM, el BID, y el Club de París), estrechamente relacionados con el FMI, que los utilizará para mantener su presión sobre el gobierno argentino.
Pese a todo, el FMI estaba exultante con la cancelación de la deuda porque desde hace años presionaba a los principales países deudores (Brasil, Rusia, Turquía y Argentina) para que devolvieran los préstamos dada la enormidad de los mismos.
En la práctica, es un hecho absolutamente reaccionario que significa transferir cerca de 10.000 millones de dólares de recursos públicos extraídos de la sangre y el sudor de los trabajadores para enriquecer a unas pocas potencias imperialistas. Debemos utilizar este hecho para denunciar la hipocresía del gobierno argentino cuando dice que no hay plata para atender las necesidades sociales, y desnudar sus vínculos de clase de sometimiento al imperialismo.
Argentina pagó en los últimos 4 años a las agencias financieras imperialistas (FMI, BM, BID) unos 26.000 millones de dólares, una cifra fabulosa equivalente al 80% del presupuesto anual del Estado ¡Cuántos problemas sociales podrían resolverse con todos estos recursos que desangran al país cada año! La deuda pública (que incluye la deuda externa) es un lastre que mina el desarrollo económico y social. Pero la degenerada burguesía argentina es incapaz de solucionar esta lacra, porque ella misma es corresponsable de la misma. La deuda externa (componente principal de la deuda pública) fue contraída artificialmente por las presiones del capital financiero imperialista en complicidad con los gobiernos, civiles y militares, que gobernaron el país los últimos 30 años. Y fue engordada con las deudas privadas de grandes empresarios, banqueros y terratenientes que se la transfirieron al Estado con la complicidad de esos mismos gobiernos corruptos. Desde luego ni los trabajadores ni demás capas populares explotadas obtuvieron beneficio alguno con la misma, sólo ajustes y más ajustes para pagarla una y otra vez.
Los propios grupos económicos nacionales están obteniendo enormes ganancias con la deuda. Se calcula que los nuevos bonos emitidos el año pasado en pesos, ajustados por inflación, están dejando una rentabilidad del 30%, cuando la ganancia promedio en la industria es del 5% en relación al capital invertido, lo que se considera una ganancia normal. En esas condiciones, ¿para qué colocar capitales en la inversión productiva? Desde el punto de vista burgués, es mejor dedicarse a la especulación bursátil y a la compra-venta de bonos de la deuda que invertir en la industria. Y eso es lo que están haciendo.
La realidad está demostrando la falsedad de la idea transmitida por el gobierno de que la cancelación de la deuda con el FMI significará menores pagos para la deuda. Este año hay que pagar otros 12.000 millones de dólares (Clarín, 12/02/06) porque vencen un gran número de créditos, lo que supera en un 40% todo el superávit fiscal previsto, por lo que será inevitable contraer nueva deuda para honrar esos pagos y mantener el ajuste permanente al gasto público social. Y la perspectiva es la misma para los próximos años. Bajo el capitalismo, no hay solución posible al problema de la deuda.
Presupuesto Nacional 2006: a la medida de los empresarios y del pago de la deuda pública
El pasado año, el Estado obtuvo un superávit fiscal (dinero sobrante descontado los gastos estatales) de unos $20.000 millones, un registro histórico, que sumado al obtenido por las provincias sitúan el superávit fiscal del país en $23.600 millones, equivalente al 4,4% del PBI. La mayor parte de este dinero se dedicó a pagar la deuda pública.
El gasto social real se mantuvo estancado un año más porque aumenta menos que la inflación. Así, los gastos de la Seguridad Social (pensiones, jubilaciones, salud, etc.) que suponen el 33,9% del presupuesto total equivalen actualmente al 4,7% del PBI, cuando en el 2001 representaban el 43,1% del gasto total y equivalían al 6,18% del PBI. Esto representa $8.000 millones menos al año. En las provincias ocurrió lo mismo. Aquí, el gasto público representaba el 13,5% del PBI en el 2001, mientras que en el 2004 cayó hasta el 11,8%, debido principalmente al congelamiento salarial de los empleados públicos y de las pensiones que subieron por debajo de la inflación.
El Presupuesto de la Nación para el 2006 está hecho a la medida de los intereses de los empresarios y, particularmente, de los pulpos financieros y usureros que lucran con la deuda pública.
El gobierno proyecta recaudar unos $133.000 millones en el 2006, un 11,8% más que en el 2005. El IVA sigue siendo el impuesto principal, con cerca del 30% del total. Este impuesto, que forma parte del precio de todos los productos de consumo, es el más injusto porque pagan lo mismo los ricos que los pobres.
El gobierno vuelve a dedicar para el próximo año menos recursos a los planes sociales (principalmente al Plan Jefes y Jefas de Hogar), a pesar del aumento en el costo de vida. Mientras en 2005 se asignaron $3.837 millones, en el 2006 esta cifra se reduce a $3.168 millones, un 17% menos.
De nuevo, el gobierno introduce engaños contables para ocultar un pago mayor de la deuda pública, previendo menores ingresos y mayores gastos que los reales. Así prevé un superávit fiscal de $19.300 millones, pero la cifra real se aproximará a los $24.800 millones según un informe del Banco Río (Clarín, 9/10/05). Esto será así porque las cifras reales de inflación y de crecimiento económico serán mayores a las que tuvo en cuenta el Gobierno cuando diseñó los presupuestos. Además, como sucedió en los últimos dos años, el gasto real será menor al proyectado. Así, obtienen un dinero sobrante añadido. Todo este dinero será destinado fundamentalmente al pago de la deuda, y lo que sobre quedará acumulado en una caja (el llamado fondo anticíclico) que se utilizará para devolver al Banco Central una parte del préstamo utilizado para cancelar la deuda con el FMI. Como decíamos en el apartado anterior, una parte de la deuda pública se ajusta de acuerdo a la inflación, lo que generará un pago extra de $6.000 millones más de intereses al preverse una inflación del 12%, esto es $300 millones más que el presupuesto de educación y casi 3 veces más que el de salud.
Otro dato destacado del presupuesto son las exenciones y reducciones de impuestos y los subsidios directos otorgados a las empresas, de manera que el Estado dejará de ingresar por este concepto $25.000 millones. A eso hay que añadir que el propio gobierno estima en $22.000 millones la evasión impositiva, fundamentalmente concentrada en las grandes empresas.
El sistema impositivo argentino es profundamente injusto, comparado con Europa o Brasil, donde los impuestos equivalen al 40% del PBI, mientras que acá es el 29%, reflejando menores impuestos a los ricos. Según un estudio de la Dirección de Ingresos Públicos bonaerense, citado por Clarín, se afirma que a los trabajadores argentinos les corresponden un 25% de los ingresos pero soportan (por el IVA y otros impuestos) el 50% de la recaudación tributaria de todo el país. (Clarín, 7/02/06).
Como vemos, el peso muerto de la deuda pública y el sostenimiento financiero de la burguesía representan el componente principal de la política económica del gobierno. Por eso, el gobierno se mueve en un delicado equilibrio en su política de gastos e ingresos. De ahí que no se puede permitir un relajamiento en su política impositiva, manteniendo el IVA en el 21%, lo mismo que el impuesto al cheque. Tampoco se puede permitir reducir las retenciones a las exportaciones de los empresarios agrícolas o a las petroleras pese a los fuertes choques que esto provoca con estos sectores de la clase dominante.
El gobierno hizo una excepción aumentando el mínimo imponible del impuesto a las ganancias a los asalariados mejor pagos (salarios de entre $2.400 y $3.200, según sean solteros o casados) como insistentemente demandaba la burocracia sindical, pero se consiguió después de la lucha que dieron por este motivo los petroleros patagónicos, y a cambio de que ésta moderara sus reclamos salariales. Apoyamos esta demanda sin olvidar que el interés de la burocracia sindical es sostener los intereses de su principal base de apoyo, los obreros con mejores salarios, la aristocracia obrera. Por eso debemos plantear ahora que los dirigentes sindicales exijan con el mismo afán una reducción del IVA a los productos de la canasta básica del 21% al 10,5%, que afecta más duramente a los trabajadores con peores salarios.
El gobierno de Kirchner y las privatizadas
En el último año y medio hubo un cambio en las relaciones del gobierno de Kirchner con las empresas privatizadas. Se avanzó mucho más en las negociaciones por el incremento de tarifas. Así, se concretaron aumentos de tarifas en el gas y la electricidad para los grandes consumidores (empresas y comercios) de entre el 40% y el 80%. Incluso, se avanzó en un calendario de subida de tarifas en el gas, la electricidad, el teléfono y el agua para los consumidores residenciales (las familias) aplicables en el 2006.
También se aprobó un decreto que autorizaba a las empresas distribuidoras de gas, de electricidad, y de peajes, la actualización de tarifas si los costos operativos (un eufemismo que puede significar cualquier cosa) aumentaban más de un 5%, e incrementos automáticos si estos costos aumentaban más de un 10%. Además se dejaba la puerta abierta para que este mecanismo se extendiera al resto de las empresas privatizadas.
Sin embargo, el conflicto con las empresas privatizadas recrudeció en los meses recientes porque el gobierno sólo estaba dispuesto a autorizar subidas de en torno al 15%-30%, frente a las pretensiones de las empresas de incrementos del 50%-80%. Además, el estallido inflacionario forzó al gobierno a retrasar sin fecha la aplicación de su propio compromiso de aumentos. El anterior ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el FMI presionaron muy fuerte poniéndose del lado de las privatizadas lo que forzó, entre otras razones, el alejamiento del ministro del gabinete, y aceleró la decisión de cancelar la deuda con el FMI, como ya se explicó.
Esta situación aceleró la salida de algunos capitales extranjeros, como los franceses Suez y EdF que se fueron respectivamente de Aguas Argentinas y Edenor, dejando participaciones minoritarias en las mismas, dando entrada a capitales nacionales en alianza con grupos extranjeros. Lo mismo sucedió en otras empresas de gas, eléctricas y telefónicas. Finalmente, el gobierno de Kirchner se vio obligado a reestatizar Aguas Argentinas, sin haberlo buscado, ante la falta de interés del capital privado por asumir la gestión de la empresa si no había un incremento drástico en las tarifas. Si bien, demagógicamente, el gobierno quiere dar la impresión (totalmente falsa) de que echó a la empresa por la falta de inversiones y la mala calidad del servicio. En Santa Fe, el gobierno de la provincia también asumió el control de Aguas de Santa Fe tras la salida de Suez, luego de que el gobernador Obeid le implorara en vano que se quedara. Inmediatamente intentó implementar un aumento del 35% de las tarifas, que no pudo llevar adelante por el malestar que se generó en la población, lo que junto al aumento de la tasa municipal de Rosario, generaban una situación de mayor conflictividad.
Con las empresas telefónicas se firmó un acuerdo antes de las elecciones de octubre del 2005 donde se comprometieron incrementos del 30%. Esto también se aplazó, pero se alcanzó otro acuerdo transitorio. Esta empresas no se quejaron mucho porque obtuvieron el compromiso del gobierno de mantener desregulada la telefonía celular (el gobierno no fija estas tarifas) que es de donde obtienen las mayores ganancias, se redujo una hora la tarifa reducida y se triplicó el costo de las llamadas efectuadas desde el exterior.
En el caso de las empresas petroleras, vemos la realidad sangrante de un país que, disponiendo de importantes reservas de gas y petróleo, se ve obligado a importar hidrocarburos del exterior para sostener el consumo interno, mientras que las reservas nacionales se exportan ilimitadamente para beneficio de un puñado de multinacionales, fundamentalmente la española Repsol. Así, Bolivia exporta diariamente de 7 millones de m3 de gas, y el gobierno argentino pretende elevar esta cifra hasta los 20 millones de m3. Morales ya le avisó a Kirchner de que aumentará el precio del gas boliviano un 63%. Y Venezuela suministrará 5 millones de barriles al año de gasoil, que cubriría un tercio de las necesidades del campo argentino, y que costarán 400 $US millones. Además, el gobierno autorizó la importación privada sin impuestos de gasoil (hasta 1 millón de m3 al año) lo que supone una reducción de ingresos para el Estado de $520 millones. Estamos hablando, por lo tanto, de un costo extra para la economía argentina de más de 1.000 millones de dólares anuales.
Desde la privatización de YPF en 1999, a favor de Repsol, el Estado argentino dejó de ingresar hasta el 2005, 19.240 millones de dólares por la renta petrolera, el 64% de la facturación. El negocio de las petroleras es asombroso, como podemos ver en el recuadro inferior:
Año…..Costo de extracción del barril ($US)….Valor del barril ($US)….Renta ($US)
1999……………………………..7,9 $US…………………………….16,0 $US……………………8,1 $US
2004……………………………..6,1 $US…………………………….34,4 $US………………….28,3 $US
Mientras que el Estado argentino se queda con el 36% de la renta petrolera, Ecuador se apropia el 47%, Venezuela el 66% (pretende elevarlo al 82% en el 2006) y México el 100%.
Es indudable que la reducción de la extracción de petróleo y el estancamiento en la producción de gas están vinculados a una maniobra de las petroleras (Repsol, Petrobras, British P, Vintage Oil, etc.) para chantajear al gobierno para que autorice una subida en las tarifas de los combustibles. Pero no es la única razón. Las concesiones petrolíferas vencen en el 2016 y lo que pretenden estas multinacionales es que los contratos de concesión se extiendan indefinidamente.
El gobierno de Kirchner, en lugar de responder a esta provocación con la cancelación de las concesiones y la reestatización de las empresas, se limita a ampliar la política de concesiones a éstas y otras empresas, como pretende hacerlo con las únicas zonas donde el Estado mantiene todavía sus derechos de explotación: las plataformas submarinas. Así, utiliza a la estatal ENARSA como una mera oficina que extiende concesiones de explotación, al carecer incluso de equipos y tecnología para abordar por sí misma la explotación de gas y petróleo. Ya se establecieron acuerdos en este sentido con la propia Repsol, Petrobras, la rusa Lukoil, o la venezolana PdVSA.
En el sector del transporte la situación sigue igual de calamitosa que en años anteriores, pese a estar completamente subsidiado por el gobierno. Sólo entre febrero y junio de este año, el gobierno subió en un 37,6% más los subsidios, alcanzando la cifra anual de $2.447 millones, $6,8 millones por día, una cantidad fabulosa.
En concreto, cada colectivo recibe una subvención mensual de $4.500, y los empresarios pagan el gasoil a un tercio del precio de venta de las Estaciones de Servicio. Ahora prorrogaron la autorización para que puedan seguir circulando los colectivos de más de 10 años, lo que es una amenaza para la seguridad de los trabajadores y los pasajeros.
La situación del sistema ferroviario es muchísimo peor. Los accidentes de tren, las averías, etc. son el pan de cada día como consecuencia de la falta más elemental de inversiones, renovación de locomotoras, vagones y vías, abandono de las instalaciones. La pueblada de Haedo en noviembre del 2005 demostró la enorme sensibilidad que existe en las masas trabajadoras hacia el mal funcionamiento del sistema ferroviario. Una reestatización del mismo sería vista con enorme entusiasmo. La decadencia del sistema ferroviario argentino demuestra la incompatibilidad del interés general con la búsqueda del lucro individual inherente a la propiedad privada.
Ahora el gobierno está viéndose obligado a realizar las inversiones que los dueños y concesionarios privados no hicieron, pese a estar obligados por los contratos de concesión. Para el 2006 el gobierno anunció inversiones propias por valor de 900 $US millones, una cantidad muy importante que se financiará parcialmente tomando nueva deuda externa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y para el trienio 2006-2008 estas inversiones se mantendrán.
En lugar de efectuar, pura y simplemente, la cancelación de los contratos y la reestatización del servicio, el gobierno de Kirchner se limita a mantener e incrementar los subsidios estatales a los dueños de los ramales (hasta alcanzar los $850 millones al año) mientras que asume las inversiones para mejorar el servicio. El negocio es redondo. Estos empresarios nacionales no sólo no aportan un peso para mantener el servicio en condiciones, sino que cualquier aumento de costos es asumido por el Estado, incluyendo los aumentos salariales. Se quedan con la recaudación íntegra de los boletos y, además, el Estado les aporta cientos de millones de pesos en subsidios. Ningún otro sector económico puede expresar más claramente la complicidad, el carácter de clase del Estado y el sometimiento de las masas trabajadoras (obreros y usuarios) al interés de lucro más descarado de la burguesía. Ningún otro sector económico puede revelar más claramente el papel de auténticos parásitos y el carácter antisocial de un empresariado, como el del sistema ferroviario y de subtes.
La política de privatizaciones de los 90 vino acompañada de la creación de diversos organismos estatales que supuestamente iban a regularizar y supervisar los servicios. Estos entes reguladores de los servicios públicos demostraron ser completamente inoperantes. Así, se calcula que las empresas ferroviarias tardan un promedio de 5 años en pagar las multas que les aplica el Ente Regulador del Transporte (Clarín, 19/11/05). Más sangrante aún, un reciente decreto del gobierno permite a las empresas de ómnibus abonar solamente el 25% del valor de las multas aplicadas hasta diciembre del año pasado (Clarín. 3 junio 2006).
En la práctica, hay un pacto entre el gobierno y las empresas del transporte para mantener guardadas en el cajón todas las denuncias de los usuarios y organismos populares independientes sobre la falta de inversiones, el pésimo servicio, etc.; denuncias que obligarían legalmente a rescindir los contratos y reestatizar los servicios privatizados.
La política del gobierno de Kirchner hacia las empresas privatizadas demuestra los límites de clase de su política. Si bien mantuvo un discurso inusualmente duro contra ellas, tratándose de un político burgués, y de haberlas contenido parcialmente en sus voraces pretensiones de subas desproporcionadas de las tarifas, por miedo al ambiente social y para prevenir un aumento mayor de la inflación, en lo fundamental cedió a sus intereses. Y esto se explica también por motivos políticos.
Desde un punto de vista capitalista y de viabilidad económica muchas de estas empresas podrían y deberían estar estatizadas, como ocurre en numerosos países capitalistas. La razón para no hacerlo no es solamente política sino también económica. Por ejemplo, el transporte ferroviario es mucho más barato que el vial. Con la privatización de los ferrocarriles se beneficiaron las automotrices, peajes, empresas de transporte, etc. Kirchner es consciente de que la reestatización de varias compañías importantes despertarían un enorme entusiasmo entre los trabajadores y la mayoría de la población, y eso le crearía una presión muy grande por parte de las masas para que profundizara esa política de nacionalizaciones, dado el ambiente social existente; camino que ni él ni la burguesía argentina están dispuestos a transitar. Esto no se contradice con el hecho de que el gobierno haya reestatizado dos empresas importantes como fueron el Correo y Aguas Argentinas (ahora Aguas y Saneamientos Argentinos-AySA) en sus 3 años de mandato. Eso se debió a la huida del capital privado tras años de vaciar las empresas. El gobierno buscó socios privados y no los encontró. Al tratarse de servicios públicos esenciales el gobierno no tuvo otra opción que reestatizarlos.
Debemos, por lo tanto, desnudar las conexiones del gobierno de Kirchner con los grandes empresarios del país y su papel de garante de sus beneficiados, utilizando los recursos nacionales, como sucede en cualquier otro país capitalista, para mejor servir a los intereses de la clase dominante. Por eso nuestra consigna es la re-estatización sin indemnización bajo el control de los trabajadores y los usuarios de todas las empresas privatizadas.
Perspectivas económicas
La economía argentina está indisolublemente unida a la economía mundial, de ahí que estemos obligados a seguir muy atentamente el desenvolvimiento de esta última, asunto que hemos tratado en la primera parte de este documento y en otros artículos.
Por el momento, parece indudable que la economía argentina atraviesa en estos momentos el pico más elevado de la actual fase alcista del ciclo económico, aun con todas las contradicciones que hemos señalado en este documento. Y esto está vinculado a un reanimamiento del mercado interno pero, sobre todo, al mantenimiento de la demanda exterior de China, EEUU y otros países.
Los economistas burgueses coinciden que el crecimiento del PBI de este año superará el 6%, que sigue siendo un crecimiento alto, lo cual es bastante probable ya que no se observa por el momento un cambio de tendencia en la economía mundial.
Para los marxistas, esta situación no es necesariamente mala, como imaginan los ultraizquierdistas. Después de largos años de postración y retrocesos, este auge en la economía está ayudando a fortalecer a la clase obrera, numérica y psicológicamente, está atizando sus luchas económicas y aumentando su confianza en sí misma como se expresa en la gran cantidad de huelgas habidas en los últimos dos años, proceso que se mantiene, como luego veremos en el apartado del Movimiento Obrero de este documento.
Por supuesto, está descartado que las actuales cifras de crecimiento del 6%-9% se mantengan en
