La ruta nacional Nº 34, atraviesa de sur a norte, el noreste de la provincia de Salta. Corta la selva de piedemonte y la transición del monte hacia su completa conversión en la llanura semiárida del Gran Chaco; en esta ruta se han librado varias luchas sociales desde que se tiene memoria. Es esta región, una de las más postergadas y explotadas incluso por el capital internacional en la Argentina.
Los activos de la zona siempre han sido elementos de concesión por parte de los gobiernos provinciales –mediante la colocación de deuda en entidades financieras internacionales, y la cesión de estos territorios como respaldo- para transnacionales hidrocarburíberas, madereras y en el último tiempo hacia el chaco: la dinámica avasallante de los agro-negocios. Fue la ruta 34, material y silenciosa testigo de la desaparición física de Aníbal Verón por parte de las fuerzas de seguridad en los años del álgido desguace de los activos estatales hacia finales de los 90’ y durante el 2001-03. El tiempo también del Argentinazo, y de un fuerte embate de las masas contra la burguesía que conforma el Estado Nacional.
Los pueblos a la vera de la ruta, ardían de hambre, desocupación e histórica postergación. Las masas empoderadas tomaron la ruta y los municipios, y la policía provincial manejada a discreción del entonces Gobernador Juan C. Romero, cometió todo acto de vejaciones para con mujeres, y los hombres que se manifestaban. Por otro lado, las petroleras norteamericanas (Pan American Energy), y los capitales extranjeros (Pluspetrol de Techint) eran fuertemente protegidos por las fuerzas provinciales, nacionales y aún con la propia seguridad privada que acostumbrados a tomarse todo tipo de atribuciones, no fueron menos que el brazo violento del Estado. De la entrega de los yacimientos hidrocarburíferos mediante concesión por aproximadamente de veinte a treinta años de algunas áreas, solo quedaban libradas las tierras comunitarias campesinas y aborígenes. La renovada apertura del país hacia el liberalismo pleno con el gobierno del empresario Mauricio Macri, trae ahora aparejada mayor disputa por los remanentes de tierras y bosques en manos de las comunidades. El desarrollismo estatal blande ahora la postergación de la región -de la cuál es causante- para avanzar con la mayor legitimación del saqueo que se haya propuesto.
Yaguáyira: desde el despojo cultural a la usurpación de las tierras
Las comunidades Avá-guaraníes más combativas han resistido durante décadas, los embates del desarrollismo del gobierno nacional y provincial. El desarrollismo también se ancla en la necesaria erosión cultural e identitaria de las comunidades. Cuando una comunidad puede desdibujarse culturalmente, su imposibilidad identitaria es el motor necesario para quitarle legitimidad como pueblo, con sus consiguientes derechos. Aún así, pero también anulando estas artimañas, deben saber los compañeros de las comunidades que la lucha debe plantearse como una lucha unificada de clases ante el avasallamiento de la burguesía y el gran capital sobre los territorios. Es esta la lucha más acertada que puede darse, y la única que puede salir victoriosa evitando el desgaste y la atomización natural.
Yaguáyira, era una deidad terrible figurada como una hibridación de jaguar y hombre, que devoraba gente en áreas de selvas intocables y de bosques altos y cañadones infranqueables, es hoy solo una antigua conseja en los viejos Avá. Yaguáyira, es un ejemplo de derrumbe y erosión cultural, que sin embargo va mucho más lejos: va hacia el desconocimiento por el Estado Nacional de identidades idiomáticas, a la ausencia de su enseñanza en las escuelas públicas comunitarias. El derrumbe cultural va direccionado a la toma de los territorios y al genocidio silencioso de las etnias y a su no reconocimiento como tal.
En medio de los intereses de las transnacionales y la democracia burguesa subordinada al gran Capital, aparecen los lobbys encubiertos de las organizaciones no gubernamentales. Una de las más salientes es Fundación Proyungas (i.e., “yungas” denominación referida a las selvas de montaña), una organización dirigida por Alejandro Brown. Un “lobbysta verde” que ha acuñado últimamente mediante forzosa manipulación discursiva la denominación amigable de “agricultura sostenible” (con frecuencia usada para la agricultura familiar comunitaria) para los agro-negocios con organismos genéticamente modificados de Syngenta y Prograno. En esta misma lógica, Brown ha sido un consultor ambiental favorable para los intereses de las petroleras norteamericanas y los grandes ingenios azucareros. Implicado además en Estudios de Impacto Ambiental funcionales al gasoducto Norandino S.A. que atraviesa tierras comunitarias koyas en Orán (Salta), la explosión del mismo en tres ocasiones (durante la década del 2000) había dejado enormes cráteres en la selva y había puesto en riesgo la vida de la comunidad de la zona, sin embargo ni a Norandino ni a Brown le han cabido responsabilidades civiles en su momento. Últimamente, A. Brown es asesor de Salta y Jujuy en cuanto al ordenamiento territorial de los bosques, y tiene además fuerte injerencia en políticas sociales. El trabajo territorial de este tipo de elementos organizacionales, prepara a las comunidades para el despojo “amigable” de los territorios- los cuales de manera amigable o violenta, finalmente serían tomados-. El fin último, es la defensa de los intereses capitalistas y también el establecimiento de áreas de reserva cada vez más concentradas en manos privadas y legitimadas por el gobierno.
La lucha y la Declaración de Embarcación
Cincuenta días han pasado de acampe y ollas populares a la vera de la ruta 34. Silenciada también por los medios de comunicación hegemónicos-que son accionistas y partícipes de los agro-negocios-. Comunidades aborígenes de diversas regiones del país, se han puesto en pie de alerta en el municipio de Embarcación en el Departamento de Orán (Salta), ante el fuerte avance sobre los territorios. La toma de tierras de un terrateniente argentino de ascendencia francesa Bourlon de Rouvre en el paraje Loma Azul, y el encarcelamiento del compañero Cesar Arias de la comunidad Avá-guaraní de la región. Muestran también los intentos de la burguesía terrateniente de enviar un fuerte mensaje hacia el campesinado en pie de lucha. Es también en el Chaco salteño donde el Grupo Macri del presidente del país -con su empresa Tranqueras del Norte S.A, vinculada también a capitales israelíes-, hostiga judicialmente a la Agrupación Manos Unidas de las comunidades Wichi en la localidad de las Llanas. Las tierras van siendo cercadas y alambradas bajo la umbrela amenazante de la policía provincial y la subsiguiente judicialización de toda legítima defensa de quienes se opongan. Los relevamientos de las tierras comunitarias por parte del Estado Nacional han menguado, los organismos de defensa del derecho aborigen (como el INAI) están penetrados y son funcionales a los intereses capitalistas.
La Declaración de Embarcación que se hizo manifiesta el pasado 15 de Marzo, advierte y alerta a los pueblos sobre la política estatal en los años por venir. Mucho más lejos, nuestro deber como marxistas, como revolucionarios, es bregar por la Unidad de clase entre los pueblos originarios y la clase obrera. La lucha unificada tiene que darse también sobre los salarios, la pérdida de derechos sociales y contra la entrega constante de los activos del país. Es advertir también, a los compañeros sobre las diversas artimañas de la democracia burguesa en defensa del capital. Entonces la lucha no debe ser solo de las comunidades, porque pronto sería atomizada, la lucha, debe ser una lucha unificada contra el capitalismo. Resistir y combatir, combatir por un pliego de reivindicaciones que contemple el restablecimiento del relevamiento de las tierras comunitarias por el Estado, seguida por el cese a la concentración y la subsiguiente restitución de las tierras que se han arrebatado en los últimos años a nuestros hermanos aborígenes. El corte de la ruta 34 debe continuar, los piquetes y la visibilidad de la lucha campesina es la única manera en que ésta, no se vea silenciada ante las constantes arremetidas mediáticas y judiciales, y es a la vez la manera de desautorizar lo establecido por el Estado burgués. Es urgente instituir un plan de lucha que contemple estas acciones, como así también el empoderamiento sobre las tierras. También, organizar auto-defensas ante la constante violencia y hostigamiento por parte de las guardias privadas de los terratenientes debe ser una opción ante un cuadro de situación de avasallamiento pleno de los derechos de las comunidades. Desde la Corriente Socialista Militante Argentina, acompañamos el plenario y la Declaración de Embarcación unificando las diferentes naciones aborígenes. Así también, instamos a que la clase obrera más sentida de los Ingenios, trabajadores independientes y estudiantes se sumen a la lucha de las comunidades por los territorios. Con esto, también llamamos a construir una nueva legalidad: el Socialismo, el cual nos entregará finalmente un día, la victoria tan anhelada.
