SULFACID UN CONFLICTO QUE MUESTRA EL VERDADERO ROSTRO DEL ESTADO NACIONAL Y PROVINCIAL

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En este conflicto, mas allá de cual sea su resolución, se ve en todos sus alcances la naturaleza de clase del Estado nacional y provincial. Parlamento, Jueces, Policia y poder político son actores de los intereses del capital monopólico.

Por la readmisión de los trabajadores despedidos

Desde la década del 50, la planta de la empresa SULFACID, (la única productora de cinc del país) esta emplazada en la localidad de Fray Luis Beltrán, en la zona del gran Rosario y en lo que históricamente se conoce como cordón industrial.Inicialmente estuvo en manos del grupo Bunge y Born. En 1994 fue adquirida por la firma COMPAÑÍA MINERA DEL SUR, propiedad del grupo familiar que encabeza con el 60 % de las acciones Gonzalo Sánchez de Lozada, ex presidente de Bolivia, expulsado de ese cargo por la movilización de los trabajadores y el conjunto de sectores oprimidos de ese país.
A partir de la entrada de estos capitales se diseño e instrumentó un ataque sistemático de la patronal sobre quienes trabajan en la planta, con el objetivo estratégico de dejar sin efecto el convenio laboral interno que reconoce el carácter “insalubre” de esas tareas y en función de ello . entre otras cosas establece el pago de un 34% extra de las dos últimas horas de la jornada de trabajo.En este sentido , no es un dato menor tener presente que hay registrados 55 trabajadores muertos por cáncer, desde la apertura de la fabrica, es decir, alrededor de uno por año , lo que se liga a recurrentes afecciones al estómago y a los pulmones, ya que se trabaja con elementos altamente tóxicos como el arsénico, el plomo y el cinc. El porcentaje de contaminación en sangre de quienes trabajan en planta llega en términos promedios al 12 %.
En Julio de 2004 después de un conflicto de casi un mes generado por el envío patronal de 56 teleg5ramas de despido y 200 de suspensión se superó la situación logrando el cese de las suspensiones, y el compromiso del respeto del convenio de trabajo.
En el acuerdo firmado ante el Ministerio de Trabajo, había quedado establecido que si la justicia, en el tiempo transcurrido entre fines de julio de 2004 y comienzos de febrero de 2005, no lograba reunir las pruebas para que estos trabajadores pudieran ser despedidos con justa causa, la empresa tenía que retomarlos en sus tareas y suspender los efectos del despido.Sulfacid se negó a reincorporar a los seis trabajadores, algunos de los cuales son delegados.
Por ese motivo se inició un plan de lucha, que incluía la instalación de una carpa en la puerta de la fábrica y corte parcial de la ruta 11 en la parte que da al ingreso de la planta.Sorpresivamente los 9 trabajadores que mantenían la carpa de protesta, fueron desalojados por cien efectivos policiales, violentamente reprimidos y acusados con denuncia penal de la patronal de cometer los delitos de Usurpación y actos turbatorios.

Mientras tanto, por orden judicial, en el interior de la fábrica los trabajadores compañeros de los despedidos continuaron sus labores con la presencia de efectivos policiales dentro de cada una de las secciones
Frente al ataque se realizó un plenario intersindical de cuerpos de delegados de los distintos gremios de Rosario intentando coordinar medidas de conjunto, lo que llevo al desarrollo de una asamblea en la puerta de la delegación del Sindicato de Químicos y Petroquímicos, y posterior marcha hacia la fábrica, fuertemente custodiada por un efectivos policiales que impedían el acceso. No obstante, se resolvió un paro de 24 horas los días l7 y 18 de febrero, que tuvo un alto acatamiento, con la consigna de la reincorporación de los compañeros despedidos y la plena vigencia del convenio fabril
De la marcha participaron algunos grupos de desocupados de Rosario, nucleados en diversas fracciones del movimiento piquetero, a pesar del intento policial de impedir su llegada a Fray Luis Beltrán cortando la ruta de acceso.
Para los delegados de fábrica, la patronal está utilizando el desconocimiento de lo firmado en el acuerdo del año pasado y forzando los despidos que motivan el conflicto, para sentarse a discutir el convenio laboral en condiciones desfavorables para los trabajadores y obteniendo de esta de esa forma mayores beneficios generados por la intensificación el ritmo de trabajo
Paralelamente ATE (delegación Rosario) emitió un comunicado donde señala frente a los acontecimientos que “una vez más se criminaliza la protesta social y las fuerzas represivas y la justicia provincial , son utilizadas descaradamente como herramientas de las patronales negreras…una vez más los jueces continúan defendiendo los intereses del régimen a través de la intromisión de la fuerza publica invadiendo jurisdicciones que son totalmente ajenas so pretexto de poner en resguardo la propiedad privada y la libertad de trabajo.
El paro que fue acatado por la totalidad de la planta, se logró reinstalar la carpa de los despedidos diputados provinciales tomaron parte en el conflicto intentando asumir el rol de “mediadores” y se reunieron con directivos de la empresa pero como única respuesta obtuvieron que los despidos son “irreversibles”.
Mas allá de la forma en que este conflicto se defina en el terreno de la lucha de clases el mismo ha tenido la virtud de poner en evidencia que en estas épocas de crisis, cuando los privilegiados necesitan superexplotar a los oprimidos para mantener sus beneficios, el Estado muestra su verdadero rostro de instrumento para la dominación de una clase sobre otra. La democracia parlamentaria es solo una de las formas que adquiere el dominio capitalista y la inocua presencia de los “diputados” así lo demuestra, porque lejos de accionar en defensa de los legítimos derechos de los obreros en lucha se asumen como “mediadores”, lo cual por definición supone considerar a las partes en lucha en igualdad de condiciones y con pretensiones igualmente atendibles. En otras palabras, los “neutrales” no son otra cosa que órganos funcionales a la patronal.
Por su parte el Poder Judicial, que pretende presentarse a la sociedad con una aureola de imparcilidad, en las crisis siempre decide a favor de los poderosos. La ilusión, de origen liberal en torno a que el respecto a la legalidad es la solución a los problemas sociales no se sostiene. Ante el menor riesgo de disminución de las ganancias de los capitalistas, las libertades democráticas son restringidas y la legalidad violada.
Legisladores, jueces y policía es la receta estatal frente a la irrupción de la clase obrera en la escena social. Extender y unificar las luchas es el camino de los explotados.
En ese camino es necesario trabajar por la conformación de una corriente sindical de oposición dentro de la CGT y CTA a nivel nacional que actué como un solo puño en los conflictos que se extienden a lo largo y ancho del país.
En igual sentido, así como la burguesía tiene su diseño político y lo instrumenta desde todos los órganos del Estado y los medios de comunicación, es necesario que los sectores más activos y luchadores del los trabajadores construyamos acumulando toda la fuerza, una herramienta política para instalar en la clase trabajadora y el conjunto de los oprimidos la necesidad de luchar por un cambio de la sociedad , de expropiar a los grandes capitalistas y controlar democráticamente esa riqueza producida por nosotros en base a las necesidades de todos