Tras la represión, los trabajadores de IMPA continuaron reuniéndose frente a la puerta, con el apoyo de cientos de activistas y muchas organizaciones sociales, y se declararon dispuestos a ingresar a la fábrica el martes 23 de abril, pese al valladopolicial. Finalmente, tras alcanzar un acuerdo con la deuda de los acreedores. el martes 22 el juez levantó las vallas y sacó a la policía. Los trabajadores hicieron una asamblea en la calle y decidieron volver a entrar a la planta. El pasado 8 de abril el juez Víctor Hugo Vitale, del Juzgado en lo Comercial Nº 4, ordenó el desalojo de la cooperativa IMPA (Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina), una de las principales empresas recuperadas del país. Fue en 1998 cuando los trabajadores decidieron gestionar la empresa, haciéndose cargo de una deuda de cinco millones de pesos contraída por sus antiguos dueños.
Hoy, habiendo cancelado más del 80 por ciento del pasivo, dos de los acreedores pidieron la quiebra. El juzgado no dio tiempo a un acuerdo, y el martes 15 de abril, a las 22 horas, cuando sólo se encontraban allí cuatro trabajadores, dos carros de infantería fueron enviados para desalojar por la fuerza el predio de Pringles y Querandíes, en el ahora cotizado barrio de Almagro.
IMPA emplea a 90 trabajadores y “tiene una cartera de más de cien clientes, entre los que se encuentran Bonafide, Inecto y Sidra Del Valle” (Agencia lavaca.org, 24 abril).
Tras ser recuperada, funcionó allí un importante centro cultural que alojó decenas de talleres, obras de teatro, conciertos y exposiciones, y todos los talleres para la tercera edad del hospital Durand, protegiendo de ese modo la franja vespertina, en la que la producción paraba, y dando a los vecinos la posibilidad de vincularse con el proyecto. Funcionó allí uno de los más de veinte bachilleratos populares que se han conformado en los últimos años, fruto de la labor conjunta de docentes y estudiantes, que dieron a la comunidad la posibilidad de iniciar o completar sus estudios, desde una perspectiva que defiende los intereses propios de los trabajadores.
Con el paso de los años, los gobiernos de la Nación y de la Ciudad se sintieron molestos con un proyecto que no era obsecuente con su política, e intentaron quebrar la cooperativa ofreciendo el retiro e indemnización, y clausurando así esta fuente de trabajo, ejemplar para la lucha de los trabajadores. A nadie se le oculta que detrás del desalojo se ocultan oscuros intereses inmobiliarios.
Tras la represión, los trabajadores de IMPA continuaron reuniéndose frente a la puerta, con el apoyo de cientos de activistas y muchas organizaciones sociales, y se declararon dispuestos a ingresar a la fábrica el martes 23 de abril, pese al vallado policial. Finalmente, tras alcanzar un acuerdo con la deuda de los acreedores. el martes 22 el juez levantó las vallas y sacó a la policía. Los trabajadores hicieron una asamblea en la calle y decidieron volver a entrar a la planta.
