Reestatización de Aguas Argentinas

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La reestatización del servicio de agua en Capital Federal y en la mayor parte del conurbano bonaerense ha creado importantes expectativas en los usuarios, tras la cancelación del contrato a Aguas Argentinas, propiedad del grupo multinacional francés, Suez.

El servicio debe estar bajo el control de los trabajadores y los usuarios

La reestatización del servicio de agua en Capital Federal y en la mayor parte del conurbano bonaerense ha creado importantes expectativas en los usuarios, tras la cancelación del contrato a Aguas Argentinas, propiedad del grupo multinacional francés, Suez.

Pese a que esta empresa había asumido el servicio desde 1993, para una población estimada en 10 millones de personas, todavía hoy el 40% sigue sin cloacas y el 22% no tiene acceso al agua potable. Además, en los distritos del conurbano donde se aglomeran las familias obreras, la calidad del agua es pésima con niveles de nitratos (por contaminación de compuestos orgánicos) que superan ampliamente los permitidos.

Ahora el gobierno, con la creación de la estatal Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), quiere hacernos creer que fue él quien echó a Suez por la falta de inversiones y la mala calidad del servicio. Nada más lejos de la realidad. Desde hace años los vecinos y usuarios de las zonas afectadas se han venido movilizando por la contaminación de las napas exigiendo la rescisión del contrato de suministro a Aguas Argentinas, ante la indiferencia del gobierno de Kirchner. Realmente, fue Suez la que se marchó de Argentina al no obtener la rentabilidad que ellos esperaban. El gobierno intentó buscar sin éxito empresarios privados que quisieran asumir la gestión del servicio.

El gobierno dice que AySA va a realizar obras de saneamiento y cloacales, incluyendo la construcción de nuevas plantas potabilizadoras. Pero para hacer todo esto se necesitan inversiones estimadas en $500 millones anuales. Para este año sólo hay proyectadas inversiones por $200 millones. Ahora el gobierno recibió un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 200 millones de dólares. Así que para avanzar en la mejora de la calidad del servicio de aguas nuevamente el Estado se obliga a endeudarse. Si los 10.000 millones de dólares que el gobierno pagó al FMI al principio del año se hubieran destinado a las necesidades sociales muchos de los problemas sociales más acuciantes que afectan a las familias trabajadoras estarían en vías de solucionarse rápidamente. Pero el gobierno parece tener claras otras prioridades.

Desde El Militante estamos a favor de la reestatización del servicio del agua porque entendemos que un bien social como éste no puede estar en manos privadas, más interesados por las ganancias que por prestar un servicio a la comunidad. Ahora bien, creemos que AySA no debe estar manejada por funcionarios y burócratas sindicales, que ya en el pasado estuvieron comprometidos con las privatizaciones y que estarán fuera del control de los verdaderos destinatarios del servicio del agua, los trabajadores y usuarios. Es por esto que exigimos que AySA esté bajo el control de los trabajadores de AySA y de las asociaciones vecinales de cada barrio y localidad, con representantes elegidos en asambleas y revocables en cualquier momento.

Además habría que reestatizar el servicio de aguas en toda la nación, poniendo fin de una vez por todas al escándalo de que el 62% de la población del país carezca de cloacas y que el 33% aún no tenga acceso al agua potable. Debemos advertir contra cualquier intento futuro de reprivatizar la empresa, después de que el Estado haya reflotado el servicio con inversiones en infraestructuras. Con el decreto aprobado bastaría que el Congreso así lo decidiera. Mientras tengamos gobiernos que respondan a los intereses empresarios ésta siempre será una amenaza latente.

No podemos permitir que los servicios esenciales para la comunidad, como el agua, el gas, la electricidad, el transporte ferroviario y el subte, o las telecomunicaciones, estén en manos privadas, chantajeándonos permanentemente con la suba de tarifas. Esos miles de millones deben ser utilizados para la inversión en mejorar y abaratar los servicios, y no para engordar los bolsillos de un puñado de parásitos, como sucede ahora. Todos estos servicios deben estar en manos del Estado bajo el control democrático de los trabajadores y los usuarios, los únicos interesados en disponer de servicios esenciales dignos y accesibles para todos.