Este trabajo, que comenzó en su preámbulo con un esbozo de la situación internacional, nos lleva ahora a un estudio cuidadoso de la economía, de las condiciones de vida de la clase obrera, del movimiento obrero, y de la situación política de nuestropaís. Es necesario tomar en cuenta la máxima cantidad posible de factores que inciden en la sociedad, para sacar a la luz sus tendencias fundamentales e intervenir en ella lo más correctamente posible. Comenzamos para ello estudiando la situación económicnómica y las perspectivas para la misma.
INTRODUCCIÓN
Este trabajo, que comenzó en su preámbulo con un esbozo de la situación internacional, nos lleva ahora a un estudio cuidadoso de la economía, de las condiciones de vida de la clase obrera, del movimiento obrero, y de la situación política de nuestro país. Es necesario tomar en cuenta la máxima cantidad posible de factores que inciden en la sociedad, para sacar a la luz sus tendencias fundamentales e intervenir en ella lo más correctamente posible.
Dada la complejidad de la realidad social, unas perspectivas sólo pueden aspirar a conformar un cuadro general. Seguir en detalle cada aspecto de la vida de la sociedad y su interrelación dialéctica es una tarea imposible. Las perspectivas son sólo una guía para la acción, que deben ser completadas, desarrolladas y cambiadas con el devenir de la propia lucha de clases y sobre la base de la intervención práctica en la misma.
LA SITUACIÓN ECONÓMICA
En otros trabajos hemos explicado las causas del auge prolongado de la economía argentina. No obstante, es necesario citarlas nuevamente para comprender su dinámica actual y sus perspectivas. En primer lugar, fue la gran capacidad productiva ociosa que dejó la crisis de 1998-2002 la que permitió a los capitalistas retomar la producción sin necesidad de hacer grandes inversiones. Esto coincidió con el aumento de la demanda exterior y la suba histórica de los precios de las materias primas (granos, carne, hidrocarburos, acero, metales y minerales) que estimularon la producción y permitieron a este sector de los capitalistas (el más concentrado de la economía) obtener enormes ganancias que luego derivaron parcialmente a la inversión para aumentar la escala de su producción y de sus ganancias.
Otra causa fue la devaluación monetaria que llevó a reducir el valor del peso a un tercio del valor del dólar lo que abarató las exportaciones y redujo los salarios (en valor dólar), incrementando aún más las ganancias capitalistas.
El pánico que estremeció a la clase obrera argentina por la experiencia traumática de la crisis del 2001-2002, fue utilizado por los empresarios para incrementar la explotación de los trabajadores, reducir los salarios, y extender las condiciones de trabajo precarias con la generalización del empleo “en negro”. Por supuesto, que a esto contribuyó la complicidad de las direcciones sindicales de la CGT principalmente, pero también de la CTA, que hicieron un frente común con los gobiernos de Duhalde primero, y Kirchner después, y aceptaron sin protestar esta situación en las empresas.
Estos aumentos de la plusvalía absoluta (trabajando más horas) y de la plusvalía relativa (trabajando más intensamente), incrementaron aún más la productividad en las empresas y las ganancias empresariales.
Pero también hubo medidas políticas que ayudaron a conformar el carácter del auge actual de la economía argentina. Conscientes del volcán social sobre el que estaban asentados, primero Duhalde pero, sobre todo, Kirchner, utilizaron el poder concentrado del Estado para incautar una parte de las ganancias de los sectores capitalistas exportadores (agroindustria, petroleras, etc.) con el aumento de los impuestos a las exportaciones y así llenar las arcas vacías del Estado para otorgar subsidios y ayudas a los sectores empresarios con problemas, congelar las tarifas de los servicios públicos, incrementar salarios y pensiones por decreto, y aumentar significativamente la obra pública. Además, el gobierno de Kirchner disciplinó parcialmente a los capitalistas aumentando la eficiencia en la recaudación de impuestos. Esto indudablemente ayudó a consolidar el crecimiento económico.
La economía argentina también se benefició durante 3 años del impago de la deuda externa (“default”) a los acreedores extranjeros privados, lo que permitió al Estado ahorrarse varios miles de millones de dólares anuales en ese lapso.
Todas estos factores, interrelacionados dialécticamente, crearon las condiciones para un aumento significativo de la actividad económica y del empleo, incrementando el consumo y alargando el ciclo expansivo de la economía, que dura hasta hoy.
La debilidad industrial
Durante 5 años la economía argentina ha venido creciendo a una tasa superior al 8% anual. La desocupación bajó del 22% al 10% actual. La recaudación del fisco andará cerca de los $200.000 millones este año, lo que elevará el superávit estatal a $30.000 millones.
En el 2006, el consumo aumentó cerca de un 18%. La demanda actual de electrodomésticos es la mayor en 20 años, según los empresarios del sector. También aumentaron las ventas de autos, un 35% más que en el 2005.
En este festival de cifras brillantes contrasta sin embargo, la ralentización de la Construcción que sólo creció un 6% con respecto al año pasado, frente al 20% anual de los últimos años. Esto está relacionado en parte con el límite alcanzado por el mercado inmobiliario debido al bajo poder adquisitivo de las masas y el elevado precio de los inmuebles. El valor de la vivienda se triplicó desde la salida de la convertibilidad, como consecuencia de la especulación inmobiliaria, y los intereses de los bancos son muy altos (cerca del 25%).
Pero aunque la economía argentina parezca ir viento en popa, la situación creada por la escasez de energía, la suba de precios o el aumento de la deuda externa están revelando su verdadera faz, como luego veremos.
El déficit industrial argentino sigue presente. La utilización de la capacidad productiva instalada está en el 75%, que no alcanza el 80% considerado normal en una situación de “boom” económico.
Pese a que la riqueza generada en el país (el PBI) creció un 45% desde el 2002, Argentina no ha podido remontar su decadencia industrial. En el 2006, el sector industrial manufacturero sólo representaba el 18% del PBI nacional, cuando a finales de los años 80 del pasado siglo representaba el 30%, un promedio similar al de los países capitalistas más desarrollados. Un solo sector industrial, el del automóvil, pese a su alcance limitado, es responsable del 34% de las exportaciones industriales del país y del 11% de las exportaciones totales.
El análisis del comercio exterior también revela la debilidad industrial de Argentina. En el 2006 las exportaciones alcanzaron $US 46.569 millones en valor, dejando un superávit comercial de $US 12.409 millones, que se debe al gran peso que tienen las exportaciones de productos primarios, agroindustriales e hidrocarburos. Para el 2007, se prevé exportar por valor de $US 52.000 millones, pero el superávit será inferior, unos $US 11.000 millones, como consecuencia de un incremento de las importaciones. Esta reducción del superávit comercial revela un déficit comercial importante en el sector industrial. Efectivamente, la balanza comercial en el sector industrial fue deficitaria en el 2006 en $US 4.800 millones; y en el 2007 se superará ampliamente esta cifra.
Esta debilidad industrial del capitalismo argentino lleva al gobierno a tomar medidas proteccionistas contra sus competidores más directos, como Brasil, lo que conduce a continuos choques con este país, con el que se prevé un déficit comercial de $US 4.000 millones este año. Pese a que el tratado del MERCOSUR impone el libre flujo de mercaderías entre ambos países con arancel reducido o nulo, Argentina ha impuesto cupos a la importación y aranceles adicionales a una multitud de productos brasileños: autopartes, textil, calzado, electrodomésticos, etc.
Ahora, el gobierno de Kirchner también anunció medidas contra las importaciones industriales de China, país con el que Argentina tuvo un déficit en el comercio industrial de $US 1.000 millones en el 2006.
El problema de la inversión
Aunque en el Gobierno se felicitan porque la economía argentina crece a "tasas chinas", asoman dudas razonables sobre su solidez. En cualquier país, el motor del crecimiento económico es la inversión destinada a incrementar la capacidad productiva. Pero mientras que China destina a la inversión el 40% de la riqueza creada cada año (PBI), Argentina sólo dedica el 22%. Además, la composición de esta inversión tiene bases poco sanas. El 60% corresponde a la Construcción, muy vinculada a la especulación inmobiliaria y a los gastos estatales; y sólo el 40% corresponde a la inversión en maquinaria y equipos, lo cual no es enteramente real porque en este apartado se computa como inversión la importación de artículos de consumo, como teléfonos celulares, computadoras o aparatos de aire acondicionado.
A fines del 2006, la inversión en equipo durable (fundamentalmente maquinaria industrial) todavía era un 0,8% inferior que en 1998, y sólo si se suma la inversión en la construcción de infraestructuras e instalaciones industriales, alcanzaría un nivel similar al de 1998, según los datos aportados por el economista Miguel Bein (Clarín, 10 enero 2007).
La inversión destinada a innovación y desarrollo mide la perspectiva de desarrollo a medio y largo plazo de la economía de un país. Según la UNESCO, la inversión destinada a la innovación de bienes y servicios en Argentina era del 0,67% del PBI. Hacemos notar que la UNESCO recomienda invertir por este concepto, al menos, el 1% del PBI. Pero frente al 0,67% del PBI que dedica Argentina a este concepto, Brasil le dedica el 1,3%, y Chile el 0,80%; mientras que EEUU le destina el 2,6% de su PBI.
Esta falta de inversiones privadas se observa en la cantidad creciente de sectores que están funcionando al límite de su capacidad productiva, como energía, neumáticos, acero, refino de petróleo, etc.
Esta escasez de inversiones se refleja en el bajo nivel de endeudamiento de las empresas. Actualmente, los préstamos bancarios por todo concepto sólo equivalen al 11,1% del PBI, frente al 28% de Brasil, el 62% de Chile, ó el 18% de México.
Según el Ministerio de Economía, el 69% de las inversiones anunciadas en el 2006 fueron hacia bienes “transables”, bienes destinados a la exportación. Esta inversión se focaliza en sectores vinculados a la exportación y a la producción bienes de consumo (industria agroalimentaria, hidrocarburos, minería, automóvil, etc.) que son los más vulnerables al cambio del ciclo económico, frente a la mayor solidez que representa la inversión en la industria de base (siderurgia, bienes de equipo-maquinaria, infraestructuras-trenes, rutas, generación de energía, etc.).
La falta de inversiones, que obstaculiza una producción mayor, unida a la exportación masiva de productos básicos (alimentos, hidrocarburos, etc.) es lo que explica, en gran medida, los aumentos de precios, debido al faltante de estos bienes en el mercado local.
Pero esta escasez de inversiones no es por falta de plata. Según el INDEC, la tasa de ganancia de las 200 grandes empresas del país es del 11% sobre el capital invertido, cuando la rentabilidad empresaria considerada "normal" es del 5%.
En el 2006, los dividendos en efectivo repartidos por las empresas domésticas a sus accionistas fue de $3.395,2 millones, la cifra más alta desde 2001 (Instituto Argentino de Mercados de Capitales). También en el 2006, el giro de las ganancias de las empresas al exterior fue de $US 4.500 millones, $US 1.635 más que en el 2005. En el 1º trimestre del 2007, se giraron otros $US 523 millones ($US 300 millones más que en el mismo período del 2006).
La bolsa ganó un 35% más en el 2006 (suba del valor promedio de las acciones). Grupos como Tenaris (Techint) vieron subir el valor de sus acciones el 110%. Los capitalistas prefieren orientar sus ganancias a la bolsa y la compra de deuda pública que les rinden rentas mayores que la producción industrial sin crear un átomo de riqueza.
La situación sería algo diferente si los capitalistas invirtieran sus ganancias para incrementar la producción, pero no es el caso. Según el INDEC, a fines del 2006 había 143.000 millones de dólares de activos argentinos en el exterior (dinero e inversiones), de los que 35.000 millones corresponden a divisas depositadas en cuentas en el extranjero. Y estas son las cifras conocidas, que subestiman a las reales.
El proceso de liquidación de inversiones nacionales que se dio en los últimos 30 años, ha corrido en paralelo a la extranjerización creciente de la economía argentina, proceso que no se ha detenido con el actual “boom”. La enorme dependencia de Argentina del capital extranjero se percibe en la composición nacional de las 500 empresas más grandes del país (sin incluir el sector financiero). En el 2005, 337 (el 67,4%) eran extranjeras y le correspondían además el 92,1% de las ganancias, según un informe del INDEC.
Esto ha incrementado la concentración de la propiedad capitalista y de las ganancias. Estas 500 grandes empresas (sin contar los bancos y demás empresas financieras) pasaron de obtener $19.350 millones en ganancias en el 2003, a conseguir $38.000 millones en el 2005, ¡duplicaron sus ganancias en 3 años!, correspondiéndoles una tasa de ganancia del 12,6% sobre el capital invertido. Y según este mismo informe, de estas 500 empresas, 50 acaparan el 68% de las ganancias.
La política monetaria y la suba de precios
La política monetaria y cambiaria es un eje central de la política económica del gobierno. Tras el Argentinazo, los sectores clave del capitalismo argentino decidieron que había que abandonar la política suicida de la paridad peso-dólar e impusieron la política de la devaluación del peso para aumentar sus exportaciones. Pero esta política sólo puede funcionar a medio plazo si la devaluación va acompañada de un aumento correspondiente de la producción de mercaderías; es decir, si va acompañada de un incremento sostenido y suficiente de la inversión productiva. De otro modo, la devaluación tiende a producir inflación, incremento de precios, que es lo que ahora vemos en la economía argentina. La razón de esto es que hay más dinero en poder de la gente que mercaderías para comprar en los comercios. Y no porque a la gente le sobre la plata, lo que faltan son mercaderías suficientes para cubrir la demanda.
Podemos entender esto con un ejemplo simple. Con la actual tasa de cambio monetaria, se vuelca a la economía nacional $3,17 pesos por cada dólar cambiado; es decir, más del triple que en la época de la convertibilidad (cuando era el 1 a 1), lo que genera una demanda mayor de bienes y de consumo, como consecuencia de esa mayor cantidad de pesos en circulación. Hay que tener en cuenta que cada año se cambian en el país decenas de miles de millones de dólares en pesos. Al no haber suficientes productos y artículos de consumo en el mercado local para atender esta mayor demanda, por la falta de inversiones, aparecen los faltantes y la escasez, y por consiguiente el aumento de los precios, lo que se ve agravado por el incremento de las exportaciones, que vacía aún más el mercado interior de estas mercaderías.
Por este motivo, todos los intentos del gobierno de Kirchner por impedir la suba de precios de los productos básicos se ha estrellado contra el muro de la realidad, por una razón muy simple: no puede controlarse lo que no se posee. Nadie puede prohibirles a los empresarios subir los precios como quieran, ante un aumento de la demanda. Y si el gobierno pudiera hacerlo, aquéllos siempre podrán responder con una huelga de inversiones, cerrando la producción, o reteniendo las mercaderías (como hemos visto con los combustibles, la carne, la leche, etc.), chantajeando al gobierno hasta imponer sus intereses.
Pese a que las cifras oficiales prevén un aumento de la inflación del 8%-9% este año, otros índices privados más realistas prevén cerca del 20%. Sólo en el mes de agosto, la asociación de consumidores Adelco registró un aumento del 7,36% en una canasta de 28 productos de alimentación e higiene (Clarín, 30 agosto 2007), mientras que el índice oficial sólo midió un aumento del 1,5% en la canasta básica de alimentos. Esta última cifra contradice completamente la tendencia a la suba de precios mostrada a lo largo del año por los supermercados, centrados en la venta de productos de consumo básico, donde el propio INDEC midió un aumento en los precios del 12,4% hasta el mes de julio (Clarín, 30 agosto 2007).
Hay que tener en cuenta que, según el mismo INDEC, los salarios crecieron un 9,28% en promedio en el primer semestre del año (Clarín, 10 agosto 2007), lo que demuestra que hubo un congelamiento en el poder adquisitivo, en el mejor de los casos; y una caída del mismo para los trabajadores peor pagos que recibieron aumentos menores.
Lo que está claro es que el gobierno ha introducido una manipulación escandalosa del índice oficial de precios medido por el INDEC para contener la lucha salarial y para impedir pagos mayores de la deuda pública, que está compuesta en un 48% por bonos en pesos, ajustables con la inflación.
Esta política monetaria tiene otras consecuencias que pueden afectar a la estabilidad del sistema financiero argentino. Actualmente, las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) superan los $US 43.300 millones (agosto 2007). El gobierno justifica este nivel de reservas ante la eventualidad de enfrentar una crisis económica y una salida masiva de capitales. En teoría este dinero serviría para sostener el valor de cambio de la moneda nacional, otorgar préstamos a bajo interés y subsidios a los empresarios ante la falta de capital inversor en el país. Así, el gobierno gastó 900 millones de dólares de estas reservas para sostener el precio del peso en la crisis monetaria de agosto provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria en EEUU.
Pero sostener el tipo de cambio actual con el dólar (a $3,17) implica una continua compra de dólares para que la divisa estadounidense no baje de ese valor (el dinero también es una mercadería y mientras más se la compra más incrementa su precio). Pero este esfuerzo que hace el BCRA (para este año se estima que comprará unos $US 17.000 millones) muchas veces resulta inútil por la entrada masiva de dólares al país procedentes de grandes grupos financieros internacionales que se dedican a comprar bonos de la deuda pública que les dejan enormes ganancias al revenderlos. Este ingreso masivo de dólares hace bajar el valor de esta moneda y obliga al BCRA a comprar más dólares de los que tenía previsto, recurriendo al endeudamiento con las llamadas Letras del Tesoro (bonos de deuda del BCRA).
Actualmente, las Letras del Tesoro emitidas equivalen a un 44% de las reservas del BCRA, unos $50.411 millones ó $US 16.400 millones, cuando en el 2005 sólo representaban el 30% de las mismas.
El problema es que si el endeudamiento del BCRA se acerca cada vez más al 100% de sus reservas, no tendrá dinero para inyectar recursos a la economía cuando sea necesario hacerlo y pagar sus deudas al mismo tiempo. Entraría en quiebra hundiendo todo el sistema financiero del país. Por eso debemos prestar atención a los vaivenes de la política monetaria del gobierno y de los flujos monetarios en el país. Por ahora tienen un cierto margen, pero nada asegura que siempre será así.
El gasto público
El gobierno de Kirchner está especialmente orgulloso de su desempeño en las finanzas públicas. La recaudación del Estado ha ido creciendo año tras año, situándose en niveles históricos. Hasta el mes de agosto, la Nación recaudó $127.000 millones, un 32% más que en el mismo período del 2006. El superávit fiscal alcanzado hasta el mes de julio fue de $16.900 millones (aunque incluye los aportes jubilatorios de los aportantes recién ingresados al sistema público de pensiones). Para el conjunto del año se prevé una recaudación de $195.000 millones, un 15% más de lo presupuestado.
En el 2006 los ingresos públicos de la Nación y de las provincias fueron de $179.241 millones, equivalente al 27,32% del PBI. Aun así, quedan muy por debajo del 35% del PBI recaudado por Brasil o España. Lo que demuestra que en Argentina, los empresarios pagan menos impuestos que en estos países. El año pasado, el superávit fiscal, antes del pago de los intereses de la deuda pública, fue de $25.737 millones, un 4% del PBI ($23.164 millones de la Nación y $2.573 millones de las provincias).
Mostramos ahora cómo se desglosan los ingresos impositivos por concepto y porcentaje:
IVA: 29,5%
Impuesto a las Ganancias: 22,0%
Contribuciones patronales: 11,4%
Derechos de Exportación: 9,3%
Débitos y créditos bancarios: 7,1%
Otros: 20,7%
Como podemos ver, el apartado más importante es el del IVA; es decir, los impuestos indirectos. Son los más injustos porque gravan a todos los productos que pagamos por igual ricos y pobres.
No obstante, es interesante detenerse en el dato siguiente que muestra el peso descendente de los sueldos de los empleados públicos y de la seguridad social (pensiones y jubilaciones, salud, etc.) dentro del gasto total.
Así, mientras que el Enero del 2003, los sueldos de los empleados públicos y los gastos de la Seguridad Social representaban, respectivamente, el 16,6% y el 37% del gasto total, en Marzo del 2007, ambos conceptos se habían reducido hasta el 13,8% y el 32,8%, respectivamente, según datos de la Asociación Argentina de Presupuestos y Administraciones Públicas-ASAP. Como puede apreciarse, pese a la bonanza económica, el Estado destina una cantidad relativa de dinero a estos gastos sociales menor que hace 4 años.
La inversión pública durante el gobierno de Kirchner se duplicó, y representa el 13% del total de la inversión en el país. El 89% de esta inversión se destina a la construcción pública (viviendas e infraestructuras), pero también incluye subvenciones y subsidios al sector privado ($7.512,8 millones en el 2006). Estos subsidios al sector privado superan a la inversión real directa de la Nación, que es de $4.670 millones. Dichos subsidios alimentan las ganancias empresariales de muchos sectores. Además del dinero de la obra pública del que se benefician las empresas constructoras, estos subsidios se destinan a la compra de combustible (por el faltante energético), a financiar el sector del transporte (trenes, colectivos, gasoil barato, combustible aeronáutico, etc.), etc. además de sostener las empresas públicas.
En las siguientes cifras, que miden los ingresos y gastos del gobierno nacional en relación a la riqueza total generada en el país (el PBI), se aprecian más claramente las tendencias de las cuentas públicas:
INGRESOS PÚBLICOS (% PBI)
IVA: 7% en 1997 y 7% en 2006
Contribuciones patronales: 2,5% en 1997 y 2,7% en 2006
Impuesto a las Ganancias: 2,8% en 1997 y 5,2% en 2006
Débitos y créditos bancarios: 0% en 1997 y 1,7% en 2006
Retenciones a las exportaciones: 0% en 1997 y 2,3% en 2006
Otros: 6,3% en 1997 y 4,9% en 2006
TOTAL INGRESOS PÚBLICOS (1): 18,6% del PBI en 1997 y 23,8% del PBI en 2006
GASTO PÚBLICO (% PBI)
Transferencias Corrientes (a provincias y planes sociales): 7,7% en 1997 y 10% en 2006
Seguridad social: 5,9% en 1997 y 4,8% en 2006
Gastos de consumo y operaciones (incluye sueldos de empleados públicos): 3,2% en 1997 y 2,9% en 2006
Inversión (incluye subsidios a empresas): 1,3% en 1997 y 2,5% en 2006
TOTAL GASTO PÚBLICO (2): 18,1% del PBI en 1997 y 20,2% del PBI en 2006
Intereses de la Deuda Pública: 2% del PBI en 1997 y 1,8% en 2006
Superávit estatal primario (sin pago de deuda pública) (1) –(2): 0,5% del PBI en 1997 y 3,6% del PBI en 2006
Superávit estatal final (con pago Deuda): -1,5% en 1997 y 1,8% en 2006
Como podemos apreciar, los ingresos públicos pasaron de representar el 18,6% del PBI en 1997 al 23,8% en 2006, un 5,2% más. Y el gasto público pasó de un 18,1% del PBI al 20,2% en el 2006, un 2,1% más. De manera que el superávit fiscal primario (que no incluye el pago de los intereses de la deuda pública) pasó del 0,5% del PBI al 3,6% del PBI actual, lo que da mayor margen al gobierno para afrontar sus gastos.
Con respecto a los ingresos públicos podemos decir lo siguiente. Como sucede con el IVA, el peso de las contribuciones patronales se mantuvo prácticamente igual en 10 años. A la clase capitalista, por lo tanto, no se le exige un sacrificio adicional en sus contribuciones ordinarias. Hay que añadir que las rebajas de los aportes patronales introducida con la Reforma de Cavallo en 1994 redujo los ingresos del Estado en $60.000 millones. Actualmente, eso significa que las empresas dejan de pagar al Estado $6.000 millones anuales, según datos de la Secretaría de la Seguridad Social (Clarín, 28 agosto 2006).
Sí hay un aumento importante en la recaudación del impuesto a las ganancias, que está vinculado a la actual coyuntura de auge económico. También se destacan dos impuestos nuevos creados a raíz de la crisis económica que son el llamado Impuesto al Cheque y las retenciones a las exportaciones. Los capitalistas se quejan de estos impuestos “distorsivos”, ya que les afectan directamente y son una fuente de conflicto permanente con el gobierno de Kirchner.
Por el lado del Gasto Público lo más llamativo es lo referido en un párrafo anterior, como es el menor peso que tienen la Seguridad Social y los salarios de los empleados públicos en el mismo. Las jubilaciones, pensiones y el gasto en salud, así como los sueldos del sector público, han sido los más perjudicados ya que aunque los montos destinados han subido en cifras absolutas han descendido en porcentaje y en poder de compra comparado con el resto de los gastos estatales y el aumento de los precios. Han subido, sin embargo las transferencias a las provincias y la inversión pública, como explicamos antes.
Ya señalamos el gran peso que tienen en los ingresos estatales el impuesto a las ganancias y las retenciones a las exportaciones, lo que está claramente vinculado al “boom” económico actual. Pero esto anuncia dificultades futuras cuando cambie el ciclo económico, de “boom” a recesión, con una reducción muy grande de ingresos por ambos conceptos. Inevitablemente, esto implicará un ajuste en los gastos públicos y particularmente en los gastos sociales.
Como decíamos al principio, para este año se espera un superávit fiscal cercano a los $30.000 millones, cuyo monto principal irá destinado al pago de la deuda pública. Es irónico que los capitalistas y los políticos burgueses estén poniendo el grito en el cielo por el aumento del gasto público dedicado a la obra pública, a incrementar las jubilaciones, a atender algunas subas de los salarios de los empleados públicos, o al mantenimiento de planes sociales, mientras no dicen ni una palabra de los $15.000 millones en exenciones y reducciones de impuestos otorgados a las empresas en los Presupuestos del Estado del 2007, a lo que hay que añadir los cerca de $8.000 millones en ayudas directas (subsidios y subvenciones) destinados a diversos sectores empresariales; o los $20.000 millones netos que se pagan cada año por la deuda pública, que también van a embolsar los bolsillos de los grandes financieros nacionales y extranjeros.
La deuda pública
A fines del 2006 la deuda pública ascendía a $US 136.700 millones, $US 8.100 millones más que en 2005. Esto equivale al 64% del PBI. Aún así, todavía hay $US 26.100 millones en manos de los acreedores a quienes el gobierno no les reconoce sus deudas, porque se negaron a aceptar el acuerdo sobre la quita de la deuda en el 2005, y con quienes todo el mundo reconoce en privado que habrá que arreglar más tarde o más temprano.
En cualquier caso, lo relevante no es el monto de la deuda sino los $35.000 millones anuales ($US 11.000-12.000 millones) que vienen pagándose cada año por la misma y que seguirán pagándose en los próximos años. Como el Estado no tiene todo este dinero debe volver a endeudarse conforme va cancelando deuda vieja, por eso el monto de la deuda no desciende, pese a los pagos efectuados.
La renegociación de la deuda en el 2005, que culminó con una reducción nominal de su monto (de $US 180.000 millones a $US 120.000 millones), incluyó concesiones muy beneficiosas para los acreedores, pero muy perjudiciales para el país.
Así, la parte de la deuda pública contraída en pesos, el 48% del total, está ajustada automáticamente con la inflación de manera que los acreedores son compensados por el aumento de los precios. Así, por cada 1% de inflación el Estado debe desembolsar una cantidad adicional de $1.629 millones a estos acreedores.
Otra de las concesiones es el llamado cupón atado al PBI, que implica pagos adicionales para determinados bonos de la deuda pública, cada año que el PBI de Argentina crezca por encima del 5%. En el 2006 esto implicó un pago adicional de $US 390 millones por la deuda pública, y en el 2007 serán $US 810 millones. Para el 2008 se prevé un pago de $US1.314 millones y para el 2009 de $US 1.701 millones.
Según un informe del Ministerio de Economía, el año pasado se pagaron, sólo por intereses de la deuda, unos 4.000 millones de dólares, el 1,8% del PBI, pero si se añaden las cancelaciones de deuda habidas más el pago extraordinario para cancelar la deuda con el FMI, ese monto subió a un increíble ¡10,5% del PBI!, 22.000 millones de dólares.
Para este año, se realizarán pagos totales (por intereses y cancelaciones de las deudas vencidas) por valor de unos $US 13.300 millones. Sin embargo, los Presupuestos del 2007 sólo tienen previsto destinar $14.133 millones para la deuda pública (unos $US 3.600 millones). Para hacer frente a los $US 9.700 millones restantes el gobierno deberá destinar una parte mayor del superávit fiscal y tomar deuda nueva a intereses crecientes. Por eso la deuda pública sube, pese a las decenas de miles de millones de dólares pagados durante décadas.
Argentina es el 5º país deudor del Banco Mundial, por detrás de China, Brasil, Indonesia y Turquía. Le debe cerca de $US 6.000 millones. Además le debe $US 8.500 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y $US 6.000 millones al Club de París. En total, le debe $US 20.500 millones a las entidades imperialistas de crédito. Y eso, pese a que estos organismos, incluyendo el FMI, recibieron de Argentina $US 26.376 millones entre el 2002 y el 2006.
La deuda pública, detentada fundamentalmente por los organismos internacionales imperialistas y los grandes grupos financieros nacionales y extranjeros, supone un enorme lastre para el desarrollo del país y las condiciones de vida de los trabajadores, y explica el atraso de nuestras infraestructuras, las jubilaciones de hambre, y la falta de insumos en los hospitales y escuelas.
El pago actual de la deuda pública será insostenible a mediano plazo. Un cambio en el ciclo económico, con la caída de las exportaciones y de los ingresos del Estado, volvería a llevar al Estado a la quiebra y a depositar todas sus consecuencias sobre las masas trabajadoras.
La crisis energética y las empresas privatizadas
La crisis energética está directamente relacionada con la falta de inversiones que mencionábamos en un apartado anterior. Los responsables de esto son las multinacionales que controlan el petróleo, el gas y la electricidad, así como sus infraestructuras anexas: gasoductos, oleoductos, centrales distribuidoras, destilerías, etc. Todo esto les fue entregado a precios de saldo por los gobiernos de turno que estuvieron al frente del país, con la complacencia de la burguesía nacional.
La producción de petróleo está estancada desde hace 10 años y la de gas cayó un 5,4% el año pasado. No se invierte en la búsqueda de nuevos yacimientos. Las petroleras exportan, en grandes cantidades, recursos tan básicos para llenarse los bolsillos, y chantajean al gobierno con la paralización de la distribución en el mercado local, para que les permita incrementar sus exportaciones.
Es absolutamente falso, como afirman los voceros de las petroleras y sus lacayos nacionales, que esta falta de inversiones se deba al congelamiento de las tarifas. El 51% de las ganancias que obtienen las 200 empresas más grandes del país corresponden a las petroleras, cuya tasa de ganancia es del 25% sobre el capital invertido (INDEC). La renta anual petrolera que se llevan las multinacionales supera los 12.000 millones de dólares cada año.
Y como afirma la Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA): "Con respecto a las inversiones, no es cierto que no se hicieron, ya que el Estado Argentino autorizó la inversión de cientos de millones de dólares en gasoductos y poliductos para exportar a Chile, a Brasil y a Uruguay; lo que no se hizo, fue invertir en redes de distribución troncal para que los argentinos puedan tener gas; así el 40% de nuestra población depende del gas envasado, fundamentalmente la garrafa, que es cara y difícil de conseguir. Asimismo a los que tienen redes, también les falta gas". (FeTERA. ArgenPress 30/5/07).
La situación del sistema eléctrico es similar. Su capacidad está al límite, lo que provocó su colapso en varias ocasiones en los últimos meses con apagones en amplias zonas del país. Mientras que la demanda de electricidad aumentó un 43,5% entre el 2003 y el 2006, la capacidad de generación sólo lo hizo un 2,5%.
Las únicas inversiones en infraestructuras para el consumo local (como destilerías, centrales térmicas e hidroeléctricas) recién empezó a acometerlas ahora el Estado, pero su terminación demorará varios años.
Aunque el gobierno de Kirchner sea la versión más "izquierdista" producida por la burguesía nacional en las últimas décadas, no puede ni quiere enfrentar a las grandes corporaciones multinacionales.
La misma historia se cuenta en las provincias. Este año, la provincia de Chubut amplió hasta el 2047 la concesión que tiene la Pan American Energy en Cerro Dragón, el yacimiento más importante del país; y Santa Cruz amplió a esta misma empresa la concesión que tiene en el Golfo de San Jorge, hasta el 2027.
La privatización energética supone para el país un drenaje intolerable de recursos naturales no renovables y de dinero. El año pasado, el gobierno gastó $4.500 millones en importar energía (gas, fuel oil, gasoil, electricidad). Y sólo hasta el mes de julio de este año ya gastó $3.575 millones (Clarín, 27 agosto 2007).
¿Y qué tiene que decir la burguesía nacional de todo esto? Ante las restricciones del suministro energético a la grandes empresas ordenado por el gobierno, el jefe de la patronal (UIA) en Córdoba, Oscar Guardinelli, afirmó: "La industria no puede ser el fusible del sistema, los cortes deben llegar a los consumidores" (Clarín, 29 junio) ¡Ahí está! En lugar de señalar la responsabilidad en las petroleras, prefieren depositar sobre su propio pueblo ("los consumidores") las consecuencias de la depredación de nuestros recursos por las multinacionales. Esto no nos puede extrañar. Los vínculos de la burguesía nacional con las multinacionales extranjeras instaladas en el país son claros. Es común que grandes empresarios nacionales integren los Consejos de Administración de estas empresas y tomen parte de su capital accionarial. Un ejemplo claro es YPF, en cuyo directorio participan representantes de empresas argentinas como Aluar, Banco Macro, Arcor, y de la Cámara de Comercio.
Los planes de Repsol de reorganizar sus inversiones en Argentina y América Latina no van a cambiar sustancialmente la situación. Repsol pretende unificar sus inversiones latinoamericanas en una nueva empresa, adonde también ingresaría YPF, vendiendo a inversores privados el 45% de su capital. El probable ingreso del grupo privado argentino Eskenazi (que tomará el 25% del capital de YPF) no tiene nada que ver con la “argentinización” de esta compañía. Nacionales o extranjeros los capitalistas sólo piensan en sus ganancias y, como hizo Pérez Cómpanc cuando le vendió su petrolera a Petrobrás hace 5 años, mañana pueden entregar nuevamente sus inversiones al capital extranjero a cambio de miles de millones de dólares.
Lo que busca Repsol con esta jugada es asegurarse la renovación de las concesiones petroleras, que vencen entre el 2001 y el 2017, reforzando sus vínculos con el gobierno a través de empresarios locales, además de beneficiarse de unos ingresos estimados entre $US10.000 millones y $US 12.000 millones por la venta de estas acciones, mientras mantiene en sus manos el control firme del holding.
Es una broma que el gobierno considere un paso adelante, como también lo hacen algunos nacionalistas pequeñoburgueses, esta “argentinización” de YPF porque, supuestamente, fortalece nuestra “soberanía” sobre los hidrocarburos. El propio Eskenazi lo dejó claro en declaraciones publicadas en Clarín: “Este es un negocio privado, Repsol es privado, nosotros somos privados, y no iremos con ENARSA de socios ni con garantía del Estado, como algunos dicen por ahí. Nada con el Estado” (Clarín, 17 junio 2007).
Es la misma situación que en las empresas eléctricas. Aquí puede hablarse, incluso, de una “argentinización” mayor. El hueco dejado por la salida de inversores multinacionales en los últimos años ha sido ocupado por grupos de capitalistas nacionales que piensan seguir engordando sus ganancias con más subvenciones del Estado. Actualmente, el sistema de generación eléctrica está en un 52% en manos de capitales nacionales, frente al 33% en el 2003. Grupos como Mindlin, Electroingienería, Miguens (prohombre de la Sociedad Rural), Werthein, etc. tienen intereses en las empresas eléctricas, pero su condición de argentinos no los hace menos parásitos e insensibles a las necesidades populares que sus hermanos mayores de las multinacionales.
La lucha por la recuperación de los hidrocarburos y demás fuentes energéticas debe ir en paralelo a la lucha por el socialismo, expropiando sin indemnización a estos usureros ¡No puede controlarse lo que no se posee! De la misma manera que el faltante de alimentos (carne, lácteos, etc.) o el encarecimiento de los mismos, hunden sus raíces en la propiedad privada de un puñado de terratenientes y empresarios parásitos.
La política del gobierno de Kirchner en el resto de los servicios públicos privatizados (trenes, subte, líneas aéreas, telefónicas, etc.) es la misma: mantener la privatización y afrontar las obras de infraestructuras mínimas necesarias para evitar su colapso, ante la ausencia escandalosa de inversiones privadas para que los servicios puedan funcionar de manera eficiente.
Los subsidios al transporte aumentan año tras año. Con la excusa del congelamiento de los boletos de tren, subte y colectivos, este sector ha recibido del Estado más de $2.500 millones en los últimos dos años. La cancelación de las 3 líneas ferroviarias metropolitanas de la Capital que estaban en manos del empresario Taselli no significó su estatización sino su entrega a un consorcio formado por las demás empresas privadas que gestionan el transporte ferroviario y que ofrecen un servicio igual de malo que el que ofertaba Taselli.
En lugar de reestatizar el sistema ferroviario y afrontar un plan serio de modernización de sus infraestructuras (locomotoras, vagones, estaciones, señales, soterramiento, etc.) el gobierno pretende embarcarse en un proyecto faraónico y carísimo como es el “tren bala” para Rosario, Córdoba y Mar del Plata, que costará, al menos, $US 2.500 millones, para usufructo de la burguesía, la pequeñaburguesía adinerada y los funcionarios que puedan pagarse el boleto, condenado a la clase obrera a soportar un transporte ferroviario metropolitano horrible, lento, sucio e inseguro y la utilización de colectivos y micros cada vez más caros e igualmente inseguros.
Como hemos explicado muchas veces, la negativa del gobierno de Kirchner a reestatizar los servicios públicos esenciales se debe al miedo a dar una señal equivocada a la clase obrera. No quiere despertar el entusiasmo en los trabajadores para que piensen que se avecina la recuperación de “la soberanía nacional”, para emplear términos propios de la demagogia peronista, pero que calaron en la conciencia de la clase obrera durante décadas como expresión instintiva de un sentimiento genuino antiimperialista y anticapitalista.
Las escasas renacionalizaciones habidas, como las de Correos, Aguas Argentinas, o la última de los astilleros Tandanor se produjeron solamente por el abandono del capital privado de estos sectores estratégicos de la economía y los servicios públicos, y porque ningún inversor privado quiso hacerse cargo de las mismas. Esta es toda la verdad sobre el carácter “nacional y popular” del gobierno de Kirchner.
El sector agropecuario
La agricultura argentina vive una época dorada. Es una agricultura extensiva, moderna y eficiente tecnológicamente que se ha beneficiado en los últimos años de una suba espectacular de los precios de las materias primas.
En el campo se espera esta temporada la cosecha de granos más grande de la historia, cerca de 100 millones de toneladas. Esto coincide con los precios más altos que se recuerdan de la soja, el trigo, el maíz, el girasol y la carne.
La Bolsa de Rosario calcula que la utilidad, una vez descontado el impuesto a las ganancias, será de 2.460 millones de dólares para los propietarios de la cosecha, fundamentalmente terratenientes, que "es el doble de la rentabilidad histórica de la pradera pampeana" (Clarín, 22 junio 2007). En el negocio de la carne se cuenta la misma historia.
En el primer semestre del año, el valor de las exportaciones de los productos primarios subió un 25% respecto del mismo período del año anterior. La mayor parte de este aumento se debió al aumento del precio en los mercados internacionales de los productos exportados.
Para apreciar mejor la situación de la agricultura conviene echar una mirada a las dos grillas que reproducimos debajo, que muestran una comparación entre las cosechas del 2005/2006 y del 2006/2007:
Volumen (Tn): 94 millones de toneladas (Tn) en 2006/2007 y 76 millones de Tn en 2005/2006
Superficie sembrada: 30 millones hectáreas en 2006/2007 y 28 millones hectáreas en 2005/2006
Soja: 47,5 millones Tn en 2006/2007 y 43 millones Tn en 2005/2006
Maíz: 22 millones Tn en 2006/2007 y 14 millones Tn en 2005/2006
Trigo: 5,4 millones Tn en 2006/2007 y 9 millones Tn en 2005/2006
Girasol: 3,4 millones Tn en 2006/2007 y 1,2 millones Tn en 2005/2006
Exportación: 72,5 millones Tn (77,1% de la cosecha) en 2006/2007 y 63 millones Tn en 2005/2006
Consumo interno: 13,5 millones Tn (14,4% cosecha) en 2006/2007
Piensos animales y otros: 8 millones (8,5% de la cosecha) en 2006/2007
La comparación en los precios de los productos en 2006 y 2007 es la siguiente, medido el precio de la tonelada en dólares:
Soja: $277 (2007) y $243 (2006)
Maíz: $121 (2007) y $91 (2006)
Trigo: $160 (2007)
Girasol: $208 (2007), y $250 se espera en el 2008
Aceite de Girasol: $785 (2007)
Además, de las extraordinarias ganancias, la agroindustria (que incluye la producción aceitera, productos lácteos, y otras elaboraciones) proporciona al Estado unos $12.000 millones en impuestos a las retenciones por exportación (el valor de lo exportado alcanza los $US 16.000 millones), el 60% de las retenciones totales por exportación.
Todas las cifras están en el mejor nivel de la historia. La molienda de soja se triplicó en 13 años, hasta alcanzar los 37 millones de tn en el 2006, y se prevén 40 millones en el 2007. El impulso que se está dando a la demanda de biocombustibles está empujando mucho más al alza los precios del girasol y del maíz, y la extensión de la cosecha. Así, en el 2008 la exportación del girasol se elevará desde los $US 700 millones hasta los $US 1.000 millones, por la mayor demanda de biocombustibles, y para la temporada 2007/2008 se destinará el 30% de la cosecha de maíz a la producción de etanol.
La búsqueda descontrolada de ganancias está introduciendo nuevas contradicciones en la producción agroindustrial, en la economía nacional y en los ecosistemas. El aumento anual de la superficie sembrada está dándose a costa de la producción de trigo y de la ganadería, esenciales para la producción de pan, leche y carne. Pero también está incidiendo gravemente en el desmonte de la selva. Las enfermedades respiratorias están extendiéndose en toda la zona del Litoral como consecuencia del polvo expulsado a la atmósfera por la molienda masiva de granos.
Pero el efecto más inmediato es la imparable suba de precios de los alimentos básicos. La exportación del 77% de la cosecha, estimulada por el aumento de los precios internacionales está socavando la estabilidad de la economía y el poder adquisitivo de las masas que cada vez tienen que pagar más ante la caída de la oferta en el mercado interior.
Sólo en el mes de abril, las exportaciones de hortalizas frescas y legumbres aumentaron un 38,5% en volumen y un 64,7% en precio, respecto del mismo mes del 2006. Entre enero y septiembre las exportaciones de frutas y hortalizas crecieron un 32,8% en relación al 2006, pese a que la producción se redujo un 11,2%. La miel aumentará sus exportaciones un 11% más este año. Y en los primeros 8 meses del año, las exportaciones de pollo aumentaron un 29% en volumen y un 51% en dinero con respecto al mismo período del 2006.
La anarquía de la producción capitalista y el hambre insaciable por las ganancias adquieren en el sector agroindustrial su perfil más acusado. No existe otro sector de la economía nacional donde la contradicción básica del capitalismo, la que se da entre el carácter social de la producción y su apropiación individual por un puñado de ricachones, se manifieste más claramente. No existe otro sector de la economía donde las masas trabajadoras sientan tan agudamente en sus condiciones de vida el carácter reaccionario de la propiedad privada capitalista.
Y no contentos con acumular las ganancias más grandes de la historia, los terratenientes y agroindustriales continúan insatisfechos, exigiendo al Estado compensaciones por la venta de sus productos en el mercado interno con la excusa de que en el extranjero les pagan precios más altos. Lo más irónico de todo es que estas “compensaciones” se exigen a cambio de un supuesto congelamiento en los precios.
Lo grave es que el gobierno acepta este chantaje y ha respondido favorablemente a las demandas de estos parásitos. En febrero, se aprobaron subsidios a los productores de leche, pollo, cerdo, aceites y molineros, por valor de $US 600 millones anuales, más $280 millones para los ganaderos. A cambio, se supone que deben comprometerse a no aumentar los precios y sí a reducirlos. Para ello, las retenciones a las exportaciones de soja, trigo, maíz, harina y aceites aumentarán hasta situarse entre el 25% y el 35% del valor exportado, según el tipo de grano y de producto. Pese al incremento de las retenciones, la rentabilidad que sacarán los empresarios agroindustriales quedará entre un 3% y un 39% (según el tipo de grano y de producto) por encima de la obtenida el año pasado, cuando consiguieron ganancias históricas.
Como en el caso de los recursos energéticos y en el sistema de transporte, sólo la nacionalización de la tierra y de los monopolios alimentarios, incluyendo las grandes cadenas de comercialización, sin indemnización y bajo el control de los trabajadores, sería posible armonizar la producción alimentaria sana, abundante y de calidad para toda la población, a precios baratos.
Perspectivas económicas
Las perspectivas para la economía argentina están completamente subordinadas a las perspectivas para la economía mundial. El 80% de la economía argentina está orientada a la exportación, una parte sustancial de los sectores clave están en manos de multinacionales, casi todos los bienes de equipo son importados, la deuda externa sigue jugando un papel determinante en la política presupuestaria y monetaria del gobierno, y por lo tanto la suba o baja de los tipos de interés en los mercados internacionales y las oscilaciones del dólar van a tener una incidencia fundamental.
Aún están por determinarse los efectos a medio plazo del reciente desplome de la burbuja inmobiliaria en los EEUU, que ya ha tenido consecuencias en Europa y Japón y ha afectado a los mercados bursátiles de todo el mundo. Pero un cierto retraimiento en las inversiones extranjeras será inevitable, por el miedo a la crisis. Los bancos, que hasta ahora se han mostrado muy remisos a prestar dinero en Argentina, profundizarán esta actitud. Una menor actividad en la economía mundial tendría un efecto depresor en los precios de las materias primas, por la caída de la demanda, lo que podría afectar de manera importante a los ingresos estatales por las exportaciones, y a las ganancias de la agroindustria y de las petroleras. Esto incidiría también desfavorablemente en amplias zonas del interior del país, donde predomina el monocultivo cerealero e hidrocarburífero.
En esas condiciones, se haría notar rápidamente un exceso de la capacidad productiva en el complejo agroindustrial y en otros sectores de la economía que ahora están al tope en la utilización de la capacidad productiva: acero, neumáticos, refino de petróleo, etc, lo que provocaría un hundimiento de las inversiones, incrementando el desempleo y los cierres de empresas. Dependiendo de la rapidez con que la economía mundial se precipite a una crisis, el descenso de la actividad económica en Argentina será más acelerado o más lento.
Más allá de esto, la principal debilidad de la economía argentina es la falta de inversiones sin las cuales parece difícil sostener el ritmo de crecimiento económico actual. Sólo observamos inversiones relevantes en la agroindustria, la minería, el automóvil (pese a que todavía no alcanzó su techo histórico de fines de los 90), y en empresas aisladas, como Aluar, la principal productora de aluminio. Algunos economistas reducen la tasa de crecimiento de la economía argentina al 6% del PBI el año que viene, lo cual es bastante probable si no hay un cambio en la economía mundial.
Por el momento, no existen signos que nos indiquen un cambio en la tendencia alcista de los precios, que está vinculado también a la falta de inversiones y al aumento de la demanda mundial de alimentos. Pero, como decíamos antes, una caída en la actividad económica como consecuencia de la entrada en la crisis de la economía mundial provocaría un descenso en el valor de las materias primas que debería conducir a un aumento menor de los precios, o a un descenso de los mismos.
En cualquier caso, lo más relevante para nosotros, como marxistas, no son las cifras económicas sino los efectos reales de la economía en las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera. Muchos países latinoamericanos y asiáticos ostentan índices de crecimiento económico similares a la Argentina lo que no ha impedido el incremento de la pobreza y de las desigualdades sociales. En los próximos apartados estudiaremos estos efectos y cómo influyen en las perspectivas para la lucha de clases en nuestro país.
LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS TRABAJADORES Y EL MOVIMIENTO OBRERO >>>
