Nuestros empleos y nuestros salarios están primero
Editorial de El Militante Nº 43
Estamos a las puertas de un gran "pacto social" que copia el diseño de otros países, y que consiste en premiar con ayudas generosas a los empresarios por el fracaso de su sistema económico, y que sean los trabajadores quienes pongamos el hombro, aceptando despidos y salarios bajos, para sostener las ganancias de quienes viven del trabajo ajeno.
Nuestros empleos y nuestros salarios están primero
Editorial de El Militante Nº 43
Estamos a las puertas de un gran "pacto social" que copia el diseño de otros países, y que consiste en premiar con ayudas generosas a los empresarios por el fracaso de su sistema económico, y que sean los trabajadores quienes pongamos el hombro, aceptando despidos y salarios bajos, para sostener las ganancias de quienes viven del trabajo ajeno.
Un plan del gobierno a favor de los empresarios y de eficacia limitada
El plan anunciado por el gobierno consiste básicamente en subsidiar a los empresarios con el dinero de los contribuyentes. Habrá subsidios, reducción de contribuciones patronales, perdón de impuestos, blanqueo de capitales, créditos a bajo interés, etc. Además, el Estado pagará el 10% del costo salarial de los nuevos trabajadores contratados durante el primer año y el 5% durante el segundo.
El nuevo Ministerio de la Producción será la ventanilla donde los empresarios harán cola para tramitar sus pedidos de subsidios y ayudas del Estado.
Se perdonarán las multas a quienes empleen trabajadores "en negro" y las deudas previsionales (jubilaciones) de los primeros 10 obreros "blanqueados". A los obreros blanqueados se les reconocerán 5 años de aportes previsionales, aunque lleven trabajando una cantidad de años mayor.
El intento de despenalizar la evasión de capitales, estimada en 150.000 millones de dólares en el exterior, está destinado a fracasar ¿Por qué razón van los empresarios a "blanquear" sus capitales aunque les perdonen las multas, si eso implicará pagar impuestos; justamente lo que querían evitar evadiendo divisas? A lo sumo, tendrá un efecto en la compra de inmuebles, alimentando la especulación urbanística. No impulsará la construcción de viviendas, sino la suba de precios y de alquileres.
El plan incluye la utilización de los fondos estatales de jubilaciones para otorgar créditos a bajo interés a las empresas. Pero esta medida va a tener una eficacia limitada en un contexto donde las empresas y familias achican gastos, y cuando la crisis mundial está en sus inicios no en su final.
El gobierno también anunció un plan de obras públicas por valor de $71.000 millones. Está por ver su efectividad. Aún se desconocen los detalles del mismo y cuánto tiempo llevará su aplicación. Parece entonces una maniobra publicitaria para dar la sensación de que "está haciéndose algo".
Más ajuste al gasto social
Lo pregunta clave es: ¿De dónde va a sacar el gobierno la plata para impulsar estos planes? Hay que seguir pagando la deuda externa y se prevé una reducción de los ingresos del Estado por la baja del precio de la soja y otras materias primas sujetas a retenciones por exportaciones, y por el descenso de la actividad económica. Aunque el gobierno reduzca los subsidios a las privatizadas con la suba de tarifas de la luz y el gas, que por primera vez repercutirán de lleno sobre las familias obreras, este ahorro será insuficiente para compensar la caída de los ingresos estatales.
Sería muy peligroso comprometer la caja de jubilaciones o las reservas del Banco Central cuando las turbulencias financieras y la corrida del dólar están lejos de haberse terminado, y la amenaza de una salida masiva de capitales que pueda conducir al país a la quiebra sigue presente.
Probablemente, el gobierno deberá endeudar todavía más al Estado para disponer de gran parte de esa plata (tomando prestado del Banco Central, de la caja de jubilaciones, o de algún organismo imperialista -BID, Banco Mundial, etc.) y depositar sobre las futuras generaciones el costo de estas medidas con el incremento de la deuda pública y el ajuste permanente del gasto social (en salud, educación, infraestructuras barriales, etc.) y del salario de los empleados públicos.
La trampa de la crisis
En Argentina, la crisis no pegó de lleno pero el crecimiento se frenó. En 2008 la economía crecerá menos del 6%, frente al 9% de los últimos años. Para el 2009, algunos pronostican un 4%, y otros hablan de recesión.
Algunas inversiones industriales importantes fueron canceladas, como las proyectadas por la siderúrgica brasileña Gerdau y la productora de aluminio Aluar. Otro tanto hicieron las automotrices.
La CGT habla ya de 12.000 despidos y suspensiones de empleo (2.000 en automotrices, 7.000 metalúrgicos, y un millar en curtiembres, bancos, frigoríficos. respectivamente; siendo los contratados y la juventud obrera superexplotada, la principal variable de ajuste, con un mínimo costo de despido para los empresarios.
Las empresas siguen teniendo ganancias. Lo que ocurre es que ya no pueden conseguir las ganancias extraordinarias de los últimos años. Con la complicidad del Gobierno y las dirigencias sindicales tratan de instalar el miedo y la incertidumbre en millones de trabajadores para frenar sus reclamos salariales. Un informe de la Consultora Watson Wyatt citado en iECO Clarín (16-11-08) decía que el 70% de las empresas canceló o redujo el aumento salarial que tenía previsto otorgar en octubre. Pero los precios siguen subiendo. Hasta octubre, el aumento de precios acumulado de la canasta básica de alimentos alcanzaba un 23,19%, según la asociación Consumidores Libres, por lo que de aceptarse aumentos menores al 25%-30% el año que viene, los salarios volverían a perder poder adquisitivo por tercer año consecutivo.
Necesitamos un plan de lucha nacional
La posición de los dirigentes sindicales deja mucho que desear. El gremio petrolero acordó la "Paz Social" congelando sueldos durante 6 meses bajo la promesa de que no habrá despidos. De una cosa estamos seguros: los trabajadores cumplirán a rajatabla sus compromisos, pero anticipamos que los empresarios no respetarán el suyo, y volverán a la carga exigiendo nuevas concesiones a los trabajadores a cambio de no efectuar cesantías.
Pero también vemos la otra cara del proceso, como en la industria automotriz. En las principales fábricas y muchas autopartistas hay conflictos contra los despidos: General Motors, Volkswagen, Iveco, Gestamp, etc. En la etapa actual, con la bronca acumulada de los trabajadores, veremos cómo los dirigentes burocráticos tendrán que ponerse a la cabeza de las luchas para evitar ser rebasados desde abajo, y si no lo hacen quedarán aún más desacreditados, lo que abre grandes posibilidades de intervención al activismo clasista si actuara agrupado en una corriente sindical opositora. Esta es una tarea necesaria y urgente.
La propuesta tímida de la CGT de introducir una doble y hasta una triple indemnización para despidos sin causa, o el subsidio universal a las familias por hijos menores propuesto por la CTA son medidas parciales que apoyamos, pero nos parecen muy insuficientes. La prohibición de despidos durante 6 meses, como fue aprobado en Santa Fe, no funcionará y la patronal encontrará mil y una formas de evadir legalmente esa ley. No será con iniciativas parlamentarias como impediremos los despidos y conseguiremos incrementos salariales, sino con la lucha organizada. Esto es lo único que temen los empresarios y el gobierno. Hay que exigir a la CTA y la CGT que impulsen conjuntamente un plan nacional de lucha bajo la divisa de ¡Ni un despido! y ¡aumento de urgencia de $500 para todos! para recuperar, aunque sea parcialmente, el poder adquisitivo perdido. Desde El Militante proponemos:
-Ningún despido. Reparto del trabajo sin reducción salarial. Ocupación de empresas que cierren o despidan trabajadores
-Aumento de urgencia de $500 para todos los trabajadores
-Que se abran los libros de balance de las empresas para su inspección por un comité obrero elegido en asamblea.
-Si el empresario dice que su empresa no es viable, que sea nacionalizada sin indemnización y puesta bajo control obrero
-Democracia sindical. Elección y revocabilidad inmediata de cualquier dirigente y delegado sindical por los trabajadores.
La crisis del sistema capitalista pone en el orden del día, además de la lucha sindical, la necesidad de una organización política de los trabajadores con una composición de masas, como el mejor instrumento para luchar por nuestros intereses y transformar la sociedad. La Constituyente Social apuesta a este objetivo, que debe ser apoyado por todo activista conciente.
