Las fuentes periodísticas coinciden en señalar que la mayoría de los internos fallecidos eran personas proclives al diálogo, dos de ellos habían sido delegados de pabellón. Otros dos fueron testigos del crimen de Norberto Cartelle, un recluso que había denunciado al Servicio Penitenciario por la venta de drogas, todo lo cual hace presumir que la matanza está ligada a la confluencia de promiscuidad, hacinamiento y negociados con los agentes del Servicio Penitenciario. La muerte de catorce personas y cinco heridos graves, fue el saldo luctuoso de los hechos que sucedieron en la madrugada del pasado 13 de abril en la cárcel de Coronda.
Las fuentes periodísticas coinciden en señalar que la mayoría de los internos fallecidos eran personas proclives al diálogo, dos de ellos habían sido delegados de pabellón. Otros dos fueron testigos del crimen de Norberto Cartelle, un recluso que había denunciado al Servicio Penitenciario por la venta de drogas, todo lo cual hace presumir que la matanza está ligada a la confluencia de promiscuidad, hacinamiento y negociados con los agentes del Servicio Penitenciario. De modo tal que se planificó una suerte de "limpieza profunda" con blancos escogidos y la creación de una "zona liberada" para su producción.
En el curso del año la cárcel de Coronda es el segundo penal en donde se producen incidentes donde hay que lamentar víctimas fatales, ya que meses atrás se registró un suceso similar en una unidad penitenciaria de Córdoba.
En Santa Fe, el hacinamiento y el alojamiento de personas en lugares inhabilitados para ello es una situación que no revirtieron los distintos poderes provinciales en 21 años de democracia. Durante los últimos años las condiciones de detención se han agravado, tanto por la ausencia de políticas de los poderes ejecutivo y legislativo para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, como por las decisiones de los funcionarios judiciales que mantienen detenidas, en condiciones degradantes, personas que en su mayoría ni siquiera han sido juzgadas (1230 procesados sin condena firme).
En 1983, cuando se institucionalizó el pais bajo la forma jurídica de Democracia Burguesa , el discurso desde el poder formal fue que ese proceso de elección de autoridades por el voto del conjunto de la población, sería acompañado por otro de "democratización de las instituciones del Estado con participación popular".
Pero lejos de suponer la democracia "formal", mayores espacios de libertad individual y de límites precisos a la potestad represiva del Estado, la política criminal de régimen supuso y supone un proceso de paulatina acentuación del control social como necesario reflejo del las condiciones sociales de exclusión que genera el modo de producción capitalista.
De esta forma, la legislación represiva, no es otra cosa que una herramienta para disciplinar a aquellos sectores sociales que no acatan las expectativas sistémicas del orden burgués.
La conformación de una nueva Corte Suprema y el desplazamiento de ministros no alteró la perspectiva de los explotados con referencia a la función del aparato judicial en el marco de la dominación del capitalismo monopólico ya que ella se torna evidente cuando los jueces por sus sentencias consagran relaciones jurídicas que suponen conculcar derechos adquiridos de los trabajadores, convalidar ritmos de producción agobiantes, inseguridad laboral, salarios en negro, la quiebra del sistema provisional e interviene en los conflictos sociales buscando disipar los mismos sobre la base del sometimiento de los que luchan.
