Se cumplen tres meses de conflicto en el sector agropecuario, y todavía el grueso de las familias trabajadoras asiste como espectador pasivo al mismo, en medio de la escalada inflacionaria y el deterioro de su calidad de vida. Se cumplen tres meses de conflicto en el sector agropecuario, y todavía el grueso de las familias trabajadoras asiste como espectador pasivo al mismo, en medio de la escalada inflacionaria y el deterioro de su calidad de vida.
En los últimos días el conflicto se agravó cuando los dueños de los camiones decidieron bloquear las rutas en protesta por los cortes de ruta de los propietarios del campo que impiden el paso de sus camiones.
Ahora se habla de la politización del conflicto. Pero la verdad es que sólo en términos políticos puede entenderse el conflicto, y más aún resolverlo. El sector que agrupa a la gran burguesía agropecuaria y enfrenta el gobierno sabe que se acotan los tiempos. Quiere poner fin a una protesta que ya no da más, y teme que la realidad muestre a las claras que su único interés en la protesta es mantener sus enormes ganancias, a costa de los trabajadores, vía suba de precios o con subsidios estatales. El resto de la burguesía también lo tiene claro, por eso en Rosario – a pesar de ser uno de los epicentros de la protesta- las diferentes asociaciones empresariales rechazaron el 2 de junio sumarse al “paro” de solidaridad solicitado por los “ruralistas”, mostrando su “absoluto desacuerdo” con la medida (Clarín, 30/05).
Quiénes definen el conflicto
¿Por qué la Federación Agraria (FA), cuyos vínculos la situaron históricamente dentro del llamado “campo popular”, está teniendo un papel tan relevante en una protesta junto a los grandes terratenientes y agroexportadores, sabiendo que sin su participación el conflicto no tendría pilares para sostenerse?
Hay que decirlo por mucho que no guste; los cambios operados en la cadena de producción y comercialización agropecuaria, ha licuado en el tiempo presente los intereses propios de los pequeños productores, subordinándolos estrechamente a los grandes pulpos del resto de la cadena. Para ello fue vital la experiencia del menemismo, que además de liquidar conquistas importantes del movimiento obrero, dejó librado a su suerte a los pequeños productores genuinos reduciéndolos a su mínima expresión, lo que favoreció el desalojo de sus tierras y la concentración de la propiedad, creando las bases para una nueva división del trabajo en el campo y una anarquía mayor de la producción agropecuaria.
A través de los llamados “pools” de siembra, el alquiler de tierras, las acopiadoras, la subcontratación de labores, se ha formado una tupida red de intereses comunes entre los pequeños, los medianos y los grandes productores, en determinadas regiones del agro argentino, y entre éstos y los monopolios exportadores, que son los que explican esta unidad, aparentemente granítica, de todas las clases poseedoras del campo.
No sorprende, entonces, que la FA no defienda siquiera que el aumento de las retenciones móviles esté discriminado a favor de los pequeños productores, como exige la izquierda, sino que la reducción de las retenciones sea la misma para todos, chicos y grandes. Tampoco considera relevantes las concesiones formales a los pequeños productores y monotributistas, anunciadas por el gobierno, de devolverles las retenciones móviles y subsidiarles los fletes hasta los puertos.
Y sin embargo, la FA, más allá de su voluntad y la de sus representados, cumple ahora el triste papel de idiota útil, porque ahora la burguesía trata por todos los medios de finalizar esta experiencia del lock out, mientras que Buzzi y De Angeli, se empeñan en mantenerlo por la presión de sus bases, que creyeron a los grandes propietarios agropecuarios cuando decían que iban a luchar hasta el final.
Si la CGT defendiera los intereses de los trabajadores genuinamente, ya hubiera desarticulado el frente de la FA con las grandes patronales agropecuarias, denunciando la situación de los peones rurales, el aumento de la canasta de alimentos, la depreciación de los salarios, los millonarios subsidios a los empresarios, habría puesto a la FA en una disyuntiva de hierro, al tiempo que clarificaría en millones de trabajadores la posición correcta tanto frente a los agroexportadores como frente al gobierno. Pero su alianza estratégica con el gobierno le impide ir tan lejos, porque tampoco quiere ser desbordada por la movilización obrera, de allí que esté en las penumbras de este conflicto. No es casualidad que, en el medio del conflicto, la UOM arrancara un aumento salarial de 32%. El malestar de la clase obrera es más tangible de lo que se pueda pensar, tanto como que la protesta agraria no suma gran adhesión en los grandes centros urbanos donde se concentra el movimiento obrero del país.
De tibios e inmorales
Claro que si ya casi nadie desea el conflicto, lo extraño es su duración. Por un lado, el gobierno no puede dar marcha atrás abiertamente. Fue golpeado desde el principio, manifestando cierta torpeza, perdió un ministro de economía, y se desgastó muy fuerte la imagen de la presidenta. La oposición logró darse un cierto “baño de masas” pero sólo como un convidado, sin protagonismo, fragmentada, pero consiguió cierta revitalización. El gobierno quiere salir del conflicto sin sentirse derrotado, y no puede dar más concesiones de las que ya hizo.
Por el lado de los pulpos, ya hubieran levantado el lock out hace mucho, pero las entidades se han excedido en su rol y están un tanto fuera de control. Ocurre que las mismas no le pueden decir a miles de pequeños y medianos productores que, aunque el gobierno redujera las retenciones, nada va cambiar, porque el problema mayor no son las retenciones del Estado sino ellos mismos: los grandes propietarios, los pools de siembra, las acopiadoras, los monopolios de fabricantes de semillas y agroquímicos, los mismos que los perjudican día a día, levantando a su costa montañas de dinero.
El conflicto agropecuario no da más, sólo existe un problema de formas: cómo ocultar la realidad a los productores de poca envergadura y a las familias trabajadoras.
No obstante, debemos advertir contra cualquier intento de los empresarios, de la ciudad y del campo, que traten de descargar sobre los trabajadores los efectos directos o indirectos del conflicto agropecuario (cesantías, impago de horas extras, recortes salariales, etc.). Los trabajadores no tenemos ninguna responsabilidad por esta crisis y debemos apelar a las medidas de fuerza necesarias para enfrentar cualquier amenaza.
Una salida obrera y socialista al conflicto del campo
Desde la Corriente Socialista El Militante nunca apoyamos este lock out, pues no estaban en juego los intereses del pequeño productor ni de la clase obrera en su conjunto.
Si la dirección de la FA hubiera levantado un pliego de reivindicaciones propio y al margen de las grandes patronales entidades agrarias, se hubiera justificado nuestro apoyo y el de los trabajadores. Pero no fue el caso. Por eso es lamentable que los dirigentes de grupos de izquierda como el PCR o el MST traspasaran una cuestión de principios, poniéndose codo a codo con los intereses del enemigo de clase en contra de los intereses de los trabajadores, sin exigirle siquiera a la FA que rompiera su frente con la Sociedad Rural. En sentido contrario, la dirección del PC apoyó acríticamente al gobierno en este conflicto.
Sólo un programa socialista que vincule los intereses de la clase obrera de la ciudad y el campo con las demandas más progresivas del pequeño propietario puede cortar de raíz el bloque reaccionario en el campo que ata al pequeño productor y a sectores de la clase obrera del interior, tras los reclamos de los grandes capitalistas agropecuarios.
A la expropiación de la gran propiedad terrateniente (el 80% de la tierra cultivable en Argentina), debemos añadir la nacionalización de los monopolios (agroexportadores, redes de comercialización, producción de insumos) y la nacionalización de la Banca, que permitiría otorgar créditos baratos a interés mínimo para trabajadores y pequeños productores.
Todo esto permitiría abaratar costos e integrar a los pequeños productores en unidades de producción mayores, estrechamente asociadas a un plan nacional de producción en interés de la mayoría de la sociedad, donde la gran propiedad territorial e industrial esté en manos de los trabajadores.
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