La lucha de los docentes en nuestro país recorre todo el territorio y tiene una larga historia de procesos de precarización y maltrato por parte de los diferentes gobiernos y de resistencias heroicas e intensas de los trabajadores. Ha tenido y tiene diferentes articulaciones con problemáticas sociales locales o de alcance nacional, y también internacional, por cuanto responde a los mandatos de los organismos internacionales de crédito de ajuste y pauperización sin fin. Queda visible en el acuerdo arribado con el Fondo Monetario Internacional que subsume a los trabajadores a condiciones de pauperización y deterioro extremo en nuestras condiciones de vida y trabajo.
A la lucha docente se suma la lucha de trabajadores estatales, en particular los que pertenecen al sector de la salud. En todos los casos los reclamos son salariales, sobre la base de remuneraciones que están por debajo de la línea de pobreza, en las que buena parte del sueldo de bolsillo está constituido por retribuciones “en negro”. Los básicos de estos trabajadores son irrisorios, y proyectan un sombrío panorama en vistas a sus jubilaciones.
Esta realidad se ha mostrado con particular intensidad en las últimas semanas en Salta y Jujuy, provincias en las que las luchas han sido fuertemente reprimidas por los gobernantes del PJ y la UCR/JXC respectivamente. En Jujuy, en los últimos días y en estas horas, los niveles de represión a las luchas docentes, estatales, de las comunidades indígenas y de la clase trabajadora en general, han llegado a niveles que contradicen los más elementales principios democráticos, y avanzan hacia metodologías propias del terrorismo de estado.
Es importante señalar que un punto de inflexión en la precarización del trabajo docente, en la flexibilización de sus formas de trabajo, y en el ataque a la calidad educativa de la escuela pública en todos sus niveles ha sido la Ley de Educación Federal sancionada en los años 90, con su correlato en la Ley de Educación Superior para las universidades públicas. Estas leyes fueron hechas a medida de las exigencias del FMI, con modelos educativos fracasados en otras latitudes, cuyos objetivos no sólo apuntaron a desfinanciar la educación pública en infraestructura, insumos y salarios, sino que también procuraron hundir las condiciones laborales de los trabajadores docentes, y dinamitar las currículas educativas, imponiendo formatos deficitarios en cuanto a la calidad en la formación de los estudiantes. Sólo mencionamos, sin poder ahora ahondar en ello, el impacto del traslado de las escuelas nacionales a las provincias, que complicó aún más los problemas de financiamiento ya existentes.
En definitiva, nos encontramos con la profundización de un fenomenal ataque a la docencia, y a través de ella a las comunidades educativas, y a los trabajadores del Estado, incluidos los del sector salud, por parte de los Estados que privilegian transferir sus recursos a los personeros de la economía concentrada y patronal, y cumplimentar sus obligaciones financieras.
Capitalismo en estado puro al fin, el Estado que debería sostener la educación y salud públicas castiga a sus trabajadores, y a quienes concurrimos a los establecimientos educativos y sanitarios públicos, priorizando los intereses patronales.
La lucha educativa tiene la capacidad de poner en foco el núcleo de injusticias y violencias que afecta a los trabajadores y explotados de nuestro país, pues a través de ella podemos ver el carácter de clase de un Estado al servicio de las patronales, y articular otros conflictos que surgen de un proceso de deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores de todos los sectores que se ha profundizado atrozmente.
A su vez, la universidad pública viene siendo sometida no sólo a procesos de desfinanciamiento brutales y crecientes, es también objeto de una lógica mercantilista que opera acortando las carreras de grado e incorporando curriculas breves, flexibilizadas y ligadas a los intereses del mercado, y fragmentando y elitizando la formación superior. Por esta vía las mayorías estarían destinadas a cumplimentar carreras cortas y funcionales al mercado laboral, y las minorías que pueden destinar tiempo y recursos a los estudios de posgrado podrían obtener una formación más completa. En todos los casos se trata de parasitar las estructuras estatales y los recursos académicos producidos por la universidad pública para fines privados mediante diferentes estrategias. La educación superior, en un mundo en el que se muestra como una virtud la capacitación o certificación permanente para acceder a un mundo laboral cada vez más feroz, se ha constituido en un negocio fenomenal para los emporios empresariales educativos.
El actual gobierno nacional del Frente de Todos, así como los diversos gobiernos provinciales, a cargo del PJ o de la UCR/Juntos por el Cambio han jugado, en este marco, roles apenas matizados en el cuadro general antes señalado de ataque a los trabajadores, a las comunidades educativas, a nuestros pueblos. Se trata de un proceso de décadas, que los trabajadores han resistido y resisten de muchos modos, y que en este momento muestra la necesidad de una completa transformación social, económica, política. Lamentablemente esta necesaria transformación e incluso la defensa elemental del salario y las condiciones de vida, no cuentan con el apoyo de las centrales obreras. Por el contrario, sus dirigentes juegan el papel de mediadores, intentando conciliar intereses opuestos. Necesitamos una nueva dirección democrática, como lo muestran las luchas de autoconvocados en Salta y Jujuy, que lograron quebrar la parálisis de las conducciones sindicales burocráticas.
Las elecciones en sí mismas no van a resolver los problemas estructurales que sacuden la lucha educativa.
La lucha educativa es la lucha de clases, en ella se evidencia tanto la brutalidad y profundidad de la opresión de la clase patronal, como los límites crecientes del Estado de esa clase para sostener dignamente a la educación pública, a la salud pública, y en general, las condiciones de vida de los trabajadores estatales.
El camino es el de la organización de la clase trabajadora, la creación de sus propias herramientas de luchas la elevación y construcción colectiva de una herramienta política que articule en una perspectiva revolucionaria y socialista con otros sectores en lucha para llevar adelante la materialización del programa revolucionario en amplios sectores de nuestra clase.
