Así como el estado capitalista no está resolviendo los problemas de energía, salud, educación, o del hambre (en un país que produce alimentos para 300 millones de habitantes) tampoco puede resolver los problemas llamados de seguridad. Muy por el contrario, continúa generándolos.
¡No al endurecimiento de penas! ¡Ningún recorte a los derechos democráticos!
Así como el estado capitalista no está resolviendo los problemas de energía, salud, educación, o del hambre (en un país que produce alimentos para 300 millones de habitantes) tampoco puede resolver los problemas llamados de seguridad. Muy por el contrario, continúa generándolos.
A partir del asesinato de Axel Blumberg decenas de miles de personas participaron en manifestaciones masivas contra el miedo, la violencia, la impunidad, el maltrato y la impotencia del Estado para resolver la situación de inseguridad. Indudablemente, el tema de la inseguridad es muy sensible para las familias trabajadoras que habitan los barrios y para los sectores medios de la población.
La derecha y la “Cruzada” Blumberg
Sin embargo, es verdad que este tema tan sensible fue utilizado desde el primer momento de una manera demagógica y reaccionaria por la clase dominante, los medios, la iglesia y los intelectuales a sueldo abusando de la lógica y honesta preocupación por la inseguridad existente en la población para tergiversar el reclamo, deformar los hechos, ocultar la complicidad policial en gran parte de los delitos, endurecer las leyes represivas ante futuros reclamos sociales y, de paso, “vengarse” del gobierno de Kirchner por las concesiones hechas al reclamo popular en la conversión de la ESMA en Museo de la Memoria y por el “perdón oficial” por los luchadores asesinados durante la última dictadura militar.
Lograron mezclar distintos tipos de fenómenos sustancialmente diferentes. El raterismo, es decir los hurtos, robos y asaltos realizados por jóvenes marginales, que claramente está ligado a causas socioeconómicas que les quitan toda posibilidad de futuro a más de la mitad de los niños argentinos. Es la extensión de la miseria producto de la sociedad capitalista, la que crea las condiciones para la proliferación de estos delitos. Son consecuencia del cierre de empresas y de la fuga de capitales al extranjero, de la falta de recursos por el pago de la deuda externa, de los salarios bajos y del empleo precario, de la actividad del narcotráfico y sus vinculaciones con políticos burgueses y con la mafia policial, y de la degradación de los barrios obreros como consecuencia de todo lo anterior. Y son presisamente los trabajadores que vivemos en esos barrios quienes más padecemos este tipo de inseguridad.
Muy distintos son los secuestros de personas y los robos de autos, llevados adelante por mafias organizadas en complicidad con el podrido aparato represivo estatal (policía, jueces, servicio penitenciario) y amparadas por punteros políticos e intendentes. Evidentemente, esto no puede estar relacionado con pequeños grupos de jóvenes marginales. Hasta en el mismo caso Blumberg se demostró la existencia de una numerosa banda protegida por la comisaría de la zona.
Y más ligado aún al poder estatal están los crímenes del gatillo fácil, sin la más mínima consideración por los derechos de los jóvenes y pobres sospechosos (por portación de cara o color) o de los delincuentes menores. Y qué decir de la fábrica de delitos en que se convirtieron muchas cárceles, regenteadas por el servicio penitenciario.
Sobre todo esto nada dicen los medios reaccionarios, ni la cúpula de la Iglesia, ni los Ruckauf, Patti, Rico, Macri o López Murphy; ni siquiera el señor Blumberg quien, abusando del dolor por el asesinato de su hijo, se ha convertido en una marioneta que se deja manejar por estos sectores, mostrando cada día que pasa su perfil de empresario reaccionario, amenazando y chantajeando públicamente a aquellos diputados que se muestran contrarios a apoyar su petitorio de medidas contra la inseguridad, defendiendo la imputabilidad de los menores de 14 años, o culpando a los trabajadores judiciales por la burocratización y lentitud de la justicia burguesa.
El gobierno de Kirchner endurece las penas
La actitud del gobierno de Kirchner en estas semanas ha sido vergonzosa. Lejos de enfrentar la campaña de los sectores más reaccionarios de la sociedad se hizo eco de sus argumentos y avanzó en el fortalecimiento de la represión. Con el endurecimiento de las leyes penales, la clase dominante busca preparar el escenario para que mañana sean aplicadas contra las protestas laborales y sociales, como siempre ocurrió históricamente.
Por ejemplo, en el caso de tenencia de armas (aunque sean de utilería) el castigo será con prisión no excarcelable de al menos tres años, mañana lo utilizarán contra los trabajadores por portar “armas” como palos o herramientas. La aprobación del aumento de condenas para diversos delitos y de limitaciones al régimen de libertad condicional son otras medidas reaccionarias que obstaculizan la reinserción social de los penados, pero también serán usadas mañana, mediante prueba falsas para que se pudra en la cárcel cualquier luchador popular. La reciente decisión judicial de declarar “delito” el corte de ruta es un anticipo de lo que nos prepara la burguesía. Por otro lado, la autorización a las Fuerzas Armadas para participar en la seguridad interior nos trae el terrible recuerdo de la dictadura militar.
Otras medidas son meros parches que están orientados a combatir las consecuencias del delito, pero no sus causas: juicio por jurados, un fiscal por barrio, mayor cantidad de patrulleros y pistolas para la policía, fondo de recompensas, etc.
Una de las propuestas del gobierno es particularmente reaccionaria: reducir la edad de imputabilidad penal hasta los 14 años. Es decir que un pibe de 14 años, inmaduro para reconocerle derechos laborales o políticos, puede ir a la cárcel junto a los delincuentes comunes mayores. De esta manera, los legisladores, algunos de los cuales zafaron de acusaciones de corrupción, torturas y enriquecimiento ilícito, dormirán con la conciencia tranquila descargando sobre los más débiles las lacras de este podrido sistema capitalista.
Todo esto está en contra, además, de la experiencia internacional y de la opinión de especialistas honestos, que muestran la ineficacia del endurecimiento de las penas para conseguir una sociedad más segura. Lo único que se logrará es mayor violencia mediante el mayor poder policial.
Además el delincuente que pueda pagarse un abogado de prestigio jamás pisará las cárceles, o su estancia en ellas será muy corta, pero los pequeños delincuentes que carezcan de recursos, invariablemente verán cómo todo el peso de la ley se descarga sobre ellos. Como en todo lo demás, también la justicia es una cuestión de clase.
Y también lo es para los sectores medios y los comunicadores. Después de cientos de asesinados por la policía en los barrios, ahora se horrorizan porque cayó un joven de clase alta, católico practicante y de colegio privado ¡Cuánta hipocresía!
El gobierno también avanzó en algunas medidas para depurar las fuerzas policiales, forzando la renuncia de varios jefes policiales y con la creación de una nueva fuerza policial “no corrupta”. La experiencia nos dice que, hasta ahora, este tipo de medidas terminaron en fracaso. Es posible que la burguesía, por miedo a la crisis social que pueda generar este estado de incertidumbre causado por la inseguridad, se vea obligada a través del gobierno a disciplinar un poco a sus fuerzas represivas. Pero, en el fondo, el estado burgués nunca estará dispuesto a desarticular su aparato represivo ni a las mafias que les son inherentes ya que es un instrumento que necesita para enfrentar la protesta social, particularmente en los momentos de aguda crisis social o revolucionaria, como ocurrió con la dictadura militar y en las represiones a movimientos sociales y de trabajadores en lucha.
Distintas posiciones de la izquierda
Dentro de la izquierda se escucharon diferentes posiciones sobre este tema. Así, los sectores reformistas y "progres" que pretenden solucionar problemas tan graves mediante modificaciones de leyes o en el ámbito puramente discursivo, caen en la trampa de la oposición mano dura-garantismo cuando lo que importa es quién ejerce el poder y en beneficio de quién actúan las fuerzas represivas del estado.
Hasta los sectores de derechos humanos y defensa de las víctimas de la violencia institucional, que tan importante labor han desarrollado denunciando las causas de fondo del problema, se han visto sorprendidos por la iniciativa de la derecha. Sus limitaciones políticas no les han permitido proponer medidas de transición que a la vez que unifiquen las protestas contra la situación causal, cuestionen el capitalismo y hagan avanzar al movimiento, estimulando la organización popular, con una perspectiva socialista.
También hubo participaciones en las marchas convocadas por Blumberg que llegaron a un oportunismo vergonzoso. Aunque es correcto participar allí donde estén las masas, algunos grupos y personalidades de izquierda resignaron principios básicos innegociables para los que se reivindican revolucionarios: el derecho democrático a identificarse ante las masas con su nombre y sus banderas, en suma no renunciar a ejercer la libertad de expresión. Esto no lo hicieron o lo hicieron a medias. Renunciando a ellos, alimentan los reaccionarios prejuicios antipolíticos. Debieron denunciar todo esto, incluida la hipocresía de la derecha y el reaccionario “petitorio Blumberg”, y no ceder su derecho a repartir volantes con sus insignias y su opinión independiente sobre las causas de la inseguridad y de los manejos reaccionarios que manipularon la movilización.
Nuestras propuestas
Desde El Militante sostenemos que bajo el capitalismo es imposible una solución definitiva al problema de la seguridad, como a los demás problemas sociales. Sólo será posible cuando se eliminen las causas económicas, sociales y culturales que están enraizadas en una sociedad basada en la explotación, el lucro, la miseria y la división en clases sociales. La alternativa es el socialismo. Pero para avanzar en ese camino es indispensable ganarse a las masas. La izquierda debe ser la fuerza que luche más decididamente por cada reivindicación económica o democrática de los trabajadores y las demás capas oprimidas de la población.
Por eso debemos proponer medidas de transición que nos lleven a unificar las posturas de los revolucionarios y a conectar con el movimiento de protesta popular, y que de ser implementado haría disminuir los delitos sensiblemente:
* Disolución del aparato represivo del estado, y su reemplazo por patrullas vecinales para mantener la seguridad en los barrios, bajo el control de organismos de poder popular como las asambleas barriales, sindicatos, cooperativas, etc. Destinarían a esta labor parte de su horario laboral sin disminución de salario. Sólo permanecerían colaborando aquellos agentes policiales que, a criterio de estas organizaciones, demuestren honestidad.
* Formación de una comisión investigadora de los crímenes de gatillo fácil y de la represión policial, por parte de familiares de victimas y organizaciones populares y de DDHH. Libre acceso a los archivos policiales y judiciales para la depuración, el juzgamiento y condena de culpables. Y control por esta comisión de las academias de formación de policías y soldados.
* Elección de los jueces por sufragio popular para depurar de reaccionarios el aparato judicial.
* Condiciones de detención dignas para los presos, con trabajo rehabilitatorio bajo convenio, acceso a educación, y mantenimiento de las políticas de reducción de penas para facilitar la reinserción social.
* Aumento drástico de inversiones en los barrios: construcción de escuelas, hospitales, centros culturales y deportivos, talleres de capacitación laboral para desocupados con subsidios de $ 600.-
¡Ningún recorte a los derechos democráticos! ¡No al endurecimiento de penas!
Capitalismo significa inseguridad, luchemos por el socialismo
