La Cámara de Casación Penal, compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, hizo lo que Clarín y La Nación ya sabían y, convenientemente, nos habían anticipado: confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Vialidad”, por haber direccionado licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.
El juez Hornos a su vez insistió que CFK debería ser juzgada como jefa de una “asociación ilícita”. Lo que conlleva una pena aún mayor.
La ausencia de peritajes técnicos que demostraran la existencia de sobreprecios o subejecuciones, o de evidencia alguna que vinculara de forma directa a Cristina Fernández de Kirchner con la gestión o distribución de las obras públicas en la provincia de Santa Cruz, mientras el Macrismo (PRO) y el Mileismo (LLA) trabajan para sancionar en la Cámara de Diputados la ley de “Ficha limpia” —una norma que busca impedir que cualquier persona con una condena por corrupción confirmada en segunda instancia pueda postularse a cargos electivos— deja en evidencia que la condena de CFK es fundamentalmente política y producto de una operación que tiene como objetivo tener el control sobre cualquier pretensión que pudiera tener de ser candidata.
Los partidos de fútbol entre Jueces y Fiscales en la quinta Los Abrojos, propiedad del ex presidente Mauricio Macri, el encuentro entre jueces y fiscales, espías y empresarios de medios, en la propiedad del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido son apenas pequeñas muestras de las relaciones carnales entre todos los actores que conforman los resortes del aparato del Estado. Vinculados también al intento de magnicidio sufrido por la propia CFK.
Es burdamente evidente que el propósito no es investigar los escandalosos actos de corrupción relacionados con la obra pública. En realidad, el fallo de Casación demuestra cómo una parte del podrido aparato estatal, utilizando sus mecanismos espurios, asume el derecho de decidir qué candidatos pueden competir en las elecciones y cuáles no.
Sin embargo, lo que en realidad busca la clase dominante, utilizando en este caso al Poder Judicial, es avanzar políticamente para arremeter aún más contra la clase trabajadora. Su objetivo es evitar que Cristina Kirchner, actual presidenta del Partido Justicialista interrumpa u obstaculice parcialmente el plan de “motosierra profunda”, especialmente en lo que respecta a profundizar la contrarreforma laboral, fiscal y previsional exigida por el imperialismo a través del FMI. Esto ocurre en un contexto en el que el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante un decretazo de Milei suspendió las disposiciones de la actual ley de Administración Financiera, preparándose para “reestructurar” a cualquier precio pasando por encima del Congreso, lo que implica no solo un aumento de la deuda pública usuraria y fraudulenta, sino también un intento de patear hacia adelante la cesación de pagos que determina la actual insolvencia del Estado, ante una deuda impagable, gestada desde los gobiernos anteriores.
Pero también la figura de CFK aparece como un bombero del capitalismo, es decir como un reaseguro de la gobernabilidad en caso de que el Gobierno de Milei se convierta en un aborto. Teniendo en cuenta este contexto se viene discutiendo la composición de la Corte Suprema ya que será ésta quien tenga en sus manos las llaves para abrir o cerrar la puerta a cualquier candidatura, una vez que la causa llegue a sus despachos. Estas negociaciones, marcadas por la coyuntura política, serán decisivas para determinar si Cristina Fernández de Kirchner enfrenta o no una proscripción.
En este marco, es necesario destapar la hipocresía y la amenaza de la mafia judicial, unida a la oligarquía y la burguesía corrupta, que actúan en conjunto para sostener la masacre social que están llevando a cabo, mientras se llenan los bolsillos con la riqueza que proviene de nuestro trabajo diario. La clase trabajadora es la única productora de riquezas; los “héroes” de Milei son precisamente aquellos que se apropian de esa riqueza y nos imponen la crisis de su sistema sobre nuestros hombros.
Todos los gobiernos capitalistas son corruptos por su propia naturaleza. Aceptar las reglas del capitalismo implica aceptar su corrupción inherente, así como también el carácter de clase del Poder Judicial. La corrupción no se define únicamente por la mayor o menor honestidad con la que un funcionario o dirigente desempeña su función, sino por las actuales relaciones de producción capitalistas, que, en este caso, dejan al descubierto la podredumbre del capitalismo y de todo el régimen político que lo sustenta.
Los enormes y lucrativos negociados entre políticos, empresarios, terratenientes y banqueros, durante todos y cada uno de los gobiernos, son una constante en la historia nacional. Las causas de corrupción se utilizan como un arma entre las distintas facciones capitalistas, que se lanzan carpetazos unos a otros. Esta es la esencia de los políticos profesionales, sus instituciones y su Estado.
No se trata solamente de denunciar la arbitrariedad judicial como vienen haciendo las y los dirigentes de la Izquierda. Debemos aprovechar la actual coyuntura política no solo para desenmascarar los intereses detrás de la farsa de la causa “Vialidad” y la condena política a CFK, sino también para revelar la falsedad de este sistema diseñado para los ricos. El intento de proscripción a Cristina muestra que, detrás del velo de la democracia formal, se oculta la dictadura de un puñado de empresarios que toman las decisiones fundamentales que rigen nuestra vida.
Es claro que nada nuevo puede surgir de toda esta podredumbre. Es necesario derribar no sólo al gobierno de Milei, sino a toda esta legalidad puesta al servicio de los patrones.
Abrir el camino para una verdadera democracia plena, que permita ampliar los derechos democráticos de la mayoría, requiere romper el corsé de la gran propiedad privada y del Estado nacional, ya que, en última instancia, es allí donde anida toda la superestructura en descomposición que la causa “Vialidad” expone tan claramente.
La necesidad de poner en pie un partido revolucionario con un programa anticapitalista consecuente, adquiere aquí toda su dimensión.
¡Abajo la mafia judicial!
¡Ninguna confianza en los políticos profesionales!
¡Pan, trabajo, salud, educación pública, gratuita y de calidad!
¡Por un Gobierno de Trabajadores!
Ver también: No hay cuaderno que tape el hambre (o la podredumbre del Estado Burgués)
