Jubilaciones miserables: demagogia de la derecha y límites del progresismo kirchnerista

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La ofensiva de la oposición de derecha por el establecimiento de un piso para las jubilaciones igual al 82% del salario mínimo desnuda tanto su oportunismo sin base social, como la fragilidad del progresismo del gobierno. Ambos coinciden en mantener los ingresos de la inmensa mayoría de los trabajadores retirados en niveles miserables (de $1.230, la derecha, y aun menores, el gobierno).

La ofensiva de la oposición de derecha por el establecimiento de un piso para las jubilaciones igual al 82% del salario mínimo desnuda tanto su oportunismo sin base social, como la fragilidad del progresismo del gobierno. Ambos coinciden en mantener los ingresos de la inmensa mayoría de los trabajadores retirados en niveles miserables (de $1.230, la derecha, y aun menores, el gobierno).

 

Una consigna histórica

 

La ley que establece el cobro por parte del trabajador jubilado de un 82% del salario de su categoría en actividad fue aprobada en 1958 y tuvo unos cinco años de vigencia plena. También contemplaba la movilidad de ese ingreso, atado a los incrementos del salario del trabajador activo. Distintos gobiernos fueron incumpliéndola y modificaron la legislación hasta llegar a las actuales jubilaciones de hambre de $1150 de ingresos promedio, con el 73% ganando la mínima de $ 895.

Desde que comenzó a perderse este derecho la clase obrera ha convertido al 82% móvil en una bandera histórica que aparece en todo programa reivindicativo en cada lucha importante.

 

El oportunismo barato de la derecha

 

La oposición de derecha, de manera oportunista y ante la pérdida de apoyo de masas para sus propuestas reaccionarias, intenta utilizar esta bandera histórica de la clase obrera. Pero lo hace, además, de manera muy acotada. Reclama solo el 82 % del salario mínimo (hoy en $1.500) para el cálculo de la jubilación mínima (que subiría así a $1.230). Pero ni menciona la posibilidad de volver a vincular los haberes jubilatorios con los salarios de los activos ni de incrementar las jubilaciones que superan la mínima.

Son los mismos politiqueros que han apoyado todas las medidas de ajuste y recortes presupuestarios y hasta la quita del 13% en los ingresos de estatales y jubilados bajo el gobierno de De la Rúa. Ahora mismo plantean paralelamente la eliminación de uno de los principales ingresos del estado, las retenciones a las exportaciones agropecuarias, junto a otros recortes al presupuesto estatal.

 

La incomodidad del gobierno

 

El gobierno ha reaccionado con mucho nerviosismo. Después del revés electoral del 28 de junio de 2009 había retomado la iniciativa, ubicándose a la izquierda del espectro político y consiguiendo apoyo de masas contra las propuestas reaccionarias de la derecha. Esto fue posible también por la incapacidad de las distintas variantes de la izquierda y de las organizaciones de trabajadores para aparecer como una opción ante las masas, lo que hemos analizado en varios artículos sobre la dirigencia de CTA, de Proyecto Sur y de los numerosos grupos ultraizquierdistas.

Pero ahora, frente a este proyecto que puede obtener mayoría parlamentaria, el oficialismo amenaza con vetarlo (facultad que tiene el poder ejecutivo) para que no se convierta en ley. Ha respondido histéricamente sosteniendo la imposibilidad de ese aumento y sobre el riesgo de que se afecte gravemente el financiamiento estatal.

El kirchnerismo por un lado trata de desenmascarar a la derecha, oportunista y demagógica, y por el otro oculta que los fondos de la seguridad social están siendo usados como salvataje del sector público y también del privado ante la crisis capitalista mundial.

También recuerda los logros obtenidos en estos años de gobierno en materia previsional: extensión de la masa de beneficiarios por la incorporación de 2,4 millones de trabajadores que no podían cumplir con los requisitos de ley, con lo que el sistema abarcaba a fines de 2009 a 5,5 millones (se calcula que otros 300 mil trabajadores se han jubilado desde entonces), reestatización del sistema privado de AFJP (ante su inminente quiebra con la crisis mundial de fines de 2008) y una serie de aumentos que hasta 2007 permitieron cierta recuperación de los niveles de ingresos, pero que en estos últimos tres años retroceden frente al proceso inflacionario.

Un sector del gobierno estudia la posibilidad de un aumento de emergencia que conforme en parte a los jubilados, pero el sector más duro encabezado por el ministro de economía Amado Boudou y el encargado de la Administración Nacional de la Seguridad Social Diego Bossio han llegado a cuestionar al sistema de reparto como insolvente. Parece ser que estos ¨jóvenes brillantes¨ del kirchnerismo han retomado ideas de los 90. Insisten en mantener los incrementos semestrales que han ido recortando el poder adquisitivo de las jubilaciones.

 

Basta de saquear a los trabajadores, jubilaciones iguales a los salarios de activos

 

Nuestra posición, incluida en nuestro programa, es que no hay motivo para que un trabajador al mes siguiente de jubilarse deba vivir con menos ingresos de los que tenía cuando estaba activo. Por eso consideramos que su jubilación debe ser igual al salario que recibía en actividad y debe asegurarse su movilidad en los mismos porcentajes de incremento que obtenga el trabajador activo de su categoría en convenio.

En cuanto al debate acerca de dónde obtener los fondos, consideramos que se debe comenzar por utilizar los que posee el ANSES cuyos resultados anuales son superavitarios, y para evitar que puedan llegar a disminuir, implementar medidas de fondo urgentes como el blanqueo de la inmensa masa de trabajadores ¨en negro¨ (el gobierno reconoce 34% pero debe estar alrededor del 40% del total de la masa laboral) lo que significaría un considerable incremento en la recaudación de aportes y contribuciones para el fondo previsional. Otro gran porcentaje surgiría de la incorporación de las sumas no remunerativas y en distintos tonos de gris de los trabajadores bajo convenio. Se estima que más de la mitad de los trabajadores activos no cumplen los requisitos de aportes mínimos y tendrán dificultades a la hora de jubilarse. También es necesario el restablecimiento de los porcentajes rebajados en la contrarreforma de 1993 a las contribuciones de las grandes patronales (que fueron reducidos entre un 36 y un 50% según la rama de actividad) y que sumarían hoy unos 16.800 millones anuales más de recaudación previsional.

Y por supuesto hay que terminar con el saqueo de los fondos previsionales: basta de pagar deuda externa (por otro lado ilegal, fraudulenta y ficticia) con el dinero de la seguridad social, basta de subsidiar a grandes bancos y empresas transnacionales como GM y Peugeot, y basta de tapar baches del presupuesto estatal con el dinero de los trabajadores. En el caso del gasto social (subsidios a la niñez, desempleo, etc.) podría financiarse con el no pago de la deuda externa o con una reforma impositiva progresiva que grave a las grandes ganancias. Sobre las empresas privadas con problemas financieros, en vez de recibir salvatajes del estado para continuar con sus fabulosas ganancias, proponemos su estatización y puesta bajo control obrero, en el marco de una economía planificada para lo cual es necesaria la estatización de sus palancas fundamentales y bajo el control democrático de los trabajadores.

Además proponemos que la seguridad social esté en manos de de los trabajadores a través de representantes elegidos democráticamente por activos y pasivos.

 

Proyecto de la CTA y la centroizquierda

 

Los diputados Iturraspe y Lozano, ligados a la Central de Trabajadores Argentinos, con el apoyo de los bloques de centroizquierda y Proyecto Sur, desde hace varios meses vienen impulsando un proyecto que busca restablecer la movilidad de todas las jubilaciones. Contempla fuentes de financiamiento similares a las que describimos arriba: blanqueo del trabajo en negro y de sumas irregulares, restablecimiento de las contribuciones a los niveles de 1993 para grandes empresas, reforma impositiva progresiva, fin del saqueo a los fondos previsionales, incorporación de trabajadores y jubilados, junto al estado nacional, al gobierno del ANSES. A la vez establece la Universalidad del Seguro Social para todos los mayores de 65 años con una media jubilación.

Apoyamos este proyecto parlamentario que contempla en parte nuestras propuestas por considerarlo progresivo y en el convencimiento de que la recuperación de la seguridad social se irá logrando paralelamente a la recuperación de las palancas fundamentales de la economía y su control democrático por parte de la inmensa mayoría trabajadora de la sociedad.

Y consideramos necesario que para imponerlo en el parlamento hace falta una campaña masiva que comience con su discusión en los lugares de trabajo. También hay que desarrollarla en los barrios, vinculándola al reclamo de pleno empleo y trabajo genuino para todos, impulsada por las organizaciones sindicales y sociales, . Allí deberían discutirse todos estos temas y la necesidad de salarios y jubilaciones iguales a la canasta familiar. Y también medidas de acción y movilización para conseguir su aprobación parlamentaria y su implementación efectiva.