A mediados de agosto la Corte Suprema reafirmó la vigencia del derecho constitucional a la movilidad de las jubilaciones y ordenó su reajuste, en los primeros casos que son tratados luego de obtener fallos favorables en primera instancia y en distintas Cámaras de apelaciones. Sin embargo, la ambigüedad de la sentencia abre la puerta a que el gobierno la cumpla con una recomposición mínima y recién a partir del año que viene, sin efectivizar la deuda por los años sin aumentos. A mediados de agosto la Corte Suprema reafirmó la vigencia del derecho constitucional a la movilidad de las jubilaciones y ordenó su reajuste, en los primeros casos que son tratados luego de obtener fallos favorables en primera instancia y en distintas Cámaras de apelaciones. Sin embargo, la ambigüedad de la sentencia abre la puerta a que el gobierno la cumpla con una recomposición mínima y recién a partir del año que viene, sin efectivizar la deuda por los años sin aumentos.
Existen unos 50 mil reclamos judiciales exigiendo reparar las pérdidas de ingresos que tuvo la mitad de los jubilados desde 1993 cuando sus haberes fueron congelados, recortados por De la Rua en un 13%, o recibieron recomposiciones mínimas, como la escasa del 11% otorgada en junio para los que reciben menos de $1.000. En los últimos años sólo recibieron aumentos porcentuales "importantes" los jubilados que perciben la mínima (la otra mitad del total) que ahora es de $470, muy por debajo de la línea de pobreza de $850, por no hablar de la canasta familiar.
La Corte explícitamente deja al poder legislativo la determinación de la forma de reparar la violación de los derechos de los jubilados estafados por el estado y pidiendo un nuevo índice de movilidad. Desconoce así los derechos históricos de los jubilados, con ingresos ligados a la movilidad salarial (el 82% móvil) y del costo de vida. Y deja abierta la posibilidad de no reconocer la deuda por los ajustes no recibidos durante ese periodo.
El fallo de la Corte pone en cuestión la Ley de Solidaridad Previsional de marzo de 1995. Eso permitió que días después el congreso derogara los artículos que impedían la movilidad. Pero ratificó lo esencial de esa ley de Menem-Cavallo: la subordinación de la disponibilidad de fondos para los jubilados (considerados un gasto) a la política de ajuste fiscal y al pago de la deuda externa (recordemos los 10 mil millones de fines del año pasado).
El presidente Kirchner se apresuró a rechazar un aumento inmediato y ligado a la inflación o a los incrementos salariales de los trabajadores activos. Se pronunció por un aumento menor para el 2007, con reajustes anuales que en varios años vayan recuperando el atraso de los ingresos jubilatorios. Nada dijo sobre la retroactividad de la deuda. La excusa es evitar el déficit de las cuentas públicas y que no se puede poner en riesgo la situación del país, las condiciones económicas y el volumen del gasto público. No dijo lo mismo al pagar por adelantado al FMI.
Ahora el gobierno analiza cuál debería ser el nuevo índice para la movilidad de la jubilaciones dentro de la estrecha camisa de fuerza de la política fiscal. Podría atarse a la recaudación previsional o a las posibilidades del gasto público. Claro que los márgenes se estrechan con la rebaja vigente de aportes patronales, el 40% de los empleos en negro, las jubilaciones de privilegio y con las fabulosas ganancias que extraen las AFJP del sistema jubilatorio.
Desde El Militante llamamos a continuar la lucha en las calles, por el reconocimiento efectivo de los derechos de los trabajadores jubilados:
*Por una jubilación igual al salario de los activos, acorde con la canasta familiar
*Respeto a la movilidad permanente de la jubilaciones, junto a los salarios de los activos, ajustable trimestralmente con la inflación
*Retorno a los 60 años de edad máxima para jubilarse
*Pago inmediato y en efectivo de la deuda con los jubilados que estuvieron congelados durante más de una década. Basta de jubilaciones de privilegio a políticos, poderosos y amigos del poder
*Que la empresas y el Estado blanqueen a todos los trabajadores bajo convenio, así se duplicaría el universo de aportes al sistema
*Basta de recortes a los aportes patronales que significan unos $9.000 millones al año en subsidios a las empresas
*Anulación del sistema privatizado. Recuperaríamos así los $5.000 millones anuales que se llevan las AFJP de ganancias.
*Por un sistema previsional estatal bajo control de los trabajadores activos y jubilados
