Moroni, Ministro de Trabajo de la Nación, sostuvo: “todas las provincias deben adherir”
Fue el propio Gobernador Omar Perotti quien enmendó el pliego original que no había logrado el consenso entre los parlamentarios y que incluso, había sido resistido por amplios sectores gremiales santafesinos, hace casi tres años en el mandato de Mauricio Macri, cuando el sector privado presionó sin éxito a los integrantes del pasado gobierno de Miguel Ángel Lifschitz con el fin de alcanzar un acuerdo.
En consonancia con el pedido de la Casa Rosada, el Gobernador Omar Perotti accedió a una modificación del artículo 12, el cual refiere que los trabajadores damnificados, ya sea por accidente o enfermedad, podrán acatar el porcentaje de incapacidad emitido por la administración provincial o ir a la Justicia ordinaria a los fines que se exprese. La letra original daba pie a que los empleados pudieran acceder a la indemnización prevista por la nueva Ley, y dejaba la puerta abierta a nuevas demandas judiciales.
La intervención anti obrera del Gobernador no sorprende ya que sigue en su línea de haber sido una oposición a la medida de la minoría parlamentaria del gobierno “neoliberal” anterior, como cuando votó a favor del pago a los fondos buitres el 31 de marzo de 2016 y cuando, casi tres meses después, volvió a brindar sus servicios al macrismo aprobando los pliegos de Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes poco después, aprobaron el lamentable fallo del 2×1.
Reacción de los sindicatos.
El MOS (Movimiento Obrero Santafecino) publicó una carta abierta en rechazo a la adhesión a la ley de ART, donde hace saber a los Senadores que componen la cámara alta legislativa, el rechazo al proyecto de adhesión a la ley 27.348 complementaria de la ley de riesgos del trabajo. Les recuerda también que el “18 de setiembre 2019, se celebró una audiencia pública en el recinto de esa Cámara de Diputados en la que la totalidad de las y los representantes de distintos colectivos sindicales, del mundo académico y de laboralistas, hicimos extensas y medulares exposiciones con sólidos fundamentos de rechazo”. También el MOS se sintió sorprendido sobre la insistencia de adhesión a una ley declarada “inconstitucional por muchísimos tribunales en toda la República, resultando ser el régimen normativo con la mayor cantidad de declaraciones de inconstitucionalidad de la historia legislativa argentina. La Jurisprudencia prueba la violación de numerosos artículos de nuestra Constitución Nacional, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, entre otros”. Concluye en “que esta ley tiene por objeto la obstrucción, limitación y disuasión de recurrir ante el Fuero del Trabajo, fuero que tiene por principal objeto la garantía de los derechos de las y los trabajadores. Se les cercena su Derecho Constitucional al Debido Proceso y a la Tutela Judicial Efectiva. Asimismo, sostenemos que esta Ley no beneficia a nadie más que a las ART. -que son empresas comerciales privadas y cuyo principal objetivo es el lucro”.
Por otro lado Analía Ratner, Secretaria General de la Asociación Bancaria de Rosario, manifestó el total repudio al avance de dicha ley en la legislatura santafesina, aduciendo que implicará un serio daño a los intereses de los que producimos las riquezas, o de las y los trabajadores, en beneficio de las grandes empresas concentradas y los capitales privados de las ART. Agregó que en la Bancaria Rosario abogamos por una cultura de la prevención que debe darse con una verdadera ley de prevención de accidentes y enfermedades, que incorpore la creación de comités de salud y seguridad.
En concordancia con sus pares gremiales de Santa Fe, la Comisión Interna de Acindar Villa Constitución sacó un comunicado en el que denuncia la inconstitucionalidad de dicha ley que desprotege a los trabajadores ante la justicia, y la falsedad del lobby empresarial que pretende instalar la idea de que las industrias están al borde del colapso por los juicios laborales. Insta a discutir no sólo el litigio sino las causas por las cuales existen los accidentes laborales. Aseguran que seguir discutiendo esta adecuación nos lleva más cerca de un camino neoliberal que se creía superado.
De las palabras a los hechos
Si los sindicatos surgieron al calor de enormes movilizaciones, luchas, tomas de establecimientos, paros y huelgas generales a finales del siglo XIX y comienzo del XX en defensa de los intereses de clase, la imposición en el Parlamente en letra de molde que se transformó en Ley, aumentando los beneficios a los trabajadores y trabajadoras, mantuvo una íntima relación con la organización y la lucha, con la democracia obrera y la defensa de los intereses del conjunto de los de abajo.
Los sindicatos en el presente, tanto la versión local de los llamados gordos como también los que se encuentra alineados a Fernández y Fernández, tienen algo en común. Tanto unos y otros no convocan a la lucha por el rechazo a la media sanción en el Senado de la Ley de ART y carecen de toda independencia de clase. Es decir, se han convertido en un apéndice de otros partidos siendo dependientes del Estado y su régimen político.
Necesitamos sindicatos que adopten una perspectiva de poder obrero y no una posición conciliadora con el Estado.
La independencia de clase es aquella independencia de los patrones, de los partidos y el Estado, que permita al sindicato mantener siempre una posición política en defensa de los trabajadores como clase y no una posición subordinada a intereses de partidos que defienden la política de conciliación de clases entre trabajadores y empresarios. Lo que se traduce en silencio y pasividad ante el retroceso de nuestras condiciones de vida.
Se trata de que los delegados de base junto a las bases obreras en las fábricas, empresas y establecimientos tomen en sus manos la defensa irrestricta, no sólo de la vida, sino de las óptimas condiciones de trabajo, de seguridad laboral y que las mismas no lleven al litigio a los trabajadores.
Se trata de rechazar la Ley Parlamentaria. El ejemplo de los obreros y las obreras en el comienzo del siglo pasado, es una inspiración para los miles de trabajadores en el presente.
Y decimos ¡de las palabras a la acción!
