Entre la Dictadura y el presente: inicios y fortalecimiento del narcotráfico en Argentina.

0
388

Entre septiembre y diciembre del año 1997, el periodista rosarino Carlos Del Frade, entrevistó en varias ocasiones a Rubén Lo Fiego en su despacho que ocupaba como responsable en el área Logística, dentro de la ex Jefatura de Policía de Rosario. Lo Fiego respondía a los apodos “el Ciego” o “Menguele” y fue uno de los principales responsables de la tortura en el centro clandestino de detención que funcionó en el mismo edificio donde se lo entrevistó, en la sección del Servicio de Informaciones de la Unidad Regional II. En esas entrevistas contó (sin mostrar arrepentimiento) que, para torturar, no necesitaba ningún tipo de “apoyo químico” a diferencia del resto de la patota, que sí necesitaban “de la blanca que venía del Comando”.

Hacía referencia al Comando del 2do. Cuerpo del Ejército, con sede en Rosario y jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

Fue en ese tiempo que se sucedieron envíos masivos de cocaína a través de la ruta 34 (un extremo se encuentra en La Quiaca, al límite con Bolivia y el otro se encuentra en Rosario) resultado de oscuros entramados desde los tiempos del Mundial de fútbol, entre Hugo Banzer [1] y Videla, sendos responsables de las dictaduras de Bolivia y Argentina.

Con las rutas liberadas por el 2do Cuerpo del Ejército y una salida por vía fluvial en el puerto de Rosario (en 1969 se habían cedido 55.000 m2 a Bolivia para crear su Zona Franca), el 25 de abril de 1978 se realizó un acto por la toma de amarras de un buque boliviano en el mencionado lugar. Estaban presente el almirante Massera y Leopoldo Fortunato Galtieri (Comandante del 2do Cuerpo) y el jefe de la Armada Boliviana, Gutemberg Barroso Hurtado en representación de Banzer.

Por su parte Galtieri contaba no solo con el apoyo del narcoestado construido por las dictaduras de Banzer y García Meza sino también con los grandes empresarios del sur de la provincia de Santa Fe. No fue casualidad que, a principios de 1979, saltara al Primer Cuerpo de Ejército y luego a la presidencia en reemplazo de Roberto Eduardo Viola.

Para 1982, Galtieri declararía la guerra por las Malvinas, donde murieron 649 personas El 70% de los soldados que participaron tenían entre 18 y 20 años. Algunos habían terminado el período de instrucción del Servicio Militar, pero otros aún estaban en ese proceso y desconocían hasta sus aspectos más básicos.

Existe un rasgo común con mucho de los desaparecidos: la gran mayoría eran jóvenes y su principal destino asignado por la dictadura cívico-clerical-militar, fue la muerte.

El Proceso causó un daño tan grande que nos sigue golpeando, herencia es el narcotráfico asociado con las fuerzas represivas que despliegan su odio contra los jóvenes y mantienen un discurso sistemático contra las ideas de izquierda, sin olvidar la deuda externa más odiosa, prácticamente un deja vú argentino.

Los Monos que fueron Chivos

 «Somos el chivo expiatorio del socialismo (…) y yo el monstruo más grande que vive acá». Ramón ‘Monchi’ Machuca.

Hubo un pacto entre el socialismo, el juez Vienna, Luis Paz y la División Judiciales. Nos tomaron a nosotros como una asociación ilícita criminal para mostrar que nosotros somos el monstruo, el mal de la provincia, pero en verdad lo que pasa es una farsa». Ramón «Monchi» Machuca.

Desde el año 2000 la ciudad de Rosario dejó de ser un lugar de tránsito para los negocios ligados al narcotráfico y pasó a ser una ciudad donde se instalaron cocinas clandestinas de cocaína. Algunas en barrios populares otras en lujosas casas de fin de semana [2]

En simultáneo en la zona sur de la ciudad, en uno de los barrios más golpeados, una organización criminal familiar iba creciendo en popularidad y poder: Los Monos, en 1998 el primer líder había caído preso con 30 kilos de marihuana desde Corrientes diez años después, ya manejaban el gran negocio de la droga.

Se da en este momento una modificación en la forma de comercialización de la droga a través de los Bunkers: habitaciones diminutas de ladrillo y chapa, sin ventanas, sin baño, con difícil acceso desde el exterior y con un pequeños orificio por donde se intercambian billetes por droga. Atendido por pibas y pibes generalmente menores de edad encerrados la totalidad del día.

Esta lógica de venta rompió con la clandestinidad y el ocultamiento propios de los hechos ilícitos: un punto de venta de droga fijo, a la vista pública.

Nace entonces en los barrios periféricos lo que se denomina una “economía narco de subsistencia” donde familias enteras subsisten con un “quiosquito de droga” que regentean, pero responde directamente a la organización superior. Para custodiar los puntos de venta entran en escena “los soldaditos”: varones utilizados como mano de obra descartable que brindan la seguridad fuera del bunker (tanto a vendedores como a compradores), son jóvenes armados a los que reclutan valiendosé de la necesidad de éstos para sostener económicamente a sus familias pauperizadas, hay una perversa idea que se les inculca: “pertenecer” a un grupo delictivo puede ser la posibilidad de salir de la pobreza, el riesgo que se corre es la propia vida.

Detrás de los nombres resonantes en las causas públicas hay un sinfín de historias de pibas y pibes menores de edad criminalizados, pero muchos de ellos son, en realidad víctimas de la trata de personas en ocasiones son directamente asesinados como consecuencia de la maquinaria carnicera del sistema. Nadie los está reconociendo cómo vulnerados ni brindándoles la asistencia a la que tienen derecho.

Dentro de los engranajes de la narcocriminalidad es sobre ese grupo etario donde recaen las peores consecuencias. Las malas condiciones de vida profundizadas durante el neoliberalismo de los 90, la crisis del 2001 y más acá el macrismo, fueron estableciendo el caldo de desigualdad que favoreció la mano de obra para las economías criminales.

La mayoría del dinero que se mueve no queda en esos territorios flagelados por privaciones y muertes

El caso de Los Monos y de su líder, Claudio “Pájaro” Cantero se convirtió en el chivo expiatorio poniendo nombre y rostro al problema narco en Rosario y ocultando a su vez los otros eslabones de la cadena, los que viven dentro de los boulevares o en barrios privados. Cantero fue mostrado como un estereotipo de narco reconocido por una ferocidad atroz contra sus enemigos como así también por los gestos de atención y asistencialismo para con los vecinos del popular barrio donde vivía.

El 26 de mayo de 2013 acribillaron al “Pájaro” Cantero, un hecho que suscitó una ola de crímenes: Entre octubre de 2013 y febrero de 2014 se contabilizaron 150 homicidios en 151 días.

Cada 25 de noviembre la viuda de Cantero, hace una celebración por su cumpleaños, con hamburguesas, gaseosas, fuegos artificiales, cumbia y la inauguración de un mural con su imagen, ¿dónde? En la canchita de futbol que mandó a construir como regalo al barrio.

La otra cara

“Hubo un episodio en Rosario que fue tremendo, que fue hace cosa de 2 años y medio, cuando un chico de 18 años apunta y atenta contra tres personas en el barrio Las Flores, creo que era en el barrio 17 de Agosto que está al lado, contra una familia de apellido Casco y mata al padre de esta familia y hiere a dos. A la vuelta del cortejo del cementerio este chico junto a otros dos, los está esperando y vuelve a balear a los deudos que venían. Es una cuestión que es una enormidad. Y a los pocos días se intercepta a este chico que fue el autor en un hospital de Rosario, en el Hospital Centenario y estaba en una camilla ligado a una dosis de suero con quimioterapia porque estaba enfermo de cáncer. Él lo que contó es que quería matar a todas estas personas, la familia Casco, que supuestamente y también según la investigación, eran las personas que se dedicaban a cometer usurpaciones de viviendas en nombre de los Cantero y que lo quería hacer porque cuando él tenía 14 años lo habían desalojado violentamente a la calle para quedarse con su casa.”
https://www.infobae.com/sociedad/2017/07/30/la-historia-de-los-monos-la-familia-narco-que-transformo-a-rosario-en-un-infierno/)

El 1° de enero de 2012, un grupo de pibes de Villa Moreno (Rosario) aguardaba en la canchita de futbol del barrio para ir a una fiesta. En medio de la oscuridad 3 hombres aparecieron y le dispararon a quemarropa. Los que tiraban, la banda de Maximiliano “Quemadito” Rodríguez buscaban venganza por el tiroteo que había sufrido el líder unas horas antes en medio de las disputas por territorio de bandas narco.

De no haber sido por las movilizaciones de familiares, amigos y organizaciones sociales, el caso hubiese quedado cerrado bajo de nefasta idea del “ajuste de cuentas” o “se matan entre ellos”,  las respuestas sin sentido que emanan de la policía, los medios de comunicación y del Estado para resolver los conflictos. Según esa idea los jóvenes asesinados en Villa Moreno estaban en el momento y en el lugar equivocados, fin de las explicaciones.

A 8 años de ese incidente se pueden repasar algunos hechos:

-El entonces comisario general de la policía santafesina Hugo Tognoli responsable de anunciar que se había detenido al autor intelectual del ataque, en 2015 terminó juzgado por estar relacionado en casos de narcotráfico.  A partir de este hecho se creó La Subsecretaría de Delitos Económicos Provincial.

-Varios policías fueron pasados a disponibilidad por encubrimiento,

-En las escuchas telefónicas ordenadas por la justicia hay una frase que muestra el orgullo por la identidad delictiva por parte de uno de los asesinos: «Yo soy choro, mato y trafico».

-Uno de los jóvenes asesinados en esa primera noche del 2012 era Jeremías Trasante, su padre un elocuente pastor evangélico (que en febrero de 2014 perdió otro hijo asesinado luego de una gresca a la salida de un boliche) llegó a ser Concejal de la Ciudad en 2017. A mediados de este mes (julio 2020), dos individuos llegaron ingresaron a su casa a plena luz del día, a cara descubierta y le dispararon a quemarropa delante de su pareja

Este último hecho marca un punto de inflexión, pero no sorprende si se lo enmarca en una serie de amedrentamientos contra funcionarios públicos y balaceras contra las fachadas de instituciones estatales.

Vale la pena recordar otro antecedente inédito para la provincia: en octubre de 2013, la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti fue baleada. Por el hecho fue detenido Ema “Pimpi” Sandoval [3] (22 años al momento del hecho y prontuario desde los 16), sindicado como el instigador y organizador de los disparos.

Por acción u omisión

Debe quedar claro que ningún hecho ilegal puede funcionar sin la connivencia y acción directa de las Fuerzas de Control estatales y el poder judicial.
No puede concebirse tal grado de impunidad en la producción, distribución y comercio sin el apoyo de las fuerzas que aportan información fundamental sobre investigaciones oficiales, brindan armamento, logística y realizan atentados.

Sería un error no observar que la mitad de los procesados por las causas judiciales que se llevan a cabo desde hace unos años en casos de narcotráfico son miembros de las fuerzas de seguridad.

Se estima en $3.500 millones anuales el dinero que genera la venta de cocaína y marihuana en Rosario, pero esa cifra solo representa el 8% del total del país. (https://www.lanacion.com.ar/seguridad/la-violencia-en-rosario-disputa-3500-millones-por-la-venta-de-marihuana-y-cocaina-nid2324084)

Ante tamaño negocio de proporciones millonarias no es de extrañar que se generen conflictos importantes y  den contexto a los asesinatos.
A escasos días de terminar el 2013 sorpresivamente es asesinado[4] de 18 disparos el empresario rosarino Luis Medina.  Por una vez la criminalidad asumió una cara de la clase alta y no de los sectores que permanentemente son criminalizados

Figuraba desde 2008 en la AFIP como «deudor irrecuperable» aunque vivía en una lujosa casa en el country La Pradera, de Pilar, y poseía, según el informe de la UIF (Unidad de Información Financiera), 20 autos a nombre de supuestos testaferros, entre los que figuran su ex esposa Daniela Ungaro, su ex suegro Daniel José Ungaro y Esteban Lindor Alvarado, que está preso en Campana por una investigación sobre robos de autos en el norte del conurbano. Alvarado es sospechoso de haber sido socio de Luis Medina en el negocio narco.
Los Ungaro hace años están en guerra contra Los Funes por el control de cierta porción de la ciudad.

Si bien había probadas sospechas de su relación con el comercio de estupefacientes durante varios años solo aparece mencionado en una causa remota sin repercusiones posteriores. Fue además quien supuestamente ordenó los disparos contra la casa del Gobernador.

Se revela así la parte más oculta del entramado, los empresarios locales con conexiones y recursos para enviar la droga al exterior y no limitarse solo al comercio interno. Mediante la asistencia de contadores y abogados montan toda clase de empresas fantasmas, fachadas para lavar el dinero y hacerlo entrar en el circuito legal de la economía, con la connivencia de las instituciones empresariales y estatales que hacen la vista gorda ante tamaño vox populi.

A mediados de 1991, el Banco de la Provincia de Santa Fe se trasformó en Sociedad Anónima en el marco de las privatizaciones que se llevaban adelante a nivel nacional quedando en manos de los hermanos Rohm, quienes terminaron siendo condenados por lavado de dinero del narcotráfico (a cargo del Ministro de Producción Provincial se encontraba en ese momento Omar Perotti, actual gobernador).

En segundo lugar, en 1998 el puerto de Rosario también fue privatizado y concesionado por 30 años a un sospechoso grupo de capitales filipinos que dos años después hacía naufragar la concesión luego de hacer quebrar la empresa, modus operandi que aún utilizan [5].

En ese momento la DEA (el cártel más grande del mundo) apuntó a los puertos de Rosario y el norte del cordón industrial como «zona roja» de egreso de cocaína e ingreso de marihuana (que baja en barco por el Paraná), desde la zona de Pedro Juan Caballero, una ciudad paraguaya que limita con Brasil manejada por el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital [6] (PCC ) estructuras criminales originadas en las cárceles de Río de Janeiro y San Pablo respectivamente, donde los presos adhieren a las organizaciones en busca de protección y mejores condiciones. Como en toda América la población carcelaria brasilera está marcada por las diferencias de clase, siendo pobres el mayor porcentaje de presos.

Estamos en la zona núcleo de producción agrícola, el monocultivo de soja se impone como lo más rentable, en los últimos 40 años se triplicó el rinde de la zona a fuerza de semillas transgénicas y 525 millones de litros de agro tóxicos. Hay una relación directa entre la cantidad de hectáreas y los casos de cáncer, lupus, enfermedades respiratorias, deformaciones, abortos espontáneos, contaminación del agua, del aire, ecocidio en general. Una vez más nos dejan la muerte y se llevan las ganancias.

El 50% del aceite, más del 40% de la harina de soja que se consume en todo el planeta y 70% de la producción agrícola de la región se exporta a través de una veintena de puertos sobre el río Paraná, en los casi 100km entre Timbúes y Villa Constitución (en los últimos años, las terminales portuarias del cordón Industrial del Gran Rosario desplazaron al distrito aduanero de Nueva Orleans en los Estados Unidos y al nodo portuario de Santos en Brasil en volumen de producción sojera despachado. La mayoría privados con ningún control estatal, aunque ¿servirían los controles estatales?

Rosario se vuelve una ciudad muy apropiada para desarrollar el negocio del lavado de dinero[7], y no es casualidad que se haya dado en paralelo al boom inmobiliario. Pero no es la única opción, si tomamos Rosario como centro de un círculo con 100km de radio, se encuentran 6 casinos contando el de la ciudad, cuevas financieras y todo tipo de ofertas para “ingresar” dinero. Pero si esto no fuera suficiente para un negocio redondo, existen en Argentina altas chances de blanquear dinero espurio: En los últimos 20 años hubo 4 blanqueos de capitales, Fernando De la Rúa, Cristina Kirchner en dos oportunidades y Mauricio Macri en último término ofrecieron, con la excusa de reestablecer las arcas estatales, una amnistía tributaria.

Hay un flujo de dinero constante que ayuda a disimular las ilegales fortunas.

El lenguaje represivo se escribe en el cuerpo

“Se matan por cualquier cosa. No es como antes que uno se agarraba a piñas, ahora cualquiera tiene un revolver”. (Lorena Verdún, viuda de Claudio Cantero.)

Desde el año 2007, médicos rosarinos percibieron un aumento en los casos con lesiones medulares por disparos. Hasta ese entonces la mayoría de las atenciones eran por accidentes de tránsito o zambullidas, pero advirtieron que muchos de los pacientes eran ingresados como “lesión medular” y no como casos de Heridos por Arma de Fuego (HAF), un dato no menor que recién era advertido en la historia clínica.

Un impacto  de bala en la columna que dañe la médula sin generar la muerte, dependiendo a qué altura suceda, puede generar una variedad de consecuencias físicos, desde incontinencia urinaria, de esfínteres, problemas respiratorios, paraplejía, cuadriplejía, etc.

El gobierno provincial de Santa Fe publicó recientemente un informe sobre los HAF entre Enero y Mayo de este año con resultados lamentables. En el lapso mencionado se sucedieron en Rosario casi 350 casos con heridos por disparos, la gran mayoría (82.5%) en Rosario, el resto en las ciudades aledañas. Nuevamente los jóvenes de 15 a 29 años representan 57,3% y trepa a los 68,6 ampliando la franja hasta los 34 años (ver Tabla 6).

El siguiente cuadro marca claramente -una vez más- que son las y los jóvenes quienes ponen el cuerpo por un negocio que solo beneficia a unos pocos amparados por la impunidad del sistema podrido, corrupto y criminal:|

Tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe, la mayor parte de los casos se suceden en los márgenes de las ciudades, sobre todo en el oeste y sur de ambas urbes,

En ambas localidades abril, fue el mes con menos casos, asociado a las restricciones de circulación impuestas en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por el COVID-19.

El actual Ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, también entiende que el problema radica en la cantidad de armas de fuego que circulan en manos de particulares. Al problema de las disputas interbandas se suma una cultura que resuelve las disputas personales a través de los tiros. Con el contexto actual Saín cree que “no hay más muertos porque Dios es santafesino”.

La multiplicación de los heridos por armas de fuego ponen de manifiesto una nueva configuración de las relaciones sociales, es un mensaje claro para quienes desafíen los códigos imperantes, una marca que repercute directamente en el cuerpo y la psiquis de los jóvenes.

Durante el 2014 se realizaron 110 denuncias por robo o extravío de armas de fuego en toda la provincia por parte de policías santafesinos, gran parte dentro del Departamento Rosario.
Desde Buenos Aires anunciaban que “Cada tres días un policía bonaerense pierde su arma”.

Para el año 2015 desaparecían misteriosamente 26.000 balas de 9mm de la Fábrica Militar de Armas de Fray Luis Beltrán, calibre que utilizan la mayoría de las armas ligeras, el destino podría ser local como internacional, lo concreto es que ingresaron en el circuito ilegal.

Actualmente se calcula que por cada arma registrada hay otra que está circulando por fuera de la ley, sin estar registrada, el total suman más de 3 millones de armas.

El alza en la cantidad de muertes por armas de fuego está directamente ligada con el narcotráfico, afectando principalmente a los más excluidos.

Estos instrumentos de muerte se cobran la vida de entre 7 y  8 personas diariamente en Argentina.
La ONU estima que el 75% de los homicidios en América se producen con armas de fuego
El relato de oscuridad encuentra su genealogía en el peor de los virus, el Capitalismo insensible, que encuentra en la muerte otra posibilidad de lucro donde será imposible lograr la paz social:

  • Las 100 principales empresas de armamento hicieron ventas por un valor aproximado de u$s398.200 millones en 2017.
  • En 2017 se observó un drástico aumento del número de muertes violentas en el mundo: aproximadamente 589.000 personas perdieron la vida de forma violenta. Las regiones más afectadas por el aumento de la violencia armada mortal fueron América del Sur y Central y el Caribe.

Los grupos narcos establecen en los territorios un gobierno paralelo también con características represivas regido por sus propias reglas y leyes, dominación o castigo.

Entonces son los jóvenes y los vecinos de los barrios populares doblemente reprimidos, tanto por las organizaciones como por el Estado que se hace presente en forma de asistencialismo y represión policial.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) distingue dos formas en las que se implementan las políticas represivas del Estado:

“Una de carácter “preventivo”, cuyo objetivo es aplicar el control social a los sectores objetivamente interesados en cambiar el injusto estado de las cosas, y que por lo tanto se descarga de manera indiscriminada sobre los más pobres y en particular los más jóvenes, que son así disciplinados en el respeto al orden y la autoridad. Son sus herramientas más frecuentes el gatillo fácil, las torturas y las detenciones arbitrarias, acompañadas por el “sobreseimiento fácil” judicial.

La segunda, de carácter “selectivo”, está destinada a los mismos sectores en sus segmentos organizados, y se aplica a organizaciones y militantes populares. Utiliza dos herramientas esenciales, la represión directa bajo la forma de ataque a movilizaciones y manifestaciones, el secuestro y tortura de militantes, las amenazas y aprietes, etc., y la criminalización de la protesta y del activismo político en sus dos carices, el primario a cargo del poder legislativo y el secundario, administrado por jueces y fiscales.”

Según la organización durante los 4 años de gobierno macrista hubo una explosión de casos de violencia institucional que saltó de 50 (hasta 31-12-15) a un promedio de 458 asesinados. “Cambiemos nos deja 1.833 personas asesinadas por el aparato represivo estatal en 1.435 días de gobierno” (informa anti represivo n°24/2019), una muerte cada 19 horas.

La organización (que lleva cuentas de los casos de violencia institucional desde 1983) publicó hasta el momento 49 reportes desde el inicio del aislamiento obligatorio donde dan cuenta de los casos de violencia policial y de otras fuerzas: golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desaparición forzada, donde participaron policías federales, provinciales, municipales, gendarmería, prefectura y servicios penitenciarios en su mayoría contra los sectores más postergados, precarizados, vulnerados, los más afectados por la pandemia, no solo porque no se les garantizan las medidas de protección correspondientes, como tampoco el agua corriente y mucho menos otros elementos de higiene como el alcohol en gel. Ante los brotes, producto de la falta de esas medidas, se respondió con presencia policial.

Es importante señalar también pésima situación en los lugares de encierro, particularmente las cárceles. Ante el riesgo de contagio en los penales, la presión de sectores reaccionarios, bloqueó la posibilidad de arrestos domiciliarios, libertades asistidas u otras soluciones procesalmente adecuadas para la población carcelaria en riesgo.  Ante los reclamos por las condiciones inhumanas la respuesta estatal no se hizo esperar, fueron respondidas con represión a los reclamos por las condiciones inhumanas que enfrentan las personas privadas de su libertad sin los privilegios de los que gozan represores (como Galtieri que murió en 2003 en su casa antes de empezar el juicio por una causa crímenes de lesa humanidad iniciado un año antes), genocidas y otros “presos VIP”.

El ajuste ligado a la represión (o viceversa)

El gobierno macrista logró hacer un verdadero descalabro económico y social en los 4 años de gestión, con la gobernabilidad garantizada por parte de la oposición y el sindicalismo traidor. La deuda que deja a 100 años fue descrita como “la locura más grande” según una encuesta de los propios grupos financieros afines y que el actual gobierno está negociando a duras penas con los acreedores.

Durante el mandato de Cambiemos las fuerzas represivas jugaron un papel fundamental en el adoctrinamiento para imponer la agenda de ajuste por medio de la represión (cuando la reforma previsional, por ejemplo), el asesinato (Rafael Nahuel) y hasta de desaparición forzada de personas en el caso de Santiago Maldonado donde escuchamos la ministra de Seguridad, Patricia ‘BullReich’ dar claro apoyo al accionar asesino e impune de gendarmería. Si pueden desaparecer una persona en democracia sin represalias, ¿qué clase de seguridad pueden brindar las fuerzas?

De ese mojón represivo derivamos en la doctrina Chocobar, la institucionalización del gatillo fácil, un permiso para fusilar por la espalda. Una vez más la Ministra propensa a los excesos, justificó: “los jueces que hagan lo que quieran, para nosotros es política pública defender al policía en acción”

Se impusieron políticas clasistas como la detención de personas arbitrariamente sobre todo en trenes, colectivos (medio de transporte de quienes no tienen un auto), militarización de las villas y los barrios periféricos.

En el ámbito de las organizaciones políticas hubo espionaje, aumentó el número de policías de civil y la infiltración.

Tenemos un sistema penal que tiene licencias con represores y genocidas, pero desata su furia contra pobres, criminalizados al extremo de alcanzar una superpoblación carcelaria inédita.

Cambiemos a través del marketing, su única herramienta política, intentó convencer a los jóvenes de inscribirse en el “Servicio Cívico Voluntario en Valores” para salir de las drogas y la delincuencia, una vez más el aparato represivo jugando un papel adoctrinador, desclasándolos para ser los futuros guardianes de la propiedad privada de los medios de producción.

Las protestas fueron reprimidas con salvajismo, Astilleros Río Santiago, los trabajadores del Hospital Posadas, más atrás el conflicto de Cresta Roja con la provocación del gendarme ‘carancho’ y la represión por parte de Gendarmería ordenada por el actual Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, esa suerte de Rottweiler que cuida a la casa, aunque también puede atacar a los dueños.

CORREPI señala en su triste pero valioso  informe anual sobre la represión (http://www.correpi.org/2019/archivo-2019-cambiemos-nos-deja-una-muerte-cada-19-horas/) que durante el gobierno de Mauricio Macri los muertos por el aparato represivo estatal representan el 26% de los casos desde 1983.

No sorprende cuando las cifras lo sostienen: Argentina es, proporcionalmente, el país latinoamericano con mayor cantidad de policías: 558 cada 100 mil personas. Las policías provinciales son las responsables de aproximadamente 3400 de las muertes institucionales desde el retorno de la democracia, seguido por el Servicio Penitenciario con 2600 crímenes. Las dos modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social: las muertes de personas detenidas (48,14%) y los fusilamientos de gatillo fácil (37,49%). Más del 85% del total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal estaban en un calabozo o caminaban por un barrio.

Es indudable que el aumento espectacular de la población carcelaria condiciona el incremento de las muertes intramuros. En las cárceles federales, con una capacidad para 12.235 personas, se hacinan hoy 14.409, mientras que las unidades bonaerenses (cárceles, alcaidías y comisarías), con una capacidad total que apenas supera las 30.000 plazas, hay más de 50.000, según un informe oficial del Tribunal de Casación Penal bonaerense de octubre de 2019. Según la misma fuente oficial, en 2015 el total de personas detenidas en la provincia eran 34.000.

Si se analiza el rango etario de las víctimas de la violencia represiva estatal, el informe de CORREPI marca que “el 43% de las muertes corresponde a personas de 25 años o menos. El dato confirma que la selectividad de la represión apunta a la edad, además de la clase. Así como son excepcionales los fusilamientos callejeros de jóvenes de sectores medios o altos, y los pocos que hay responden, por lo general, a que eran pibes o pibas con la pinta, la actitud o en el lugar “equivocado”, es también poco frecuente que sean personas mayores las destinatarias de las políticas represivas que sirven para implementar el control social.”

Si se analizan los casos de violencia institucional, la provincia de Buenos Aires concentra más de la mitad de los 7093casos de todo el país, más precisamente el 52.84%, seguida por Santa Fe con 666 casos (9.39%).

En 1997, Ricardo Ragendorfer y Carlos Dutil publicaban el libro “La Bonaerense” (Ragendorfer ampliará el anecdotario de la fuerza con “La secta del gatillo…”) al leerlo puede entenderse el entramado y el funcionamiento de la estructura policial provincial de una institución que cuenta con alrededor de 90.000 efectivos.

La Bonaerense ya tenía en su haber los fusilamientos de José León Suárez, y la dictadura, es durante el gobierno de Eduardo Duhalde al frente de la provincia más grande del país lo que terminó de configurar una policía con amplia participación en narcotráfico, además de cualquier situación ilegal y represiva.

Una lista parcial pero con algunos casos resonantes dan cuenta: desaparecieron a Miguel Bru y a Walter Galeano, masacraron a cinco personas en Wilde y organizaron el robo al Banco Nación de Ramallo que terminó en masacre; mataron a José Luis Cabezas en Pinamar, a Natalia Mellmann en Miramar y al contador Mariano Perel en Cariló; asesinaron a Kosteki y a Santillán; secuestraron a Axel Blumberg; perdieron a la familia Pomar; mutilaron a la pequeña Candela Rodríguez; hostigaron a Luciano Arruga para que robara; armaron causas truchas en La Plata; robaron fertilizantes en Pergamino; mataron a un pibe que quería colarse al cumpleaños de 15 de la hija de un comisario en Alejandro Korn; extorsionaron con denuncias falsas en Lomas; encubrieron a sus cómplices; dejaron morir a presos en cárceles, etc., etc., etc.

“Estamos condenados al éxito”

Además de esos casos las denuncias por narcotráfico se ampliaron notablemente con la sospechas de que era el propio Duhalde el responsable detrás de este problema.
Si bien fue denunciado en algunas oportunidades siempre salió indemne derivó las denuncias nunca avanzaron por falta de pruebas[8]. En 1989, mientras era vicepresidente de Menem, firmó la designación del marido de Amira Yoma [9], Ibrahim al Ibrahim, como asesor de la Aduana de Ezeiza. El flamante asesor solo sabía decir en castellano “muchas gracias”.

En 1991 estalló la causa del Yomagate que investigaba una operación de narcotráfico de cocaína. Detuvieron al contador del Cartel de Cali en Punta del Este y entre sus pertenencias se encontró un cuaderno con anotaciones que puso en evidencia a figuras del poder argentino de aquel entonces. Amira Yoma estaba señalada en el cuaderno como trasladando un «cargamento». De acuerdo a lo investigado, fuertes sumas de dinero del narcotráfico provenientes de la ciudad estadounidense de Nueva York habrían sido destinadas hacia la Argentina, para ser blanqueadas mediante diversas operaciones financieras, como compra de inmuebles, joyas o creación de empresas. Otra parte se desviaba a su vez a Uruguay. Los principales acusados Amira, su marido y Mario Caserta (ex secretario de Recursos Hídricos). ​

En julio de 1992, Amira fue detenida y enviada a prisión bajo fianza por la acusación de introducir en el país maletas con «narcodólares”. ​ Finalmente su caso sería sobreseído por la justicia argentina en abril de 1994 por pedido del fiscal Carlos Stornelli 

Ibrahim al Ibrahim siempre que pudo mencionó a Eduardo Duhalde como “uno de los funcionarios de gobierno que más favores me pedía en la aduana”, claro, el mismo Duhalde lo había puesto ahí. Los favores iban desde dejar pasar sin controlar ciertas valijas que le marcaban hasta atender personalmente a los secretarios privados del vicepresidente Héctor Lence y Alberto Bujía, asociado con el tráfico de sustancias desde el norte del país[10].

Mario Caserta (que iba a quedar como único procesado en la causa), manifestó en su declaración frente a la jueza Servini de Cubría que Duhalde era un poderoso narcotraficante de la provincia de Buenos Aires.

En 1999, Carlos Menem se preparaba para dejar la presidencia ante una nueva elección presidencial que no le permitía presentarse, dejaba una crisis económica que le explotaría en la cara al futuro gobierno entrante, dos años después, a finales de 2001.

Para la mencionada elección Duhalde se presentó como candidato principal junto a Ramón “Palito” Ortega como su vice.

El asesor económico de la campaña de Ortega fue Aldo Ducler, un ex funcionario de la dictadura como secretario de Hacienda de Galtieri, que en los ’80 había comprado una financiera, Mercado Abierto, acusada de lavar dinero del Cartel de Juárez, de hecho el propio Ducler estuvo reunido personalmente con el jefe del Cártel, Amado Carrillo Fuentes. En su ruta hacia la Argentina, el dinero pasaba por dos cuentas de Mercado Abierto en el Citibank de Nueva York. Una abierta a nombre de la Casa de Cambio y la segunda por su off shore constituida en las islas Caymanes, el Mercado Abierto Bank.

Quedó demostrado que Ducler junto a otro empresario (Nicolás Di Tullio) fueron “prestanombres”, testaferros, del Cartel de Juárez y que parte del dinero blanqueado era destinado a financiar campañas políticas. Se comprobó que por su financiera habrían ingresado a la Argentina al menos 11.600.000 de dólares supuestamente provenientes del negocio de la droga.

El jefe de campaña de Duhalde ese año era Alberto Fernández quien ante la derrota de su jefe en las presidenciales pasó en el año 2000, a integrar la lista de legisladores de la Alianza Encuentro por la Ciudad, quellevó a Domingo Cavallo como candidato a Jefe de Gobiernoy a Gustavo Béliz, de vice. Aunque Cavallo perdió, Fernández logró una banca en la Legislatura porteña.

A la par de su cargo de legislador, Alberto Fernández fue uno de los integrantes del «Grupo Calafate», junto a Esteban Righi, Eduardo Valdés, Carlos Tomada y Julio Bárbaro, entre otros porteños.

Desde ese lugar y después de la crisis de 2001, Alberto Fernández se convirtió en el interlocutor que le acercó el por entonces presidente Eduardo Duhalde a Néstor Kirchner (Aldo Ducler fue el financista que ayudó a repatriar en 2006 los fondos que Santa Cruz tenía en el exterior en concepto de regalías por el petróleo).

Queda en evidencia una vez más que los hechos delictivos, el lavado de dinero, el narcotráfico, las estafas no fueron ni serán resueltos por los partidos políticos que se alternan entre oficialismo y oposición, aunque por momentos las líneas divisorias se amiguen y disuelvan. La impunidad que engloba al aparato estatal burgués solo puede generar daño y horror. No se trata solo de un problema regional o de un país, lo que está corrompido y podrido es el sistema capitalista todo.

La solución debe venir de los trabajadores y trabajadoras organizados en un partido revolucionario que lleven adelante un gobierno para las masas, que ponga fin a el horror causado por las miserias del capitalismo agonizante y dirija el destino de la humanidad al bien común.

Instamos a la organización y la creación de un partido revolucionario para terminar con la inviabilidad y explotación Capitalista que ponga en manos de la clase obrera el destino de la humanidad en pos de un bien común.

Leer también: Violencia, Derechos Humanos y Capitalismo https://argentinamilitante.org/violencia-derechos-humanos-y-capitalismo/


[1] Un gobierno que sistemáticamente violó los Derechos Humanos, contrajo una de las deudas externas más grandes que hubiera tenido Bolivia e infinidad de casos de corrupción, obviamente con el apoyo directo de Estados Unidos ​por su declarado anticomunismo.
[2] David “Delfín” Zacarías tenía la mayor cocina de cocaína del país hecho por el que fue juzgado junto a su familia y 2 policías, entre ellos el ex jefe de la Brigada Operativa de Drogas de la Policía de Santa Fe. Antes de ser detenido cargaba con una denuncia del Ministerio de Seguridad de Santa Fe sobre supuesto lavado de dinero. Lo tenían en la mira por la compra de más de 30 inmuebles y 50 vehículos, figurando en la AFIP como monotributista.
[3] Salió en libertad, pero volvió a ser detenido por un intento de homicidio, obtuvo prisión domiciliaria en la zona norte de Rosario. Pero una noche del año pasado un grupo comando irrumpió en la casa: cortaron la luz, rompieron la puerta a mazazos, y masacraron a quienes se encontraban dentro de la vivienda. Además de Sandoval murió un joven de 21 años y otros dos de 20 y 22 años resultaron gravemente heridos.
[4] La investigación estuvo plagada de irregularidades por parte de la policía y funcionarios provinciales y hasta el día de la fecha solo hay suposiciones de quienes fueron los autores intelectuales y materiales. Algunos de los mencionados como los sicarios del hecho al día de hoy fueron asesinados.
[5] Actualmente se impulsa una ley para reactivar el puerto de La Plata que beneficiaría al grupo empresarial que, en el año 2008, durante la gestión de Daniel Scioli como Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, logró adjudicarse una concesión por 60 años para construir una terminal portuaria en el Puerto de La Plata, de manera bochornosa,sin pasar por ningún proceso licitatorio, llamativo puesto que en los 12 años no ha conseguido atraer, ninguna empresa marítima la ha elegido para operar su carga debido a las serias falencias de infraestructura y a los difíciles accesos que complican la logística de la carga. La terminal nunca logró estar operativa y despidió a la gran mayoría de los trabajadores).
[6] La llegada del PCC a Argentina se conoció hace unos años a través de una investigación originada en Miami donde se detectó que partes de armas de grueso calibre se compraban en Estados Unidos y Europa y terminaban en Argentina para ser ensambladas. En Rosario estaba el contacto con los “empresarios” paraguayos intermediarios del PCC, Eduardo Ramírez Cantero y Carlos León Ocampo, éste último con fuertes influencias en el Poder Judicial y la política paraguaya. Es cuñado de Alberto Martínez Simón, ministro de la Corte Suprema paraguaya.
Este acusado, de 57 años, no solo proveía a organizaciones criminales, como se sospecha en la causa, sino también a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas Nacionales.
En 2017, Paraguay fue el país de América Latina que más armas importó de Estados Unidos, con un total de 4,16 millones de dólares siendo el principal proveedor de armas ilegales de Brasil. Al año siguiente, por presión del gobierno de Estados Unidos suspendió las importaciones de armas destinadas a la venta a civiles, lo que generó más demanda hacia este lado de la frontera.
[7] ¿Cómo lavar plata con el puerto?: https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/93032-puerto-de-rosario-un-escandalo-del-pasado-con-impacto-en-el-presente
[8] Luis D’Elia lo cruzó varias veces por este tema, llegando a manifestar hace unos años que quienes manejaban el narcotráfico en el conurbano era “¡la policía mafiosa y corrupta, ciertos políticos que están entongados hace treinta años! ¿Quién mierda trajo el narcotráfico a la Argentina? El zabeca de Banfield, que hoy labura para Massa«, finalmente el dirigente tuvo que indemnizar al Duhalde con $200.000 por no aportar pruebas concretas para el avance de la causa más que nombres de periodistas, las hermanas Yoma).
[9] cuñada de Menem y directora de Audiencias de la Nación, obteniendo el despacho más importante de la Casa Rosada luego del presidencial. En los primeros años de la política era una figura emblemática en las reuniones oficiales.
[10] Alberto “el Negro” (otrora secretario privado en 1974 de Victorio Calabró, un hombre que había sido tesorero de la Unión Obrera Metalúrgica y logró llegar a ser gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires ese mismo año) Entre los años 1983 y 1990, se lo solía ver en un Chevy rojo transportando extrañas encomiendas de las zonas de Yacuiba (Bolivia) o Salvador Mazza (Salta), ciudades en las que se administraba el tráfico de la cocaína boliviana. Era considerado un peso pesado. Desde sus comienzos de trabajo para Duhalde, era el enviado que llevaba extraños paquetes a las familias Romero y Saadi, en las provincias de Salta y Catamarca, respectivamente. Roberto Romero y Vicente Leónidas Saadi fueron los fundadores de dos dinastías políticas que hicieron historia en sus provincias. Bujía solía frecuentar la finca Don Alejo, propiedad de los Romeros en Salta donde en 1984 fue descubierta una pista de aterrizaje a la que llegaban aviones desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que estuvo en la mira de la DEA.