La situación del movimiento sindical argentino es bastante penosa. La CGT está fracturada en 3 partes (oficialistas, moyanistas y CGT Azul y Blanca de Barrionuevo) y la CTA en dos (Yasky y Micheli). Todo como consecuencia de las luchas de camarillas y de intereses de aparato, y de las intromisiones de la burguesía y del gobierno. Además, en las tres CGT y en la inmensa mayoría de sus sindicatos adheridos, la ausencia de democracia interna es total, donde el control del aparato y de sus recursos resultan esenciales para el lucro más desvergonzado. Ahora, los gremios de la derecha peronista, Moyano, la CTA de Micheli y los patrones rurales de la Federación Agraria anuncian un paro general para el 20 de noviembre.
Moyano se pasó a la vereda de enfrente
En julio, apoyamos muy críticamente la convocatoria del Congreso de la CGT Azopardo (moyanista). Era la última oportunidad para que Moyano delimitara con la derecha peronista y tendiera puentes hacia la base kirchnerista para aparecer como un referente a la izquierda de la dirección oficialista. Pero Moyano decidió preservar sus intereses de aparato aliándose con las derechas peronista (Venegas, Barrionuevo, Scioli) y oligárquica (Macri); en definitiva, recompuso su relación con el enemigo de clase, con la burguesía. Clarín y La Nación lo premiaron otorgándole lugares de privilegio en sus diarios, radios, TV y webs para que critique al gobierno, y sólo al gobierno.
Este paso dado por Moyano lo desacredita ante la gran mayoría de la clase trabajadora y lo sitúa en el campo del enemigo de clase, como a Barrionuevo y al Momo Venegas.
En la actualidad, nos parece irrelevante qué sector de la CGT ostenta su verdadera representatividad y “legalidad”, ya que no depositamos ninguna confianza política ni sindical en ninguno de ellos.
Los “Paros generales” de Moyano y Micheli
En una situación similar se ubica la llamada CTA opositora dirigida por Pablo Micheli, donde el sectarismo y el odio enfermizo de sus dirigentes hacia el kirchnerismo los ha llevado a ubicarse a la derecha del oficialismo. Sus referentes son el Frente Amplio Progresista (FAP) de Binner y Lozano, una socialdemocracia insulsa y cobardona, y un sector de la patronal agraria, la Federación Agraria de Eduardo Buzzi, aliada a los terratenientes de la Sociedad Rural.
Moyano y Micheli apoyaron los cacelorazos y movilizaciones reaccionarias del 13 de septiembre y del 8 de noviembre. El 10 de octubre convocaron a una movilización a Plaza de Mayo que tuvo un impacto muy limitado, unas 30.000 personas de las que la mitad eran afiliados al sindicato de camioneros. Semanas antes, el mismo Pablo Micheli había hablado de “reventar” la Plaza de Mayo con “200.000” trabajadores. El “paro nacional” de la CTA de Micheli quedó reducido a un paro parcial de estatales y docentes por reclamos que afectan a una minoría de trabajadores (impuesto a las ganancias) o que no tenían que ver con el gobierno nacional, sino con los de las provincias.
La “valentía” de Moyano y Micheli se asienta en el aliento que les dan las patronales, sus medios de comunicación, el arco parlamentario a la derecha del kirchnerismo (desde Macri hasta Proyecto Sur, con el aplauso de la “izquierda” sectaria) y la pequeña burguesía reaccionaria. Ahora amenazan con otra “huelga general” para la segunda quincena de noviembre, concremente para el 20 de noviembre. Desde ya le auguramos el mismo fracaso que en los “paros generales” de los pasados 27 de julio y 10 de octubre.
Nos parece muy lamentable que se utilicen legítimos reclamos de la clase trabajadora y a sus organizaciones para maniobras políticas no confesadas que van contra los intereses de la misma, en alianza con sectores patronales y políticos reaccionarios. Por eso no nos prestamos a la confusión y no apoyamos dicha convocatoria de huelga general, en caso de producirse.
No decimos que no haya que luchar contra aspectos de la política del gobierno nacional; por supuesto que sí. Pero la lucha debe ser convocada de manera honesta, deslindando de las maniobras políticas de la oposición de derecha, y tratando de sumar y de unir a la mayor cantidad posible de trabajadores, y no dividiéndolos entre kirchneristas y antikirchneristas, como la han planteado desde el principio Micheli y Moyano. Sólo les creeremos a Moyano y Micheli cuando critiquen a la oposición de derecha con el mismo vigor con que sólo critican a un gobierno que, hoy por hoy, está apoyado por la mayoría de los trabajadores y de la juventud.
Esto no significa que estemos absolutamente de acuerdo con las posiciones de llamada CTA oficialista, dirigida por Hugo Yasky. Si bien consideramos que sostienen posicionamientos políticos más correctos que Moyano y Micheli, echamos de menos una mayor independencia política del oficialismo y una posición más crítica, contundente y movilizadora frente a determinadas políticas del gobierno.
Las tareas del activismo antiburocrático
La enorme dispersión del movimiento sindical plantea dificultades para propiciar políticas de unidad en el seno de la clase, pero tarde o temprano, cuando el viento de la lucha de clases vuelva a arreciar con fuerza la necesidad de estrechar filas comenzará a abrirse paso.
De lo que se trata en esta etapa es de ayudar a formar corrientes antiburocráticas en el seno de las organizaciones gremiales y combatir la división entre trabajadores kirchneristas y antikirchneristas. También existen experiencias interesantes a considerar y que apoyamos, como las del sindicato del Subte (la AGTSyP) o del SITRAIC (Construcción), una escisión de la UOCRA.
En cualquier caso, un programa general por la democracia sindical a levantar debería contemplar, al menos, los siguientes puntos:
a) Congresos sindicales democráticos, con elección directa de los delegados por la base, a nivel de gremio y de empresa. Elección y revocabilidad inmediata de cualquier dirigente confederal o gremial por la base.
b) Que ningún cargo sindical reciba un salario superior al promedio del salario de un trabajador calificado bajo convenio de su sector,
c) Apertura de los libros de finanzas a los militantes.
d) Fortalecimiento de los cuerpos de delegados y comisiones internas, y elección de comités de lucha durante las huelgas y otros conflictos, como una forma de garantizar la máxima participación y el control desde abajo.
