El gobierno boliviano toma el control de los hidrocarburos

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La decisión adoptada el 1 de mayo por el gobierno boliviano de tomar el control de los recursos de gas del país y la forma de implantarlo con el envío de tropas para ocupar los pozos e instalaciones ha conmocionado a las empresas multinacionales. La decisión adoptada el 1 de mayo por el gobierno boliviano de tomar el control de los recursos de gas del país y la forma de implantarlo con el envío de tropas para ocupar los pozos e instalaciones ha conmocionado a las empresas multinacionales.

En una intervención en el mitin del 1º de Mayo en la Plaza de Murillo, el vicepresidente García Linera, anunció la nacionalización con las siguientes palabras: “El gobierno del pueblo, el gobierno de los trabajadores ha tomado la medida más importante de este siglo: ésta es la primera nacionalización del siglo XXI”.

La medida, implantada a través del Decreto Supremo 28.701 dice claramente que: “en ejercicio de la soberanía nacional, obedeciendo el mandato del pueblo boliviano… se nacionalizan los recursos naturales hidrocarburíferos del país… El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos”. Desde el 1 de mayo las diferentes empresas petroleras que trabajan en el país están obligadas a entregar la propiedad de toda su producción a la empresa propiedad del estado YPFB, que “en nombre y en representación del Estado, en ejercicio pleno de la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país, asume su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno, como para la exportación y la industrialización”.

Para reforzar la medida, el gobierno ordenó que el ejército ocupara todos los campos e instalaciones petroleras. El propio Evo Morales, con un casco en la cabeza, supervisó personalmente las operaciones en un campo petrolífero de la empresa brasileña Petrobras, una de las mayores multinacionales del mercado del gas en Bolivia. “Ha llegado el momento, el día esperado, un día histórico en el que Bolivia recupera el control de sus recursos naturales”, estas son sus palabras cuando los soldados levantaban pancartas en las que se podía leer: “Nacionalizado, propiedad de los bolivianos”.

El movimiento ciertamente tomó por sorpresa a las empresas petroleras, ya que ellas esperaban que el gobierno de Evo Morales renegociara los contratos con los que hasta ahora estaban funcionando, pero pensaban que lo haría mediante conversaciones y negociaciones, no a través de una imposición. Las empresas petroleras realmente no tienen razón para quejarse. Han estado funcionando en Bolivia con un régimen impositivo y de comisiones extremadamente favorable establecido bajo el odiado gobierno de Gómez de Lozada. Muchos de los contratos realmente son considerados ilegales y nulos porque nunca fueron ratificados por el parlamento.

La decisión llega después de la visita de Evo Morales a Cuba, donde firmó varios acuerdos con Fidel Castro y Hugo Chávez. Esto forma parte de un esfuerzo concertado contra el Acuerdo de Libre Comercio de las América (ALCA), propuesto por Washington, que en realidad significa libre acceso para las multinacionales en todo el continente. Debido a la oposición de Venezuela, el ALCA que supuestamente debía firmarse en enero de 2005, ha fracasado totalmente, EEUU ha pasado entonces a firmar acuerdos bilaterales de libre comercio con países andinos y de Centroamérica. Esto llevó, justo hace una semana, a la retirada de Venezuela de la Comunidad de Naciones Andinas (CNA), porque como correctamente dijo, si Colombia y Perú, que son parte de la CNA, firman el ALC (Acuerdo de Libre Comercio) con EEUU, entonces esto significa introducir el ALC por la puerta trasera en todas las naciones de la CNA.

Este movimiento afectará especialmente a la multinacional brasileña Petrobras y a la española Repsol, que son los principales jugadores del lucrativo negocio del gas en Bolivia. Esto, sin embargo, no supone una nacionalización total y, por tanto, es menos radical que las nacionalizaciones de los pozos petrolíferos en 1937 y 1969. El estado toma el control de todas las empresas (51 por ciento de las acciones), pero eso realmente no significa que las nacionalice totalmente. El argumento es que el estado boliviano no tendría la tecnología y conocimientos necesarios para explotar estos recursos. En los nuevos contratos propuestos, el estado boliviano recibirá el 82 por ciento de todos los ingresos a través de impuestos y comisiones, inclinando de forma decisiva la balanza a favor de Bolivia. Hay muchos aspectos legales del decreto que necesitan ser estudiados con más detalle. Pero incluso en el peor escenario posible, que finalmente esto sólo signifique un cambio en los contratos con los que funcionan las multinacionales extranjeras en el país, esto sería un paso adelante progresista.

El movimiento ha sido recibido con la protesta de la oligarquía boliviana y de las multinacionales implicadas. Se han hecho amenazas reales sobre que esto perjudicaría la inversión extranjera y que las multinacionales podrían irse conjuntamente del país. De este modo, incluso esta nacionalización a medio camino es demasiado para los intereses de las multinacionales y enfrenta al gobierno boliviano con ellas.

Como dijimos en el momento del triunfo electoral del MAS en diciembre de 2005, el gobierno de Evo Morales o puede servir a dos amos a la vez, y está sometido a enormes presiones por el lado del movimiento revolucionario de los trabajadores y campesinos (que fueron los que catapultaron al poder a Morales, aunque él no jugó ningún papel decisivo en él), y por otro lado de la oligarquía y multinacionales. Cada paso que él da para cambiar la correlación de fuerzas en favor de los trabajadores será visto como una provocación por parte de la oligarquía, no importa cuántos discursos haga para tranquilizar a los inversores extranjeros.

Esto movimiento, que demuestra la audacia y confianza por parte del gobierno boliviano, no se puede entender al margen del marco de la oleada revolucionaria que está recorriendo toda América Latina. Sin la existencia de la revolución bolivariana en Venezuela, que a su vez ha roto el bloqueo sobre Cuba, un gobierno como el de Evo Morales nunca se habría atrevido a adoptar medidas de este tipo.

Independientemente de los detalles legales y el alcance de esta seminacionalización, este es claramente un paso adelante para el movimiento de trabajadores y campesinos en Bolivia y de todo el continente, y debe ser visto como tal. Es un movimiento que aumentará la confianza de las masas pobres de Bolivia y las empujará a ejercer aún más presión sobre el gobierno de Evo Morales para que nacionalice no sólo el gas, sino también las minas, la tierra, la aerolínea nacional LAB que está en bancarrota, etc.

En realidad, el propio Evo Morales declaró: “Este es sólo el principio. A finales de mayo nacionalizaremos otros recursos energéticos… estamos comenzando con los hidrocarburos, mañana lo haremos con la minería, los bosques y todos los recursos naturales”.

Estos pasos son tomados siguiendo la lógica del desarrollo nacional del “capitalismo andino”, por utilizar la frase acuñada por el vicepresidente de Morales, García Linera. Pero el problema es que la contradicción principal en Bolivia es precisamente que no existe una clase capitalista separada e independiente de los terratenientes y las multinacionales. Cualquier intento de crear este desarrollo capitalista nacional sobre la base del estado inevitablemente llevará a un enfrentamiento con los capitalistas reales, los propietarios de los bancos, las industrias, las minas y la tierra, que forman un bloque inseparable con intereses imperialistas. La elección es sencilla: o socialismo o dominación imperialista.

Desgraciadamente, los dirigentes del movimiento de masas de los trabajadores en Bolivia no parecen haber aprendido ninguna de las lecciones de la elección de Evo Morales. Primero, los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) no aprovecharon las dos oportunidades revolucionarias, en octubre de 2003 y en mayo-junio de 2005. Incluso admitieron que si en estas ocasiones los trabajadores no tomaron el poder fue sólo debido a la ausencia de una dirección revolucionaria. Después, inevitablemente, el movimiento fue descarrilado hacia el plano electoral. En lugar de presentar candidatos obreros y al mismo tiempo dar un apoyo crítico a Evo Morales, los dirigentes de la COB adoptaron la desafortunada decisión de defender el boicot en las elecciones. Incluso llegaron a decir que ni Morales ni Morales ni el candidato de la oligarquía resolverían los problemas de los trabajadores y por lo tanto no había nada que elegir entre ellos.

Las masas de trabajadores y campesinos tenían un instinto de clase claro y votaron masivamente a Evo Morales. En el epicentro de las insurrecciones revolucionarias, la ciudad obrera de El Alto, casi el 80 por ciento votó a Morales y el MAS. Los dirigentes de la COB trataron esto como un detalle irrelevante, particularmente por Jaime Solares, que continúa con una línea ultraizquierdista que estaba totalmente alejada de las masas de trabajadores y campesinos. Esto se demostró claramente el 21 de abril cuando sólo pudieron reunir a un par de cientos de personas en una manifestación que habían convocado en La Paz como parte de una “huelga general” contra el gobierno de Evo Morales. En lugar de tener una política de organización de los trabajadores para luchar por sus reivindicaciones y presionar al gobierno de Morales (que consideran como propio) para que cumpla sus promesas e incluso vaya más allá, aplicaron una política de ultimátum que les alejó aún más incluso de los sectores más avanzados.

Resultado de esta política fue que la manifestación del 1º de Mayo convocada por la COB fue evidentemente más pequeña que la convocada por el MAS donde se anunció la nacionalización. El próximo congreso de la COB (que se retrasó después del fracaso de la “huelga general” del 21 de abril) se celebrará con un fuerte enfrentamiento entre la dirección actual y los seguidores del MAS.
En períodos revolucionarios, los errores en la táctica y la estrategia pueden ser fatales. Una genuina dirección marxista revolucionaria sólo se puede construir en Bolivia entendiendo el ambiente real de las masas y su relación con el gobierno de Morales. Los marxistas deben mantener su propio programa política y debe ser claro en el punto principal: la auténtica soberanía y control de los recursos naturales para el beneficio de la mayoría de los bolivianos, sólo se puede conseguir mediante la nacionalización y planificación democrática por parte de los propios trabajadores de los pilares básicos de la economía, es decir, a través de la lucha por el socialismo. Pero antes de que sean conscientes de esto, necesitan ganar a su lado a la mayoría de los trabajadores y campesinos que en el momento actual han depositado su confianza en Evo Morales. Esto sólo se puede conseguir explicando pacientemente y acompañándoles en su lucha, apoyando cada paso progresista que de el gobierno, mientras que al mismo tiempo se empuja hacia delante el movimiento.